El derecho a la energía y a los bienes comunes

Es increíble lo que ocurre. El gobierno anuncia el congelamiento de precios de los combustibles por 6 meses, desde abril a octubre y en el mismo día YPF “adecua” sus precios a los máximos permitidos. De hecho un incremento del 7% promedio en el país, que en algunos casos alcanza al 10%. Lo real es que el gobierno legitima a la transnacional Shell que aumentó previamente los precios y resuelve un colchón de ganancias ante el anuncio actual de la Secretaría de Comercio. Es evidente que la estatización parcial de YPF no alcanza para manejar el mercado, ya que la gestión estatal apenas alcanza a un tercio del negocio petrolero, que sigue en manos de transnacionales. No solo eso, sino que en aras del autoabastecimiento, YPF avanza en negociaciones con CHEVRON, una empresa monopólica demandada por 30.000 familias de pueblos originarios del Ecuador por depredación de la naturaleza entre 1965 y 1990. La demanda es por 19.000 millones de dólares. El asunto es que YPF necesita la tecnología de Chevron, la fractura hidráulica, para extraer gas y petróleo no convencional e intentar resolver el déficit de hidrocarburos de la Argentina, al parecer, a cualquier costo, ya que las denuncias de contaminación por esa tecnología se extiende en todo el mundo, especialmente en EEUU. En Argentina se destaca el movimiento popular en la Provincia de Entre Ríos y la resolución del Concejo Deliberante de Cinco Saltos que insistió ante el veto de la intendente alineada con el ejecutivo nacional, para declarar a la zona libre del fracking (fractura hidráulica). En rigor, Argentina sufre déficit energético, que significa importaciones por 10.000 millones de dólares anuales en estos últimos años, el equivalente del superávit comercial anual de la Argentina. Es una situación agravada con la explosión sufrida en Ensenada el 2 de abril, a propósito de las inundaciones, que afecta la capacidad de auto abastecimiento y hace presumir un crecimiento de la factura de importación de combustibles líquidos para el presente año y los próximos inmediatos. El problema es la mercantilización de la energía, utilizada como insumo estratégico para un modelo productivo y de desarrollo sustentado en la super explotación de la fuerza de trabajo y la depredación de los recursos naturales. Es la soja, la mega-minería y la industria de ensamble. Es el conjunto de una política que reproduce la extranjerización y transnacionalización de la economía capitalista argentina. Es la exportación de tierra, nutrientes, agua, minerales y recursos de la naturaleza, los bienes comunes de la actual y futura generación de argentinas y argentinos. Es la mercantilización del agua, de la tierra y todos los bienes comunes. Más que nunca necesitamos des-mercantilizar nuestras relaciones sociales de producción. Debemos luchar por el derecho a la producción que satisfaga las necesidades populares, que asocie la producción en la Argentina a la soberanía alimentaria en Nuestramérica y los pueblos del mundo; a la soberanía energética asumiendo el planteo de Petroamérica que oportunamente hiciera Hugo Chávez a los países de la región; a la soberanía financiera para denunciar el CIADI, como Venezuela, Bolivia o Ecuador, avanzando en un Banco del Sur que utilice las reservas internacionales cuantiososas de nuestros países para un desarrollo alternativo que coloque por delante la satisfacción de las necesidades de nuestros pueblos. La consulta popular por los bienes comunes supone construir el sujeto político necesario para instalar el programa de la des-mercantilización, para recuperar nuestros derechos, a los bienes comunes, al conocimiento, a la educación, a la salud, a la tierra, al agua, al petróleo y al gas, a la energía. Necesitamos ser millones para frenar al capitalismo que en crisis exacerba la ofensiva del capital contra el trabajo y por la desposesión de los pueblos sobre los bienes comunes. Ellos luchan por hacer que todo sea una mercancía. Nosotros luchamos, en sentido integral, por los derechos humanos. Por eso la consulta, para que el nunca más alcance al poder, a las clases dominantes, al capitalismo, y hagamos realidad una sociedad emancipada, anti capitalista y por el socialismo.

Buenos Aires, 11 de abril de 2013

Inundaciones, modelo productivo y usos de los recursos públicos

Por estas horas todos hablan de la tormenta que asoló la Capital Federal, el Gran Buenos Aires, y especialmente a la ciudad de La Plata, con un saldo elevado de 50 muertes evitables y miles de afectados con secuelas aún no evaluadas, no solo económicas, sino humanas, de salud, e incluso culturales.

Lo mejor provino de la solidaridad social. Lo peor de la imprevisión pública ante situaciones de catástrofes.

Por muchas razones, entre otras el cambio climático, resulta recurrente que se presenten situaciones catastróficas, no solo en Argentina, sino en el mundo.

Un imperativo de la época es analizar las consecuencias del cambio climático y prevenirlas y más aún, combatirlas.

Eso nos lleva al modelo productivo hegemónico a escala mundial que degrada a la naturaleza, que la agrede en múltiples formas, con monocultivos, e industrialización acompañada de organismos genéticamente modificados, todo con el afán del crecimiento para satisfacer objetivos de lucro empresario, más que en atender necesidades alimentarias de la población.

Es por ello que buena parte de la producción del agro se utiliza para producir energía. Así, la energía disputa con la alimentación la utilización de la producción agraria. Es una mayor producción disputada para alimentar personas o máquinas. La consecuencia sobre la naturaleza es gravosa, afectando el metabolismo natural y la huella ecológica, con lo que se consume más naturaleza que la que se puede auto reproducir.  

Pero esa rentabilidad acrecida es también utilizada en el negocio inmobiliario con fines especulativos, sin planificación del hábitat para el vivir bien de la población en su conjunto. El proceso de urbanización resulta de la aplicación de ganancias al negocio de la construcción, más como resguardo de inversión que para satisfacer la necesidad de techo de una población cercana a los 5 millones de personas. Lo curioso es que existen tantas construcciones vacías, producto de la valorización inmobiliaria, como demandantes de vivienda propia sin posibilidad de acceso. En rigor, no solo ladrillos, sino que también se orientan las inversiones hacia el parque automotor que inunda de hormigón el espacio público.

Las inundaciones y sus consecuencias sociales son adjudicadas a la naturaleza, y es cierto, pero convengamos también que esa naturaleza está condicionada por el tipo de modelo productivo y de desarrollo en curso.

Como siempre el interrogante es ¿qué hacer? Obvio que la mirada se asienta sobre el Estado, en tanto sujeto que establece las normas de funcionamiento de la sociedad.

Algunos se sorprenden por la crítica de los afectados por las inundaciones a los gobernantes, sin reparar en la sensación de abandono que sienten los perjudicados directos. Estos dirigen la bronca hacia la ausencia del Estado, sus funcionarios o representantes, en el lugar de los hechos, aún cuando se ven escasos contingentes de ayuda municipal, provincial o nacional, con efectivos de policía, ejército o gendarmería.

No alcanza lo que hay. Hace falta planificar con antelación la disposición de recursos financieros y personal para atender la logística ante catástrofes, algo inexistente en la Argentina.

Es que el Estado no tiene como principal función satisfacer este tipo de demandas sociales, sino que es una institución para resguardar el orden capitalista, especialmente reformado en la década del 90´ para atender las necesidades del capital más concentrado. Los cambios operados en materia de intervención estatal en los últimos años no atacan el núcleo duro de la regresiva reestructuración del decenio pasado.

A modo de ejemplo podemos anotar que en el mismo momento que se evaluaban los daños por la inundación, se disponía de más de 3.300 millones de dólares de las reservas internacionales para cancelar deuda con los organismos internacionales. Las cancelaciones de deuda pública constituyen el gasto más importante del país, por encima de la contribución presupuestal a la salud y a la educación, y prácticamente nada a la prevención ante catástrofes como la ocurrida.

Duele la comparación con países como Cuba, acostumbrada a tifones y huracanes con las consabidas consecuencias sobre bienes físicos, pero con un detallado programa para salvaguardar la vida. Es un logro planificado por años, que en nuestro país no existe.

Es hora de discutir el privilegio del gasto público. Se puede estudiar cómo actúan otras sociedades y aplicar esas conclusiones para que él “nunca más”, no solo remita a procesos dictatoriales, sino que exprese nuevas funciones del Estado, en todos los ámbitos, para privilegiar el vivir bien de toda la población, antepuesto al objetivo de la ganancia, la acumulación y la dominación capitalista.

5 de abril de 2013

Propuesta de pago a los acreedores que demandan en Nueva York

En plena semana santa venció el plazo presentar la propuesta de pago de la Argentina a los acreedores que demandan en la justicia de Nueva York.

La sentencia neoyorkina en discusión manda a cancelar el 100% de unos títulos por 1.330 millones de dólares, que sumados los intereses alcanzan unos 1.600 millones de dólares. Si se suman otros casos similares que también podrían acudir a los tribunales de EEUU, la cifra con intereses supera los 11.000 millones de dólares. Son más obligaciones a cancelar con fondos del presupuesto, restringido a la hora de cancelar demandas de los estatales, sean docentes o trabajadores de la salud, entre otros.

En la propuesta presentada por el gobierno argentino se contemplan las mismas condiciones establecidas en los canjes de deuda del 2005 y del 2010, con vencimientos de nuevos bonos hacia el 2033 y el 2038. En el primer caso se contempla la entrega de títulos con una quita, aunque se complementa con bonos adicionales atados al crecimiento del PBI (siempre que este sea mayor al 3%). En el segundo caso, se ofrecen bonos sin descuento más los respectivos cupones atados al crecimiento del PBI.

Si esa propuesta no fuera aceptada, algo conducente con la sentencia que exige el pago total de la deuda, el tema podría culminar en la Corte Suprema estadounidense. Un fallo negativo en este caso significaría una invitación a litigar a todos los acreedores que ingresaron oportunamente al canje de deuda, ya que estarían en condiciones de demandar compensaciones por mejor opción ofrecida a otros acreedores. En este caso, los pagos superarían los 43.000 millones de dólares, agravando la situación del endeudamiento público.

Derechos confrontados

Se trata de un tema complejo que discrimina derechos. Las sucesivas políticas asumidas de privilegiar el pago de la deuda externa limitan las posibilidades de cumplir con demandas por derechos locales, sean las actualizaciones salariales de los trabajadores estatales, e incluso la mejora de sus ingresos. Restringe también la posibilidad de una política ampliada del gasto social.

Cuando señalamos el condicionante de la deuda externa remitimos a una opción del modelo de desarrollo que resulta favorable a los intereses de la acumulación capitalista dependiente. La cesación de pagos del 2001, aún limitada, favoreció por unos años desatender la demanda por pagos de capital e intereses, permitiendo el uso de recursos públicos para mejorar la situación de sectores sociales vulnerables y desprotegidos, al tiempo que estimular una actividad económica deteriorada.

Aludimos al no pago de una deuda por 100.000 millones de dólares entre 2002 y 2005, fecha en que se materializó el canje de deuda que incluía un periodo de gracia en las cancelaciones de capitales por 20 años, o sea, hacia el 2025. El no pago de la deuda fue, además de un alivio fiscal, una demostración de la validez de privilegiar derechos de ciudadanía de la población local sobre los tenedores de títulos. Es cierto que muchos de esos acreedores eran locales, e incluso fondos previsionales, afectados por decisiones estatales que indujeron ese tipo de inversiones. Las soluciones previsionales deben resolverse con medidas estructurales del tipo del 82% móvil asociado al ingreso de un trabajador activo, sin depender del tipo de inversión a realizar con los fondos previsionales acumulados.

El no pago del 2001 debió ser acompañado de una profunda investigación sobre la deuda, con una auditoría, al estilo de la realizada por el Ecuador, contribuyendo a sentar antecedentes para que otros países generalicen una práctica similar. Es una actitud política que pondría en discusión la lógica especulativa del sistema financiero mundial. Es el primer paso para pensar la nueva arquitectura financiera mundial reclamada en estas horas en Túnez, en ocasión de realizarse una nueva versión del Foro Social Mundial.

La crisis capitalista mundial golpea principalmente a los trabajadores y a los pueblos, con crecimiento del desempleo, la precariedad laboral, la tercerización y la superexplotación. Resulta necesario modificar la lógica favorable a la ganancia y la acumulación que sostiene al sistema capitalista, para orientar políticas que satisfagan los derechos de los pueblos, el vivir bien o el buen vivir según instaló el nuevo constitucionalismo de Bolivia o Ecuador.

Queda claro que la deuda es y será un tema de derechos confrontados y la sociedad debe dirimir el privilegio de unos sobre otros. No se trata de una cuestión económica. Es una reivindicación democrática y por lo tanto un asunto de política, de derechos humanos.

31 de marzo de 2013

Nuevo PAPA, economía y pobreza

Nadie duda sobre la importancia y el impacto generado en el mundo y en la propia Argentina por la designación de Jorge Bergoglio, desde ahora el PAPA FRANCISCO.

La elección del nombre evoca a la pobreza, sin duda el principal efecto de la explotación capitalista, una cuestión exacerbada con la crisis mundial en curso. Parte del fenómeno es el desempleo, la precariedad y flexibilidad laboral, algo por lo cual las calles se llenan de protestas, ayer nomás en Argentina con la CTA y la CGT.

El tema de la pobreza viene de larga data, y es preocupación en variadas instituciones y discursos. La ONU tiene entre sus principales objetivos del milenio el combate a la pobreza, y entre sus principales indicadores se mide el desarrollo humano, precisamente para señalar cuanto se alejan las personas y los países del flagelo de la pobreza. El Banco Mundial ha dedicado programas durante años a la preocupación sobre la pobreza, la desigualdad y la cohesión social. Es cierto que desde muchos ángulos se acusa al Banco y a otros organismos financieros internacionales de corresponsables en la gestación y extensión del fenómeno relativo a la pobreza. La FAO, organización sobre alimentos de la ONU acusa la existencia de 1.000 millones de hambrientos en nuestro tiempo, un 15% de la población mundial, pese a la gran expansión de la producción agrícola, ahora compartida en su uso como alimento y para la energía.

La pobreza convive con la opulencia, por lo que los gestos de austeridad de la jerarquía eclesial impactan. El interrogante es si la Iglesia, como institución milenaria asume el desafío más allá de lo gestual.

Asuntos económicos en la Iglesia

Mucho se habla de la riqueza de la Iglesia, de sus cuantiosos ingresos y gastos para sostener un gigantesco patrimonio inmobiliario construido en largo trayecto.

La Revista The Economist, en agosto del 2010 señaló que la Iglesia católica de EEUU empleaba a 1 millón de trabajadores en entidades de salud, educación y en las propias diócesis eclesiales. El artículo destaca una capacidad de empleo equivalente al gigante Walt Mart y superior a la cadena Mc Donalds, la empresa General Electric, o la automotriz General Motors. Puede inferirse así una cifra millonaria de trabajadores en todo el mundo. La iglesia como un gran empleador global.

Las sospechas de corrupción y negociados se asocian a la actividad financiera del Instituto para la Obra Religiosa, el IOR, conocido como el Banco del Vaticano, donde se administran los bienes que la Iglesia tiene en todo el mundo. Muy difícil es separar esa actividad del fraude asociado a la quiebra del Banco Ambrosiano de Milán en 1982. Del IOR surgen las inversiones de la Iglesia en títulos públicos, especialmente del tesoro de los EEUU, igual que hacen otros Estados nacionales, y no solo el Vaticano. Las inversiones en empresas solo tienen límites en aquellas que son productoras de bienes que afectan convicciones morales y religiosas, por ejemplo, la producción de anticonceptivos. En el Banco del Vaticano se administran, entre otras, las donaciones y las rentas financieras o productivas generadas por las actividades de la Iglesia global. Para el caso argentino pueden citarse el negocio inmobiliario e incluso la producción agraria en propiedades de las congregaciones religiosas.

Un interrogante será si las primeras señales de austeridad del PAPA, relativas a su nombre, su vestimenta y modo de transporte se generalizan respecto de la institución, y especialmente en el debate sobre el orden mundial capitalista en crisis. Remito a la discusión relativa al modelo productivo hegemónico de sobre explotación de la fuerza de trabajo y la depredación de los recursos naturales. Es que el hambre y la pobreza se explican por la riqueza surgida de la explotación de los seres humanos, con lo cual, la prédica contra la pobreza requiere de acciones terrenales que modifiquen la forma de producir, distribuir, intercambiar y consumir en la sociedad contemporánea. Es probable que sea mucho pedir al papado de Francisco, ya que ese cambio de paradigma productivo, o de orden socioeconómico, es más producto de cuestiones terrenales, de acciones sociales colectivas, muchas de las cuales se discuten y practican en este tiempo en Nuestramérica.

Iglesia y cambio político

Algunas hipótesis apuntan a una posible intervención de la Iglesia sobre el “espíritu de cambio” en la región, y por ello un PAPA extranjero, “americano”, como reclamó con énfasis y expectativa Barack Obama, “latinoamericano” destacan y festejan muchos, argentino dicen por acá, memorando aquello de la territorialidad argentina de Dios.

¿Con qué orientación intervendrá la Iglesia sobre estos temas? ¿Apoyar o frenar el cambio político asumido en el comienzo de este siglo?

Alguien puede mencionar que lo político cae afuera del accionar pastoral de la Iglesia, lo que puede entenderse, aún cuando cuesta no asociar el papel institucional asociado a las políticas de Estado en la contemporaneidad.

El vivir bien, recientemente incorporado a la constitución boliviana, o el buen vivir incluido en la magna carta ecuatoriana, constituye una concepción de los pueblos indígenas originarios previa a la llegada de los misioneros evangelizadores que acompañaron la conquista y colonización de Nuestramérica. Esas concepciones fueron modificadas por el “vivir mejor” que alude al consumismo y al tener, máximas de la sociedad capitalista construida desde la acumulación originaria del capitalismo desde hace cinco siglos.

¿La prédica por la pobreza se asociará al vivir bien o al vivir mejor? La primera supone un cambio de modelo productivo. La segunda puede resolverse con acercar ingresos a los más pobres para mejorar su consumo bajo las reglas de la producción capitalista, o sea, la explotación de millones de trabajadores y la depredación de la naturaleza. El asistencialismo, aún generalizado y “universal” mejora el acceso a cierto consumo, sin modificar sustancialmente el orden social.

Son todos interrogantes a develar en la práctica que genere un nuevo papado que abre expectativas en millones de personas, más allá de sus creencias religiosas o incluso de no tenerlas.

Buenos Aires, 15 de marzo de 2013

El PAPA Francisco viene para disputar consenso social

La Iglesia es parte del poder mundial, y no solo del poder económico. La Iglesia disputa históricamente el consenso de la sociedad. Es una realidad a considerar en tiempos de crisis capitalista, considerada también una crisis de civilización, ya que esta civilización contemporánea está ordenada por el régimen del capital, o sea, por la explotación del hombre por el hombre, por la depredación de la Naturaleza.

Cuando el sistema mundial estaba desafiado por el avance de los pueblos y el socialismo (como forma que intentaba ser alternativa del orden mundial) se abrió camino la teología de la liberación, en abierta confrontación con el poder institucional de una Iglesia retrógrada. Así, la Iglesia de los pobres se mostraba desde el sur del mundo, más precisamente desde Nuestramérica. La Iglesia oficial no podía negar este rumbo que se abría paso entre los curas de base y habilitó un gran debate mundial en el seno de la Iglesia.

Los rumbos de la ofensiva popular tocaban la puerta de la Institución. La respuesta contemporánea de la Institución Iglesia fue acompañando la ofensiva capitalista para recuperar el poder del régimen del capital. Esa ofensiva se materializó en los 80´ contra el socialismo y los pueblos, abriendo el camino al poder reaccionario de los Ratzinger y los Bergoglio.

Hace 40 años que el neoliberlismo se ensayó en nuestros territorios con las dictaduras y el terrorismo de Estado, para luego extenderse por todo el orbe. La Iglesia en la Argentina, salvo honrosas y escasas excepciones acompañaron a la genocida dictadura en ese parto neoliberal, aunque ahora hablen contra la pobreza y la ética.

Un PAPA polaco llegó a la Iglesia para acompañar el principio del fin de la experiencia socialista, aunque se discuta el mismo caracter de aquella experiencia. El capitalismo mundial necesitaba del Este de Europa. Alemania así lo entendió. EEUU también. Sin el este de Europa, aún ya abandonado el proyecto socialista originario, el mundo dejó de ser bipolar y se constituyó el rumbo unipolar del capitalismo, transnacional y neoliberal.

El rumbo unipolar está siendo desafiado por el cambio político en Nuestramérica y el resurgir del socialismo, sea de la mano de la revolución cubana o por los procesos específicos que emergen en algunos países (Venezuela o Bolivia), incluso en variados movimientos políticos, sociales, intelectuales, culturales, en nuestra región.

Con la muerte de Chávez y millones movilizados para constituirse en sujetos por el cumplimiento del legado revolucionario y socialista de Hugo Chávez, la Iglesia lanza al ruedo el símbolo de un Jefe de la Iglesia nacido en el sur y compenetrado con el proyecto del norte.

El PAPA Francisco, argentino, viene a cumplir el proyecto del poder munidal para disputar el consenso de la sociedad, especialmente de los pueblos. No solo se trata de sustentar posiciones contrarias al matrimonio igualitario, o contra el aborto, ampliamente difundidas por el obispo Bergoglio, sino de gestar una conciencia de disciplinamiento hacia el orden contemporáneo, reaccionario, de dominación transnacional.

Nuestramérica es hoy laboratorio del cambio político. La Iglesia institución quiere intervenir en este proceso, y no para empujar esos cambios, sino para frenarlos. La disputa es por las conciencias. Es una batalla de ideas, por el cambio, o por el retroceso. Les preocupa el efecto Chávez en la región. Les preocupa la sucesión política en Venezuela y la capacidad de extender el rumbo socialista. Necesitan disputar el consenso.

Pero, por más intentos institucionales por acompañar la ofensiva del capital contra el trabajo, los trabajadores y los sectores populares, incluida la iglesia de los pobres, el movimiento religioso popular, persiste en la búsqueda por organizar la sociedad del vivir bien (Bolivia), el buen vivir (Ecuador), el socialismo cubano, o la lucha por la emancipación social de gran parte de la sociedad de abajo en Nuestramérica.

El PAPA Francisco viene por lo suyo. Los pueblos debemos continuar nuestra búsqueda y experimentación por una nueva sociedad, por otro mundo posible, ese que se construye en la continua lucha contra la explotación, por la emancipación social, contra el capitalismo y el imperialismo, por el socialismo.