El centro del debate
político se concentra en el caso Nisman,
el fiscal del caso AMIA, muerto el 18 de enero pasado, y sus secuelas asociadas
al recambio presidencial de este año.
La novedad provino de la
marcha de homenaje a la víctima, al mes del suceso, donde muchos adhirieron más
allá de los vínculos del fiscal con los servicios de inteligencia locales y
extranjeros, y reclamando una solución judicial, razón por la que muchos otros
no marchamos.
Hay que mencionar que la
movilización se constituyó en un acontecimiento político de carácter opositor
al gobierno, muy diferente a la marcha del 4 de febrero, convocada por la CTA
Autónoma, Apemia, el Serpaj y organizaciones sociales y políticas diversas
reclamando contra la impunidad, por la apertura de los archivos secretos y la
constitución de una Comisión Investigadora Independiente con participación
minoritaria de los parlamentarios.
Es cierto que la movida
del 18F fue masiva e intervino en la confrontación política central de la
coyuntura, atravesada por la disputa del gobierno del capitalismo en la
Argentina actual, mientras que la temprana intervención del 4F tuvo un sentido
ideológico señalando un camino alternativo a quienes buscan solución en la
Justicia, con antecedentes de impunidad no solo en el caso AMIA. La respuesta oficial
y de la oposición, con matices, recorre el camino de la Justicia y el debate
favorable o crítico al trabajo específico de la fiscalía asociada a la
investigación del atentado en la mutual judía. La propuesta alternativa intenta
expresar el ejercicio del poder soberano del pueblo.
La política en la
coyuntura transita por la disputa y el conflicto político entre oficialismo y
oposición, pero también, aun marginal en los medios de comunicación, con una intervención
política alternativa asentada en el protagonismo popular para instalar otra
forma de ejercicio de la soberanía del pueblo.
No solo se trata de
investigar la muerte del fiscal, o el brutal atentado impune a la AMIA, sino
también de investigar la deuda pública, incluso ahora que existe un mandato
legal desde septiembre del 2014 en ese sentido. No es solo quién gestiona el
capitalismo, sino si se puede pensar una política de intervención popular
asentada en la soberanía del pueblo.
La
economía en disputa
La situación política
corre en paralelo con la evolución de la economía y el conflicto a varias
puntas.
Por un lado, en un
clásico de esta época y pese a los ajustes en el salario docente del verano, la
paritaria de los maestros parece no tener acuerdo y el 22% ofrecido por las
autoridades está muy lejos del 38% de actualización que reclaman los sindicatos
en la discusión con las autoridades nacionales, algo que se reiterará en las
provincias más allá de la decisión que se asuma en el orden nacional.
El interrogante es si
peligran las clases, preocupación social reiterada para estos tiempos desde
hace años. Por lo pronto, los estatales, que incluyen a los docentes anunciaron
un paro nacional para principios de marzo y en algunas provincias, caso de
Buenos Aires, el paro se anticipa una semana.
No es menor la cuestión
salarial, cuando se discute si la inflación del 2014 fue de 24% o de 38%, por
lo que los dirigentes sindicales sostienen ajustes de ingresos que supongan
recuperar lo perdido y anticipar el crecimiento de los precios del 2015. Ese es
el argumento de la conflictividad salarial en estas horas.
En el mismo sentido, el
conglomerado de gremios del transporte, de aire, tierra y agua, han convocado a
un paro nacional para fines de marzo con eje en el impuesto a las ganancias,
especialmente las de cuarta categoría, y la principal demanda es la
actualización del mínimo no imponible y así evitar que los ajustes y/o aumentos
de salarios tengan destinos en la recaudación fiscal.
Pero el conflicto no solo
proviene del ámbito sindical, sino que también se procesa desde el interior de
los sectores productivos y tanto en el sector agrario como en el industrial se
procesa una interna política de los empresarios sobre las medidas económicas
que anticipan el debate, ya no solo con el actual gobierno, sino que presupone
una agenda para el que lo suceda desde diciembre del 2015.
En ese marco, un tema no menor
de conflicto es la discusión con los fondos buitres y las justicia de EEUU.
Desde el gobierno se insiste en una propuesta similar al canje del 2005 y 2010
y el Juez Griesa, sin perjuicio de empujar la ejecución del fallo, intentan
arrimar a su sentencia a todos los bonistas no ingresados al canje de deuda de
la Argentina.
La búsqueda del juez en
Nueva York apunta a completar el 7% de titulares no ingresados al canje para el
mismo beneficio que los buitres. Se trata de 7.000 millones de dólares en
origen, al momento de la cesación de pagos del 2001 y que pueden estimarse en
14.000 millones de dólares si se aplican las mismas consideraciones con las que
falló la justicia de EEUU en la demanda de los fondos buitres.
Desde el gobierno se
confirma la voluntad de pago, bajo las mismas condiciones del 93% ingresado a
los canjes. La oposición sistémica también tiene voluntad de pago, y pretende
que se resuelva antes del cambio de gobierno. La disputa es por quién asume el
compromiso de pago y consecuentemente el ajuste, por derivación de recursos
fiscales con privilegio en la cancelación de deuda.
El problema es abrir
camino a un rumbo alternativo en materia de endeudamiento, con eje en la
investigación de la deuda y mientras ello ocurre se impone la suspensión de los
pagos. ¿Es esto posible? Existe una coyuntura mundial, donde la deuda pública
vuelve a estar en discusión, en Grecia, España, Argentina o en la propia
Organización de Naciones Unidas.
La importancia del tema
impone la intervención social, más allá de los gobiernos, y con movilización
generar condiciones para superar la lógica de pagar la deuda ilegal, ilegitima
y odiosa.
Soberanía
popular más allá del oficialismo y la oposición sistémica.
Se necesita iniciativa
política popular para que la disputa política trascienda la lógica de la
confrontación por la gestión del capitalismo. Hace falta una Conferencia
Internacional para discutir sobre la deuda, con presencias de las diferentes
experiencias y posiciones que en el mundo intentan un camino alternativo al del
poder transnacional representado en el sistema financiero y su gerencia desde
el FMI y el Banco Mundial. Pero no alcanza con esa propuesta. Resulta
imprescindible convocar desde allí a una gran campaña popular que pueda
desembocar en una consulta popular para que el pueblo decida sobre los usos de
los dineros públicos.
El movimiento popular
argentino necesita articular sus luchas y converger en una gran iniciativa
política, con capacidad de actuar en diversos escenarios, el de la constitución
de sujetos conscientes en el proceso de transformación social, al tiempo que se
construye un programa sustentado en la defensa de la soberanía de los bienes
comunes y la satisfacción de las necesidades sociales más extendidas.
La renovación
presidencial, en tanto acción política colectiva, ofrece el desafío para
articular fuerza social volcada a la disputa electoral con iniciativas
políticas populares, que más allá de los comicios, incorporen masividad a la
lucha. Una lucha por reivindicaciones democráticas que emergen de la vida
cotidiana, y otras que vayan más a fondo en la denuncia del orden hegemónico
del capital y supongan la búsqueda de un nuevo orden social, no solo anti
capitalista, anti colonial y antiimperialista, sino contra la discriminación, el
racismo y el patriarcado.
Buenos Aires, 21 de febrero de 2015
