Sobre el 1º de mayo de 2012


Cada celebración del día internacional de los trabajadores nos da la oportunidad de discutir sobre el papel de los proletarios en la sociedad contemporánea: el capitalismo en crisis.
No resulta una novedad si destacamos en la coyuntura la ofensiva del capital sobre el trabajo en nuestro tiempo, el que consignamos en las últimas cuatro décadas. Hace tiempo se inició el desarme histórico de las conquistas logradas en memorables luchas del movimiento de trabajadores. Ese desarme histórico se inició en Sudamérica, con el golpe de Estado en Chile y sus émulos en los países vecinos. Fue una iniciativa de desorganización de los trabajadores para facilitar el camino de transformación hacia la iniciativa privada y el neoliberalismo.
El trayecto iniciado en Santiago y continuado en el Cono Sur de América se proyectó a Londres y a Washington para recalar en el primer mundo a caballo del paso de la década del 70´ a la del 80´, y desde entonces generalizarse en el mundo hasta la presente crisis mundial del capitalismo.
En este trayecto son cuantiosas las pérdidas de derechos de los trabajadores en todo el mundo, especialmente de sus ingresos, agudizando el fenómeno de la explotación, recreando la esencia del funcionamiento capitalista. La relación salarial capitalista se extiende en todo el mundo, universalizando el régimen de explotación. El capital, en la era de la transnacionalización subordina a la población trabajadora del mundo a vender, en condiciones cada vez más miserable, su fuerza de trabajo. Es cierto que en esta década, en la región latinoamericana se verifican mejorías relativas en los indicadores sociales, sea por salario o empleo, aunque sin recuperar la media lograda hacia los años 70.
La mejora relativa de este tiempo es contra el peor momento de la crisis emergente en el cambio del siglo XX al XXI. La CEPAL informa que a fines del 2010 existen 177 millones de pobres en América Latina y el Caribe (el 30,4% de la población), de los cuales, 70 millones son indigentes (el 12,8% del total de habitantes).[1] La cifra era mayor en el 2002, con 225 millones de pobres (43,9% de la población) y 99 millones de indigentes (19,3% de los habitantes).
Es cierto que hubo una merma de la pobreza en la región latinoamericana derivada del gran crecimiento desde 2003, pero sobre la base del mantenimiento de una importante brecha entre los sectores de mayores ingresos y los sectores sociales empobrecidos. Además, ese crecimiento generó deformaciones en la estructura productiva y ocupacional, que como señala la titular de CEPAL Alicia Bárcena al destacar que “…estos logros están siendo amenazados por las enormes brechas que presenta la estructura productiva de la región, y por los mercados laborales que generan empleos de baja productividad, sin protección social".

La ofensiva del capital sobre el trabajo es un fenómeno estructural que lleva cuatro décadas y que empieza a tener límites en la múltiples indignaciones construidas en la década, sean los movimientos de piqueteros, fábricas recuperadas y trabajadores en búsqueda de nueva organicidad (CTA) hacia la crisis del 2001; el movimiento indígena en la zona andina; los estudiantes chilenos y colombianos en el último año y una multiplicidad de protestas que definen en el ciclo de crisis un oponente al proyecto liberalizador de las clases dominantes.

Los trabajadores en la Argentina
Hablar de los trabajadores en la Argentina remite a un universo de 17 millones de personas que componen la población económicamente activa (PEA), o en edad de trabajar, entre los que se cuentan, según el INDEC, más 1.216.000 desocupados (7%) y unos 15.762.000 (93%) ocupados.

La PEA incluye a los trabajadores y a los patrones, y excluye a los estudiantes y las amas de casa, lo cual constituye una limitación, pues existen mujeres desocupadas que reproducen la conducta impuesta de las tareas del hogar disminuyendo el impacto del desempleo. Algo similar ocurre con los estudiantes, cuya situación disimula el carácter de desempleado o posterga el ingreso de los jóvenes al mercado de trabajo, induciendo una lectura inadecuada de los niveles reales de desempleo.

En el cuadro puede verse que según sea el empleador, existen 2.649.000 trabajadores del sector público (nacional, provincial y municipal) y casi 13 millones en el sector privado.

Los trabajadores asalariados son 9.243.000; entre los cuales, se destacan 5.257.000 (57%) trabajadores registrados y 2.866.000 (31%) no registrados.

Situación de la PEA en Argentina 2011
PEA
16.978.000
100%
Desocupados
1.216.000
7%
Ocupados
15.762.000
93%
Planes de empleo
131.000
1%
Estatales
2.649.000
17%
Privados
12.983.000
83%
Patrón y trabajadores familiares sin remuneración
861.000
7%
Trabajadores x cuenta propia
2.857.000
22%
Asalariados
9.243.000
71%
Registrados
5.257.000
57%
No registrados
2.866.000
31%
Servicio doméstico
1.120.000
12%


En los datos mencionados sobresale el desempleo (7%) y los trabajadores no registrados (31%), porque hay que retroceder mucho en la historia para encontrar esos registros de desempleo y precariedad.

En los 70´ el desempleo oscila entre el 3 y el 5%; en los 80´ entre 4 y 8%; y en los 90´ entre el 7 y el 11% en la primera mitad, y luego pasa a los picos del 18% en 1995 y 21,5% en 2002.

El saldo, luego de cuatro décadas de ofensiva del capital constituye una brutal transferencia de recursos desde los salarios a las ganancias, ya que la distribución de la renta muestra, que recién en 2011, la participación del salario alcanza a los valores de 1999, previo a la gran pérdida de ingresos que supuso para los trabajadores los últimos años de la convertibilidad, durante la recesión entre 1998 y 2002, y el proceso de devaluación del 2002, agravado con la emergencia de la inflación desde el 2006.

El balance de la última década (2002-2011) incluye para los trabajadores la contradicción de la expansión del empleo a tasas no conocidas en la historia económica de la Argentina, pero con salarios bajos y precariedad laboral, que en contrapartida significó asegurar grandes ganancias derivadas de la reactivación de la economía Argentina. La mejora salarial ocurrida en la Argentina se opera desde el 2002, pero aún no alcanza los valores relativos del 2001, y bastante más lejos del mejor momento previo a la recesión entre 1998 y 2002. Si la base de cálculo del INDEC remite a valores de 1993, el índice salarial marca 88,6 para 1994, y baja hasta 77,4 en el 2001, siendo de 72,88 en el 2011[2].

Más allá de contar trabajadores y sus niveles de ingreso, o situación laboral, conviene considerar las condiciones de su organicidad. La ofensiva contra los trabajadores supuso su desorganización social, sindical y política. El ataque contra los trabajadores no fue solo en la represión, o en la expropiación del ingreso y en la mayor explotación, sino en deterioro de su capacidad de respuesta sindical, social y política. El resultado es la pérdida en términos de democracia económica, política y social. Recuperar la capacidad de organización de los trabajadores es una cuestión democrática, necesaria e imprescindible para pensar en un pasaje de la larga resistencia contra la ofensiva del capital a una contraofensiva de los trabajadores. La recuperación de la economía recreó las condiciones de la negociación salarial, no así de las condiciones de trabajo, pero solo para el tercio de trabajadores sindicalizados.

El modelo sindical en discusión
Resulta interesante comprobar que en la última década, el movimiento de trabajadores en la Argentina contiene colectivos sindicalizados y otros en similar cantidad agrupados en organizaciones sectoriales ó territoriales, dando cuenta de un fenómeno global de extensión de la masa de los trabajadores por fuera de la relación laboral y por ende de la sindicalización. Hay que destacar que en los 90´ surgió en la Argentina la CTA, para intentar expresar ese fenómeno y constituir un nuevo modelo sindical, superador de la contención corporativa y burocrática persistente en el sindicalismo tradicional en las diferentes variantes de la CGT. La CTA contiene en su seno a trabajadores ocupados o no, sindicalizados o no, incluyendo afiliaciones individuales, solo por su carácter de trabajadores.

La ruptura de la CTA en el 2010 desafía al nuevo modelo sindical a expresar la necesidad histórica y contemporánea del movimiento de trabajadores en la Argentina. Claro que es una situación que se procesa en la disputa mundial por hacer emerger una nueva representación política y social de los trabajadores, tal como se intenta en el Encuentro Sindical Nuestra América, que se apresta a desarrollar su próximo cónclave anual entre el 21 y 23 de mayo próximo en la ciudad de México[3]. Es curioso como el viejo modelo reflota ante situaciones críticas. Días pasados y a propósito de la expropiación de YPF, la Central Sindical española, Comisiones Obreras (CCOO) se pronunció a favor de la empresa, de los accionistas y la “seguridad jurídica” de los inversores, todo en defensa corporativa de los trabajadores españoles de la transnacional REPSOL[4]. Es una actitud “nacionalista” en tiempos de transnacionalización. Claro que sobraron los ejemplos en contra desde la misma España, tal el caso de la CIGa de Galicia[5], o LAB del país Vasco[6], por solo considerar pronunciamientos hispanos, los que asociaron a múltiples solidaridades de los pueblos de Europa y del mundo. No es distinto a la solidaridad del sindicalismo europeo (tradicional) con los bombardeos sobre Libia, o las solidaridades “humanitarias” ante variadas invasiones imperialistas sobre soberanos países. También existe sindicalismo alternativo en el continente europeo.

Es que la cuestión del modelo sindical define el presente y el futuro del movimiento de trabajadores. En este 1º de mayo conviene discutir el tema, ya que algunas organizaciones sindicales y sus dirigentes privilegian la defensa de sus intereses nacionales y sindicales por encima de los de la clase de trabajadores, mayoritariamente no sindicalizados, informales y precarios en las condiciones en que se desarrolla el mercado de trabajo en la actualidad.

Defender los intereses de los trabajadores en 2012 supone recuperar la consigna del Manifiesto Comunista de 1848: ¡proletarios del mundo, uníos! Pero ahora, sin la restricción territorial que suponía un mundo “europeo” a mediados del Siglo XIX. La transnacionalización de la economía impone la tendencia a la universalización de la relación de explotación y la subsunción real del trabajo en el capital, como señala Marx; una subordinación que involucra crecientemente a la naturaleza y a la sociedad en su conjunto.

Un problema de nuestro tiempo es la limitación “nacionalista” de las reivindicaciones de los trabajadores, que subordina los intereses de los trabajadores a la dominación “burguesa nacional” (crecientemente trasnacionalizada).

Muy distinto resulta la confrontación con el imperialismo desde posiciones nacionales (populares), las que se asumen articuladamente con las luchas de los trabajadores en todos los territorios, sin mediaciones de los Estados capitalistas y sus compromisos con las clases dominantes locales y globales. El comentario es pertinente ante la situación de crisis mundial del capitalismo, ya que no hay Nación que pueda quedar al margen de la crisis y de la ofensiva del capital para superarla.

Los trabajadores estamos desafiados a luchar nacionalmente contra las manifestaciones de la ofensiva del capital en cada uno de nuestros países, pero no se puede hacer al margen de una lucha global contra el régimen del capital.

Como en el Manifiesto, 164 años después se requiere elaborar un programa de transformaciones socioeconómicas que parta de la lucha por la reducción de la jornada de trabajo sin afectar ingresos y que renueve las condiciones de una acumulación de poder de los trabajadores para luchar contra la explotación del hombre por el hombre.

Del mismo modo que en los comienzos de su constitución como sujetos por la emancipación, hoy, los trabajadores debemos recuperar capacidad organización y lucha para la transformación de la sociedad, en tanto problema social, económico, político y cultural. La emancipación de los trabajadores es la búsqueda de la liberación del conjunto de la sociedad.

¡Ante la crisis capitalista, alentemos las búsquedas de la unidad de los trabajadores por la emancipación social!

Buenos Aires, 1 de mayo de 2012


[1] Informe de la CEPAL sobre la evolución de la pobreza en América Latina.
[2] Los datos son resultados de informes sindicales preparados por el equipo de investigación de empleo y salarios de la FISYP, coordinado por Germán Pinazo.
[3] Convocatoria al 5º Encuentro Sindical Nuestra América. En: http://encuentrosindical.org/?p=4673 (consultado el 1/5/12)
[4] “La Confederación Sindical de CCOO y su federación sectorial FITEQA, tras conocer la decisión del Gobierno argentino de nacionalizar YPF, ha expresado su desacuerdo y rechazo a una medida que causará graves perjuicios a los accionistas, sobre todo a los pequeños accionistas, a los trabajadores y a la economía española, en un momento especialmente delicado por la situación de crisis y recesión por la que atraviesa, y por la presión de los mercados financieros y especulativos. CCOO advierte que la decisión puede debilitar la estructura industrial de la empresa YPF y deteriorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de REPSOL.” En: http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Informacion:Noticias:342969 (consultada el 1/5/12)
[5] “Non se trata só que sexa nacionalizada, a Dirección de Repsol debería pedir desculpas públicas e debería indemnizar ás poboacións afectadas polas súas políticas en América Latina.” Clodomiro Montero M. Secretario nacional da Federación da Banca. En: http://www.galizacig.com/avantar/opinion/18-4-2012/rajoy-repsol-duas-varas-de-medir (consultada el 1/5/12)
[6] A través de este comunicado, el sindicato LAB desea manifestar su solidaridad con el pueblo argentino y nuestro apoyo a su legítima aspiración por recuperar la soberanía sobre los recursos energéticos. Al mismo tiempo, denunciamos la intervención neocolonial del gobierno español que, empleando un tono belicista intolerable, pretende intimidar y coaccionar al gobierno y, sobre todo, al Pueblo argentino para que desista de su razonable intento por recuperar el control de la petrolera YPF. Este proyecto, sin duda, le otorgaría al pueblo argentino mayores beneficios de los que actualmente obtiene de la presencia de esta multinacional.” Comunicado de LAB Nazioartea, remitido al autor.

Sobre el modelo productivo

Vean el link que sigue o peguen el mismo en la ventana de la web:
http://www.nosdigital.com.ar/2012/04/las-poblaciones-cercanas-a-la-pampa-sojera-buscan-emigar/

La expropiación de YPF y los debates habilitados

El pasado lunes 16/04/2012 la presidente Cristina Fernández anunció la expropiación del paquete mayoritario de YPF (en manos de Repsol), lo que supone la transferencia de un 51% del capital accionario a manos del Estado, distribuido entre el Estado nacional con 26% y los Estados provinciales petroleros con 25%. Se asegura así el control estatal de la gestión de la empresa que lidera el mercado nacional de hidrocarburos (un tercio aproximadamente).
Conviene aclarar, que en el anuncio presidencial se manifestó que no se trata de una estatización. Que la forma jurídica continua siendo una sociedad anónima, con capital abierto a inversores locales o externos. De hecho, Repsol continúa con tenencias de capital por el 6%, el Grupo Petersen (familia Eskenazi, de origen local) seguirá con poco más del 25%, transformándose en el segundo inversor detrás del Estado nacional. De hecho, la propiedad quedará del siguiente modo: con el 26,03% el Estado nacional; con el 25,46% el Grupo Petersen; con el 24,99% los Estados provinciales; con el 6,43% Repsol y un remanente del 17,09% de circulación vía bolsas.
Junto a la presentación del proyecto de expropiación en trámite parlamentario, se decidió la intervención de la empresa, desplazando a la actual gestión con un equipo de funcionarios del poder ejecutivo que incluye al Ministro de Planificación, al Vice ministro de Economía y al Secretario de Energía.
Apoyos y críticas
La medida generó hasta ahora un amplio apoyo en el sistema político y en ámbito sociales, con las lógicas críticas de un arco opositor en una perspectiva de “derecha” y privatista por principios ideológicos; y una airada respuesta del gobierno español, que intenta tapar su propia crisis identificando a la transnacional petrolera con los intereses de España. Esa misma posición fue asumida por la mayoría del parlamento europeo, con la excepción de verdes y rojos. Varias organizaciones y personalidades del movimiento popular, los indignados y la izquierda española y europea se manifestaron en solidaridad con las decisiones soberanas de la Argentina y contra la transnacional petrolera y las manifestaciones de sus Estados.
Uno de los argumentos principales de la crítica ideológica alude a la “seguridad jurídica” de los inversores y a las potenciales demandas en tribunales internacionales, caso del CIADI. El país queda así condicionado por el chantaje de la institucionalidad neoliberal suscripta en los 90´, sean los tratados bilaterales de inversión, o la adhesión al CIADI. Son varios los países que denunciaron su pertenencia al ámbito litigioso del Banco mundial, tal como ocurrió con Venezuela, Bolivia o Ecuador; o que nunca ingresaron, tal el caso de Brasil. Si bien debieron denunciarse previamente esos acuerdos de fomento de la dependencia, las amenazas actuales exigen la denuncia de los tratados en tiempo perentorio.
Está previsto un Comité de gestión compartido entre el Estado nacional y los Estados provinciales, lo que habilitó la demanda de otras provincias no petroleras para receptar los beneficios de la producción. Existen provincias que sin tener reservas en su territorio, procesan combustibles, tal caso emblemático de Buenos Aires, a la sazón el Estado provincial más extenso y de mayor asentamiento poblacional que acredita el mayor volumen en destilación del crudo y procesamiento del gas. El argumento esgrimido por algunos gobernadores remite a la distribución extendida del fondo sojero entre los municipios de todo el país, con independencia del territorio de plantación de la oleaginosa.
Más allá de los apoyos y críticas a la cuestión esencial: la expropiación parcial, se abrió un debate sobre los alcances de la medida. Entre muchos interrogantes se discute el porqué se limita la medida solo del 51% del capital y no el 100%. En ese sentido también se considera que no alcanza con la estatización como propuesta y se interroga si lo que corresponde no debe pasar por la socialización, involucrando en la gestión de la empresa a los trabajadores y a la sociedad, en su calidad de consumidores y usuarios con derecho a la energía.
No solo se analiza la cuantía del capital, sino también si corresponde o no la indemnización, un tema relegado en el proyecto al dictamen del Tribunal de Tasación. En el asunto interviene desde el valor de contabilidad hasta la valuación de las acciones en el mercado bursátil. Son valores mediados por el daño ambiental y el deterioro de la infraestructura; incluso la consideración de la inversión originaria y la nula reinversión, especialmente con el hecho verificado de la remisión de utilidades por casi el 100% de lo obtenido por la YPF.
Política energética en discusión
Un aspecto central para el presente y el futuro es la política energética, ya que la expropiación supone la crítica a lo acontecido en las últimas dos décadas. No solo se trata de baja de la producción de YPF, sino que es una situación que involucra al conjunto del sector productor de hidrocarburos. En la cuenta negativa se registran la disminución de las reservas de petróleo y gas, que explica el gasto de 9.300 millones de dólares en importaciones de combustibles durante el 2011, más del doble que en el 2010, y menos de lo previsto hasta ahora para el año 2012.
El balance sobre la política energética es negativo y no solo se adjudica a la cuenta de la iniciativa privada, sino al descontrol oficial, desde la presencia del poder ejecutivo en el directorio (avalando la gestión), sino desde todos los ámbitos de contralor, sean nacionales o provinciales.
La intervención ya habilitó conversaciones con otras petroleras para asociarse en el aumento de la producción. Es quizá una señal de continuidad en la gestión favorable a la iniciativa privada, especialmente extranjera.
El camino a transitar tiene que privilegiar una auditoría a fondo, sobre la gestión y la producción, para en ese camino transitar nuevos rumbos, aprovechando el carácter excedentario de YPF para una reinversión productiva y considerar la utilización de otros recursos propios del Estado, lo que supone una amplia discusión en dos sentidos. Uno remite al origen de esos fondos; y otra al destino de la producción, ya que es tiempo de discutir el para qué de la producción de hidrocarburos. La indicación de un objetivo por el auto sostenimiento, contenido en el proyecto del poder ejecutivo significa la continuidad de un modelo productivo y de desarrollo que también debe analizarse.
¿Hay que continuar con el uso de hidrocarburos para un modelo productivo que favorece la dependencia tecnológica, productiva, económica y financiera? ¿Es posible otro destino para los hidrocarburos?
En ese sentido, puede pensarse otra inserción productiva mundial del país, pensando en la soberanía energética ampliada a nuestramérica, integrando esfuerzos económicos y tecnológicos para un modelo productivo y de desarrollo que asegure soberanía alimentaria y se sostenga desde la soberanía financiera. Lo que se discute es la soberanía y la integración. Son dimensiones del problema que cuentan en el marco de la crisis energética, en tanto parte de la crisis de la economía mundial.
Con la expropiación parcial de YPF son diversos los aspectos que se involucran en el debate nacional y mundial. La respuesta neocolonial o imperialista proveniente de España y de Europa da cuenta que no existen temas específicamente nacionales, y que el debate confluye recurrentemente a la discusión del orden mundial.
Buenos Aires, 21 de abril de 2012

Sobre YPF: escuchar en: http://www.laolla.tv/?p=260

Clickear en el link o colocarlo en la barra,
Julio

Inserción de Argentina en el mundo (Cumbre en Cartagena y caso YPF)


El debate en la coyuntura se concentra en la inserción internacional de la Argentina.
De un lado es la discusión sobre qué hacer con YPF, la política hidrocarburífera y la presión del Estado español y las autoridades de la Unión Europea.
De otro, los debates en Cartagena sobre las cumbres presidenciales de los países de América que excluyen a Cuba, y donde la Argentina intenta un pronunciamiento solidario con la causa Malvinas en el sentido en que lo viene haciendo nuestramérica.
La cuestión petrolera tiene sus bemoles, pues existen muchas hipótesis puestas a rodar por informaciones de prensa y no fehacientes políticas comunicadas por el gobierno para su discusión al conjunto de la sociedad, o por lo menos al Parlamento. Desde esas hipótesis es que voceros del gobierno español anticiparon probables sanciones a la Argentina. Es el mismo camino asumido por EEUU y otros países sobre medidas proteccionistas aplicadas por Argentina.
El dato concreto es la quita de concesiones petroleras a Repsol y otras compañías, por parte de los gobiernos provinciales, los que ejercen la gestión de la propiedad provincial de los recursos naturales en la Argentina. ¿Esas quitas suponen un cambio de política en materia de hidrocarburos? Hasta donde sabemos, los pazos se ofertan en licitaciones para ser explotados por otras empresas transnacionales, en todo caso asociadas a nuevas empresas estatales provinciales sin recursos, tecnología o experiencia, algo similar a lo que nacionalmente se lleva adelante con Enarsa asociada a emprendimientos económicos con otras empresas extranjeras.
Tal como venimos sosteniendo, falta un debate sobre qué hacer con YPF, y la ecuación no se agota en re estatización o re privatización. El fracaso de la privatización es el resultado actual luego de 20 años de iniciativa privada (todo bajo periodos constitucionales); y esa política ganó consenso ante el deliberado debilitamiento de la experiencia estatal, sea por subordinación de la burocracia que gestionaba la empresa, vendiendo petróleo subsidiado a la ESSO o la SHELL, o endeudando la empresa pública en momentos de alza internacional de los precios del petróleo. El estatismo y el privatismo fracasaron, por lo que se abre paso la “socialización” lo que supone la intervención del Estado, los trabajadores y la sociedad en su conjunto, desde que la energía es un derecho y no una mercancía.
En paralelo, ello implica una discusión sobre la forma de ejecución del proyecto, donde lo que se discute es la expropiación o la indemnización, tema que no puede atenderse al margen de la recurrente remisión de utilidades al exterior, que para el caso Repsol supuso la transferencia del 97% de sus ganancias, cubriendo así la crisis en España con excedentes generados en la Argentina. Claro que a la hora de pagar o cobrar, los gobernadores reclaman lo propio, y eso nos lleva a sugerir que no puede abordarse la cuestión petrolera sin una reforma fiscal que asegure recursos para las Provincias, especialmente en gasto social, al tiempo que se revierta la propiedad de los recursos naturales al Estado Nacional.
Respecto de la Cumbre de las Américas, no solo se trata de dejar de excluir a Cuba de esas reuniones, y de la solidaridad para con Argentina y su reclamo sobre la soberanía en las Malvinas, sino de reconocer los cambios ocurridos en la región luego de 18 años de “cumbres”.
Cuando las cumbres se iniciaron el 1994, con Clinton en la administración estadounidense existía un auge de las políticas neoliberales que bregaban por la liberalización de la economía, y por ello el principal proyecto de las cumbres presidenciales era el ALCA.
La situación es hoy muy distinta. Por un lado, la realidad es la crisis mundial del capitalismo y la crítica a las políticas hegemónicas en nuestra región en los 80´ y en los 90´. Por el otro, hoy existen propuestas de integración regional que excluyen a Norteamérica en su configuración, tal el caso de la CELAC o Unasur, que teniendo en su seno disputas de rumbos estratégicos sobre el modelo de desarrollo, suponen una mirada centrada en respuestas desde la propia región.
Un tema específico en el cónclave en Colombia lo constituye la bilateral entre el Presidente de EEUU y la mandataria Argentina. En ese encuentro se supone que Obama reclamará por pagos a sentencias contra la Argentina en el CIADI y sobre los efectos de las restricciones a las importaciones.
Es un dato que la inserción subordinada de la Argentina con Europa y EEUU supone mayor dependencia y presión imperialista sobre el país, mientras que la creciente vinculación con la región nuestramericana y otros países del sur del mundo implica transitar el rumbo de la potencial independencia, claro que ello no es considerado sin beneficio de inventario por aquellos que hegemonizan el sistema mundial del capitalismo.
Buenos Aires, 14 de abril de 2012