La crisis cambiaria que se venía gestando desde hace meses finalmente estalló y el
gobierno aplicó la maxi-devaluación que tanto criticaba. No solo eso. Ya comenzó a
transitar el camino ortodoxo que prometió eludir. Con la devaluación se inició el
primer capítulo de un ajuste tradicional, que seguirá con aumento de tasas de interés,
contracción monetaria y apriete fiscal, para incrementar los ingresos de los poderosos
a costa del salario
.
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La política gradualista del gobierno para enfrentar estos desequilibrios (mini-devaluaciones
diarias, reducción de subsidios, acuerdos con cadenas de supermercados y distribuidores)
terminó como era previsible. No soportó la presión de los devaluadores y la falta de ingreso
de dólares. Resultado: devaluación del 18% en dos días, que completa un 60% en el año y
estampida de precios. Como toda devaluación esta lleva implícita una fuerte transferencia
de ingresos de los sectores populares (asalariados, jubilados, beneficiarios de planes
sociales) a los sectores del capital concentrado.
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Un gran ajuste. Sin embargo los mercados no se tranquilizaron. El levantamiento parcial
del control para permitir atesoramiento no hizo más que abrir una nueva ventanilla de salida
mientras que el encarecimiento del turismo al exterior no logró frenar esa sangría mientras
que quienes ingresan al país siguen liquidando sus dólares en el mercado negro. A esto hay
que agregarle que las reservas son utilizadas para mantener pagos de una deuda externa que
nunca fue investigada junto con pagos genuinos de deuda pública y privada. No es serio
afirmar como hace el gobierno que “esta devaluación será distinta”. Los efectos ya están a
la vista en los primeros días: inflación que se acelera, incumplimiento de los acuerdos,
desabastecimiento de productos.
El gobierno improvisa cotidianamente medidas poco coherentes. Un día anuncia medidas
de control y al otro, medidas “amigables” para los mercados. Afirma que hay conspiración,
pero hace la devaluación que exigen esos conspiradores. La oposición de derecha
aprovecha, pero no quiere tumbar al gobierno. Su objetivo es empujarlo a que siga haciendo
el trabajo sucio.
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Los Economistas de Izquierda hemos señalado en diversas oportunidades: el esquema
económico gestado por el kirchnerismo es fuertemente dependiente del ingreso de divisas
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generadas por el agro y de la captura de recursos fiscales vía retenciones. Tanto la Mesa de
Enlace como las exportadoras conocen bien estas debilidades del “modelo” y operan sobre
ellas, demorando la venta de la cosecha y la liquidación de divisas, promoviendo la
devaluación que mejorará sus ingresos e incrementara sus ya abultadas ganancias a costa
del bienestar de la mayor parte de la población.
Pero esta innegable capacidad de presión de productores y exportadores para agudizar la
restricción externa y de desfinanciar al Estado no puede ocultar la responsabilidad del
gobierno nacional, que interviniendo el INDEC y negando una y otra vez la inflación, dejó
crecer los precios internos que abultaron la rentabilidad capitalista. Esta política condujo en
definitiva a la presión sobre el tipo de cambio.
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El gobierno resiste las presiones porque sabe deteriorará aún más los salarios y luego
concede. Los trabajadores legítimamente saldrán a exigir recomposición del poder
adquisitivo, si no se frena la remarcación de precios
que hacen los grandes capitalistas el ciclo se realimentará una y otra vez. Como en otras
devaluaciones ya están en marcha todos los complementos tradicionales de la ortodoxia:
suba de las tasas de interés, reducción de gastos y de la emisión monetaria. El gobierno
niega estas medidas y luego las aplica.
El equipo económico busca ganar tiempo esperando el ingreso de dólares de la cosecha
gruesa en los próximos meses y que de resultado positivo alguna de las tantas gestiones
para conseguir financiamiento externo. Pero al ritmo actual de caída de reservas en ese
tiempo de espera, puede producirse un desfasaje entre ingresos y salidas con consecuencias
más que dramáticas.
Todos los opositores derechistas son devaluadores. Cuestionan las medidas por pura
demagogia cuando en realidad piensan profundizar el ajuste. Ninguna propuesta intenta
resolver la crisis con medidas que no se descarguen sobre los trabajadores y los sectores
populares. Por el contrario son estos los únicos que objetivamente se oponen a las
devaluaciones y son favorables a los controles de precios efectivos.
Actuar con urgencia y decisión política
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Frente a la evidencia que por el camino actual se marcha a una agudización de la crisis y a
mayores ajustes, desde distintos sectores se está reclamando la inmediata reconstitución del
manejo estatal del comercio exterior. Los Economistas de Izquierda entendemos que se
debe discutir como concretar esa medida. No hay otra forma de solucionar las tensiones
sino se busca una solución de fondo. Y esta solución no es otra que una versión actualizada
de la Nacionalización del Comercio Exterior, de la implantación de Organismos
Reguladores (Juntas o Agencias), eficientes que defiendan la producción nacional y fijen
los precios de los alimentos, poniendo término así a la especulación que hacen los grandes
productores, acopiadores, comercializadoras y fondos de inversión con el tipo de cambio y
los precios internacionales y saque el negocio de las manos de los monopolios
exportadores. Ese sistema instaurado por el menemismo y hasta ahora preservado por el
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gobierno, que no ha hecho más que observar como controlan el mercado de granos y se
apropian de buena parte de la renta.
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Es importante subrayar que es una propuesta que hay que aplicarla bien para que el remedio
no sea peor que la enfermedad. Es una propuesta prioritaria que hay que aplicar de
inmediato antes que el BCRA se quede sin reservas y no tenga margen de maniobras (por
eso se debe exigir de inmediato la liquidación de los 3.500 millones de dólares retenidos,
bajo amenazas de actuar con la máxima penalidad). No es una propuesta que funcionará en
paralelo al actual sistema de comercialización, por el contrario es una propuesta que
reemplaza integralmente a lo que ahora esta en manos privadas (acopios, puertos,
negociación con clientes, etc.). Una propuesta de esta naturaleza no puede repetir lo que se
hizo con YPF. Un día expropiar y varios meses después aceptar pagar más de 5000
millones de dólares a los responsables del saqueo. Medidas así, carentes de mínima
consecuencia, terminan agravando el problema. Irritan a los poderosos y no despiertan
confianza popular. La estatización del comercio exterior debe instrumentarse sin
concesiones a los grupos privados que hoy manejan la actividad.
Los puertos privatizados son la salida al exterior, al estar en manos privadas el Estado no
puede ejercer un efectivo contralor. Para EDI Nacionalizar los Puertos permitirá controlar
efectivamente que el volumen de las exportaciones coincida con lo declarado por los
exportadores y cerrará así otra fuente de escape de divisas.
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Pero esta no puede ser una medida aislada. La captación estatal de los dólares retenidos
servirá si al mismo tiempo se actúa sobre los precios y los ingresos populares. Sobre los
primeros es necesario un Control Efectivo de los Precios, los acuerdos en el mejor de los
casos duran unos meses, hay que fiscalizar los costos de producción y comercialización de
las formadoras de precios. Hay que convocar a los trabajadores para que sean ellos quienes
ejerzan el contralor de los costos en fábricas y distribuidoras, y especialmente a los
empleados de comercio para el control de los precios acordados en supermercados y
negocios minoristas. El Estado debe garantizarles la inmunidad en el trabajo a todos ellos.
Asimismo, hay que impulsar la construcción de mercados populares mayoristas con control
social articulados con comercios
locales y movimientos populares para crear canales alternativos (como
los MERCAL venezolanos) para enfrentar el poder de mercado de los
oligopolios productores y distribuidores de mercancías.
La Ley de Abastecimiento está en vigencia y el gobierno debe estar decidido a ponerla en
práctica a la menor transgresión de las normas establecidas.
Por el lado de los ingresos hay que compensar ya mismo la pérdida de poder adquisitivo
de los salarios, jubilaciones y planes sociales, con un Aumento de Emergencia como paso
previo al llamado a paritarias sin techo. Al mismo tiempo que se prohiben los despidos
mientras persista la crisis.
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No hay formas de frenar la salida de capitales del proceso productivo sin un estricto
control de los movimientos financieros asentado en la Nacionalización del sistema
Bancario. En las condiciones actuales ninguna medida para incrementar la provisión de
divisas tendrá resultado duradero. Es el Estado quien debe manejar todo el movimiento de
divisas en el país. Ninguna entidad privada debiera estar autorizada a realizar operaciones
de ese tipo, lo que a su vez requiere un Control de Cambios serio y transparente, que
controle la veracidad de las operaciones e impida la corrupción, que priorice el uso de las
divisas en función de las necesidades del país. Lo que hay ahora es un control caprichoso e
irracional de las divisas.
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Las concesiones al CIADI, las ofertas a los fondos buitres, a Repsol y al Club de París, los
peregrinajes del ministro Kicillof buscando fondos frescos, no han dado resultado alguno,
salvo abrir el canal de nuevos endeudamientos. El país tiene bloqueado el acceso al crédito
y las inversiones si llegan lo harán en cuenta gotas y exigiendo mayores prebendas.
Desde EDI sostenemos que Argentina debe denunciar los Tratados Bilaterales de Inversión,
salir del CIADI. Es urgente una Reforma Tributaria Progresiva y Recuperar las
Contribuciones Patronales cedidas en los años ’90 para fortalecer el ahorro y la inversión
interna.
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Para los Economistas de Izquierda este es el momento. La Nacionalización el Comercio
Exterior, con las medidas complementarias señaladas, tendrá profundas consecuencias
estratégicas para la economía argentina, evitará que la crisis la paguen los trabajadores,
abriendo el rumbo para implementar una política económica que favorezca a las mayorías
populares.
Somos conscientes que este tipo de medidas serán rechazadas por el bloque socioeconómico
en el poder y las clases dominantes, por lo que requieren de la construcción de
un fuerte consenso popular que asuma el proyecto político, que aun en el marco del
capitalismo, esté dispuesto a transitar un rumbo de transformaciones profundas de la
economía, el Estado y la sociedad y que potencie las relaciones económicas, sociales,
culturales y políticas con los países de la región latinoamericana para una integración
soberana.
Buenos Aires, febrero de 2014
Primeras firmas:
Claudio Katz / Eduardo Lucita / Jorge Marchini / Guillermo Gigliani / Alberto
Teszkiewicz / Julio Gambina / Mariano Féliz / Ariel Slipak / Martín Kalos
(Dado la urgencia de la situación este documento sale con primeras firmas a la espera de
nuevas adhesiones)
La devaluación y la batalla por los precios
Transitada la primera semana del
tipo de cambio en torno a los 8 pesos, la discusión está en la lucha por el
reordenamiento de los precios.
Las remarcaciones fueron la
respuesta inmediata en variados rubros. Casi nada mantuvo los precios previos a
la devaluación (los que venían en alza) y eso obligó a un accionar de política
económica para inducir reducciones de los precios en diferentes rubros.
En ese sentido sobresale la
convocatoria a retrotraer precios al 21 de enero, previo a la importante devaluación
gestada en esos días. Sin embargo, las propias autoridades aceptaron
incrementos de hasta el 5% en lavarropas o heladeras, la llamada línea blanca,
y 7,5% en electrodomésticos. La causa de esta convalidación está asociada al
modelo industrial vigente, de armaduría, con elevada presencia de partes y componentes
importados, que agregan mayores costos de producción desde la devaluación.
Como vemos, no solo cuestiones
de coyuntura aparecen en la realidad, sino que se evidencia la presencia de
problemas estructurales, tal como el modelo de desarrollo industrial y su política.
La
pelea es por los precios
Esta es la primera pelea que
surge luego de la devaluación, la pelea por los precios.
Más allá de la discusión entre
fijadores de precios y gobierno, la inflación se siente en la disminución de la
capacidad de compra de los ingresos populares y por ello interesa la discusión,
entre otros, del precio de la fuerza de trabajo.
Es una preocupación que pasa por
los salarios, las jubilaciones y los subsidios de la política social, que están
en la base de una protesta social que ocupa nuevamente la agenda política en el
país.
Más allá de paritarias en danza,
algunas compensaciones aparecen ante el reclamo de los trabajadores, caso del
transporte de larga distancia en vísperas del fin de semana.
Los movimientos territoriales,
perceptores de planes demandan ajustes de sus ingresos con movilizaciones de
ocupación de calles que encuentran preventivas medidas de seguridad que
habilitan propuestas reaccionarias de represión.
Por eso, la batalla en estas
horas es por los precios de la canasta de consumo cotidiana, pero también del
dinero, ya que la tasa de interés fue inducida al crecimiento desde el Banco
Central, que aumentó esta semana las tasas de LEBAC y NOBAC a 25,52% y el
25,89%. Estos títulos son parte del pasivo del BCRA y orientan al sistema
financiero sobre inversiones.
A su vez, los bancos respondieron
con alzas en las tasas ofrecidas a sus ahorristas inversores, elevando con ello
el costo el costo del crédito a niveles muy difíciles de sostener por los
sectores no hegemónicos. Es un adicional más en la transferencia de costos que
engordan los precios que paga la población.
Lo curioso de la cuestión es que
lo que se instaló como debate fue la compra de dólares, permitida desde esta
semana, obviando el análisis más profunda del impacto de la devaluación y su
impacto sobre los precios.
Es que la posibilidad de acceder
a la compra de divisas movilizó a una parte de la población con ingresos declarados
al mercado de divisas, en lugar de orientar ahorros en satisfacer necesidades
de consumo, que al tiempo que las resuelven motorizan la producción.
El resultado concreto es el
estímulo a la especulación, en pequeña escala, es cierto, pero especulación al
fin, con un resultado de pérdidas de reservas del orden de los 200 millones de dólares
diarios, comprometiendo recursos de la sociedad que bien podrían constituirse en
fondos de promoción de modelos productivos y de desarrollo para satisfacer
demandas y reivindicaciones sociales y ambientales extendidas.
Se generaliza un sentido común
favorable a la especulación, en este caso en la compra y atesoramiento de
divisas. Según la información oficial, decenas de miles de pequeños inversores
compraron promedio menos de 600 dólares. Es una cifra relativamente pequeña,
pero que en volumen constituye una importante fuente de pérdidas de reservas
internacionales.
Está claro que en sentido
contrario, la política gubernamental apunta a restituir reservas que bajan
desde los 52.000 millones a comienzos del 2011 a poco más de 28.000 millones de
dólares al cierre de esta semana.
El acceso a la compra de divisas
deteriora esa posibilidad y estimula la perdida de reservas, a contramano de la
necesidad de engordarlas, lo que se busca con negociaciones a las cerealeras
para que liquiden cerca de 4.000 millones de dólares almacenados en silobolsas,
según fuentes gubernamentales.
La apuesta es al “mercado” y
como siempre, se contesta con el “bolsillo”, con el resultado de escaso ingreso
de divisas y fuertes salidas que disminuyen el stock de reservas
internacionales. Es el resultado de un “mercado libre” más allá de las
restricciones a las importaciones y la compra venta de divisas, o la gestión
administrada en manos del BCRA.
Nacionalizar
el comercio exterior y la banca
¿Tiene sentido mantener el
actual sistema? Algunas voces, tal como anticipamos hace poco, comienzan a
demandar la nacionalización del comercio exterior e incluso de la banca, ante
las maniobras del sector financiero asociadas a la especulación de sectores monopólicos,
como denunció oportunamente el propio gobierno.
La apuesta es a que los sectores
del agro vendan su producción almacenada y engrosen reservas. La respuesta es
que los mueve una lógica inversora, capitalista, a la espera de nuevas
devaluaciones para mejorar la rentabilidad del capital invertido. En ese
sentido no hay límite y por eso, aun siendo pequeño el mercado ilegal de las
divisas, este presiona como objetivo a alcanzar por especuladores y grandes productores
y exportadores.
Si ya se devaluó a 8, el
interrogante de estos sectores es por qué no ir por más. Por ello insistimos
que además de la coyuntura deben pensarse los problemas estructurales en que
deriva la tendencia a la concentración de la producción, del monocultivo de la
soja y al dominio de lo central de las exportaciones argentinas que ponen en
discusión la nacionalización del comercio exterior y la banca.
Pero también hay búsqueda desde
la política del gobierno de inversores externos o el retorno al mercado de
crédito mundial, todo con el fin de lograr ingresos de divisas que
contrarresten la pérdida de reservas.
Las malas noticias son la
realidad, y a contramano de la aspiración por el ingreso de recursos externos,
las señales vienen en sentido contrario. Es que el CIADI falló otra vez contra
Argentina, ahora por 21 millones de dólares más intereses en una demanda
presentada por Impregilo de Italia. Argentina había recusado el fallo del 2011
y ahora es fallo en firme.
¿Será ello un anticipo de más
deuda pública? Hace poco se reconocieron sentencias por 500 millones de dólares
y se decidió pagar con bonos de la deuda pública.
Vale recordar que las demandas cursadas
ante el CIADI suman más de 10.000 millones de dólares, por lo que urge salir
del CIADI, un ámbito del Banco Mundial. Hay que recordar que Brasil nunca
integró ese ámbito y Ecuador, Venezuela y Bolivia se retiraron en el último
tiempo.
Sin perjuicio de lo sostenido de
la nacionalización del comercio exterior y de la banca, se impone también denunciar
la participación Argentina en el CIADI y terminar con las amenazas y sanciones
que finalmente paga el conjunto de la población argentina.
Como vemos, la coyuntura
económica está fuertemente asociada a problemas estructurales que no pueden
obviarse y que convocan a su discusión para soluciones creativas en la
perspectiva de modificar la ecuación de beneficiarios y perjudicados en la
sociedad argentina, lo que nos lleva al terreno de la lucha política y el
poder.
Buenos
Aires, 1 de febrero de 2014
Declaración de la Corriente Sindical en la CTA
Devaluación e Inflación:
¡Pierden los trabajadores! ¡Ganan los patrones!
El nuevo tipo de cambio (en torno a 8 pesos por dólar) convalidado en estos días significa un ajuste depredador sobre los ingresos de los trabajadores y otros sectores populares. El impacto sobre precios mejora la rentabilidad del capital más concentrado y deprime la capacidad de compra de nuestro pueblo.
La depreciación de la moneda nacional vino acelerándose durante el 2013 con efectos regresivos sobre los ingresos populares, perdidas de reservas internacionales y aumento de precios de la canasta de consumo de bienes y servicios de la mayoría de la población. Es una situación agravada sobre fines del año pasado y comienzo del 2014 con el gobierno asumiendo la agenda del poder económico ante la derrota electoral de octubre: a) devaluación; b) facilidades para inversores foráneos; c) riguroso compromiso de cancelación de la deuda para retomar el camino del endeudamiento externo.
Con la devaluación ganan los especuladores y los grandes productores y exportadores. Los perdedores somos los trabajadores, activos o pasivos, regularizados o no, los perceptores de planes sociales, e incluso los productores o empresarios que asocian sus ingresos a la capacidad de compra de los ingresos populares.
Existe incertidumbre sobre la estabilización del orden cambiario, ya que las clases dominantes maniobran para profundizar la devaluación, el ajuste sobre el gasto social y las mejores condiciones para la valorización del capital, todo agravado con denuncias del gobierno sobre la especulación gestada desde la petrolera Shell y bancos extranjeros, el Citi, el Francés, el HSBC.
¿Qué hacer?
La sola sospecha de ese accionar nos anima a sustentar la nacionalización de la banca, con participación de los trabajadores bancarios en la toma de decisiones. Es una medida a adoptar en simultáneo con la nacionalización del comercio exterior, desde que muy pocos exportadores concentran el grueso de las ventas al exterior. Son pocos los productos de exportación: energéticos, agrarios, entre ellos la soja, minería y automotores. Constituyen lo principal del vínculo de Argentina con el exterior y son fuente de fuga de divisa y presión sobre la política económica.
Estas demandas de nacionalización del comercio exterior y de la banca son parte de un conjunto de decisiones necesarias para avanzar en la recuperación de la soberanía energética, afectada por la política privatizadora y de entrega sostenida desde hace 20 años y agravada en el acuerdo YPF-Chevron. Es un camino para transitar la perspectiva de la soberanía alimentaria, que al tiempo que discute el modelo productivo y de desarrollo, tiende a resguardar el poder adquisitivo del salario y los ingresos populares. La soberanía financiera supone investigar la deuda y suspender los pagos, al tiempo que se denuncian los tratados bilaterales de inversión, se abandona la expectativa por suscribir tratados de libre comercio con Europa y se rechaza la pertenencia al CIADI. Se requiere la integración alternativa, con el ALBA, para otra Argentina y otra América Latina posible. La precondición pasa por un salario mínimo que satisfaga las necesidades de la familia de los trabajadores, junto a la sustancial reducción de la jornada laboral sin afectar ingresos.
Sea la devaluación, la crisis energética, el encarecimiento de los precios (alimentos, textiles, vivienda, transporte, servicios públicos, etc.), la entrega de los bienes comunes, la realidad del capitalismo resulta en mayor explotación de la fuerza de trabajo y depredación de los recursos naturales, la tierra y el agua, entre otros. Por eso, más allá de la devaluación y el ajuste, el problema es el capitalismo. El capitalismo y su realidad impusieron la devaluación, el arreglo y pago al CIADI, la compensación a Repsol, el acuerdo con Chevron como modelo para atraer inversiones externas, el intento de arreglar con el Club de París. Este capitalismo real es el que concentra ingreso y riqueza y limita la satisfacción de necesidades de la mayoría del pueblo, especialmente de los trabajadores y su familia. Es el orden que necesita restablecer los vínculos entre fuerzas armadas y de seguridad con la sociedad y por eso se designa a Milani, se amplía el generalato, crece la presencia de los servicios en su seno y se habilitan mecanismos para la represión del creciente conflicto social.
Somos enfáticos al señalar que no hay alternativa para los trabajadores y el pueblo en el capitalismo. Se impone el debate del anticapitalismo, del antiimperialismo y el socialismo. No es una tarea para el futuro, sino una exigencia del presente.
Como trabajadores constructores de la CTA nos comprometemos a fortalecer y potenciar el carácter clasista, antiimperialista y anticapitalista de la Central en un año de creciente conflicto social en defensa del salario, los ingresos populares y los bienes comunes. Es el contenido principal de los desafíos en la coyuntura para la organización y lucha de los trabajadores. Resulta imprescindible construir un gran paro nacional contra el ajuste que supone la devaluación y su impacto en crecimiento de los precios. Tal como destacamos en nuestra reciente declaración, ratificamos que “Necesitamos organizar un gran movimiento político social de liberación, lo que supone construir fuerza política que actúe en todos los escenarios de la lucha de clases, económica, política, cultural, social, institucional. Es algo que se debate en todo el mundo y que requiere pensar la articulación de las construcciones sociales y partidarias en las nuevas condiciones del desarrollo capitalista y la experiencia del movimiento popular por la emancipación social contemporánea.”
Jose Rigane; Carlos Chile; Hugo Blasco; Carla Rodríguez; Guillermo Díaz; Elia Espen; Marcos Wolman; Manuel Gutiérrez; Víctor Mendibil; Julio Gambina; José Luis Ronconi; Gabriel Martínez; Néstor Jeifetz; Adrían Ruiz; Julio Acosta; Matías Fachal; Beatriz Rajland; Pola Monti; Fernando Pita; Eduardo Smidt; Elsa Picado; José Lualdi; Mariano Randazzo; Homero Ramírez; Mary Muñoz; Carlos Oroz.; Cristina Camusso, siguen las firmas de la Corriente Sindical CTA…..
La devaluación del peso argentino
Hace un año el dólar se cotizaba
a menos de $5. Hoy con la devaluación se necesitan $8 por dólar, convalidando
un incremento del 60% en el precio de la divisa.
Hasta hace poco se sostenía que
la política oficial no contemplaba devaluar la moneda nacional. Sin embargo, la
aceleración de la depreciación monetaria se apresuró durante el 2013 y más aún
sobre fines del año, especialmente con el cambio de autoridades en el Gabinete
de Ministros y en la Presidencia del Banco Central en noviembre pasado.
El comienzo del 2014 evidenció
un mayor nivel de depreciación monetaria, agudizada en esta semana con la
deliberada retirada del Banco Central del mercado cambiario el miércoles 22/1,
que apenas pudo sostener por un día, y ya el jueves 23/4 tuvo que vender 100
millones de dólares para bajar la cotización de los $8,40 por dólar a $7,75 por
unidad de moneda estadounidense. El viernes 24/1 el precio de la divisa osciló
por encima de los $8.
Complementariamente, el gobierno
dispuso flexibilizar las restricciones a la compra de divisas para
atesoramiento, lo que estaba prohibido hasta ahora, lo que podrá realizarse
previa autorización de la AFIP, el ente de recaudación, con un adicional de 20%
a cuenta del impuesto a las ganancias, que a la cotización del día, cada dólar
se obtendrá contra $9,60.
Hasta aquí los hechos. Las
incertidumbres a futuro continúan, especialmente el impacto sobre los precios,
ya que la devaluación incide en la importación de insumos y bienes intermedios
necesarios para la producción en el país, tal el caso de automotores o electrodomésticos
entre otros, sin perjuicio de un conjunto de bienes y servicios que ajustan
precios sobre costos dolarizados, e incluso expectativas.
Es un dato que las devaluaciones
favorecen a los grandes productores y exportadores y de hecho, era la demanda
de los sectores hegemónicos de la producción local, buena parte asociada a la
transnacionalización capitalista de la economía argentina. La contracara es el
perjuicio para quienes perciben ingresos fijos, los trabajadores, regulares e
irregulares, activos o pasivos, a tiempo completo, flexibilizados o tercerizados,
los que reciben planes sociales e incluso productores y empresarios que asocian
sus ventas a este importante sector de la sociedad. Son pocos los beneficiados,
el poder económico más concentrado, y son millones los que verán afectados su
capacidad de compra. Las devaluaciones no generan equidad, y aun mejorando
competitividad, algo que no es seguro, supone la transferencia de recursos de
los trabajadores a los propietarios concentrados del capital.
¿Por
qué la devaluación? ¿Hay otras posibilidades?
Desde el gobierno se explican maniobras
especulativas del titular de Shell en connivencia con bancos extranjeros, el
Citi, el Francés y el HSBC. Más allá de las acciones legales que se impulsen
bien vale considerar la necesidad de mantener a la banca extranjera en la
Argentina y consultarnos, a esta altura, por qué continuar con la legislación
financiera de la dictadura genocida. Asociado a ello se requiere un estricto
control del comercio exterior, el que se concentra en un puñado de empresas
extranjeras y un conjunto reducido de bienes que explican el comercio exterior.
Claro que estamos remitiendo a
la nacionalización de la banca y del comercio exterior, y que ello supone un
enfrentamiento con el poder económico y político, que se requiere constituir
sujeto social y político para sostener la confrontación. Ello necesita asumir
un nuevo rumbo modificando la ecuación de beneficiarios y perjudicados del
orden económico y social en el país. Lo que ha fallado en la Argentina de este
tiempo es la concepción de la posibilidad de un “capitalismo nacional” al que
convocó a construir Néstor Kirchner en mayo del 2003. En la era de la
transnacionalización es un imposible, como inútil es buscar una “burguesía
nacional” que asuma ese proyecto, salvo la gestación de nuevos sectores de
burguesía local, los que acumulan en el marco de un proceso continuo de extranjerización
y dependencia de la economía local al sistema mundial del capitalismo.
La realidad es que las divisa
tienen precio y la pelea por su cotización enfrentó a los sectores hegemónicos privados
de la economía argentina con el gobierno, demandante de dólares, principalmente
para la cancelación de la deuda pública. Eso explica la perdida de reservas en
el último tiempo, solamente 12.000 millones de dólares durante el 2013, entre
fuga de capitales y pagos de la deuda, según datos oficiales.
El precio de la divisa, de los
bienes y servicios, o de la fuerza de trabajo se dirime en el capitalismo en un
mercado monopolizado por grandes capitales altamente concentrados y
centralizados. Los Estados pueden convalidar la situación o enfrentarla, lo que
supone romper la lógica del capital para intentar organizar un orden diferente,
anticapitalista, incluso socialista.
Es un debate que trasciende la
realidad nacional y se presenta en toda la región Nuestramericana, ya que el
cambio político emergente a comienzos de siglo puede agotarse si no se
profundizan políticas independientes y soberanas en la región. Aludo a la
soberanía alimentaria, energética, financiera, que contribuya a una
modificación del modelo productivo depredador y au nuevo modelo de desarrollo
para la región.
Falta poco para la cumbre de la
CELAC y se discute un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión
Europea. ¿Ese es el rumbo de la inserción internacional de Nuestramérica? La
inserción subordinada de la región fortalece la dependencia del orden
capitalista en las condiciones actuales de transnacionalización, generalización
de la especulación y el delito. ¿Hay solución fortaleciendo la inserción en el
orden capitalista mundial, ese que gerencia el FMI, el Banco Mundial, la OMC?
¿Por qué libre cambio con Europa, luego de haber rechazado el ALCA? ¿Es mejor
el capitalismo europeo que el estadounidense? El interrogante es aún más válido
cuando pensamos la hegemonía alemana en Europa y las políticas de austeridad
generalizadas en el viejo continente.
Argentina y la región están
urgidas por cambios estructurales, los que deben realizarse integradamente.
Existen novedosos mecanismos e instrumentos en funcionamiento, junto a
avanzadas ideas que pueden facilitar el proceso. Aludo al ALBA, incluso UNASUR
y la CELAC, pese a los matices en su seno. También al sistema múltiple de pagos
con monedas locales entre Brasil y Argentina, escasamente usado, o el SUCRE
entre los países del ALBA, al que adhirió Uruguay. Mucho se escribió sobre la
nueva arquitectura financiera, expresión de ello es el Banco del ALBA. Bolivia
acaba de anunciar que dispone de la cuota asignada para hacer funcionar un
Banco del Sur que puede ser depositario de las reservas internacionales,
cuantiosas entre los países que adhieren a la iniciativa.
No constituye una utopía hacer
realidad el otro mundo posible a que nos convocó el Foro Social Mundial a
comienzos del presente siglo. El capitalismo no ofrece soluciones a los pueblos
de la región y del mundo. Fue en esencia el mensaje de Hugo Chávez cuando a fines
del 2004 formuló su proyecto del socialismo del Siglo XXI. Ante la debacle de
la URSS y el socialismo en el este de Europa y el rumbo e inserción de China en
el capitalismo global, existen voces que nos acusan de anacrónicos y cuando
mucho de utópicos. Los utópicos son los que imaginan una salida dentro del capitalismo
y aún, aquellos que se contienen en el límite de lo posible, intentando
reformar al capitalismo.
Los límites de la heterodoxia, el
neo-desarrollismo o neo-keynesianismo, según como se asuma, en la Argentina, da
cuenta de los debates, en la región y en el mundo, por superar la crisis del
capitalismo, la dependencia, pensando y construyendo un orden económico,
social, político y cultural de emancipación, sin explotación y armonioso con la
naturaleza.
Buenos
Aires, 24 de enero de 2014
La deuda pública se cancela con reservas internacionales. ¿Puede hacerse algo distinto?
Las reservas internacionales bajaron a 29.858 millones de
dólares, desde un máximo superior a los 52.000 millones de dólares a comienzos
del 2011.
Para entender la clave de la reducción de las reservas, hay
que concentrar la mirada en el pago de deuda. Para ello puede recordarse el
debate oportunamente realizado en enero del 2010, a la salida de Martín Redrado
de la conducción del BCRA.
La discusión entonces era si pagar deuda con recursos
corrientes del presupuesto o utilizar las reservas con ese fin. Para la primera
posición se anotaba la oposición sistémica, de derecha explícita, siempre
dispuesta al ajuste sobre el gasto social. Para la segunda el gobierno, que es
lo que finalmente se adoptó y viene impactando en el nivel de reservas, tal
como justifican las autoridades.
Ambas posiciones, el gobierno y la oposición sistémica
estaban y están por la cancelación puntual de la deuda, unos acudiendo al
ajuste fiscal, restringiendo gasto social para cumplir con acreedores de la
deuda pública, otros utilizando reservas acumuladas por saldos favorables del
comercio exterior y otros ingresos de divisas, sean préstamos o inversiones.
Son discusiones recurrentes en la Argentina, Incluso en enero
del 2006 se canceló deuda con el FMI con reservas internacionales y se sostuvo
que las reservas se recuperarían con el crecimiento del comercio exterior y el
ingreso de divisas por inversiones y créditos.
Si en diciembre del 2005 las reservas alcanzaban los 28.077
millones de dólares, al mes siguiente se redujeron a 19.689 millones, producto
de una cancelación anticipada al FMI por 9.500 millones.
Es cierto que hubo recuperación de reservas, las que
crecieron desde ese nivel a más de 52.000 millones de dólares a inicios del
2011, cuando comenzaron a bajar producto de la decisión de utilizar reservas
para cancelar deuda.
Evolución
del nivel de reservas internacionales
Hacia marzo del 2001, en pleno despliegue de la crisis, las
reservas cayeron por debajo de los 30.000 millones, registrándose en volumen de
29.812 millones[1]
y siguieron cayendo hasta el mínimo de 8.986 millones de dólares en Julio del
2002. El máximo logrado había sido en enero del 2001 con un volumen de 36.153
millones.
La baja de las reservas era expresión de la fuga de capitales
para radicar la valorización capitalista fuera del mercado local. La rebelión
popular ponía de manifiesto el descontento e indujo la salida de la
convertibilidad. El costo sería un fuerte deterioro de las condiciones de vida
de la mayoría de la población, ya que la devaluación de enero del 2002 indujo
un fortísimo ajuste en contra de los trabajadores y sus ingresos y muy
favorable a la renta empresaria, la que despuntó con la recuperación desde
mediados del 2002. La devaluación fue el mecanismo para esa operación,
disimulada con el efecto crecimiento y recuperación del empleo con salarios de
miseria.
La recuperación económica, producto de la combinación de la
cesación de pagos de diciembre del 2001 y la devaluación de enero del 2002
supuso que los 10.000 millones de dólares de reservas internacionales se
superaron desde febrero del 2003; los 20.000 desde enero del 2005; los 30.000
desde noviembre del 2006; los 40.000 desde mayo 2007; los 50.000 desde marzo de
2008, aunque solo por dos meses, luego cayeron y consolidaron un nivel sobre
los 50.000 millones desde julio del 2010, hasta los 52.618 millones de enero
del 2011.
Es que la devaluación y el crecimiento de los precios
internacionales de los productos de exportación, especialmente la soja, consolidaron
un saldo comercial positivo que alimentó las reservas internacionales. De ese
máximo a comienzos del 2011 la reducción de las reservas fue continuada y acelerada.
Se perforó el techo de los 40.000 millones en abril del 2013 y ahora, en enero
del 2014 el nivel de los 30.000 millones de dólares.
El fenómeno de la caída de las reservas se consolida desde el
2011 y tiene como eje el pago de la deuda. Es la exigencia de las clases
dominantes mundiales, los acreedores externos y el sistema financiero mundial,
para habilitar la reinserción de la Argentina en el orden capitalista global,
del que fue desplazada parcialmente en 2001 como consecuencia de la declaración
de la cesación de pagos.
Pero aún falta para ese “logro” de reinsertar al país en el
sistema financiero mundial, y se requiere cancelar la deuda impaga con el Club
de París por unos 10.000 millones de dólares. Además, terminar con las demandas
judiciales por la deuda en cesación de pagos (juicios en Nueva York), y
bonistas que no ingresaron a los sucesivos canjes, lo que adiciona otros 7.000
millones sin considerar intereses reclamados. Más las demandas en proceso ante
el CIADI, estimadas en más de 10.000 millones de dólares.
Pensar en cumplir con esas obligaciones hace un cóctel
explosivo, de extorsión a la soberanía y las necesidades insatisfechas de la
mayoría de la población, razón por la cual en otra ocasión calificamos a la
deuda como un cáncer a extirpar.
¿Existe
otra posibilidad?
Se requiere discutir el camino elegido y pensar alternativas.
Desde el gobierno se insiste en la cancelación recurrente de la deuda, la que
se incrementó desde fines del 2001 al presente, de 145.000 millones a 209.000
millones, mientras se cancelaron en la década 173.000 millones de dólares según
publicitó Cristina Fernández antes de las elecciones de octubre pasado.
Insistamos que la deuda es un cáncer, cual barril sin fondo,
agotando recursos que bien podrían constituir la base de una acumulación con
fines alternativos.
Es necesario frenar la fuga de capitales y para ello se
requiere un estricto control de cambios y la nacionalización del comercio
exterior y la banca, algo que disgustará al poder, no hay dudas, pero
imprescindible para transitar un proceso de reversión del chantaje de las
clases dominantes que corren permanentemente los límites de la cancha, y queda
claro con la cotización reclamada de la divisa. Las nuevas autoridades
económicas y políticas luego de las elecciones de octubre aceleran como nunca
la devaluación (de 6 a 6,75) y el dólar ilegal no tiene límites (de 9 a 11,25).
Mientras más se devalúa más crece la cotización paralela e incide en la
inflación, la que castiga a los sectores de menores ingresos.
El imaginario gubernamental es que asumiendo la agenda del
poder se podrá estabilizar la economía. Por eso se apuesta a las inversiones
externas para el autoabastecimiento energético, a cualquier costo “ecológico” y
sobre cualquier opinión en contra de ciudades y pueblos que se manifiestan en
contra del fracking. También se apuesta al saldo positivo del comercio exterior
montado en una sojización creciente que consolida un modelo productivo primario
exportador, al tiempo que se restringen las importaciones. El crecimiento de la
economía es el objetivo, de cualquier modo. Nuestra apelación apunta a discutir
el modelo de crecimiento de la producción y de desarrollo, lo que supone
renegar de la lógica del pago sin auditar la deuda, de las facilidades para la
fuga de capitales y el dispendio de recursos soberanos que debieran utilizarse
para otro modelo productivo y de desarrollo.
¿Es un camino sencillo? No, se requiere discutir el propio
orden capitalista, pues no hay destino en el marco de una lógica de producción
que asegura ganancias monopólicas a escala global sobre la base de la
especulación financiera, la militarización y el tráfico de armas; la droga y el
delito de todo tipo. Esa es la realidad del capitalismo contemporáneo, no hay
otro, es lo que existe, es el capitalismo real y Argentina lo sufre como parte
de él. El diagnóstico es clave, sino es imposible transitar un nuevo camino.
Hace falta una conciencia anti capitalista, una crítica sustancial al
capitalismo de nuestro tiempo y empezar a desafiar el pensamiento y la práctica
social por una nueva sociedad, que insisto en llamar socialista, aún con los
errores de las experiencias desarrollados, pero con el empecinamiento de la
posible construcción de otro mundo con otros beneficiarios, la mayoría de la
sociedad.
Chapadmalal,
16 de enero de 2014
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