Estancamiento e inflación

Los datos de la economía argentina son preocupantes y combinan el estancamiento con la elevación de los precios, un combo destructivo para la mayoría de la población con ingresos fijos y bajos.
Con el estancamiento derivado del enfriamiento deliberado de la actividad económica, producido por el Gobierno Macri, la consecuencia directa es pérdida de empleos, y por ende suspensiones y despidos, o chantaje empresario para bajar sueldos a cambios de empleo.
La respuesta empresaria, de los que pueden establecer precios, apunta a cambiar volumen de ventas por precios, asegurando rentabilidad. No importa que el gobierno les solicite mesura, y mientras pueden, aumentan precios en resguardo de su tasa de ganancia.
Queda claro que los perjudicados son la mayoría de la población argentina, con bajos ingresos y evolucionando por debajo de la inflación. En una estimación reciente realizada con informes del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, la inflación del último año transcurrido, a abril del 2016, supera el 40%. Las proyecciones para todo el 2016 apuntan en ese sentido.
La política económica de Macri empuja el enfriamiento económico para bajar la tendencia inflacionaria. Es lo que sugiere en Ministro de Energía cuando dice que si el combustible es caro, los consumidores deben abstenerse de comprar. Pura lógica ortodoxa del monetarismo tradicional, que acompaña el Presidente del Banco Central con su aspiradora de fondos y tasas del 37,5% para captar inversiones de compañías de seguro, Fondos de Inversiones, Bancos y especuladores de todo tipo.
Aranguren y Sturzenegger son las caras visibles de la ortodoxia monetarista que impera en el gobierno Macri. No les importan las consecuencias sociales si al final logran bajar a cualquier costo la inflación. Sin éxito por ahora, aunque auguran una merma inflacionario desde Julio, a costa, claro está, del nivel de consumo.
Unidad de acción contra la lógica de la ganancia
Las respuestas no se hacen esperar y con la movilización masiva del 29/4, de la unidad de acción, se hacen visibles y estimulan muchas otras protestas, ocultadas por la prensa en general. No solo contra los despidos y la carestía, sino contra la impunidad de los re-marcadores de precios, tal como se sustenta en la campaña “super vacíos”, en la segunda versión del 10/5.
Es interesante la multiplicación de protestas en unidad de acción, algo que no muchos entienden, pero que la realidad impone. Resulta interesante como se buscan lógicas para la protesta, cuando estas se imponen por la fuerza de la movilización y la organización popular.
Algunos sostienen que la ley anti despidos es ineficaz para asegurar el fin de los despidos. Quizá tengan razón, pero en la agenda de discusión política se impuso un consenso contrario a los despidos y eso es lo que importa.
Vale recordar que las centrales sindicales fueron convocadas al Parlamento a discutir por el impuesto a las ganancias y desde la CTA Autónoma se orientó el debate y la demanda hacia la “emergencia ocupacional”.
La primera batalla es por las ideas, más allá del éxito de una legislación, que igual no quieren los empresarios y el gobierno. Por algo será, aunque la impunidad les permita desoír el mandato legal, la sola existencia del instrumento y el consenso social y político a no despedir los desarma en la disputa de consenso para el poder.
También es cierto que algunos critican las visitas a un Parlamento poco amigable con las organizaciones populares, y otros agregan el carácter de impresentables de los dirigentes de algunas de las centrales sindicales. Todo eso es verdad, sin embargo, el accionar conjunto de las centrales y la presencia en el Parlamento expandió la vos de los afectados por los despidos, sean los que sean según las distintas fuentes de información.
El enunciado de razones de principios que sustentan algunos, en el marco de la crisis política vigente afecta la capacidad de movilización y organización popular, por lo que el desafío pasa por más iniciativa política popular para disputar el consenso masivo para construir una subjetividad consciente para un orden que afecte la lógica capitalista de ordenamiento social.
La lógica capitalista es por la maximización de la ganancia. La lógica de política económica es por bajar la inflación a costa de la mayoría de la sociedad. La realidad es que el capitalismo para funcionar necesita de la inversión, esquiva en estos momentos de crisis mundial del capitalismo.
El anticapitalismo como respuesta
En todo caso, el gobierno, mientras espera el ilusorio arribo de inversores o prestamistas externos, apurará la inversión pública a costa de contradecirse y emitir moneda, toda una sinrazón que agrava las respuestas contractivas del Banco Central con tasas de estímulo a la especulación financiera y negadora de cualquier reactivación del crédito productivo.
Seamos claros, el inversor capitalista busca la valorización de su inversión, es decir, no se invierte si no es atractivo para asegurar la ganancia. Por ello, el problema no es la falta de inversión, sino el capitalismo. No es sencillo confrontar al capitalismo y menos transformarlo, pero es ilusorio imaginar respuestas favorables a los pueblos diagnosticando la falta de inversión. Incluso, pensando en el inversor público, vale mencionar que se trata del Estado capitalista y por ende, actúa en beneficio de recuperar la lógica capitalista.
Lo dicho no quiere decir que nada puede hacerse hasta no terminar con el orden capitalista, claro, pero al mismo tiempo resulta imprescindible la crítica y la denuncia al capitalismo real para no abrigar expectativas en apuestas al capitalismo nacional, serio o norma, o a una burguesía nacional, incluida la sustitución con el papel del Estado.
Con estas lógicas neo-desarrollistas o neo-keynesianas se alimentan ilusiones de soluciones en el marco del capitalismo, con reformas paliativas que auguran posibilidades de cambios profundos más adelante. La realidad en América Latina en estas horas es que la demora en mutaciones económicas profundas, que desarmen la lógica capitalista, aborta experiencias de cambios políticos y abren las puertas a respuestas más acordes con las corrientes principales, hegemónicas del orden capitalista mundial.
La realidad exige aumentar la iniciativa política en unidad de acción para confrontar con políticas antipopulares sustentadas por el gobierno Macri y construir amplia subjetividad consciente por una sociedad no capitalista, que construya en simultáneo a la protesta un programa alternativo de otro modelo productivo sustentado en la soberanía alimentaria, energética, financiera, popular, en articulación con procesos similares en la región y en el mundo.

Buenos Aires, 9 de mayo de 2016

Entrevista al economista político Julio Gambina Tenemos un Ministro buscando 15.000 millones de dólares para pagarle a los buitres y hay cuantiosas necesidades insatisfechas que la sociedad necesita resolver Mario Hernández

M.H.: Quiero empezar por un tema que fue motivo de una preocupación muy especial de tu parte, la decisión del Congreso Nacional de constituir una Bicameral que iba a investigar la deuda. Después nos encontramos con este tema de la Ley Buitre, con la posibilidad inclusive de que continúe la litigiosidad contra nuestro país a pesar del acuerdo y con que estos fondos buitres han obtenido una renta de entre el 400 y el 1000%. ¿Cuál es tu análisis de todo esto?

J.G.: Lo más grave del tema es que estamos conversando esto mientras que el Ministro de Economía argentino, Prat Gay, está de gira por EE. UU. y Europa intentando conseguir U$S 15.000 millones de deuda pública argentina, de esa cifra U$S 12.500 millones es lo que autoriza el Parlamento para pagar a los holdouts, es decir, los acreedores que no entraron en el canje de deuda 2005/2010.
Por lo tanto, sobran otros 2.500 millones de dólares que imagino que el gobierno usará para distintos destinos, sea para cubrir el déficit fiscal, comercial o para orientarlo a alguno de los proyectos que el Poder Ejecutivo está planteando en este tiempo. Recordemos que no solo el Parlamento lo aprobó en ambas Cámaras, a pesar de que el macrismo no tiene mayoría ni en Diputados ni en Senadores, lo que supone el acompañamiento de sectores de la oposición, fundamentalmente el PJ, del kirchnerismo, que avalaron el proyecto del macrismo para “cerrar” el tema con los acreedores externos que habían demandado a la Argentina en la justicia estadounidense, algunos otros que se acogieron a la sentencia del Juez Griesa y otros que no habían recurrido a la justicia pero que el gobierno argentino los ha salido a buscar.
La noticia de esta semana es que un poco más del 90% de los acreedores que todavía no habían entrado al canje, que explica el default por la cesación de pagos en Argentina, habría acordado. Lo digo en potencial “habría acordado” porque esta semana va a haber una segunda instancia de la justicia estadounidense para definir si se levanta el embargo que hay sobre los pagos que Argentina depositó en bancos estadounidenses en los últimos dos años. Hace dos años que Argentina no está pagando a los tenedores de títulos que ingresaron a los canjes de deuda y que tienen bonos con legislación estadounidense. Argentina es un riguroso pagador, ha pagado, pero como esos recursos fueron inhibidos de llegar a las cuentas de cada uno de los acreedores, están depositados en bancos estadounidenses.
Esta es una semana clave donde esos fondos pueden ser desbloqueados y finalmente llegar a las cuentas de los llamados “hold in”, que son los acreedores que ingresaron a los canjes de deuda. El tema es bastante complejo, como bien señalabas, con estos pagos que Argentina está intentando hacer ahora hay acuerdo, pero debería instrumentarse el pago, lo que debería suceder en cortísimo plazo.
Hay rentabilidades del 400 al 1000% y eso motiva a otros acreedores que entraron en canjes de deuda y que están muy lejos de esa rentabilidad, estén haciendo sus cálculos y viendo si es posible demandar a la Argentina. Con lo cual es muy probable que haya litigiosidad a futuro, en tanto y en cuanto no terminen de cerrar con el 100% de los acreedores que hacen al default argentino no cierren en este acuerdo. Hasta ahora se habla de más de un 90%, quiere decir que hay un remanente con el que no hay acuerdo. Es un tema que no termina de resolverse y habrá que ver si todos aquellos acreedores  que han cobrado de parte de la Argentina mucho menos de lo que ahora se les ofrece a los fondos buitre, que por propia definición son grandes especuladores del sistema financiero mundial y lo que muestra que no solo la deuda es una estafa al conjunto del pueblo argentino, sino que además algunos acreedores que entraron al canje pueden considerar que ellos han sido estafados. Es decir que hay múltiples estafas.
Es dramático, esto es el orden capitalista contemporáneo, vinculado a la especulación, al delito, a las ganancias desmesuradas sobre la base del hambre del pueblo argentino. Hoy tenemos un despliegue de iniciativas de protesta muy grande, no nos alcanza para plantear las protestas. Hay, por mencionar lo más visible, un paro nacional convocado por ATE para la semana que viene acompañado por varios gremios estatales, una jornada nacional de lucha que plantea la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
La convocatoria de las centrales sindicales para el 29 de abril asociado a una demanda que encabeza todas las demás que es la emergencia ocupacional en Argentina, esto es una novedad porque hasta hace poco las centrales sindicales la bandera que levantaban era la del impuesto a las ganancias, aumentar el mínimo no imponible, etc. Ahora la demanda principal es la emergencia ocupacional. Las cinco dirigencias sindicales más importantes estuvieron en el Senado hacen muy pocos días reclamando un programa mínimo donde a la cabeza estaba este tema. Sigue el tema del impuesto a las ganancias pero se incorpora el 82% móvil para los jubilados, la convocatoria al Consejo del salario, el empleo y la productividad para discutir en términos generales.
Hoy tenemos un Ministro de Economía que está buscando 15.000 millones de dólares de deuda en el exterior, pero para pagar deuda vieja, no se está pensando en usar algo de ese dinero para morigerar las difíciles condiciones del funcionamiento de la economía argentina actual. Entre los problemas que preocupan al amplio sector asalariado, el principal es la inflación, hay consultoras que hablan de una inflación entre un 6 y 8,5% para abril.

M.H.: El tema de la inflación ha desplazado la preocupación ciudadana sobre la corrupción que encabezaba todas las encuestas anteriores.

J.G.: Porque afecta a la mayoría de la población que vive de ingresos fijos. Cualquiera que va a consumir algo, en el almacén, la verdulería, la carnicería se encuentra con crecimientos de precios espectaculares.

M.H.: Leyendo hoy Ámbito Financiero, encuentro que en sus páginas interiores levanta una información de la reunión plenaria del Consejo Federal del Trabajo que se realizó en San Juan, donde estuvo el Secretario Sabor. Allí, el Ministro de Trabajo de La Pampa señaló que las provincias tienen sus economías prácticamente paradas.

J.G.: Claro, estamos hablando de la inflación pero quizás lo más preocupante es el rumbo recesivo de la economía argentina y combinar estancamiento con inflación es la suma de los problemas del conjunto de la sociedad. No hay un horizonte de crecimiento de la economía, se ve decrecimiento, estancamiento, tendencia recesiva. Por lo tanto, las expectativas que había generado en alguna parte de la sociedad el cambio de gobierno, se empiezan a derrumbar al recorrer el conjunto del país, porque las economías regionales no repuntan ni siquiera por la tradicional evolución del agro, mucho menos el sector industrial, por lo tanto, se presenta un cuadro económico complicado. El estancamiento y la inflación, “estanflación”, es el horizonte que aparece y es muy preocupante.


Hay crisis política en la Argentina


M.H.: Volviendo al tema de la deuda, el gobierno presentó un escenario en los días previos, dijeron “o resolvemos el tema con los buitres o vamos a tener que hacer un ajuste brutal”. O sea, deuda o ajuste.

J.G.: Y lo que tenemos es deuda y ajuste. Son fenómenos discursivos. El gobierno ha ganado las elecciones con un determinado mensaje. Una parte muy importante de la sociedad ha votado por el macrismo sin ser macrista, sin ser liberales ni pro empresas. Por eso desde el primer día señalamos que hay crisis política en la Argentina. Uno puede pensar que el voto genuino al macrismo es de un 25%, del mismo modo que una cifra parecida fue la del voto genuino por el kirchnerismo. En el medio hay un 50% de votantes que votaron en contra de Macri y de Cristina Kirchner. Esa es una expresión de crisis política. Creo que ahora el macrismo intenta transformar ese apoyo electoral en consenso institucional político, a la política de corte neoliberal y eso está poniendo en tensión a la Argentina porque se están generalizando los conflictos de diverso tipo.
La semana pasada ocurrió el primer boicot a los supermercados, hace mucho tiempo que en nuestro país no había iniciativas novedosas como ésta, impulsadas desde una central de trabajadores como es la CTA, con organizaciones de consumidores y otras organizaciones sociales que no solo plantean reivindicaciones de trabajadores, sino que plantean reivindicaciones del conjunto de la sociedad. Incluso muchos sobrestimaron la medida porque “la gente no compra un jueves” como fue el 7 de abril, pero va y compra al día siguiente. Sin embargo, los supermercados hicieron ofertas cuantiosas, hasta del 80% en algunos productos para atraer compradores.
A los grandes capitales no le sirven las grandes protestas y las protestas ayudan a que la sociedad empiece a tomar conciencia de que se puede luchar. Digo esto porque hay muchos argumentos que sostienen que “son los primeros meses de gobierno”, se insiste con “van recién 4 meses”, pero también ya van cuatro meses y en ese tiempo el nivel de inflación va a andar por un 20%, lo que proyecta una inflación anual del 40% si es que logran bajar los índices actuales, porque si en cuatro meses llegás al 20% y si tienen éxito en seguir apretando y cerrando la economía lo que van a lograr es que los precios bajen por asfixia de la sociedad, pero igual la baja no va a ser menor a un nivel cercano al 40%.

M.H.: Dentro de este panorama, ¿cambia algo la presencia de Cristina?

J.G.: Lo que está mostrando es cierta capacidad de movilización de un núcleo de manifestantes convocados por un grupo de organizaciones adherentes muy importantes y la verdad es que hasta ahora la ex presidenta no ha dicho ni una palabra, solo ha hecho una manifestación de cierta capacidad de convocatoria. Habrá que ver si esa convocatoria solo está asociada al tema de la demanda judicial que tiene que enfrentar o si está asociada a un proyecto político de más largo aliento. Hay seguidores de Cristina que han instalado la consigna “Volveremos”, el problema es que necesitamos en el movimiento popular hacer un balance de lo que representaron doce años de gobierno kirchnerista. Muchos sugieren dejar la corrupción de lado y ver las transformaciones que hizo el kirchnerismo. Ese es el problema, hay que hacer un balance de la corrupción por un lado, que fue facilitada en este tiempo histórico y al mismo tiempo por la consolidación de un modelo productivo que favoreció la sojización, la minería a cielo abierto, el aliento al fracking y la explotación de los hidrocarburos no convencionales, el carácter de la Argentina como pagador serial y la búsqueda, sobre todo, en los últimos tiempos del gobierno kirchnerista de alianzas con transnacionales de la producción, las finanzas y los servicios.
La Argentina necesita hacer un balance desde la crisis de 2001 hasta la actualidad y en mi opinión lo que termina de confirmarse es que en 2001 se hizo evidente una crisis política que hoy continúa, de otra manera, bajo otras formas, y que la exigencia sigue siendo la necesidad de la aparición de un proyecto político de carácter alternativo que contenga multiplicidad de experiencias que existen en Argentina, de transformación social, económica y política y de una cultura de construcción de nueva organicidad, en empresas y fábricas recuperadas, por hablar de economía, en muchas cooperativas de trabajo. Así como iniciativas que se han desplegado exitosamente en contra del modelo productivo.
En una reunión hace pocos días, recordábamos la lucha del pueblo riojano en Famatina que hoy se expresa en la lucha de los jachaleros en San Juan que están denunciando lo que representa la contaminación de los ríos de esa provincia.


El gran problema de América Latina es no haber construido sujetos económicos conscientes para el cambio


M.H.: ¿El progresismo conduce necesariamente a derrotas y desastres sociales?

J.G.: No necesariamente, habría que ver a qué le llamamos progresismo. Los progresismos hay que verlos en contexto histórico, uno puede considerar que el gobierno de la Unidad Popular en Chile en los `70 era progresismo, pero era otro momento histórico, en el que Vietnam le estaba ganando a Estados Unidos. Había un clima diferente. Después hay que ver la ofensiva neoliberal desarrollista con las dictaduras militares en los ´70 en el Cono Sur, en los ´80 con Thatcher y Reagan, y en ese contexto los progresismos que aparecieron en América Latina a comienzos del siglo XXI generaron mucha expectativa de cambio.
Entonces, el problema no es “progresismo sí o no”, sino cuál fue el rumbo que asumieron los movimientos sociales y populares que fueron los que generaron las condiciones de cambio político en nuestra América. En realidad lo que se frenó es la capacidad de cambio, que no alcanzaba con el cambio político, que se requería de un cambio económico, ir a fondo del cambio de estructura, de las relaciones sociales de producción, en cambiar la ecuación de beneficiarios y perjudicados.
Eso es lo que no se hizo en términos generales, porque hay matices entre los distintos países. Podríamos pensar por qué perdura la situación de Bolivia. Bolivia tiene en su haber el haber reorientado la renta petrolera, lo que motiva en sí mismo una discusión, fue un tema muy fuerte y duro que es lo que explica el “éxito” relativo de la experiencia boliviana. En el caso venezolano el tema también es clave, pero asociado a la baja de los precios del petróleo y no haber podido avanzar en la diversificación productiva es lo que pone en observación el proceso.
Creo que el gran problema de América Latina es no haber construido sujetos económicos conscientes para el cambio. Haber reorientado la economía de nuestra América en otro sentido. Por ejemplo, en el 2007 se anunció el Banco del Sur y estamos en 2016 y el Banco del Sur nunca estuvo cerca de materializarse e incluso de intervenir en el financiamiento de un proyecto de desarrollo alternativo en la región. América Latina se entusiasmó con el No al ALCA en 2005, y entre 2005 y 2010 generó un conjunto de iniciativas de integración alternativas como Petroamérica, por ejemplo.

M.H.: Hoy es 12 de abril en un nuevo aniversario del fallido golpe contra Hugo Chávez. ¿Creés que la ausencia de Chávez influyó sobre esta no concreción de estos proyectos?

J.G.: Debería contestar que sí, porque las personas intervienen, influyen los liderazgos. Pero cuando Chávez estaba muy enfermo y alguna gente me preguntaba qué iba a pasar después, yo contestaba que apuesto a los procesos colectivos y sociales de masas y que el tema no pasa por si Chávez hubiera vivido dos, tres o diez años más, sino que los procesos son sociales, lo que la sociedad es capaz de hacer, lo que el movimiento popular es capaz de gestar.
Creo que venimos de un atraso cultural histórico muy fuerte. Lo que el Che Guevara sostenía, “crear el hombre nuevo” es muy difícil porque tenés que hacerlo bajo la opresión de la ofensiva del capital que se viene desarrollando en los últimos 40 años.
Hacer una revolución en su sentido más profundo, requiere una transformación cultural muy fuerte. Hubiese sido mejor que Chávez continuara viviendo, era el líder indiscutido del proceso venezolano, había tomado la posta del liderazgo de los procesos revolucionarios en América Latina luego del de Cuba, de Fidel Castro; pero creo que la genuinidad de los procesos está en lo que seamos capaces de construir desde los pueblos.
En Argentina tendríamos que preguntarnos cómo fue que con la tremenda protesta que tuvimos en 2001, con las batallas enormes que dimos en aquel tiempo histórico, no fuimos capaces de construir como movimiento popular, como movimiento social, proyectos alternativos e incluso liderazgos.
Cuando uno mira la masiva marcha del 24 de marzo pasado, poblada de mucha juventud, se ve que hay memoria, pero lo que no hay es un proyecto político que contenga esa capacidad de protesta, de movilización, de disposición a la organización de una parte muy importante de la sociedad argentina, especialmente de los más jóvenes.
Por eso creo que hay que reflexionar mucho sobre esto de la crisis política. No reiterar viejas consignas, pensar mucho lo que ocurre, ser muy generosos en los procesos de articulación de la unidad del movimiento popular.

Creo que hoy hay nuevos procesos de fragmentación en el movimiento popular argentino que no conducen a buen puerto y que lo peor que puede pasar ahora es que surjan grupos que se auto designen y lideren un proceso de cambio, porque esto tiene que ser generado desde una dinámica de importante densidad social movilizada y consciente contra el orden capitalista, que es retomar el comienzo de nuestra conversación, tenemos un ministro buscando 15.000 millones de dólares y hay cuantiosas necesidades insatisfechas que la sociedad necesita resolver.

Macri toma nueva deuda para pagar vieja deuda

El Parlamento de la Argentina autorizó al gobierno de Mauricio Macri a tomar deuda pública por 12.500 millones de dólares para el pago a los inversores holdouts, entre los que destacan los fondos buitre. Sin embargo, el Ministro de Economía, Alfonso Prat Gay salió a colocar bonos de la deuda por la suma de 15.000 millones de dólares.
En rigor, los acuerdos negociados a cancelar en las próximas horas podrían alcanzar entre los 8.000 y los 10.500 millones de dólares. Todavía resta para cancelar toda la deuda en cesación de pagos. Aun así, el poder ejecutivo demanda deuda por la totalidad de lo autorizado, resultado de un acuerdo entre parlamentarios del oficialismo y de la oposición, incluidos legisladores del espacio kirchnerista.
Queda claro que ese amplio espectro político se niega a la auditoria de la deuda. Se perdió la ocasión de hacerlo con la bicameral dispuesta por la ley de pago soberano entre 2014 y 2015 y no se asumen las investigaciones judiciales, especialmente la sentencia de junio del 2002, derivada de la causa impulsada por Alejandro Olmos sobre la deuda en tiempos de la dictadura. En esa sentencia se prueba el carácter fraudulento de la deuda.
La diferencia entre lo que se abonará y el máximo autorizado engordará por un tiempo las reservas internacionales, con un oneroso costo financiero, hasta tanto se negocie con el conjunto de acreedores que explican la continuidad del default iniciado en 2001. Claro que también podrá crecer litigios de quienes ingresaron a los canjes del 2005 y 2010 y se ven perjudicados por las nuevas ofertas de pago a especuladores y buitres,
Igual, los 2.500 millones de dólares más allá de la autorización por 12.500 millones de dólares del “partido de la deuda” serán aplicados a financiar el enorme déficit fiscal, problema que comparten las provincias y la Nación.
Vale mencionar sobre el partido de la deuda, un bloque político, que siendo opositores u oficialistas siempre acuerdan privilegiar a los acreedores externos por sobre la deuda social con millones de argentinos. Pueden discutir sobre diferentes aspectos, pero en lo esencial cumplen con su papel funcional a los objetivos de las clases dominantes.
En rigor, el camino del endeudamiento público asumido hipoteca al pueblo argentino y aleja posibilidades de satisfacer necesidades con recursos fiscales, los que se orientarán a satisfacer la cancelación de intereses. Es una situación que se acompañará de renovaciones recurrentes de los vencimientos de capital para reincidir en el cuento de nunca acabar con una deuda vieja que se recompone con nuevo endeudamiento. La deuda pública obliga a pagos futuros, imposibilitando demandas de millones de argentinos, por salud, educación, empleo, salarios, jubilaciones, y otros derechos.
Nuevo negociado por deuda
Casi 27 millones de dólares se pagarán en comisión para 7 bancos transnacionales: J P Morgan, HSBC, Deustche Bank, Santander, Citigroup, BBVA y UBS que colocan los 15.000 millones de dólares desde la próxima semana. Los primeros cuatro actúan en el armado del negociado, definiendo las características de los bonos. Los otros tres se suman como colocadores en el ámbito mundial.
Casi siempre se menciona a los fondos buitre como los grandes beneficiarios del negociado en cuestión, sin embargo, sin la banca sería imposible la circulación de papeles de la deuda de los diferentes países. El Sistema financiero mundial festeja la orientación de los recursos públicos de la Argentina hacia acreedores en default, pero también por una nueva oportunidad de rentabilidad bancaria en tiempos de crisis capitalista.
El FMI, cabeza del sistema financiero mundial, celebra los acontecimientos y se apresta a desembarcar en el país para auditar las cuentas nacionales e intervenir sin mediaciones en la formulación de políticas de Estado.
La tasa de interés que alegra al equipo económico, a los profesionales de la deuda y a la prensa afín es usuraria, entre el 7 y algo más del 8%, cuando otros países de la región se endeudan a tasas entre el 4 y 5%. Festejan la reducción de tasas superiores a dos dígitos, obviando que siendo Argentina un recurrente pagador de deuda, el riesgo país se mantiene elevado.
El paquete de bonos a ofrecer en estos días para pagar vieja deuda nos hipoteca con títulos a 5, 10 y 15 años, lo que supone el compromiso de destinar parte importante del trabajo social local al pago de intereses y la recurrente renovación del capital.
Violencia de la deuda
Se trata de una gigantesca bola de nieve que se acumula en un ciclo de deuda pública iniciado con el terrorismo de Estado hace cuatro décadas y que se proyecta por años.
La deuda tiene que ser investigada, y mientras suspender los pagos. Hay que seguir argumentando a favor de la investigación de la deuda pública y la suspensión de los pagos. Algunos preguntan si eso es posible y nosotros decimos que sí, que se puede y se debe, ya que el pueblo no es deudor, sino acreedor de una deuda varias veces cancelada.
Fue la deuda uno de los mecanismos para favorecer la libre circulación de capitales, que junto al libre comercio, constituyen hoy la esencia del programa de los capitales más concentrados.
En el origen está la violencia de la deuda en tiempos de dictadura cívico militar y la afectación de los derechos humanos, y hoy como ayer continúan violentados los derechos de la mayoría de la población.

Buenos Aires, 15 de abril de 2016

Especulación y delito

El 3 de abril se difundió el informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por su sigla en Inglés) sobre empresas offshore y fuga de capitales[1]. Allí aluden a información sobre más de 11,5 millones de registros financieros y legales, que expone un sistema de “delincuencia, corrupción y maldad, oculto por las empresas offshore secretas.”
Tal es el escándalo por la difusión de esa información renunció Sigmundur David Gunnlaugsson, presidente de Islandia tras las protestas masivas por revelaciones de que había sido propietario de una empresa offshore con su esposa.[2] La filtración de la información causó también conmoción en Nuestramérica, especialmente en la Argentina ante la presencia del Presidente Mauricio Macri entre los involucrados con empresas offshore en las Bahamas, conocido paraíso fiscal.[3]
Más allá de la filtración y las sospechas que genera la información[4], lo cierto es que evidencia la práctica generalizada de la Fuga de Capitales sostenida desde la facilitación de la circulación mundial del dinero. En un estudio sobre los tratados de libre comercio, presentado en el VII° ESNA[5] realizado en Montevideo entre el 31 de marzo y el 2 de abril, se informa que éstos no son “acuerdos comerciales”, sino “instrumentos de protección de las inversiones extranjeras”[6]. En la presentación se informa sobre los paraísos fiscales, que son resultado del proceso de liberalización que empujan los tratados de libre comercio y los tratados bilaterales de inversión.
Sobre los paraísos fiscales se informa de la difusión de los mismos en todos los continentes, destacando el caso del Estado de Delaware, en EEUU, en donde  aparecen “registradas 6.500 empresas. Dos tercios de las empresas del listado Forbes 500 tienen domiciliada alguna empresa en este domicilio, entre ellas Ford, American Airlines, General Motors, Coca-Cola y Kentucky Fried Chicken.” Informa sobre 830.000 compañías registradas en las islas Vírgenes Británicas, donde la población apenas llega a los 19.000 habitantes. Estiman en 2 billones de dólares “el stock de flujos que salieron hacia paraísos fiscales entre 1970 y 2011”, y se destaca Brasil con 520.000 millones de dólares, un 160% de su deuda externa; México con 417.000 millones de dólares, un 224% de sus pasivos externos; Venezuela con 406.000 millones de dólares, 728% de su deuda externa y Argentina con 399.000 millones de dólares, dos veces su deuda externa.
Convengamos que una empresa offshore es parte de la trama de la fuga de capitales y que la fuga de capitales no puede entenderse sin la complicidad del sistema financiero. No hay paraísos fiscales sin transnacionalización de la especulación y del sistema financiero, que tiene en su cúpula el FMI y al Banco Mundial. Una empresa offshore supone el registro en el exterior de una empresa, pero nadie organiza una empresa offshore en paraíso fiscal si no es para evitar pago de impuestos en el país propio o de la inversión. La filtración, más allá de las consecuencias políticas que supone, habilita a discutir la cuestión de fondo, que debiera reactualizar el fin de los paraísos fiscales, un tema que estuvo en la agenda del G20 desde que se auto consideró “ámbito de discusión de la crisis” a partir de sus inicios en noviembre del 2008.
En rigor, la cuestión de fondo es el capitalismo, ya  que el capitalismo de época es el delito, el contrabando, la trata de personas, el narcotráfico, la venta de armas. Son los asuntos, entre otros, que motivan el lavado de dinero y la fuga de capitales. Se trata de esconder las grandes acumulaciones que generan socialmente una tremenda brecha entre muy pocos ricos y muchos sectores empobrecidos. No debe sorprender la existencia de empresas y cuentas offshore de gobernantes y famosos, ya que se trata de una práctica usual de las clases dominantes en el capitalismo contemporáneo. Es la forma cotidiana de expresión del capitalismo especulativo y normal. Para terminar con el negocio offshore hay que terminar con la especulación y la economía del delito, es decir, con el capitalismo.

Buenos Aires, 8 de abril de 2016




[1] https://panamapapers.icij.org/ (consultada 6/04/2016)
[2] Ib.
[3] “Los políticos y cargos públicos latinoamericanos de los Papeles de Panamá”, en: http://hipertextual.com/2016/04/papeles-de-panama-latinoamericanos (consultado el 6/04/2016)
[4] Panama Papers fue financiado por EE.UU. Según Wikileaks la USAID y la OCCRP financiaron el escándalo de los llamados Papeles de Panamá, en: http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/mundo/panama-papers-fue-financiado-por-ee-uu.aspx#ixzz454YWFnsq (consultado el 6/04/2016)
[5] Encuentro Sindical Nuestra América, ESNA: http://encuentrosindical.org/
[6] Jorge Coronado Marroquín. Latindadd. Montevideo, Uruguay, Abril 2016.

40 años después (1976-2016)

Cuando me preguntan sobre el orden económico social del presente no hay más remedio que hacer historia, especialmente desde el Golpe de Estado de 1976.
El fenómeno visible tiene que ver con las torturas, los asesinatos, las desapariciones, las detenciones, los exilios. Todo ello remite al dolor, físico y mental, de afectados directos, familiares, amigos, compañeros de militancia y destino en la vida. Un poco menos se visibiliza la desorganización social y política buscada por los ejecutores materiales e ideológicos del golpe, lo que supone indagar en las motivaciones del ejercicio del terrorismo de Estado.
Lo esencial de la iniciativa política de las clases dominantes hacia 1976 apuntaba a reestructurar el orden económico, social y político de funcionamiento del capitalismo en Argentina, como parte de un proceso similar en la región. En 1973 en Chile y en Uruguay, luego en 1976 en Argentina y otros procesos similares en la región darán inicio al ensayo de restauración liberal del orden social en el ámbito mundial, más conocido como neoliberalismo. Un ensayo que buscará generalizarse luego con la restauración conservadora liderada por Thatcher y Reagan en los 90´ y que se extenderá con renovada fuerza a la ruptura de la bipolaridad entre 1989 y 1991.
De la defensiva capitalista a la ofensiva
El diagnóstico apuntaba a cerrar el ciclo defensivo de las políticas keynesianas instrumentadas en el capitalismo a la salida de la crisis del 30 del siglo pasado y generalizadas, más allá de matices, luego de la segunda guerra mundial. El carácter defensivo devenía de la fuerte iniciativa y organización de sectores subalternos que en Europa podían imitar el ejemplo soviético de construir el socialismo. En EEUU se necesitaba superar la crisis del 30, surgida desde Wall Street, por lo que el “new deal” (nuevo acuerdo), con su planificación y diferente papel del Estado favoreció la construcción de la nueva hegemonía estadounidense en el sistema mundial, creando las condiciones de la bipolaridad.
La crisis de los 70´ había dado la vos de alarma de los límites del desarrollo capitalista bajo la orientación kerynesiana y el gasto estatal pasó a ser el objeto de la crítica de las clases dominantes. Había que abandonar las políticas defensivas, porque ya afectaba a la rentabilidad de las empresas dominantes. Bajo esas condiciones se hace fuerte la restauración del liberalismo, bajo la denominación “neoliberalismo”, y las matizadas interpretaciones de cómo salir de la crisis de los 70. Es en esas condiciones que la corriente neoliberal de pensamiento acude como sostén teórico y formuladores y ejecutores de la política económica de los regímenes terroristas en el cono sur. Con matices, la escuela de Chicago difunde sus pensamientos para una política de transformación reaccionaria del orden capitalista.
En las condiciones de la Argentina y otros países de la región, se impuso el proceso de desarme del orden capitalista bajo el formato anterior. Si las décadas previas fueron las de la industrialización sustitutiva de importaciones, con aliento al mercado interno y la construcción de un amplio proletariado, especialmente industrial y por ende una burguesía también extendida en la producción agraria, industrial y de servicios, la reversión económica suponía la desarticulación social y política de ese entramado social. Por eso el golpe, las prohibiciones, el amedrentamiento y la manipulación de la opinión pública y el sentido común instalado.
La política neoliberal anticipada en el último tramo del gobierno constitucional (por ejemplo: el “rodrigazo” en julio de 1975) se consolidó en 1976 con el Plan Martínez de Hoz, expresión del sector más concentrado de la economía local, cuyos efectos se sienten aún con los cambios institucionales, estructurales, acecidos desde entonces y muy especialmente en los años 90´ del siglo pasado. Es la base material para pensar la liberalización en curso y la inserción subordinada en nuevos tratados de libre comercio que sellan la presencia de Barack Obama en esta Argentina gobernada por Macri.
¿Qué cambió desde 1975/76?
Las relaciones laborales mutaron sustancialmente, con flexibilización, precariedad, tercerización, subempleo, desempleo y su correlato en desorganización y de-sindicalización. En materia de Estado se promovió un fuerte cambio de función, con privatizaciones, desregulaciones y aliento a la mercantilización de derechos sociales, tales como la educación y la salud, entre otros. La inserción internacional subordinada fue la forma de relacionar a la Argentina con el mundo, con tratados de libre comercio y la extensión de tratados bilaterales en defensa de las inversiones, tanto como la generalización de la prórroga de jurisdicción soberana, que hoy se sufre con la sentencia Griesa.
Instrumentos económicos privilegiados que llegan hasta nuestros días fueron la ley de entidades financieras y una política monetaria y financiera de subordinación a la lógica del sistema mundial liderado por los organismos internacionales. También el régimen de inversiones externas que nos somete a la decisión transnacional sobre el modelo productivo y de desarrollo, con soja y transnacionales de la alimentación y la biotecnología; con inversiones mineras para mega minería a cielo abierto con explotación de bienes comunes y contaminación. Es la industria de armaduría para la exportación y los servicios privatizados y altamente concentrados. Es el mecanismo del endeudamiento externo en ciclos sucesivos adoptados por los gobiernos constitucionales en una continuidad con el pecado original de la dictadura genocida.
Las clases dominantes en la Argentina reorganizaron la cotidianeidad del desarrollo capitalista desde el terrorismo de Estado y ya bajo formas constitucionales de gobierno se someten y profundizan la institucionalidad heredada. Por eso continúa la prórroga de jurisdicción soberana, en los acuerdos por nueva deuda, en los contratos con China y con Chevron. Por lo mismo se afianzan las tendencias aperturistas y condicionadas de los instrumentos del libre comercio y la subordinación a los organismos multilaterales. Ese es el sentido de las relaciones internacionales que se fomentan en el presente, con reuniones y presencias de jefes de Estado de Italia, Francia, Inglaterra, la Unión Europea, el Foro Económico Mundial, y claro, con EEUU.
No alcanza con la crítica o la prédica de un relato que evidencia las motivaciones del golpe genocida del 76, si en simultáneo no se construyen las bases materiales y subjetivas para una lucha anti capitalista.

Buenos Aires, 25 de marzo de 2016