Repsol, YPF y la deuda pública

Argentina pagará 5.000 millones de dólares a Repsol por la expropiación parcial de YPF realizada en 2012. La petrolera española se compromete a retirar las demandas contra la Argentina. Algo que ocurrirá si la asamblea de accionistas de Repsol lo aprueba y lo mismo hace el Parlamento argentino.
El pago se realiza en bonos con vencimientos que llegan al 2033, que en caso de desvalorización, la Argentina se compromete a compensar con otra emisión de títulos por 1.000 millones de dólares. 
Se trata de nueva deuda pública y marca el rumbo de mayor endeudamiento asumido en el último tiempo.
Los montos involucrados, de 5.000 a 6.000 millones de dólares, son valores superiores a los contables, lo que se explica en la imposibilidad de pagar al contado, por lo cual, resulta una cancelación financiada y altamente rentable para Repsol.
Si se busca una explicación a este pago, la justificación está en la necesidad de acudir al mercado mundial para financiar la tercera reserva mundial de “shale”, los hidrocarburos no convencionales, e inscribir a la Argentina como potencia petrolera. Siempre se sostuvo que Argentina tenía petróleo, pero que no alcanzaba a calificar como país petrolero, situación que se modificaría con la explotación del yacimiento de Vaca Muerta.
La expropiación sin pago a Repsol era esgrimida mundialmente por las transnacionales petroleras como una restricción al ingreso de capitales para el desarrollo de la producción de hidrocarburos, ya que son estas transnacionales los que tienen la tecnología necesaria para realizar la extracción.
Con el pago a Repsol y el acuerdo oportunamente realizado con Chevron se apunta a tentar a otros inversores internacionales para transformar la potencialidad del yacimiento Vaca Muerta en realidad. Es un llamado al capital externo para invertir en la Argentina, asegurando rentabilidad. En el mensaje presidencial de apertura de las sesiones parlamentarias del 2014, la Presidenta destacó el crecimiento de 3,4% en la producción petrolera y 2,2% en gas con inversiones por más de 1000 millones de dólares.
Un detalle no menor del mensaje al Congreso devino en la justificación de la privatización, al reconocer “fue para poder pagarle a las provincias las regalías que no nos liquidaban", tras lo cual resaltó que con la expropiación parcial se ha "vuelto a federalizar el recurso, porque así lo exige la Constitución nacional, que establece en cabeza de las provincias la propiedad de los recursos". Vale mencionar, que una de las limitaciones más seria para una nacionalización completa de YPF es precisamente la provincialización de los recursos naturales que dispuso la reforma constitucional de 1994, mecanismo que aseguró que las provincias avalaran el objetivo político del Pacto entre Menem y Alfonsín.
Energía para qué y para quién
Lo que no se discute es el para qué de esa producción energética, la dependencia tecnológica, económica y financiera. Un poco más se discuten los costos ambientales y sociales de la aplicación de la fractura hidráulica o fracking para la extracción.
El argumento que preside la política energética remite a la necesidad del autoabastecimiento, que por ahora supone anualmente una importación de combustibles del orden de los 12.000 millones de dólares. Todo para que funcione el modelo sojero y agrario de subordinación a las transnacionales de la alimentación y la biotecnología; la mega minería a cielo abierto; la industria del automotor y el complejo industrial de armaduría.
Ese modelo productivo es el que debe discutirse, el que demanda esas magnitudes de consumo energético, lo que nos llevaría a pensar y polemizar sobre que modelo energético se requiere para nuestro país. En rigor, se sigue la lógica del capitalismo hegemónico, estadounidense, con una fuerte apuesta a la producción de hidrocarburos no convencionales, que más allá de resistencias en varias poblaciones y algunas disposiciones legales restrictivas a esa tecnología y modo de producción, le está permitiendo a EEUU disminuir sus necesidades de importación y retomar el camino del autoabastecimiento petrolero.
El modelo productivo en el capitalismo contemporáneo apuesta fuertemente a la explotación de la fuerza de trabajo y a la depredación acelerada de la Naturaleza. Por ello es importante interrogarse sobre el modelo energético. ¿Un modelo de extranjerización y dominación de tecnología en manos de transnacionales del petróleo o una concepción alternativa?
Esta semana se hizo una Asamblea popular sobre la crisis energética donde se sostuvo el Derecho a la Energía, una posición levantada históricamente por la Federación de los Trabajadores de la Energía, la FeTERA, agrupamiento enrolado en la CTA.
La política energética viene definida desde los 90´ con privatizaciones, una política que sirvió para extraer todo el petróleo y gas posible privilegiando la obtención de ganancias, especialmente Repsol-YPF, y reorientar esas utilidades para inversiones en otros territorios, caso de África.
El cambio de gestión de la petrolera con la expropiación parcial no modificó el sentido productivo de YPF, donde la concepción mercantil se impone a una estrategia productiva para asegurar el derecho a la energía. Por eso es que se afirma que la fractura hidráulica es la mejor opción tecnológica, aun cuando se reconocen sus impactos contaminantes. Después de todo, argumentan  los defensores del fracking, toda actividad industrial y más las extractivas, contaminan.
Al mismo tiempo crece la conciencia social y el debate sobre el fraking y sus efectos contaminantes, que se expresa en un movimiento social extendido que se manifiesta a varias declaraciones de Concejos Deliberantes de municipios que se pronuncian como territorios libres de fracking.
Lo que predomina por ahora es la negativa a la técnica extractiva, contaminante, y muy poco la discusión sobre el modelo energético y productivo en general, es decir, el para qué de la energía. Ello conlleva la discusión por un proyecto de soberanía energética, que pueda articular una propuesta definida regionalmente, en el camino de Petro-América que alguna vez propuso Hugo Chávez.

2 de marzo de 2014

Discusión salarial y marco económico

Empezó la paritaria docente con diferencias entre las propias organizaciones sindicales, y entre ellas y las posibilidades que surgen de la oferta del gobierno. Entre los gremios las demandas oscilan entre 42 y 61%, con mínimos que varían de 4.800 a 5.500 mensuales. La oferta del gobierno nacional alcanza al 22% en tres cuotas, muy lejos del reclamo sindical, aunque señala que es un piso para negociar luego en cada provincia, en definitiva, los responsables del pago de salarios.
Como sabemos es una negociación testigo, que habilita el camino de otras a sucederse en el próximo tiempo.
La preocupación de docentes y de otros trabajadores y sindicalistas es la ecuación entre evolución futura de los precios y capacidad de compra de los ingresos de los trabajadores.
Para el gobierno, la problemática es el conjunto de la economía y la necesidad de bajar expectativas de diferentes actores económicos. La duda es si puede disciplinar a empresarios en su estrategia de contener precios y lo mismo en su intención de contener demanda salarial.
La discusión es quién termina siendo la variable de ajuste, si la ganancia o el salario, dicho en momentos donde el Banco Central informa de una ganancia de los bancos en 2013 cercana a los 30.000 millones de pesos, superior a los años anteriores, en que la banca mostró balances superavitarios por encima de otros sectores económicos.
En el orden capitalista es conocido el resultado en la disputa entre salarios y ganancias, por eso la posibilidad de conflictividad, que para los docentes supone incertidumbre sobre el inicio de las clases.
Pero más allá de las paritarias, el gobierno considera diversas variables económicas que condicionan la economía y la política.
Precios y equilibrios fiscales y comerciales
Desde el gobierno, una vez reconocido un incremento de precios para enero del 3,7% y una proyección no muy diferente para febrero, se esfuerzan por contener la escalada y acuden a conversaciones múltiples.
Por un lado se intenta contener el alza de precios, con encuentros diversos con los principales formadores, especialmente en el sector comercial. La situación de precios es muy diversa por cierto y es difícil anticipar el resultado concreto, algo que se conocerá con la difusión del INDEC para un segundo mes y poder proyectar a futuro. Existe preocupación por la inflación, cuestión soslayada desde los datos oficiales hasta el registro del INDEC de enero.
En otro plano, se dispuso desde la AFIP un registro on-line de las existencias de granos (cereales y oleaginosas), con el intento de conocer la capacidad almacenada y poder actuar en casos de desabastecimiento o sospechas de acciones especulativas. Estos datos estaban en la Junta de Granos, que en aras de la liberalización de los noventa se cerró. La medida molesta a los adeptos de la liberalización y defensores del libre juego del mercado. La necesidad gubernamental de divisas empuja acciones para inducir a los acopiadores en campo, o en plantas, a liquidar existencias. El centro del tema es la cuestión fiscal (necesidad de recaudar) y comercial (exportar para mejorar el saldo comercial), para cerrar brechas externas que preocupan a las autoridades.
Necesidad de dólares e inversores
Respecto de esas brechas externas, preocupa como termine la cuestión judicial en EEUU relativa a los fondos buitres, que si bien alcanza a 1.300 millones de dólares, tiene impacto en una cifra mayor y pone en riesgo el conjunto de la estrategia de negociación y canje. Supone ello un horizonte complejo y nos devuelve la imagen del cáncer de la deuda pública, una cuestión que condiciona la economía presente y futura.
Con Repsol parece que se allana el camino de la compensación a cambio de salvaguardas de cobro demandadas por la transnacional expropiada. Es un tema crucial para atraer otros inversores externos, que privilegian la seguridad jurídica de reembolso de sus aportes. Atrás quedaron las declaraciones altisonantes de que la petrolera española debía compensar a la Argentina. El arreglo supone mayor endeudamiento a tasas elevadas.
Cancelar deudas y arreglar conflictos con acreedores diversos exige saldar las cuentas externas y por eso la preocupación por sostener el superávit o por lo menos niveles equilibrados de la balanza comercial y las cuentas fiscales.
En ese marco, los docentes y otros trabajadores discuten sus actualizaciones de ingresos y anticipan tiempos de conflicto, con un paro nacional convocado por la CTA, establecido para el 12 de marzo, ya iniciado el calendario escolar.
Es una situación de muchas incertidumbres y con actores económicos que demandan por intereses contradictorios, lo que supone lucha y confrontación de intereses. Es una disputa económica y política, estando en el trasfondo la cuestión del poder.

21 de febrero de 2014

A propósito de Venezuela

Si el Siglo XXI define el “cambio político” para la región Nuestramericana, en buena medida se debe al proceso iniciado en Venezuela desde 1999, con la asunción presidencial de Hugo Chávez Frías.
Claro que también fue posible, esencialmente, por el accionar popular en el caracazo en 1989, que visibilizó la masiva resistencia a las políticas de ajustes neoliberales. Fueron resistencias que se generalizaron en los noventa en nuestra región.
Es cierto también que el proceso venezolano se benefició de la persistencia del proyecto revolucionario en Cuba. La revolución en Latinoamérica está marcada por el triunfo de 1959 y la gran experiencia en renovación recurrente, aún con caídas de otros procesos que intentaron la construcción socialista.
Es más, ambos procesos, Cuba y Venezuela, redefinieron desde fines del 2004 el proceso de integración regional con la aparición del ALBA, que luego del 2006 será ALBA-TCP (tratados comerciales de los pueblos) con la inclusión boliviana en la construcción de la integración alternativa.
La iniciativa por expresar regionalmente cambios nacionales facilitó la extensión del ALBA-TCP como una serie de instrumentos y propuestas de integración y articulación, algunos demorados como “petroamérica” o el Banco del Sur. Se subrayan por su visibilidad, la UNASUR y la CELAC, con destacado cierre reciente en La Habana, donde los excluidores bloqueadores quedaron excluidos.
El conjunto de mandatarios presentes en la isla y los encuentros con Fidel marcaron el límite de lo permitido por el imperialismo, a saber, EEUU y las clases dominantes en nuestros países.
Se trata del punto límite para acelerar procesos políticos, sociales, culturales, económicos, que retrotraigan la situación de la región latinoamericana a la dinámica de acumulación de poder en los años noventa del siglo pasado.
Intentan retrotraer la historia
Había antecedentes cercanos con Haití, Honduras y Paraguay, aunque las amenazas principales se orientaban históricamente a Cuba y más recientemente a Venezuela. Por si hay dudas está el intento fallido de golpe del 2002, rechazado por la inmensa participación popular y la intervención de las Fuerzas Armadas.
La respuesta al golpe del 2002 en Venezuela fue el fortalecimiento del proyecto bolivariano, asumiendo el dominio de la empresa petrolera para definir el uso de la renta petrolera, base de la riqueza y la economía venezolana. Fue la medida de cambio estructural más importante, la que permitió financiar las misiones con alto impacto social. Pero también, desde la gestión del chavismo se intervino en la OPEP para generar condiciones de recomposición del precio internacional del petróleo.
Venezuela y el chavismo, fenómeno popular masivo, generaron así condiciones de posibilidad política para inducir condiciones económicas favorables al proceso de emancipación.
Al mismo tiempo, ese proceso generó la condición de posibilidad económica para el cambio político, no solo en el país, sino en la región y con pretensión global.
En definitiva, es la dialéctica entre política y economía, imprescindible para comprender el proceso de transformación y cambio político en la región, amenazado por las fuerzas de las clases dominantes que pretenden retrotraer la situación y asumir la vanguardia en la definición del curso de los acontecimientos.
La consolidación del cambio político en Nuestramérica tiene el sello de esos procesos, que se tiñeron de anticapitalismo ante la formulación de Chávez de que el capitalismo no tiene soluciones para los pueblos y por ende había que construir el socialismo de este siglo, en clara lectura crítica del socialismo real. La democracia participativa sería nuevo símbolo de la construcción del socialismo.
No hay dudas que la situación latinoamericana se modificó sustancialmente con los aportes transformadores provenientes de Venezuela y la nueva impronta generada por la integración alternativa. Las clases dominantes despliegan una dura batalla para revertir la ofensiva popular.
La batalla se juega hoy en Venezuela
Chávez murió y quedaron las incógnitas del futuro. Ante la pregunta de la eventual desaparición del líder, reflexionábamos que si el proceso era genuino, sobreviviría e incluso avanzaría.
El desafío estaba especialmente en el plano de la economía, que presentaba deterioros visibles desde el 2009, con desabastecimiento, inflación y especulación con las divisas. Pese al control de cambios entre 2003 y 2013 son gigantescas las transferencias al exterior, incluidas remesas por cancelación de deuda. Manuel Sutherland denuncia fuga de capitales al exterior del sector privado entre 2003 y 2013 por 111.000 millones de dólares[1], y refiere en otro artículo que el total por transferencias de capital al exterior suman entre 2003 y 2013 unos 224.905 millones de dólares.[2]
Esa fuga de capitales impacta en caídas importantes de reservas y genera descontento social, incluso en sectores afines al gobierno. Sobre ese descontento se disputa electoralmente la hegemonía durante el 2013, ya sin Chávez en la disputa física. El modesto triunfo de Maduro en abril para las presidenciales, se extendió sobre fines de año en las elecciones municipales.
El chavismo había pasado una prueba importante, claro que para ello necesitó de algunos cambios económicos que mostraron al pueblo la decisión de avanzar en la profundización del cambio. Fueron medidas en el marco de otras que afectaron los intereses de los sectores de menores ingresos, por caso la devaluación.
Ante el fracaso de la estrategia electoral, el anti chavismo de las clases dominantes decidió la disputa callejera con agresivas movilizaciones orientadas a disputar el gobierno y el poder.
Pudo causar sorpresa la respuesta luego de los triunfos electorales, que se suman a varios otros en 14 años. El chavismo ha sido invencible hasta el momento en contiendas electorales. La participación y la movilización popular han sido emblemáticas en la construcción del poder del chavismo.
La respuesta gubernamental a la nueva ofensiva de las clases dominantes está combinada de un llamado a la paz, con la utilización de mecanismos legales para frenar acciones contra la ley, e incluso medidas económicas para morigerar la situación. La última de ellas es el cambio de la ley de ilícitos por una nueva que favorece el intercambio de divisas entre privados. Con ello intenta descomprimir las presiones sobre el mercado cambiario, y mejorar la situación del gobierno y de PDVSA, que también disputan las divisas.[3] Como señala Sapir, PDVSA SUFRE el régimen cambiario por tener que liquidar sus exportaciones al tipo de cambio oficial y sustentar su gasto y costo, muchas veces, al tipo de cambio paralelo. Es que esos costos y gastos están influidos  por una inflación que llegó al 56% para el 2013.
Solidaridad y lucha por la profundización del cambio
Es contundente la solidaridad internacional con la lucha del pueblo venezolano contra los intentos desestabilizadores de las clases dominantes y del imperialismo.
Constituye una realidad que asume el pueblo venezolano en su propia movilización en defensa de lo logrado y en avanzar en la profundización de los cambios estructurales, los que solo serán posibles si se asumen desde el protagonismo popular.
Muchos análisis llegan desde Venezuela y señalan que un límite para avanzar y profundizar es la corrupción, histórica en la cultura del país, pero también, las tendencias conciliadoras existentes al interior del proceso político venezolano.
Por eso vale recordar el 2002 y la lucha popular en contra del golpe, la organización de quienes apostaron a profundizar el proceso, a la apropiación integral para la gestión estatal de PDVSA y pocos años más tarde a pronunciarse por el socialismo.
Retomar con más fuerza el proyecto socialista supone terminar con las inequidades que expresa la brecha cambiaria, cargando el costo sobre las clases dominantes. Implica asumir una política económica que combata la corrupción y asuma con consenso social amplio las reformas estructurales pendientes, para la nacionalización del comercio exterior y la banca, como en una reforma tributaria progresiva y asumir la asignatura pendiente de un proyecto productivo socialista, con diversificación productiva para eliminar la dependencia que hoy caracteriza el abastecimiento de la población.
La batalla se juega en Venezuela y los resultados inciden sobre el conjunto de la región, donde se dirime el rumbo de potenciar el cambio político o retroceder al programa de la liberalización, hegemónico en los 90´. Es un tiempo de definiciones que requiere de las fuerzas populares revalidar al proyecto contra la mercantilización y la liberalización para afirmar un proyecto emancipador.
La Paz, 21 de febrero de 2014



[1] Manuel Sutherland - www.aporrea.org  “Fuga de capitales (Venezuela y A.L.), fraudes, devaluación y la Estatización del comercio exterior”   21/12/2013 - http://www.aporrea.org/tiburon/a178809.html
[2] Manuel Sutherland - www.aporrea.org “Las nuevas medidas económicas del gobierno, crítica a la devaluación y alternativas socialistas”. 06/02/14 - www.aporrea.org/actualidad/a181446.html
[3] Jacques SAPIR. La situation économique au Venezuela, 18 février 2014. Le Grand Soir. http://www.legrandsoir.info/la-situation-economique-au-venezuela.html

Precios en alza: ¿qué pasa con los salarios?

Los precios vienen subiendo con fuerza, desde hace años, por lo menos desde 2006/7, acelerados en el último tiempo, 2012/13, y especialmente este verano, desde diciembre del 2013.
Se trataba de un fenómeno ajeno al INDEC, y al final, el organismo de las estadísticas, previo acuerdo metodológico con el FMI, reconoce ahora una elevación de precios minoristas para todo el país. El indicador de enero de 2014 registró un aumento de precios minoristas nacional urbano de 3,7%, lo que anualizado significa una cifra descomunal, que preocupa a la mayoría de la población. Es una realidad que afecta seriamente a quienes perciben ingresos fijos, aún con ajustes, los que corren detrás de aumentos considerables de la canasta de consumo cotidiana.
Primero aumentó el precio del dólar, y luego el resto
Pero convengamos que la aceleración de precios se convalida con la devaluación del último tercio de enero, impactando en el ascenso de precios, con o sin justificación en los costos de producción. El ciclo de aceleración de los precios tiene un momento de inicio con la corrección del precio de las divisas. El dólar tiene precio y se comercia en el mercado, el oficial, el turístico, el contado con liqui, o el ilegal. Son todos mercados, ámbitos de intermediación entre compradores y vendedores.
Ese aumento de precios, es en muchos casos costo de producción, por eso se aceptaron aumentos a la línea blanca del 5%; a los electrodomésticos del 7,5%; o a las naftas del 6%, entre otros aumentos autorizados por las autoridades económicas. Como admitió el propio Ministro, “algunos aumentaron por las dudas”, “por si las moscas”, dando cuenta de la anarquía del mercado capitalista, donde los oferentes aumentan si el mercado comprador demanda.
Lo que decimos es que el precio del dólar disparó otros precios en la economía, generando grandes beneficiarios y otros muchos, más por cierto, perjudicados. Para que se entienda: todos los que compraron dólares a 6 ó 7 pesos cuando la divisa cotizaba por debajo y el gobierno aseguraba que no devaluaría, ganaron una importante suma por haber anticipado el mayor precio convalidado por la devaluación. Otro ejemplo: los bancos fueron esta semana obligados a desarmar sus posiciones en activos financieros, y lo hicieron al precio actual de mercado, en torno a 8 pesos por dólar. Son activos adquiridos en el último tiempo y que permitieron a los bancos ganar en rentabilidad y estamos hablando de casi un tercio de los activos bancarios. Ni hablar de los exportadores que ahora liquidan o anticipan a un valor que demandaban hasta hace poco y les era negado.
Podemos seguir, pero queda claro que especuladores, bancos y grandes productores y exportadores hicieron la diferencia a costa de la mayoría de la sociedad. Es la lógica mercantil capitalista, nada más y nada menos, la ley del valor que se abre paso en las relaciones sociales.
¿Qué pasa con el precio de la fuerza de trabajo?
El gran interrogante es que pasa con el precio de la fuerza de trabajo, o sea con los salarios o ingresos populares. Los últimos datos que tenemos, que surgen de un estudio de la Fisyp con información del Ministerio de Trabajo destaca que el promedio de los trabajadores privados registrados alcanza a 7.393 pesos a marzo del 2013; pero que el promedio del conjunto de los trabajadores asalariados plenos, estatales y privados, perciben 5.211 a junio del 2013, como consecuencia de 5.735 pesos mensuales los registrados y 3.686 pesos los no registrados. Son ingresos que no se movieron esencialmente desde entonces hasta ahora, y explica porque varios sindicatos discutieron, y algunos lograron, una suma fija en torno del fin de año.
Existen voces que llaman a la cordura a los sindicalistas ante las próximas negociaciones colectivas de salario y condiciones de trabajo. Incluso con argumentos políticos para evitar males peores, desde un próximo gobierno a la derecha del actual, o la posibilidad de la recesión y su secuela de crecimiento del desempleo. Otra vez el chantaje de cambiar salario por empleo. Recordemos la importante expansión del empleo luego de la recesión 1998-2002, lograda sobre salarios más bajos que el promedio histórico de las décadas anteriores. Incluso, pese a la reducción del desempleo, no se logró bajar el elevado nivel que presenta el tercio de trabajadores en situación irregular, dando cuenta de la impunidad empresarial. El legado es más empleo, con salarios bajos en promedio y elevada informalidad, crecientemente estructural, ya no coyuntural.
¿Puede tener éxito el chantaje sobre los trabajadores? Existe una fuerte presión patronal gubernamental que convoca a la responsabilidad, obviando el pecado original de la devaluación y el incremento de los precios realizados con antelación.
La inflación pasada está en torno al 30%, lejos del indicador del INDEC, que ahora se discontinúa. ¿A cuánto llegará la inflación del 2014? Pareciera que el INDEC intenta ahora acercarse con registros más realistas, lo que supone la aceptación de un diagnóstico de inflación. Es cierto que desde la política económica se busca, luego de la devaluación y ciertos permisos para aumentar precios, contener la escalada de precios. Para eso se acude a los “precios cuidados”, menos de 200 productos en zona metropolitana y solo en grandes cadenas que fueron parte del acuerdo voluntario y transitorio, siempre en estudio por ajustar. También se promueven otros acuerdos, con bienes de fuerte impacto en el consumo cotidiano. Todo con la expectativa que la mayor oferta de divisas por liquidación de exportaciones, quizá por ingresos de inversiones externas o por nueva deuda, puedan contener las demandas por una nueva devaluación que reanime el ciclo alcista que intentamos explicar.
Con este marco, el 30% es el mínimo para nivelar la inflación pasada. ¿Cuánto entonces para anticipar los aumentos del 2014, empezados con el 3,7% de promedio? Por eso algunos imaginan negociaciones de un año y si se puede de más larga duración. El año pasado los sindicatos de docentes universitarios, sin acuerdo de la CONADUH, aceptaron actualizaciones que traspasaron el año. La realidad impone achicar el tiempo de validez de cualquier acuerdo, asumiendo su parcialidad en función de la evolución del conjunto de la economía, donde no solo tallan los precios, sino también la recesión potencial y el desempleo.
El conflicto es el nuevo escenario de la lucha política
No resulta extraño si anticipamos un tiempo de exacerbación del conflicto social por los ingresos.
Las convenciones colectivas inciden sobre los ingresos del tercio irregular, de los tercerizados y el conjunto de la informalidad.
Por eso, el conflicto generado desde los trabajadores de mejores ingresos convoca a la solidaridad de una mayoría con ingresos más bajos, incluso pasivos y perceptores de planes sociales.
El conflicto atraviesa a todo el movimiento de trabajadores, cercanos o no de la identidad en el gobierno.
Los intereses por mejorar ingresos empujan a la conflictividad, aun cuando haya quienes convoquen a la responsabilidad o la obediencia para que el salario sea el ancla de la inflación, y en definitiva, la carta del ajuste en curso.
No es más que el capitalismo, el sistema sustentado en la explotación de la fuerza de trabajo. Por más que se argumenten buenas intenciones, la carga de la crisis es siempre soportada por los trabajadores. Si se pretende cambiar la historia no queda más remedio que pensar y actuar en la crítica al capitalismo para transformar la realidad.

Buenos Aires, 14 de febrero de 2014

¿Es utópico luchar contra el capitalismo? ¡El capitalismo nacional es una utopía! ¿Es posible sostener una sociedad anticapitalista, antiimperialista, socialista?

La crisis capitalista es un dato de la realidad, aunque algunos la nieguen. Es parte de un diagnóstico generalizado, a izquierda y derecha, sin embargo algunos se resisten a esa calificación.
Hace pocos días, el economista Pablo Rojo me discutía la existencia de una crisis mundial y calificaba de utópica mi propuesta en pos del socialismo[1]. Era en pleno despliegue de la mega devaluación de fin de enero.
Lo curioso, es que también me calificaba de utópico un periodista de izquierda ante mis comentarios de nacionalización del comercio exterior y la banca realizados en una entrevista radial telefónica antes de la mega devaluación.
No son los únicos, ya que algunos (muchos) amigos que evalúan mis presentaciones públicas me endilgan la imposibilidad de materializar mis propósitos anti capitalistas y que se requieren soluciones para el “mientras tanto”, lógicamente dentro del capitalismo.
Utópicos son los que esperan soluciones para la mayoría dentro del capitalismo
La realidad es que mientras me califican de utópico, el capitalismo realmente existente continúa su desarrollo, con mayor desigualdad a escala mundial y local.
La organización OXFAM presentó en Davos, en el Foro Económico Mundial un informe que entre otras cuestiones relata como 85 fortunas tienen el equivalente de la riqueza de la mitad de la población mundial, unos 3.500 millones de habitantes.
A su vez, la CEPAL, en su último Panorama Social de América Latina difundido a comienzos de este 2014 da cuenta del estancamiento en la tendencia a la mejora de los indicadores sociales verificados en buena parte de la década 2002/2012, con deterioro de las causas que explicaron el gran crecimiento de la región y su impacto positivo en la disminución de la pobreza.
El asunto es que la crisis, con epicentro en el capitalismo desarrollado, situación normal para calificar de mundial a una crisis, empieza ahora a sentirse entre los países emergentes, forma de llamar a aquellos territorios receptores de inversiones externas en plena crisis de los desarrollados, y lógicamente con ellos, el impacto de la crisis se extiende a todo el resto de países, amplificando el fenómeno de la miseria, la pobreza y la mayor explotación de los trabajadores, de los pueblos y de la naturaleza.
Lo utópico es pensar en un “mientras tanto” (difuso) en el marco del horizonte capitalista.
Juan Carlos Pugliese, el ministro de economía en el ocaso del gobierno de Raúl Alfonsín, confesaría a la sociedad que les habló con el corazón y los empresarios le contestaron con el bolsillo. Se puede pensar que se olvidó del orden social capitalista presidido por la lógica de la ganancia y la valorización del capital.
Ocurre lo mismo cuando las autoridades actuales se sorprenden ante la actitud especulativa de la sociedad ante la posibilidad otorgada por la política económica para ahorrar en divisas, o cuando solicitan a los productores vender sus tenencias acumuladas en silo-bolsas para bien de la situación económica nacional.
Ambas acciones, las compras de dólares o las retenciones de producciones, son parte de una cultura propia del orden capitalista incentivado por la posibilidad ofrecida desde la política gubernamental.
Ahora, desde el agrupamiento Carta Abierta se acusa al poder económico de haber obligado al gobierno a devaluar, siendo que el deliberado accionar político podría haber enfrentado, no de palabras, sino con acciones la aspiración por la depreciación de la moneda nacional.
La propia Presidenta aludió a la ausencia de una burguesía nacional, sujeto imprescindible para el sueño utópico del capitalismo nacional a que convocó Néstor Kirchner el 25/5/2003.
¡El capitalismo nacional es una utopía!
No existe ese sujeto burgués para un capitalismo nacional en tiempos de transnacionalización de la economía, verificado en la dominación transnacional de la producción y los servicios en el país, aun en una década de críticas discursivas contra el neoliberalismo, los organismos internacionales y el poder económico concentrado.
Históricamente, el peronismo pretendió suplir la ausencia de burguesía nacional con el papel del Estado como sujeto colectivo para definir ese objetivo deseado.
Resulta que el Estado ha sido reformulado en los 80´ y 90´, siendo la institucionalidad neoliberal, reforma constitucional incluida, con sus tratados internacionales e institutos de libre comercio y defensa de las inversiones extranjeras (TBI, CIADI, etc.), con la legislación favorable a los transgénicos, la reforma al Código minero, la protección a la producción de las terminales extranjeras de la industria automotriz, la promoción de la industria de armaduría, o la ley de entidades financieras supérstite; junto al cáncer de la especulación financiera y el endeudamiento, lo que explica el carácter estructural de la subordinación y dependencia del capitalismo argentino al orden contemporáneo del capital, más allá de buenas intencionalidades discursivas.
Un mérito del kirchnerismo fue captar a importantes sectores de la sociedad y el movimiento popular para su proyecto político de hacer normal el desarrollo capitalista en la Argentina, es decir, crecimiento económico con consenso social y relativa capacidad compensatoria de satisfacer necesidades insatisfechas y deterioro absoluto y relativo de condiciones de vida entre 1975 y 2001.
La convergencia de demanda social hacia el 2001-03 con el discurso oficial kirchnerista favoreció la extensión del consenso que empieza a encontrar límites ante las restricciones para continuar la convivencia del desarrollo capitalista “normal” con paliativos social de inclusión.
Estamos en pleno despliegue del ajuste
El ajuste responde a plena lógica del régimen del capital. No es impuesto por lógica externa, sino por la propia dinámica de la búsqueda de la ganancia, la acumulación y la valorización.
La devaluación desde el 1 a 1 a 1 =1,40 y su proyección 1=3 y su evolución hasta el 1=8 constituyen una política de transferencia de ingresos desde la mayoría de la población con ingresos fijos a la minoría en condiciones de fijar precios en el conjunto de la economía. La política de gobierno, sea fiscal o monetaria, de ingresos y precios, más allá de ciertas iniciativas en el intento de frenar aumentos o administrar el precio de la divisa ha sido funcional al modelo de acumulación de ganancias, de riqueza y de poder.
No todos los países sufren el problema de la inflación, no del modo en que se soportan para la mayoría de la población en la Argentina. El asunto es que la inflación, lo dijimos muchas veces, es la forma específica que tiene el poder económico actuante en el país para redistribuir regresivamente el producto social del trabajo en el país. La responsabilidad gubernamental es esencial, por acción u omisión.
Desde el fortísimo impacto social de la situación económica del 2001-2002, se crearon condiciones para desplegar paliativos que nunca retrotrajeron la situación social a otros tiempos del capitalismo local, previos a 1975, el máximo de redistribución progresiva en el marco capitalista. El tiempo de las reformas encontraron un límite hacia el 2007 y por eso la respuesta del capital hegemónico fue la inflación, que contagia incluso a sectores no hegemónicos, que aumentan precios mientras exista mercado que demande sus bienes o servicios. Por esto es que la inflación no solo tiene sus causas en los grandes fijadores de precios, sino que estos tienen capacidad de extender la cultura remarcadora asociada a la demanda de un patrón de consumo que favorece a los monopolios.
El gobierno se jacta de no querer generalizar el ajuste. Sin embargo, la inflación es ajuste. Es algo que sufre la mayoría de trabajadores, regulares o irregulares, precarios o no, tercerizados o no, activos o pasivos, incluso benefactores de subsidios congelados o actualizadas en una desigual carrera contra los precios de bienes y servicios que consume la mayoría de la población.
La realidad es el ajuste mundial que induce el capitalismo en tiempos de crisis, con especificidades nacionales. En Argentina se pretende disciplinar a los trabajadores que se aprestan a discutir convenciones colectivas, intentando que demanden por debajo de la inflación pasada y en perspectiva, que dicho sea de paso, nadie puede verificar a ciencia cierta ante las incertidumbres de las mediciones del INDEC. Una gran incógnita es el nuevo indicador federal de la evolución de los precios, algo a develar en los próximos días y meses.
No es en las conspiraciones en que se debe indagar sobre los responsables de los problemas económicos de la Argentina, es en el propio capitalismo y su lógica de explotación de fuerza de trabajo (agro y monocultivo, industria de armaduría dependiente de insumos externos) y naturaleza (tierra, agua, minería, hidrocarburos), como en la dependencia del ingreso de inversiones externas (Chevron, por ej.) o préstamos (acuerdo con el BM, búsqueda de acuerdo con el club de París para cancelar deuda ilegítima asumida en tiempos de la dictadura genocida).
Llamemos a las cosas por su nombre: el problema es el capitalismo
Resulta imprescindible cambiar la lógica de razonamiento sobre la solución de los problemas que afectan a nuestro pueblo. No existe salida dentro del capitalismo. Eso es lo utópico. Hace falta enfrentar el orden capitalista y así como el capitalismo tiene sujeto social que lo hace posible, en la vanguardia las transnacionales, los principales estados capitalistas y los organismos internacionales, los que generan el sentido común mayoritario para un patrón productivo y de consumo privilegiando el sálvese quien pueda y el individualismo, el anticapitalismo y el socialismo también requiere de la construcción del sujeto social para el cambio.
Esa construcción de sujeto es el “mientras tanto” entre la denuncia actual al orden capitalista y su gobierno, y la perspectiva para pensar en construir una sociedad alternativa con otro modelo productivo y de desarrollo, bajo el programa de la soberanía alimentaria, energética, financiera en un marco de integración regional no subordinada.
La soberanía alimentaria supone discutir el modelo sojero “transgénico” monoproductor, bajo el comando de las transnacionales de la alimentación y la biotecnología, de Monsanto, Syngenta, Dreyfus, Bunge y otros similares. Se trata de avanzar desde la agricultura familiar y de las comunidades en articulación con comunidades barriales de abastecimiento popular, extendiendo ferias contra grandes cadenas comerciales monopólicas, en beneficio de calidad de vida y empleo extendido con participación popular en la definición del patrón de producción y consumo.
Al remitir a la soberanía energética se supone asumir el proyecto “petroamérica” oportunamente sustentado por Hugo Chávez para articular una política energética común en Nuestramérica, lo que significa aunar criterios de impulso al desarrollo tecnológico y científico autónomo, con aporte de las universidades públicas de la región, con asignación de presupuestos suficientes y una convocatoria a definir el modelo productivo y de desarrollo no solo para el país, sino integradamente con la región.
Apuntamos a sustentar la propuesta de “nueva arquitectura financiera” para la región, con fondo constituido por las reservas internacionales, las que deben dejar de alimentar las finanzas del capitalismo desarrollado para organizar financiamiento propio con Banco del Sur o del ALBA, con aliento a monedas locales, sea el SUCRE (aceptado en el ALBA y que Venezuela podría proponer al Mercosur), o los acuerdos escasamente desarrollados de intercambio con monedas locales como el suscripto entre Brasil y Argentina.
Todo ello es posible si se denuncian los acuerdos bilaterales, se retira a la Argentina del CIADI, se generaliza una campaña contra el libre comercio redivivo en la Alianza Pacífico o en los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea, si se audita la deuda pública, especialmente ahora la que demanda el Club de París, que en su mayoría es deuda ilegitima, espuria y odiosa, por haber sido asumida por gobiernos no constitucionales.
Cualquier medida que asumamos en este sentido, sea la nacionalización del comercio exterior y la banca, como venimos proponiendo, supone golpear fuerte al desarrollo capitalista e iniciar la construcción de un nuevo orden que me empecino en llamar socialista. No es una utopía la lucha contra el capitalismo y por el socialismo, es una demanda de nuestro tiempo, es el camino por la emancipación social y la defensa de la naturaleza.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2014



[1] En el programa de Rolando Graña, tercera posición, 3P, en A24.