Toda devaluación favorece a los
grandes productores y exportadores, al mismo tiempo que afecta a los
perceptores de ingresos fijos.
Desde esa lógica se alude a las
devaluaciones como favorables para la competitividad de la producción local, ya
que mejora de los precios de los bienes y servicios exportables, ganando así en
competitividad.
Eso ocurriría si existiera una
producción diversificada y en competencia con producciones de otros países.
Como eso no ocurre para los principales productos de exportación de la
Argentina, la realidad es que la devaluación se manifiesta como un mecanismo de
capturar ganancias del complejo exportador, principalmente del agro-negocio.
Las exportaciones agropecuarias
de la Argentina no se manejan competitivamente con las de otros países, sean
por la abundante demanda externa, como por las condiciones internas de
producción. El precio internacional no se define en el país, sino que resulta
de las imposiciones del mercado mundial. Por eso es que se habla de commodities
(maíz, trigo o soja).
Queremos enfatizar que la
devaluación no se produjo para generar competitividad productiva, reactivar la
producción y mejorar las condiciones macroeconómicas del país. La devaluación
se materializó para incrementar la facturación del sector hegemónico del
agro-negocio, o sea, las transnacionales de la alimentación y la biotecnología,
los principales beneficiados por la política económica del gobierno Macri. Así,
estos sectores, lograron una inmediata recomposición de la tasa de ganancia.
Por eso, la respuesta inmediata del
sector agroexportador, principalmente sojero, fue la aceleración de la
liquidación de cosechas almacenadas en silo-bolsas (el compromiso con el
gobierno es por 400 millones de dólares diarios).
La facturación empresaria creció
por la devaluación y la baja de las retenciones.
El impacto se expresa en una
recomposición de reservas internacionales, que habían llegado a un piso de poco
más de 24.000 millones de dólares y ahora empiezan a recuperarse.
La intencionalidad del gobierno
Macri es recomponer reservas monetarias internacionales y para eso necesita que se continúe
con la liquidación de los exportadores e ingresen nuevas y más divisas por préstamos
externos e inversiones extranjeras.
Claro que los préstamos llegaran
si se supera la traba de la demanda de pago por la sentencia judicial en EEUU
sostenida desde los hold-outs o fondos buitres; lo que supone un mayor
endeudamiento externo y suba de los compromisos futuros de pago, por lo menos,
de intereses.
Palos
y zanahorias
Y las inversiones se concretarán
si se logra frenar las expectativas de actualizaciones salariales en
paritarias. Un objetivo central del gobierno Macri es frenar o controlar el
conflicto laboral y social.
Esta es la razón de la acción
represiva ejercida en víspera navideña contra los trabajadores de Cresta Roja y
la voluntad de instalar un protocolo de acción contra el conflicto social.
Con el caso Cresta Roja se marca
el camino de la represión y el diálogo, de la coerción y búsqueda de consenso,
con balas de goma y camiones hidrantes para desalojar la ruta y luego bolsones de
mercadería y colaboración en dinero, incluso incrementando esos aportes
monetarios para descomprimir la demanda
de los trabajadores en lucha. Sobre la cuestión de fondo, esperan que se
resuelva entre privados, que en la lógica oficial es dejar que el mercado
decida y el Estado solo ser facilitador de negociaciones entre empresarios, los
que buscan, principalmente, obtener ganancias.
La devaluación es el primer acto
en la recomposición de la ganancia empresaria. El segundo acto es la lucha por
ingresos populares compensatorios, y por eso las movilizaciones por bonos
resarcitorios de fin de año.
Son bonos ya logrados en ciertos
ámbitos del sector estatal y privado, con una diversidad de montos que fomenta
una mayor dispersión de ingresos y dificulta acciones coordinadas para el logro
exitoso de la demanda.
Valga como ejemplo el anuncio de
una compensación mínima de 400 pesos para beneficiarios de planes sociales y
jubilaciones mínimas, orientados a más de 7 millones de perceptores, para desarticular
la que parecía una gran movilización en demanda del bono compensatorio. El arco
social y político de la convocatoria del 22/12 pasado expresa una diversidad con
potencialidad para constituir un arco de acción política para la etapa iniciada
el 10/12 con nueva gestión de gobierno nacional.
El costo fiscal del bono es
mínimo con relación al producido por la eliminación y reducción de las
retenciones al agro y a la industria, evidenciando beneficiados y perjudicados
de la política económica del gobierno Macri.
Por eso no debe sorprender que
la política oficial se sustente con palos y zanahorias. Son mensajes para
disciplinar el conflicto social y generar consenso político más allá del
transitorio consenso electoral logrado para ser gobierno.
La combinación de represión y
acción política compensatoria son mecanismos de manufacturación de consensos en
un marco de ajuste que afecta a la mayoría de la población.
Esa construcción de consenso
asocia una brutal transferencia de ingresos hacia el sector más concentrado de
la economía y presencia oficial ante dramas sociales, caso de las inundaciones
en el litoral por desborde del Río Uruguay, especialmente en Concordia.
Desafíos
para la iniciativa popular
Más allá del accionar deliberado
por convertir consenso electoral en político, el ajuste de precios y la
inflación, aunque ahora el INDEC no mide, impacta sobre la mayoría de la
sociedad empobrecida, base de conflictos sociales y laborales.
Los estatales convocan a paro
nacional para el 29/12 y luchan por efectivizar un voluminoso empleo informal del
Estado y contrarrestar iniciativas en curso para disminuir la planta de
trabajadores. El gobierno anuncia la revisión de miles de contratos de los últimos
tres años, y con el argumento de eliminar “ñoquis” o contratos de la política,
se busca achicar el empleo público para reducir gasto y equilibrar las cuentas
fiscales.
Por su parte, los privados
denuncian acciones de las patronales, caso de la GM (planta cercana a Rosario) que
extiende su parada técnica por tres semanas aduciendo dificultades de provisión
de insumos desde Brasil; todo en espera de aumentos de precios de venta de los automotores
al comienzo del 2016 y que abulte su cuenta de ganancias.
Los primeros días del gobierno
Macri ponen de manifiesto el pragmatismo oficialista con medidas para
recomponer rentabilidad de las grandes empresas (retenciones y devaluación),
con fuerte impacto inflacionario que se difumina regresivamente entre la
mayoría empobrecida de la población.
Desde el gobierno se especula
con el tiempo de gracia que supone ser una gestión recién llegada y la
incógnita persiste en la capacidad de aguante de los perjudicados de la iniciativa
oficialista. La novedad política debe esperarse desde la iniciativa popular
para frenar la ofensiva por el ajuste y restaurar condiciones de posibilidad para
construir alternativa política.
Buenos
Aires, 26 de diciembre de 2015
