La crisis mundial también se siente en la economía local


Las autoridades de la zona euro aprobaron un rescate de la banca española por 100.000 millones de euros a cambio de un gravoso ajuste que supone aumentar el IVA del 18 al 21%, los mismos niveles que ese tributo tiene en la Argentina, y que como sabemos afecta en mayor medida a los sectores de menores ingresos de la sociedad.
Esa ofensiva contra el gasto social también se concentra en los trabajadores, ya que se presiona para profundizar las reaccionarias medidas que viene asumiendo el Partido Popular en la gestión del Estado Español, ahora reduciendo los subsidios al desempleo, el que se acerca al 25%, y si se considera solo la demanda laboral juvenil al 45%.
La decisión del ajuste está legitimada por el Parlamento, de una mayoría de derecha recientemente electa en castigo a la previa gestión de la socialdemocracia (¿izquierda?), gobernante durante las primeras manifestaciones de la crisis.
Tratamiento político sobre la crisis
Es importante destacar como la institucionalidad europea, con larga tradición democrática y puesta de ejemplo por su “Estado benefactor”, es la que aboga por el ajuste, más allá de declaraciones de fracciones que son corresponsables de la situación de crisis, y especialmente del ajuste, que tiene historia y no empezó ahora con la derecha en el gobierno.
Terminar con el Estado benefactor es la tarea del capitalismo contemporáneo, que solo se justificó mientras el mundo era bipolar, no ahora, luego de la caída del socialismo en el este europeo.
Vale destacar que el ajuste continúa siendo resistido en España con masivas movilizaciones que incorporan otra opinión política sobre el tratamiento de la crisis.
Los partidos del sistema, sean la derecha (PP) y la izquierda (PSOE), tanto como sus organizaciones sociales y sindicales vinculadas y/o asociadas, son responsables de la política que desemboca en la crisis actual. El otro actor es la movilización popular, que incluye por cierto a organizaciones políticas y sociales de izquierda.
Son elementos para considerar el carácter político de la crisis, la que no solo puede definirse por sus facetas económicas o financieras.
Las movilizaciones intentan llamar la atención sobre la crisis desde otra perspectiva, donde lo que predomina es el NO al ajuste, sin quedar muy en claro cuáles son los SI para sustentar un programa alternativo al hegemónico capitalista en curso.
El NO es algo que se generaliza en el movimiento de indignados que recorre el mundo. De hecho, presenta una situación similar a los NO del reclamo sustentado en las movilizaciones en torno al 2001 en nuestro país.
El interrogante es si esas movilizaciones pueden torcer el rumbo del ajuste y la regresiva reestructuración en Europa y encaminar un rumbo de cambio político, asunto esencial para pensar en otro desarrollo económico.
Las clases dominantes sugieren profundizar el rumbo neoliberal, de apertura y cambios estructurales del orden capitalista, contra el trabajo y a favor del capital y la seguridad jurídica de las inversiones. Otra variante es la “tercera vía”, que en su momento difundió el laborismo inglés y los demócratas estadounidenses, como rumbo entre el “salvajismo ortodoxo” y la socialdemocracia tradicional de los gloriosos treinta años (1945-1975).
Es interesante destacar la aparición del “otro” en la lucha política (de clases se decía en otra época). Ese otro es el sujeto movilizado. No solo hay disputa de proyecto en el marco del capitalismo, sino nuevas búsquedas sin precisiones, tal como ocurría en un largo ciclo que se reconoce desde la aparición del Manifiesto Comunista hasta la caída del socialismo en el este de Europa. He ahí el dato relevante de la época.
Una conclusión (muy rápida a mi criterio) que se venía construyendo en el último tiempo era que la salida de la crisis suponía una mayor ofensiva de las derechas, y con ella el restablecimiento del programa de apertura y liberalización de la economía, algo que se materializaba, por ejemplo, con los gobiernos tecnócratas en Grecia e Italia.
Se enfatizaba esa opinión luego de la reciente votación griega, que desplazó a un segundo plano a las expresiones electorales de la resistencia, el Syriza (la izquierda radical asociada al movimiento altermundialista) y el KKE (los comunistas, liderando buena parte del sindicalismo clasista).
Lo que no se vislumbra, más allá de los matices de las proposiciones de la resistencia griega, es que estas propuestas instalaron en el debate programático medidas como la auditoria de la deuda y el rechazo a los salvatajes con cláusula de ajuste, algo que recordó por estas horas el economista heleno Costa Lapavitsas, de paso por la Argentina[1].
Pretendo enfatizar que no solo existe la mentada ofensiva de la derecha, sino también la irrupción de los NO y en forma emergente de los SI, los que comienzan a constituirse en programa de un sujeto transformador en formación.
Es un proceso que se desarrolla en un ciclo de luchas sociales y políticas que supone una nueva experiencia humana, que aprende del pasado y renueva la perspectiva, sin las certezas de otras épocas, pero en la búsqueda de nuevos horizontes emancipadores. De ello da cuenta la realidad nuestramericana de este comienzo del Siglo XXI.
El ejemplo regional, entre la producción y la política
El interés del profesor griego en el acontecer de la región latinoamericana se asocia al aprendizaje que puede obtenerse de los cambios políticos ocurridos, ya que es impensable repetir en cualquier territorio y condiciones, unas políticas, que están asociadas a determinada estructura económico-social y productiva.
Para ser concretos, Grecia no tiene soja, ni la diversidad y extensión de recursos naturales que nutre a Sudamérica. ¿Cuál es la base productiva para pensar políticamente una superación alternativa de la crisis griega, española o europea, e incluso mundial?
Queda claro con las movilizaciones que los pueblos rechazan el ajuste, y que muchos teóricos, políticos o militantes extra continentales miran hacia nuestramérica en búsqueda de inspiración, ya que nuestros países ofrecen una evolución macroeconómica que en apariencia la aleja de los problemas que hoy presentan países del norte desarrollado.
Digo en apariencia, porque el crecimiento económico esconde en el diagnóstico el fenómeno de la crisis. Buena parte del crecimiento regional está condicionado al alza de los precios de exportación de nuestros países, los que se explican por la crisis[2].
Ni el oro, ni el petróleo o la soja expresan subas de precios por cambios en la productividad de sus ramas específicas, sino por imperio de multiplicidad de crisis, entre las que destaca la alimentaria, la energética o medio ambiental, los problemas financieros, especulativos y de mercado.
Es más, ahora empieza a sentirse en forma directa el impacto de la crisis, con la desaceleración de Brasil e incluso de China e India; tres motores del fenómeno “emergente” de los últimos años.
Las autoridades argentinas explican la caída de la producción local por la baja en la demanda brasileña, especialmente de automotores, adonde se dirige la mitad de la producción automotriz del país.
En efecto, el INDEC informa que en mayo 2012 la producción se retrajo un 0,5% contra el mismo mes del 2011[3], un leve crecimiento del 0,2% contra el mes de abril del 2012, y una evolución del 3% para el año transcurrido, bastante menos que el crecimiento del 2011 y lo previsto en el Presupuesto para el 2012 en curso.
Los registros del INDEC, dan cuenta de 360.000 puestos de trabajo perdidos durante el semestre transcurrido desde octubre del 2011 a marzo del 2012, con la consecuente suba de la tasa de desempleo respecto del registro trimestral previo.
La situación más delicada, según las cifras oficiales, se presentan en la retracción industrial. La contracara es el agro, con precios record de las comodities, especialmente el maíz y la soja. Más allá de los datos del crecimiento o la desaceleración, se confirma el sentido del modelo productivo y de desarrollo extractivista, acompañando la tendencia de la demanda mundial. Se confirma una producción local para el mercado mundial, lo que condiciona a la baja los salarios.
Sea para aquellos que analizan desde afuera la realidad de cambio político en la región, o incluso para el pensamiento de nuestros pueblos, la mirada no debe colocarse solo en la producción, o en lo económico propiamente dicho, sino y principalmente en la política, en las condiciones subjetivas de lucha política que motorizan las mutaciones en la región.
Es un debate no cerrado, en especial sobre los beneficios, o no, de la orientación esencialmente extractivista del modelo productivo generalizado en nuestra región, más allá de definiciones a la derecha o a la izquierda de los gobiernos.[4]
Precisamente, en estas horas se discute en Paraguay la base económica y productiva (sojera) del golpe institucional, que a horas del ilegitimo acontecimiento de desplazamiento de Lugo, el viejo nuevo régimen aprobó trascedentes medidas para la difusión de los transgénicos en el agro y consolidó posiciones de transnacionales en la actividad económica.
La reflexión apunta a pensar que haber favorecido y fortalecido en Paraguay en estos años la economía extractivista, contra otras formas de producción agraria, sea campesina, indígena, cooperativa, o de producción familiar, es parte de la desmovilización popular en el sustento de un cambio estructural.
Nuestros comentarios apuntan a destacar el papel de la política y la construcción de sujetos organizados y movilizados por objetivos de cambio estructural, de modelo productivo y de desarrollo. No hay economía al margen de la política, ni viceversa.
El que no llora no mama, pero…¿cuál es el rumbo del reclamo?
Quizá convenga, a propósito de lo dicho, reflexionar sobre el tema del pago del aguinaldo a los estatales de la Provincia de Buenos Aires.
Más allá de las disputas en el gobierno, entre CFK y Scioli, fue la movilización de estatales, judiciales, médicos o docentes los que indujeron una “solución”, la que se ejecutará con aportes de la ANSES y el endeudamiento del estado bonaerense.
Convengamos que es una solución a medias, porque en el camino queda el compromiso público de cancelar las nuevas deudas públicas, lo que puede significar nuevas propuestas de ajuste al salario de los estatales o al gasto social, ya que sería una gran sorpresa que el tema se resolviera con reformas progresivas del régimen tributario.
Se sugiere en discursos oficiales que el “modelo resuelve más que la protesta”. Lo reiteró la presidenta en varios discursos, especialmente con los sindicalistas empresarios de la “nueva CGT”. La realidad demuestra lo contrario, dando la razón que asiste al tango cuando frasea que “el que no llora no mama”.
La coyuntura mundial, regional y local evidencia que la crisis continúa y se profundiza, afectando a los sectores más desprotegidos, que son los mismos que salen a las calles reclamando en contra del ajuste, y que en algunos casos empieza a dotarse de un programa en otro sentido al hegemónico.
¿En qué sentido? Ese es uno de los problemas, ya que el rumbo alternativo a la crisis capitalista no está delineado a priori. Lo llaman socialismo en Cuba, en proceso de renovación; socialismo del siglo XXI en Venezuela, en situación de discusión permanente, especialmente ahora en época electoral; o socialismo comunitario en Bolivia, recogiendo la tradición de organización y cultura comunal en el altiplano.
No es tanto el problema sobre como se lo denomina, sino el sentido de las medidas que se asumen.
El problema no es crecer o no crecer, sino qué, cómo, con quién y para quién producir; qué necesidades se pretende satisfacer. La cuestión es el contenido y objetivo del orden económico, social, político y cultural que se propone.
La discusión es de orden civilizatorio.
Buenos Aires, 21 de julio de 2012


[1] Lapavitsas destacó “el éxito de la renegociación de la deuda argentina luego del 2001” tal como puede leerse en el sitio en internet del Ministerio de Economía, con foto de Hernán Lorenzino y el profesor de Economía y Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Londres.
[2] No es solo por el comercio internacional, ya que buena parte del crecimiento industrial (automotores, por ejemplo), de la construcción, o de los planes sociales, se asocian al superávit comercial o fiscal que genera la situación de elevados precios de los bienes de exportación. El consumo y la inversión en crecimiento no es ajena a la evolución extractivista del comercio exterior.
[3]  INDEC. Estimador mensual de actividad económica, al 20/7/2012 (consultado el 21/7/12) en: http://www.indec.mecon.ar/
[4] Venezuela o Colombia; Chile o Bolivia; Argentina, Brasil, Paraguay o Uruguay, con diferencias o matices políticos en sus gobiernos, todos definen en el extractivismo la base de la acumulación económica.

Situación fiscal y conflicto social y político


El centro de la atención sobre la cuestión económica se concentró en la semana en torno al conflicto bonaerense por la decisión del gobernador Daniel Scioli de pago escalonado del medio aguinaldo a los trabajadores estatales, nada menos que 550.000 personas.
No solo apareció el enfrentamiento político con el ejecutivo nacional, sino que la Justicia ordenó el pago inmediato, agravado con la decisión de pagar, ya materializada por parte del poder judicial y legislativo provincial, este último liderado (nada menos) por el vice gobernador de Buenos Aires.
Es evidente el debate político, que bien puede calificar como una crisis en el marco del mismo proyecto, pero devela también dificultades muy concretas con relación a la situación fiscal de las provincias argentinas.
Santa Fe
Hace poco fue noticia el gobernador santafesino, el socialista Antonio Bonfatti, cuando afirmó a fines de Junio pasado que “Estamos rascando la olla porque la Nación no nos paga lo que nos debe”[1].
Fueron declaraciones en momentos en que se discutía una reforma tributaria, que ahora tiene media sanción con la aprobación del Senado de la Provincia del litoral.
Las expectativas del gobierno provincial eran de recaudar luego de la reforma impositiva, principalmente concentrada en el inmobiliario rural y urbano, unos 1.800 millones de pesos, cifra similar que reclaman a la Nación de deuda de estos últimos años.
Con la corrección realizada por los legisladores que responden al gobierno nacional y por ende son oposición al gobierno socialista, se estima una recaudación extra de unos 800 millones de pesos, algo menos de lo previsto pero a tono con las necesidades inmediatas para hacer frente, especialmente al tema sueldos de los estatales provinciales.
Es para pensar como intervienen las distintas lógicas políticas, puesto que en Buenos Aires, la discusión se da en el marco de la misma identidad partidaria: el PJ y el Frente para la Victoria; mientras que en Santa Fe, un gobierno opositor al proyecto nacional, recibe más comprensión de sus opositores, a la sazón, oficialistas del proyecto nacional.
Pese a ser oposición, el peronismo santafesino otorgó el mecanismo legal para incrementar la recaudación tributaria a un gobernador opositor en el marco nacional.
Córdoba
La provincia de Córdoba salió a buscar deuda por 50 millones de dólares para obra pública, especialmente en autopistas, y terminó la semana pasada aceptando ofertas por 105,5 millones de dólares, a un año de plazo y a una tasa de interés del 9,5%.
De ese modo, optimizó la situación fiscal ante una menor expectativa de crecimiento de la recaudación tributaria para el 2012[2], lo que permitirá al gobierno provincial hacer frente a los pagos de sueldos y aguinaldos de los estatales.
El camino del endeudamiento “se suma a las emisiones que realizaron la provincia Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en mayo y diciembre pasado”[3].
La operación cordobesa es festejada por la obtención de una tasa de un dígito, muy elevada en el marco de la situación mundial, que afecta y condiciona seriamente el presupuesto de la Provincia.
La operación de crédito asegura cancelaciones en pesos a los acreedores (inversores), actualizados según la variación del dólar. Es una forma de estimular colocaciones financieras en pesos ante las restricciones a la compra de divisas.
A veces no se sabe a ciencia cierta si se pretende eliminar la especulación financiera, o si el propio oficialismo (provincial en este caso) estimula mecanismos de especulación financiera, tal como difunde la propaganda del gobernador peronista cordobés, José Manuel De la Sota.
Estado, empleo público e impuestos
Los tres estados provinciales más grandes, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, cada uno a su manera y con relatos diferenciados, expresan las dificultades para el financiamiento de su aparato estatal, especialmente en materia de salario.
Las tres provincias tienen la menor relación de empleados públicos con relación a la totalidad de población en las Provincias argentinas. Son distritos donde la proporción de empleo público es menor a la de otros donde el empleo público es el mecanismo que evita mayores tasas de desempleo.
En todas las provincias, y en el Estado nacional se verifica un crecimiento del empleo en la última década, donde un tercio de esa expansión se realizó con diferentes grados de precariedad laboral.
La realidad es que las provincias soportan una institucionalidad regresiva derivada de la descentralización de servicios y personal ocurrida en lo 90´sin que se aseguraran los recursos suficientes.
No solo viene demorada la discusión sobre la coparticipación federal, exigida por la reforma constitucional de 1994, que exigía un nuevo régimen hacia 1996. Ya son 16 años de mora en un debate sustancial que supone debatir el modelo de desarrollo en el país y donde concentrar los recursos tributarios.
Más aún, significa discutir el perfil impositivo del país, que confirma un 30% de recaudación en el regresivo IVA, y donde la innovación recaudadora proviene de las retenciones al comercio exterior, animado por una continua alza de los precios internacionales de exportación, especialmente de la soja, la que ocupa el 50% de la acrecentada cosecha agraria.
Las retenciones explican unos 8.500 millones de dólares de ingresos anuales, de los cuales se coparticipan para obra pública en los municipios un 30%. La cifra expresa un poco más del 30% de lo recaudado por el IVA.
Muchas provincias lanzaron procesos de aumentos de tasas en sus tributos, y algunos procesos de reforma tributaria, especialmente en el inmobiliario rural y urbano, los ingresos brutos y sellos, principales fuentes de recaudación impositiva.
El tema se asocia a la disminución de la recaudación por un menor nivel de actividad económica y una proporción menor en la rendición de la coparticipación federal de impuestos. Adicionalmente, en varias provincias se habilitaron moratorias impositivas que apuntan a mejorar la recaudación, previendo problemas fiscales, especialmente el compromiso mensual en salarios.
Adicionemos que poco y nada se habla de la evasión fiscal, ni en el ámbito nacional ni en las provincias.
Son todas razones que imponen la discusión sobre el régimen tributario, sus beneficiarios y perjudicados; el régimen de coparticipación, tanto como los condicionantes estructurales derivados de la reforma reaccionaria del Estado en los años 90´, y que subsisten sin que se incluyan en ninguna agenda de discusión.
Convengamos que no solo se trata de gestar una discusión sobre el régimen impositivo, sino que se trata de discutir el propio Estado, nacional, provincial o municipal.
En definitiva: ¿Quién financia el Estado? ¿Para qué proyecto y en beneficio de quién?
Buenos Aires, 14 de julio de 2012.


[1]Bonfatti: "Estamos rascando la olla para pagar sueldos". Diario La Capital de Rosario, domingo 24 de junio de 2012, en http://www.lacapital.com.ar/politica/Bonfatti-Estamos-rascando-la-olla-para-pagar-sueldos-20120624-0034.html (consultado el 14/07/2012)


[2] Córdoba colocó deuda por US$ 105 millones a una tasa del 9,5% anual. En http://www.cadena3.com/contenido/2012/07/13/100065.asp (consultado el 14/07/12)

[3] Córdoba colocó deuda pública en dólares por U$S 105,5 millones. Diario La Nación del 12 de julio de 2012, en http://www.lanacion.com.ar/1489912-cordoba-coloco-deuda-publica-en-dolares-por-us-1055-millones (consultado el 14/07/2012)


Problemas fiscales en las Provincias


Culminó el primer semestre y Buenos Aires, la Provincia más grande de la Argentina, puso de manifiesto la crítica situación fiscal, ya que el gobierno provincial decidió abonar el medio aguinaldo en cuatro cuotas consecutivas, sin diferenciar niveles de ingresos, y cancelar deuda a acreedores diversos con bonos de la deuda pública provincial.
Una de las características de política económica en la década ha sido el superávit fiscal del Estado nacional y las provincias. El caso bonaerense hace visible un problema que ya venían expresando otros estados provinciales y que afecta al fisco nacional. En esta ocasión, la Nación tuvo que asistir financieramente a la Provincia, aún cuando la cifra no alcanzó para resolver el pago completo del medio aguinaldo, y motivó el pago en cuotas a los trabajadores estatales.
La respuesta de los estatales, profesionales y trabajadores de la salud, de la justicia, y otras dependencias públicas se movilizaron en todo el territorio provincial reclamando el pago unificado y denunciando una política de ajuste sobre los ingresos de los trabajadores estatales.
Vale consignar la importancia de la cuestión salarial en Buenos Aires, el distrito de la Argentina con la mayor cantidad de empleo público provincial, lo que representa casi un 1/3 del total de los estatales provinciales. Siendo la Provincia con mayor cantidad absoluta de trabajadores estatales es uno de los Estados provinciales con menor densidad de trabajadores por habitantes, situación que comparte con Santa Fe y Córdoba, siendo las tres provincias las que concentran la mayor cantidad de población en la Argentina. 
Son datos para pensar, sea el papel del Estado y la cantidad necesaria de trabajadores para un efectivo y satisfactorio cumplimiento del derecho a la educación, a la salud, a la seguridad, al entretenimiento o la cultura; tanto como el papel del empleo estatal en las provincias de menor densidad poblacional para disminuir el desempleo o subempleo y contener el conflicto social. Esto último es válido, especialmente cuando constatamos la diferencia salarial en los distintos niveles del Estado, reduciéndose en la medida que se desciende desde el ámbito nacional al provincial, y de éste al municipal. El promedio del salario de los estatales nacionales duplica al de  los trabajadores de los Estados provinciales, los que al mismo tiempo duplican el ingreso de los trabajadores municipales, evidenciando un desequilibrio inequitativo, asociado a una des-jerarquización de ingresos de los trabajadores en el ámbito de las Provincias y de las localidades del interior del país.
El gobierno nacional intenta despegarse de la gestión del Estado Bonaerense y responsabiliza al gobernador Scioli, quedando claro que se asiste a un nuevo capítulo de la crisis política en el núcleo hegemónico del gobierno ampliado (Nación + Provincias). Parte de la crisis se procesa en la justicia, con un fallo contra el gobierno en primera instancia, que exige el pago completo del medio aguinaldo. Habrá que ver como sigue el tema en segunda instancia y más allá.
El capítulo anterior de la crisis en el núcleo hegemónico se procesó con Moyano y la actual conducción de la CGT, esperándose una nueva fragmentación de la Central mayoritaria.
Ahora, el conflicto es entre el gobierno nacional y el provincial, como sucesión de una historia que discute hegemonía política sobre la administración del orden económico, político y social.
Reaparecen los condicionantes institucionales del 90´
Detrás de la crisis fiscal se encuentran los fenómenos estructurales que condicionan el funcionamiento del capitalismo en la Argentina.
Por un lado, la reforma del Estado, heredada de la década del 90, donde la descentralización, uno de los ejes del decálogo del Consenso de Washington, agranda la responsabilidad fiscal de los Estados provinciales por el gasto transferido desde la Nación. Al mismo tiempo se generaron condiciones para la dependencia financiera de las provincias a la nación, algo visible en la coyuntura.
Por otro lado se destaca el papel de la deuda pública en el privilegio del gasto público nacional, condenando a los trabajadores estatales y al gasto social a ser variables de ajuste estructural. En efecto, al mismo tiempo que se comunicaba la imposibilidad de la Nación y la Provincia de Buenos Aires para cumplir con el pago a los empleados públicos y a los proveedores, el Directorio del Banco Central de la República Argentina aprobó la afectación de 4.165 millones de dólares de las reservas internacionales para cancelar deuda pública en el tercer trimestre del 2012 (Julio a Septiembre).
A los trabajadores bonaerenses se les cancela el medio aguinaldo  en cuatro cuotas (dos en el mes de julio del 15% cada una, otra en agosto por un 30%, y el resto en septiembre), mientras que a otros acreedores (de la deuda pública) se les cancela al contado, dando fe de un “Estado buen pagador”.
Curiosamente, con los trabajadores movilizados en protesta por el “ajuste”, el mismo día, el BCRA resolvía destinar 1.597 millones de dólares para atender vencimientos con organismos internacionales, y 2.568 millones de dólares para cancelar deuda con acreedores privados, incluido el Boden 2012, con vencimiento en agosto próximo.
La crisis del 2001 sigue pagándose en detrimento del ingreso de los trabajadores y afectando la calidad de vida de los sectores de menores recursos.
La medida adoptada por el BCRA supone satisfacer mayoritariamente a acreedores externos de la deuda pública, sean los organismos internacionales, o los tenedores extranjeros de los títulos en cuestión.
Esos fondos salen del BCRA contra documentos de pagos a futuro por la tesorería nacional, y se suman a otros títulos emitidos oportunamente. Las reservas internacionales rondan los 46.500 millones de dólares, compuestos crecientemente por deuda del Estado Nacional, cuyos vencimientos se escalonan en los próximos periodos de gobierno después del 2015.
Como vemos, la cuestión se desencadena por las reformas estructurales, con la base de los años 90´, descentralización estatal y endeudamiento externo.
Con la descentralización de personal sin transferir fuentes de ingresos suficientes, el resultado fue el deterioro de los ingresos de los estatales provinciales, que son la mayoría del empleo público en la Argentina. Un Estado con salarios deteriorados contribuye seriamente en boicotear la calidad, eficiencia y compromiso del trabajador en un proyecto público, es decir, asumido por el conjunto de la población.
El peso de la deuda y los pagos de intereses y servicios de la misma es clara demostración que el proyecto público presente de “desendeudamiento” favorece a los acreedores externos, parte del núcleo del poder en la Argentina. A éstos se suman las transnacionales de la mega minería, la soja y el agro negocio, y las transnacionales de la producción y los servicios, a quienes se invita regularmente a invertir en el país, claro que a cambio de satisfacer sus objetivos de importantes ganancias, retaceadas en estos tiempos de crisis del capitalismo mundial.
El camino del ajuste desemboca en crisis
En síntesis, la crisis fiscal, a la que se suman los problemas comerciales y que ponen de manifiesto las dificultades para sostener el superávit del comercio exterior y las restricciones a la compra de dólares, hablan del límite a dos aspectos centrales de la bonanza económica de estos años: el superávit fiscal y comercial en paralelo. Una vez más, el problema pretende resolverse con ajuste en el ingreso de los trabajadores. La respuesta se manifiesta en protestas diversas y aún desarticuladas políticamente.
El desafío se concentra en la construcción de una alternativa política que pueda expresar la diversidad de protestas y de formas organizativas que surgen en la coyuntura, sean los estatales bonaerenses en la calle por el medio aguinaldo, los judiciales por la porcentualidad en sus ingresos, los trabajadores de la construcción que el sur demandan ser equiparados a los petroleros; o las protestas de los pueblos fumigados, las poblaciones contra la mega minería a cielo abierto, y múltiples otras formas y demandas de crítica y confrontación de una sociedad no escuchada y en creciente proceso de organización y manifestación de sus demandas, intereses y sueños.
Todo ello constituye la base de un proyecto a discutir para organizar la sociedad sobre la base de la satisfacción de las necesidades de la mayoría. Una lógica diferenciada de la de la ganancia que hoy preside el desarrollo económico en el país y en el mundo.
La crisis global del capitalismo en la contemporaneidad convoca a cambios, los que se procesan nacional y regionalmente en función de la historia de los pueblos. Es evidente que en la crisis actual se manifiesta la agresividad del poder de las clases dominantes, evidenciado en estos días en Paraguay y en las amenazas crecientes sobre el proceso boliviano.
En la Argentina también se sienten las presiones y acciones de las clases dominantes. Así como la movilización popular en la rebelión del 2001 creó las condiciones para el cambio y en la Argentina ya no se pudo ganar institucionalmente con el discurso neoliberal, en la actualidad, será también la movilización social la que genere las condiciones de emergencia de un proyecto político alternativo.
7 de julio de 2012