Lo que se discute y oculta sobre la economía en víspera de elecciones

En vísperas de las elecciones de renovación presidencial, se procesan problemas económicos que atraviesan fenómenos coyunturales y otros estructurales. Algunos se asumen en la discusión electoral, especialmente en la lógica de retomar la senda del crecimiento; y otros, especialmente los estructurales aparecen ocultos o escasamente tratados, aun cuando la sociedad demanda su atención.
Se destacan entre estos últimos los relativos al modelo productivo, con escasa visibilidad en el debate electoral, aun cuando tienen fuerte presencia en el conflicto social y en la discusión por otra sociedad.
Entre ellos, sobresale el episodio promovido por la Barrick Gold y el derrame de solución con cianuro en San Juan, que movilizó a buena parte de la población, especialmente en la ciudad de Jáchal, la zona directamente afectada. La novedad es la represión y detención a los protagonistas del bloqueo para el ingreso a la mina Veladero, la más importante en la producción de oro en la Argentina. Es un episodio que genera múltiples debates entre el activismo crítico a la mega-minería y la sociedad que asiste con asombro al cambio de clima respecto al consenso previo a la gestión política de estas inversiones externas y su efecto de saqueo. Aún está pendiente la opinión judicial y los estudios técnicos sobre el asunto y se habilitó un debate escamoteado hasta el momento, con escasa intervención y opinión de los principales aspirantes a ocupar la presidencia en el próximo periodo gubernamental, entre 2015 y 2019.
Algo similar remite al bloqueo, que ya acumula más de dos años, a la planta que Monsanto pretendió instalar en Malvinas Argentinas, Provincia de Córdoba. Los tres candidatos presidenciales al frente de las encuestas sostienen el modelo agrario de industrialización para la exportación fundado en el paquete tecnológico abastecido por transnacionales de la alimentación  y la biotecnología. Las opiniones críticas se sostienen desde el activismo social y político con relativo éxito en la discusión pública, aun cuando existen extendidas voces entre pobladores, campesinos, productores, comunidades, técnicos, profesionales y ámbitos académicos en la discusión sobre la soberanía alimentaria, más allá de la difundida seguridad alimentaria, que a diferencia de la anterior, no discute el modelo agrario.
Tanto la mega-minería como el modelo sojero y agrario, son aspectos trascendentes del modelo productivo y de desarrollo en la Argentina, ampliamente elogiados por sus mentores, los inversores externos y sus socios locales, como estratégicos para el crecimiento y el desarrollo de la economía. En rigor, para sus ganancias y lógica de acumulación de poder económico y político. Algo similar ocurre con la explotación de los hidrocarburos no convencionales, ámbito en el que se esperan ingresos de capitales externos para la explotación y superación de la crisis derivada del déficit energético de la Argentina. Adicionemos que se trata de un sector que acaba de recibir beneficios sustanciales en el precio de sus productos, muy por encima del precio internacional de los hidrocarburos, aun cuando lleva meses la caída del precio en el ámbito mundial.
Durante años se sostuvo la importancia del fuerte ingreso de las inversiones para la realización de la mega minería a cielo abierto y solo ahora aparecen más visibles los efectos regresivos sobre la sociedad y la naturaleza. Es cierto que el asunto estuvo anticipado en Esquel en 2003, contra el intento de radicar una inversión cercana en la ciudad, y más recientemente en las denuncias contra la explotación del cerro Famatina en La Rioja, o las denuncias y resistencias por La Alumbrera en Catamarca. Pero el derrame en San Juan evidenció al país el riesgo del modelo productivo de saqueo sobre nuestros bienes comunes.
En el mismo sentido debe considerarse el cambio productivo en el agro, consolidado con la autorización al uso de transgénicos en la década del noventa, que permitió la expansión de la frontera agrícola sojera para la exportación. Ese fenómeno motivó la salutación a las autoridades argentinas de los directivos de Monsanto, principal proveedor del paquete tecnológico para el funcionamiento del modelo agrario en el complejo de la soja. Hoy es cuestionado por un amplio movimiento social que incluye a los pueblos fumigados y al sector productivo asociado a la agricultura familiar y comunitaria, y no solo por razones económicos, sino también sociales y culturales asociados al modo de desarrollo.
Con matices se afronta la cuestión industrial, ya que todo parece reducirse en el debate electoral a la necesidad del ingreso de capitales externos para la inversión, con escasa discusión del carácter dependiente de insumos estratégicos que supone el sector integrado en la economía mundial, el que definen las transnacionales y sus socios locales. Lo que no aparece es la necesidad de discutir un modelo industrial que resuelva insuficiencias históricas que promueven la dependencia y el atraso, asociado a lo cual se inserta el debate sobre los sujetos de la industrialización, algo en lo que pueden intervenir los protagonistas de las fábricas recuperadas, las cooperativas de producción y los emprendimientos autogestionarios. A ellos se puede sumar a un amplio abanico de pequeños empresarios subordinados productivamente a la lógica hegemónica del gran capital fabril, local y extranjero.
En el modelo productivo y de desarrollo está el corazón de los que se necesita discutir. Sin embargo, son aspectos alejados del debate electoral, que solo se concentra en la lógica de lo visible en materia de política económica: evolución de los precios, especialmente de las divisas; la confianza en las inversiones externas y la reinserción en el sistema financiero, con más deuda pública, todo para superar la desaceleración económica y la caída de la producción manufacturera.
No es menor discutir sobre la inflación, sus impactos y medidas correctivas sobre impuestos, especialmente de la 4ta categoría en ganancias, o el sentido y destino del gasto público; pero son todas medidas derivadas de las cuestiones estructurales, en general ausente en el debate electoral y presentes en la demanda de la sociedad que aspira a la organización de otro modelo de producción y de desarrollo. Será algo a definir en el proceso de la lucha y la disputa cotidiana por otra sociedad, una cuestión que trasciende la contienda electoral.

Buenos Aires, 23 de octubre de 2015

Pagos de deuda pública y nuevo endeudamiento

Mientras sucede la reunión conjunta del FMI y el Banco Mundial en Lima Perú, con presencia de funcionarios gubernamentales de todo el mundo, varios aspirantes al Ministerio de Economía de la Argentina participan haciendo lobby de cara a la nueva etapa que empezará en diciembre próximo.
Uno de los temas claves es el financiamiento para la Argentina, que continúa en default para el sistema financiero mundial mientras subsista el conflicto en EEUU con los hold-outs o fondos buitres.
El endeudamiento externo es clave como mecanismo que puede evitar o postergar la exacerbación del ajuste reaccionario de la economía.  
Con ese marco es que esta semana se canceló el BODEN 2015, un título público emitido hace una década. Se pagaron 5.900 millones de dólares, unos 55.755 millones de pesos al tipo de cambio oficial actual (9,45 pesos por cada dólar).
Los fondos fueron aportados por las reservas internacionales que administra el BCRA, las que cayeron a poco más de 27.000 millones de dólares. Muy lejos de los 52.000 millones que se lograron hacia el 2011, dando cuenta de la fuga de divisas en el último turno presidencial (2011-2015).
Si tomáramos el tipo de cambio implícito en los datos del presupuesto 2016, con media sanción en diputados, la cifra (5.900 millones de dólares) alcanzaría a  62.540 millones de pesos (tipo de cambio = 10,60 pesos por dólar).
Consideremos algunos rubros del presupuesto 2016 para mensurar lo que esta cifra representa.
Observemos:
·         en materia de Educación, Ciencia y Tecnología se estima gastar en 2016 un total de 82.900 millones de pesos; o sea que lo abonado para cancelar el BODEN 2015 representa 75% de todo el presupuesto en este rubro para el próximo año.
·         en Seguridad está prevista una asignación de 74.400 millones de pesos; y lo abonado esta semana en un título, supone el 84% de los recursos afectados para seguridad en 2016.
·         en Defensa se estipula una aplicación de 67.800 millones de pesos en 2016; y el pago del BODEN 2015 es un 92% de ese valor.
La cifra de cancelación de deuda es gigantesca, más aún si se la compara con otras necesidades de gasto o inversión social.
Al mismo tiempo que se anunciaba la cancelación de ese título público, la Presidenta de la Nación comentó que desde los gobiernos iniciados en 2003 se cancelaron 145.000 millones de dólares.
Es verdad que en ocasiones anteriores se difundieron otros valores, 173.000 millones de dólares en un caso; y 192.000 millones de dólares en otro caso.
Cualquiera de los tres valores, 145.000; 173.000; o 192.000 millones de dólares, es una inmensidad, y ponen de manifiesto el privilegio a la cancelación de deuda pública asumida en estos años, lo que se define como desendeudamiento.
Nuevo endeudamiento
Al mismo tiempo, esta misma semana se asumió nueva deuda, con títulos en pesos y en dólares, algo que viene ocurriendo en los últimos dos años y que nos hace pensar que el ciclo de desendeudamiento, medido como proporción de la deuda dolarizada con respecto al PBI, se terminó, y que hemos iniciado un nuevo tiempo de crecimiento de la deuda.
Es más, la sospecha es que, asuma quien asuma el nuevo gobierno, una forma de morigerar las políticas de ajuste que se anuncian, sean graduales o con política de shock, devienen de la capacidad de obtener crédito externo, similar a lo acontecido en los años 90.
Por otra parte, vale mencionar que la baja de deuda con acreedores externos tiene su correlato un endeudamiento con entes nacionales, caso de la ANSES, el BCRA o el Banco de la Nación.
Un 60% de la deuda pública actual es con organismos nacionales. Es real que tienen menor nivel de exigencia que cualquier acreedor externo, pero debe asumirse que el Estado nacional tiene deuda con el Fondo previsional, que no son fondos públicos, sino aportes y afectaciones para la seguridad social.
El imaginario reinante en la gestión pública supone que esos financiamientos serán renovados sin límite, pero mientras, condicionan la capacidad de esos propios ámbitos. No se trata de una cuestión neutra.
Preocupan la evolución de los pagos y la nueva deuda
En términos muy generales podemos decir que si hacia el 2001 la deuda pública alcanzaba los 144.000 millones de dólares y desde el 2003 se cancelaron 145.000 millones de dólares, la deuda ya no debería ser un problema.
Sin embargo, el stock de deuda pública reconocido a diciembre del 2014 es de 228.700 millones de dólares, sin contar la nueva deuda asumida en el 2015, ni el eventual pago a los acreedores de la sentencia arrancada por los fondos buitres en Nueva York.
Por lo cual, el stock de deuda pública se elevaría a unos 270.000 millones de dólares.
Se trata de una enorme hipoteca que condicionó y condicionará la política económica de la Argentina en el futuro. Es un tema esencial que requiere de un profundo debate del conjunto de la sociedad para definir los privilegios que deben asumirse desde la política económica.
El reclamo de la Asamblea por la Auditoria y la suspensión de los pagos apunta en otra dirección y exige a la Comisión Investigadora en el Parlamento que asuma el papel acordado por la propia Constitución Nacional para “arreglar” los asuntos de la deuda y disponga la suspensión mientras se investiga la deuda desde 1976.
La realidad es que la Comisión Bicameral de Investigación de la deuda reproduce la hegemonía política parlamentaria y la que se deriva de la situación electoral, donde la mayoría de las propuestas políticas sostienen el argumento de la necesidad del endeudamiento para favorecer la superación de las dificultades del capitalismo local en la coyuntura.
Enfrentar esas concepciones constituye una asignatura pendiente de la lucha y organización popular por construir una propuesta política que desde la suspensión de los pagos aspire a un nuevo imaginario social y económico contra y más allá del capitalismo.

Buenos Aires, 10 de octubre de 2015

Debates por un nuevo pensamiento

Allá por el año 1997 desde la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA se convocó a discusiones por un Nuevo Pensamiento, generando debates en todo el territorio nacional durante tres años.
La convocatoria confrontaba con el hegemónico pensamiento único que sostenía en los 90 la política neoliberal, de apertura económica, flexibilización laboral y privatizaciones. Las desregulaciones y el aliento a la iniciativa privada, especialmente extranjera era la lógica imperante en los gobiernos previos al estallido del 2001.
No solo el poder ejecutivo impulsaba esas políticas, sino que la burocracia política, sindical, empresaria y mediática estimulaban con argumentación apologética para diseminar un consenso mayoritario en la sociedad.
La hegemonía neoliberal era contundente y explicaba el triunfo del menemismo en el segundo turno desde 1995 sin escamotear argumentos favorables al falso libre comercio, en rigor dominado por monopolios transnacionales. Pero también explicó el triunfo de la Alianza en 1999 privilegiando la estabilidad del tipo de cambio contra la masividad de la miseria extendida, el desempleo y la caída del nivel de vida de la mayoría empobrecida de la población.
En aquella convocatoria de la CTA coincidían los argumentos anti neoliberales y otros anticapitalistas. El mensaje que unificaba apuntaba a derrotar al pensamiento neoliberal, hegemónico y responsable de la situación social de empobrecimiento y un desenlace recesivo desplegado entre 1998 y 2002. Las diferencias se dejaban para otro tiempo.
¿Por qué la evocación?
Porque el Ministro de Economía acaba de sostener en un encuentro de economistas heterodoxos[1] la necesidad de un pensamiento económico nuevo latinoamericano, sobre la base de las experiencias desarrolladas en estos años en buena parte de la región y que tienen en común la crítica al proceso neoliberal de los 90. Señaló Kicillof la necesidad de dar “cuerpo a una teoría económica que corone este proceso de crecimiento que experimentó América Latina”.
Más allá del balance de política económica y la discusión sobre los aspectos estructurales del orden contemporáneo, el debate sigue sustentado en lo discursivo en la crítica al neoliberalismo, sin cuestionar al régimen del capital.
Por definición, la heterodoxia contiene en su seno a diversas corrientes que discuten con la hegemonía neoclásica en sus distintas versiones, monetaristas, ortodoxos, los que imponen más énfasis teórico en el imaginario del libre cambio (como si existiera).
En la heterodoxia confluyen keynesianos, neo-keynesianos, pos-keynesianos y una diversidad de corrientes que disputan la orientación del orden capitalista, pero sin salirse del marco capitalista. Ese colectivo de pensamiento confluye y debate con otras varias corrientes del pensamiento crítico, algunos de los cuales se reconocen en la tradición de Carlos Marx y que asumen como sentido principal de sus enfoques la crítica al capitalismo.
Hace dos décadas, en los encuentros por un Nuevo Pensamiento, se discutía contra el neoliberalismo, hegemónico y en el gobierno. Hoy se vuelve a esgrimir la misma necesidad en un contexto de cambio político en la región, con fuerte crítica discursiva al neoliberalismo pero escasa transformación estructural de la economía, por lo que se asume la reiterada convocatoria a unir fuerzas contra la hegemonía global neoliberal, que subsiste en la orientación principal del orden mundial, aun con el capitalismo en crisis.
Ir más allá de la crítica neoliberal
Por eso, nuestro interrogante apunta a pensar que es lo que ocurre en nuestra región, que pese al cambio político desde el comienzo del Siglo XXI, el cambio económico continúa siendo una asignatura pendiente.
El modelo productivo y de desarrollo, es decir, la extranjerización y transnacionalización de nuestras economías no se han modificado y la característica de la dependencia se profundiza. Claro que hay matices entre los distintos procesos en la región, pero el núcleo de la dominación transnacional mantiene su capacidad de orientar el rumbo.
En un análisis sobre Bolivia se sostiene que “También la economía fue transformada por el proceso de nacionalización de varios sectores estratégicos. La nacionalización de los hidrocarburos del año 2006 generó un enorme flujo de ingresos para el país, resultado de la retención del excedente económico originado en este sector. El Estado, por la vía de nacionalizaciones del capital transnacional, estatizaciones del capital privado nacional y la apertura de nuevas empresas públicas productivas, se ha fortalecido y hoy controla el 35% del producto interno bruto del país. Así hemos dejado atrás el modelo neoliberal en el que, como sabemos, cuanto menos Estado mejor para los capitalistas; hemos pasado a un modelo con decisiva presencia reguladora y redistributiva estatal, aunque todavía dentro del sistema capitalista.” El texto continúa señalando: “Creo que aquí radican las tareas, en lo económico, que deben llevarnos a la profundización de este proceso: seguir fortaleciendo al Estado con nuevas nacionalizaciones, al mismo tiempo que potenciamos al sector social y comunitario de la economía transfiriendo hacia él una parte del excedente recuperado. Ésta será la vía para salir del capitalismo y comenzar la construcción de un nuevo socialismo comunitario y el Vivir Bien.”[2]
Es interesante asumir la hegemonía capitalista, como el rumbo anticapitalista y afirmar que las acciones anti-neoliberales tienen rumbo en el socialismo comunitario y el Vivir Bien; algo distinto a la prédica anti-neoliberal para un capitalismo nacional, serio o normal.
Homenaje a Theotonio dos Santos
Es curioso como el homenajeado en el encuentro de los economistas heterodoxos ha sido Theotonio dos Santos, uno de los iniciadores de la Teoría de la Dependencia en los 60. Una concepción teórica que suponía mirar a la economía mundial desde Latinoamérica y por ende, se intentaba completar a Lenin que había promovido la teoría del imperialismo desde el estudio de los fenómenos expresados en el capitalismo desarrollado.
Cien años se cumplirán el próximo 2016 de la publicación del famoso texto del revolucionario ruso, donde se ejemplificaba con la Argentina al típico proceso de independencia política y dependencia económica. Allí sugería que la tarea de la independencia política requería para completarse de la independencia económica, y con él, nosotros insistimos en superar el cambio político regional con el cambio económico.
Los teóricos de la dependencia en los 60 discutían la posibilidad del desarrollo bajo el signo de la dependencia. Fernando Henrique Cardozo, luego presidente de Brasil con ejercicio de política económica neoliberal, sostenía que si se podía impulsar el desarrollo aún en dependencia. Theotonio dos Santos lo confrontaba y sostenía una posición crítica al orden capitalista y a la dependencia. Otros heterodoxos de la época, como Celso Furtado, también criticarían al desarrollismo, que alentaba expectativas en el progreso basado en las inversiones externas y la industrialización e inserción en el capitalismo de entonces. Eran tiempos de bipolaridad y la discusión incluía a pensadores de fuerte tradición en Marx como Rui Mauro Marini en Brasil, o Agustín Cueva en Ecuador, los que fundamentaban el horizonte socialista como solución para nuestros países.
En nuevas condiciones, el debate ahora vuelve a presentarse, y se convoca a debatir por un nuevo pensamiento económico. Bien vale interrogarse si se trata de una crítica al capitalismo en crisis, o si solamente se trata de recrear la crítica al orden neoliberal y a la ofensiva más descarada del gran capital por la liberalización de la economía. No es que sea poca cosa la crítica a la hegemonía, pero la situación demanda marcar el rumbo más allá del capitalismo.
Sin perjuicio de la articulación diversa de concepciones críticas al neoliberalismo, el problema radica en los instrumentos que se utilizan para resolver los problemas del presente. No se trata solo de enfoques teóricos, sino que desde esos diagnósticos emergen las políticas económicas concretas para materializar objetivos solo anti neoliberales o en la perspectiva socialista.
El comentario apunta a la confianza en la radicación de inversiones sustentadas desde los críticos al neoliberalismo, para impulsar la industrialización y el modelo productivo en nuestro tiempo y por otro lado, el pensamiento crítico alentando las transformaciones de las relaciones de producción en la búsqueda de una lógica económica, social y cultural contra y más allá del capital.
Queda claro que siempre se trata de una cuestión política, de correlaciones de fuerza, pero resulta imprescindible asumir la batalla de ideas por la hegemonía de la heterodoxia. De lo contrario se puede caer en el posibilismo. La lucha cotidiana de trabajadoras/es y sectores empobrecidos demandan enfoques teóricos que potencien la crítica al capitalismo y aporten sustento para hacer realidad la transformación y emancipación social.
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2015



[1]El 24 y 25 de septiembre sesionó el primer Congreso de Pensamiento Económico Latinoamericano bajo el lema “Amanecer y consolidación de los gobiernos populares en América Latina. Desafíos para profundizar la transformación estructural”.
[2] “Sin movimientos sociales no hay proceso de cambio”. Entrevista a Alfredo Rada Vélez. En: http://escuelanacionaldeformacion.blogspot.com.ar/2015/09/sin-movimientos-sociales-no-hay-proceso.html

Bienes comunes y crítica al capitalismo

Las expectativas están puestas en la visita papal a Cuba, recordando que viene de declaraciones públicas realizadas en territorio nuestro americano muy críticas al orden capitalista, y precisamente cuando en San Juan se produjo en estos días un derrame de cianuro que levantó y movilizó al pueblo de esa provincia.
Vale memorar que San Juan es un territorio donde la protesta contra la mega minería a cielo abierto estaba oculta detrás del fuerte consenso electoral que venía logrando el gobierno de José Luis Gioja, cuya familia está directamente involucrada en el negocio minero y en la gestión pública nacional del sector minero.
El tema de fondo es el agua y la contaminación, una cuestión que lamentablemente solo aparece cuando el daño es evidente, ya que la campaña previa se asienta en el efecto riqueza que generan las inversiones y la difusión de un empleo directo e indirecto que “resuelve” en el corto plazo las necesidades de ingreso para satisfacer un determinado patrón de consumo.
Así, el circulo parece virtuoso entre inversiones externas y crecimiento de la economía y el consumo, desinteresando a la sociedad sobre el nocivo efecto de un modelo productivo depredador.
Pero no es solo el derrame provocado por la Barrick Gold en Veladero, sino que también en estos días se cumplen tres años de la campaña No a la Planta de Monsanto en Malvinas Argentinas, Provincia de Córdoba, y dos años del bloqueo.
La movilización popular impide el intento de construir un planta de producción para abastecer el paquete tecnológico del modelo productivo en el campo. Esa iniciativa empresarial era celebrada por los gobiernos locales, el provincial y el nacional, no necesariamente convergentes en el proceso electoral en curso.
Tanto los episodios de San Juan, como el pronunciamiento del acampe en Córdoba, son señales de una opinión en la sociedad que es crítica al modelo productivo que afecta a nuestros bienes comunes y se agiganta con las declaraciones sostenidas desde el Jefe del Vaticano, tanto su encíclica Laudato Sí, como en sus mensajes a los pueblos.
Más allá de las intencionalidades de las protestas y los mensajes del Papa Francisco, lo que aparece como novedad en el debate político y económico, incluso cultural, es la crítica al capitalismo.
Nada relativo a esta preocupación aparece en el proyecto de Presupuesto 2016 presentado al debate parlamentario.
El presupuesto es un instrumento que debiera recoger el sentido de la demanda social en defensa de los bienes comunes y sin embargo persiste en sostener la promoción de la sojización, la mega minería a cielo abierto, las expectativas en los hidrocarburos no convencionales y el sistema de armaduría en la industria.
La lógica del proyecto presupuestario reproduce el sentido del orden económico social que según los propios datos del INDEC, en su Encuesta de Grandes Empresas, se reconoce la tendencia a la confirmación de una lógica de dominación de corporaciones transnacionales que privilegian el objetivo de la ganancia, y en la medida que pueden remiten sus utilidades al exterior, o alientan los mecanismos de fuga de capitales que sostienen la demanda especulativa por las divisas.
Se disputa el liderazgo y el modelo de desarrollo
El tema que pretendemos suscitar remite a las protestas masivas contra el orden neoliberal de las dos últimas décadas del Siglo XX y que motorizaron el fenómeno del cambio político en la región, incluso con gobiernos que asumieron el discurso crítico a las políticas neoliberales y en algunos casos incluso al orden capitalista.
A la cabeza de ese debate estuvo el liderazgo regional del proceso venezolano y Hugo Chávez innovando con la propuesta por un Socialismo del Siglo XXI, que luego estimuló desde Bolivia la propuesta por un Socialismo comunitario. Con Cuba y su experiencia socialista se reinstalaba el debate y la propuesta contra el capitalismo.
Pero más allá de discursos y con el peso de Brasil y la expectativa del nuevo proceso conducido por Lula se habilitó una dinámica de discusión sobre una integración alternativa, con realizaciones que todavía no terminan de materializarse y asociadas a los proyectos de articulación productiva para afirmar la soberanía alimentaria, energética o financiera.
La novedad propositiva y discursiva del Papa Francisco interviene en ese debate sobre el rumbo económico social y cultural de nuestro tiempo, reivindicando las demandas por trabajo, tierra y techo que no figuran en los proyectos del capital transnacional. Este, desde sus inversiones busca fuerza de trabajo barata y opción de saqueo sobre los bienes comunes, lo que define a los países emergentes.
Tenga quien tenga el liderazgo político en la región, lo que se hace evidente es la discusión del modelo productivo y de desarrollo, es decir, el tipo de sociedad que se pretende y quien define la situación es la dinámica social en conflicto por un nuevo orden social.
Pensemos que el neoliberalismo se ensayó en territorio sudamericano y que desde aquí emergieron las realidades del cambio político sustentadas de la lucha popular, que para afirmarse requieren de avances en el cambio económico, una asignatura aún pendiente.
Lo interesante a remarcar, más allá de quien lidere este proceso en la región y en el mundo, es que así como los cambios devinieron de la movilización social en los 80 y 90 del siglo pasado, la emergencia de protestas en defensa del agua, de la tierra, de los bienes comunes, por la soberanía del pueblo, es lo que puede aportar de nuevo a una dinámica de lucha social y si se quiere, de clases, para definir un rumbo contra la lógica del capital y su accionar contra el metabolismo social natural.

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2015

A propósito de las reestructuraciones de la deuda soberana

La Asamblea General de Naciones Unidas votó por amplia mayoría los “principios generales” relativos a reestructuraciones de deudas soberanas, a propuesta de la Argentina y el G77 + China. El tema convoca a debates diversos.
Por un lado, los promotores de la iniciativa, expresan la satisfacción por 136 votos favorables, 42 abstenciones y 6 negativos. Claro que esos votos por la negativa son nada menos que de EEUU, Gran Bretaña, Alemania, Japón, Canadá e Israel. EEUU tiene por sí mismo el poder de veto en los Organismos Financieros Internacionales. Es además, el país donde los tenedores especulativos de bonos de la Argentina, los fondos buitres, lograron amparo judicial y sentencia en firme contra la Argentina por 1.600 millones de dólares. A eso habrá que adicionar los cargos que se impongan por el desacato en cumplir con la exigencia legal estadounidense. Es el costo de mantener la prórroga de jurisdicción, una manera de ceder soberanía. Es Argentina la que reconoce la posibilidad de litigar contra el país en sede externa, en este caso, Nueva York.
Por otro lado, la resolución es no vinculante y tendrá vigencia a futuro, por lo que no alcanza en las cuestiones concretas que hoy preocupan a la Argentina en el conflicto con los fondos buitres y la justicia de EEUU. La resolución habilita a pensar  y discutir la viabilidad operativa de las disposiciones y más aún, el interrogante es sobre los alcances de lo aprobado por la ONU y los beneficiarios de la misma. Si bien el texto está inspirado en los derechos soberanos de los países deudores, la resolución confirma esencialmente los derechos de los acreedores. Esos derechos nunca son puestos en cuestión, dejando de lado una reivindicación socialmente extendida que se asienta en las auditorias o investigaciones de la deuda para definir legitimidades o no, incluso el carácter odioso de las deudas, para luego definir posibilidades de pago si correspondiera.
El sistema de la deuda demanda reestructuración
La deuda pública es un problema constitutivo del orden capitalista y se asocia desde el origen a los sistemas tributarios. Es que los endeudamientos generan la necesidad de recursos públicos para atender las cancelaciones de la deuda. Es un círculo sin fin, retroalimentado regularmente. Cuando no se consiguen los recursos suficientes para atender las cancelaciones de deuda, el destino obligado es el recurrente endeudamiento y el desenlace en la cesación de pagos para reiniciar el proceso de reestructuración y endeudamiento. El aumento de la deuda y la recaudación para cancelar deuda limita la satisfacción de extendidas necesidades sociales y ni hablar de fondos para una perspectiva autónoma.
Por ello es que existen sucesivas crisis de la deuda a escala mundial y en la década del 80 del siglo pasado, liderado por Fidel Castro se proponía la creación de un Club de Deudores para oponerse a los acreedores y a su gerente, el FMI. Con ello se afectaba al sistema financiero mundial, pues la deuda estaba en manos de bancos transnacionales. La idea no era la reestructuración de la deuda soberana y la igualdad de derechos entre deudores y acreedores, sino la denuncia del mecanismo colonial e imperialista del sistema de la deuda. La esencia era contra el endeudamiento y los acreedores, por la independencia y la liberación. El contexto de la propuesta de Fidel era la crisis de la deuda y el impago mexicano de 1982, junto a la recreada situación política regional con vigencia mayoritaria de gobiernos constitucionales que sucedían a gobiernos dictatoriales,
La propuesta cubana no prosperó y de hecho ocurrieron diversas reestructuraciones favorables al sistema financiero y al orden capitalista, para recrear el sistema de la deuda hasta nuevos episodios de impagos, entre ellos el de la Argentina del 2001. De ahí el Plan Baker y el Brady, ambos Secretarios del Tesoro de EEUU. En ese marco, la iniciativa se jugó desde el FMI, que sugería mecanismos globales de reestructuración de la deuda, induciendo, claro está, el ajuste fiscal. En la lógica del Fondo, más que Club de Deudores hacía falta hacer sustentable el mecanismo del financiamiento y para ello había que sentar en la mesa de negociación a acreedores y deudores.
Quien sustentó estas posiciones demandando la necesidad de generar mecanismos de reestructuración de deudas soberanas en el 2001 fue la segunda del FMI y representante de EEUU en el organismo, la economista neoliberal a ultranza Anne Krueger. Un año después, la economista estadunidense decía: “En la actualidad, el acreedor que se mantiene firme puede frustrar un acuerdo aceptable para la mayoría y, muy posiblemente, obtener para sí mejores condiciones, lo que constituye, además, un desincentivo para que otros acreedores se organicen. En resumen, no existen incentivos para resolver el problema de la acción colectiva.”[1]
La propuesta sustentaba la organización de un mecanismo global de sustentabilidad del sistema de la deuda, negociado entre acreedores y deudores para la continuidad del mecanismo favorable a la circulación internacional de capitales. La lógica cambiaba de la demanda por unir a deudores hacia un proceso de negociación bajo la hegemonía del capital financiero, los que demandaban agilizar el proceso de circulación mundial del capital, vía inversiones o préstamos.
Paradojas y necesidad de recrear la resistencia y lucha contra la deuda
El tema ahora aparece resuelto desde la iniciativa Argentina, con el eje en la reestructuración de las deudas soberanas, alejando toda discusión global relativa a investigaciones y suspensión de los pagos, algo que sugería la iniciativa del Club de deudores.
La expectativa seguirá estando en la dimensión nacional, sea el informe que se espera para noviembre de la Comisión bicameral de investigación de la deuda argentina entre 1976 y el presente, u otros procesos en curso, como la Comisión de la Verdad organizada por el parlamento griego y claro, las diversas iniciativas populares que colocan el acento en la denuncia del carácter ilegitimo y odioso de las deudas, y por ende continuar luchando por las auditorías y mientras, las suspensiones de los pagos, que son cuantiosos y comprometen recursos fiscales para demandas sociales.
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2015



[1] El mecanismo de reestructuración de la deuda soberana: Un año después. Por Anne O. Krueger. Primera Subdirectora Gerente Fondo Monetario Internacional. Disertación pronunciada en la Conferencia del Banco de México, "Estabilidad macroeconómica, mercados financieros y desarrollo económico". Ciudad de México, 12 de noviembre de 2002. En: https://www.imf.org/external/np/speeches/2002/111202s.htm