Importaciones y divisas en la discusión económica

La noticia alude a la denuncia de Argentina por “proteccionismo” comercial en un documento difundido en la última reunión de la OMC. El texto fue impulsado por EEUU, la Europa Unida y a otras 12 naciones, que acusan a la Argentina de obstaculizar el “libre comercio”, es decir, la capacidad de esos países para colocar parte de su producción en el mercado interno de la Argentina.

Sin embargo, los datos publicados por el Ministerio de Economía revelan un crecimiento importante de las importaciones argentinas en los últimos años, con una evolución desde los 38.786 millones de dólares (m.d.) en 2009, a 56.501 m.d. en 2010, y 73.922 m.d. en 2011.

La denuncia existe pese a este importante crecimiento de las importaciones y al déficit comercial bilateral entre nuestro país y EEUU que durante el año pasado superó los 3.500 millones de dólares. Por el contrario, con la Unión Europea el superávit comercial alcanzó 2.147 millones, si bien en diciembre pasado se reconoce un déficit de 148 millones.

En rigor, la denuncia se presenta por las restricciones impulsadas por la Secretaría de Comercio en los últimos meses, las que apuntan a sostener el superávit comercial declinante en los últimos años.

Los registros indican una reducción del saldo favorable del comercio exterior argentino desde los 16.886 m.d en 2009, a 11.632 m.d. en 2010 y de 8.034 m.d. en 2011.

Con lo cual, crecen las importaciones, pero también las exportaciones, que pasaron de 55.672 m.d. en 2009, a 68.134 m.d. en 2010 y a 81.956 m.d. en 2011.

La cuestión asume importancia pues el superávit comercial es el principal medio que tiene el país para hacerse de divisas ante las dificultades para endeudarse o ser destino de las inversiones externas.

¿Para qué se necesitan las divisas? Principalmente para hacer frente a los compromisos de pagos, especialmente la gravosa deuda pública. El giro normal del comercio internacional, con las tendencias declinantes del saldo favorable hace imposible el cumplimiento regular de las cancelaciones de deuda.

La defensa oficial

El gobierno acusa a los denunciantes de pretender trasladar al país la crisis de sus economías nacionales, efecto directo de la crisis mundial del capitalismo.

Recordemos en ese sentido la reciente declaración de la recesión española, con amenaza de constituirse en europea, y con clara desaceleración de la economía en el conjunto de los países capitalistas desarrollados.

Un argumento adicional a favor del razonamiento oficial es que otros socios importantes del comercio exterior de Argentina, especialmente China, Brasil y buena parte de la región nuestramericana no suscribieron la denuncia.

Hay que reconocer que estos países también protestan ante las restricciones impuestas a las importaciones, aunque esos reclamos se realizan en el marco de la negociación política, sin denuncia explícita en foros globales, porque aún con límites a la venta de su producción, mantienen un saldo superavitario en el comercio bilateral con la Argentina.

Durante el 2011 y según informaciones del Ministerio de Economía, el déficit comercial local con China y con Brasil alcanzó los 4.550 millones de dólares para cada país.

El problema pasa por la inserción internacional

La esencia del tema es el condicionante de la deuda externa pública y la subordinación del comercio internacional al orden mundial capitalista (en crisis) y al modelo productivo hegemónico.

Argentina se está transformando en plataforma industrial exportadora de ensamblado, junto a la provisión internacional de productos primarios y algo de manufacturas de origen agropecuario.

Si las exportaciones industriales suman el 35% del total, las ventas restantes al exterior, del orden del 65% son productos primarios con o sin elaboración, más combustibles y electricidad; mientras que del lado de las importaciones se destaca la compra de bienes de capital y sus accesorios representando el 40% del total, a lo que debemos sumar bienes intermediarios por 29%, imprescindibles para el proceso productivo local,  ascendiendo así al 69% de las compras externas, lo que define la dependencia productiva del país.

La Argentina es dependiente en el comercio internacional, no solo por el tipo de producción que genera, sino por la escasa incidencia del país en la fijación de los precios internacionales de la intermediación comercial.

El mecanismo de competitividad está dado por la dotación de recursos naturales y la baratura de la fuerza de trabajo con relación a salarios pagados en el capitalismo desarrollado.

Aparece entonces la necesidad de discutir la inserción internacional de la Argentina, no solo por lo que se vende y se compra, sino reconsiderando con qué países se realiza el intercambio.

Es una discusión de inserción internacional, incluso en la coyuntura, pensando en cuáles son los países que denuncian a la Argentina y cuáles los que discuten políticamente las políticas nacionales.

Pensar más allá de la coyuntura

Quizá se requiera ir más allá de un “pensamiento nacional”, para considerar la pertenencia “nuestramericana” de la Argentina, y organizar la producción local articuladamente con la región y el sur del mundo.

Ello supone ir más allá del orden capitalista, al tiempo que se discute y construye otro orden productivo local, regional y mundial.

Buenos Aires, 31 de marzo de 2012

Sobre las concesiones petroleras

Los gobernadores de Chubut y Santa Cruz anunciaron esta semana la caducidad de la concesión de 5 áreas petroleros a YPF, representativas del 7,4% de su producción, especialmente en Chubut, ya que la proporción productiva de las áreas de Santa Cruz son menores al medio por ciento de la producción de la empresa. La decisión no afecta por lo tanto otras áreas de mayor producción de YPF-Repsol, tal como las áreas de Mendoza o Neuquén, aunque la medida puede ser imitada ante la crisis de abastecimiento de combustibles y de producción energética que insumió el año pasado nada menos que 9.500 millones de dólares de importaciones.

Se trata de una medida que abre interrogantes a futuro, no solo por la respuesta de la empresa en el ámbito local y mundial, sino y principalmente por lo que harán esas y otras provincias, o el ente que las agrupa según los intereses hidrocarburíferos, la OFEPHI (Organización Federal de Estados Provinciales Hidrocarburíferos), y el gobierno nacional con relación a Repsol y las otras empresas concesionarias. Hay varios interrogantes. ¿Quién explotará esos pozos? ¿Otra empresa privada, tal el caso de PAE, Panamerican Energy, de importante peso por la producción en esas y otras provincias, o se transitará el camino de dotar de recursos suficientes a Enarsa en asociación con otras empresas públicas ó privadas?

La sustentación de la medida está en la pérdida de producción de esas áreas petroleras. Una información que surge de las propias empresas, pues el Estado perdió mecanismos de control sobre reservas gasíferas y petroleras, y elevada laxitud a la hora de controlar la actividad. En Santa Cruz cesaron las concesiones en Barranca Yankowsky, Los Monos y Cerro Piedra-Cerro Guadal Norte, de mínima incidencia en la producción total de YPF. En Chubut, las áreas son El Trébol-Escalante donde la pérdida de producción entre 2007 y 2011 fue de 13,4% según fuentes oficiales de la provincia; y Campamento Central-Cañadón Perdido donde la producción de petróleo se redujo un 23,6% entre 2007 y 2011. En ambas áreas se supone entonces una pérdida de 163.000 metros cúbicos de petróleo, que al precio actual suponen unos 300 millones de pesos.

Toman desde ahora carta en el asunto las estatales Petrominera de Chubut y Fomicruz de Santa Cruz, las que interesarán a los inversores privados o públicos. Ello puede incluir a empresas extranjeras, entre ellas de la región latinoamericana (Brasil, Venezuela) o extra continentales (China). Convengamos que no da lo mismo una u otra decisión. Alguna vez comentamos la diferencia de política empresaria entre la estatal venezolana y la brasileña, donde PDVSA privilegió una articulación productiva y de distribución que involucra a 18 naciones de Centro América y el Caribe como parte de su propuesta de constituir Petroamérica, potenciando una estrategia de integración alternativa, con precios y financiamientos favorables para un desarrollo regional auto sostenido que privilegie la discusión crítica del modelo productivo sostenido en la producción y acumulación de ganancias. Esta lógica es la que surge de los emprendimientos que empuja Petrobras fuera del Brasil. En el caso chino hay que adicionar la necesidad de importar recursos naturales a la constante ampliación productiva de la potencia asiática. Por ello es que hablamos de desafío ante la decisión de cancelar concesiones a la transnacional Repsol, pues no alcanza con afectar a una empresa privada extranjera, sino encaminar una política soberana en materia energética, y ello supone la integración y la economía de escala pensando en otro modelo y lógica productiva.

La reforma constitucional de 1994 delegó la soberanía de los recursos naturales en las Provincias. Fue una disposición necesaria en el proceso de privatización, para involucrar a las burocracias políticas provinciales en la entrega del petróleo y el gas, todo a cambio de regalías. Ahora constituye un límite de la Nación para la recuperación soberana de la energía. Aún con esos límites del orden constitucional, la medida puede ser imitada por otras provincias (necesitadas de recursos fiscales que la explotación petrolera puede acercar) instalando en la agenda de discusión la quita de las concesiones, algo impensado hasta hace poco. La falta de combustible y la elevada factura de la importación energética aceleran los tiempos de una discusión política y económica que cuenta con adhesión de buena parte de la sociedad. En estos días se repasa el balance de las privatizaciones, la del petróleo en particular, donde se evidencia que el propósito concreto se asentó en la obtención de ganancias de las concesionarias, que para el caso de Repsol remitió en la última década el 97% de sus excedentes económicos, transfiriendo en promedio 1.300 millones de dólares anuales, unos 13.000 millones de dólares, casi la totalidad de la valuación actual de la empresa.

Insistamos que estamos hablando de un recurso estratégico que la Argentina enajenó en el momento que las reservas internacionales de hidrocarburos están en un 90% en manos de los Estados, y que la disputa por el petróleo no es solo una cuestión económica. Se trata del principal insumo de un modelo productivo que necesitamos discutir, no solo para ahorrar energía, sino para disputar el sentido de la producción y por ende del consumo. Sea por cuestiones coyunturales o estratégicas, la Argentina necesita asumir el desafío de recuperar soberanía energética.

Buenos Aires, 17 de marzo de 2012

Apertura de sesiones en el Parlamento

Empezó marzo con las 130º sesión del Congreso en Argentina y como ocurre siempre se escuchó el mensaje presidencial. El primero de este segundo mandato y tercero de la era kirchnerista. No es menor el dato de tercer turno gubernamental continuo, nunca ocurrido en la historia constitucional del país. El discurso presidencial asumió como propio el desarrollo del accionar de gobierno desde el 2003.

Se trató de un discurso de balance de la gestión, legitimada en la elección de octubre pasado y sustentado en tasas de crecimiento económico en todo el periodo, salvo el 2009, año de la recesión de la economía mundial. No se discute el sentido del crecimiento y se apuesta a la continuidad de las líneas estratégicas, denominadas “modelo”.

Hubo compromiso para “asegurar el abastecimiento de combustible” (los encomillados que siguen surgen de la versión del discurso en la página de la Presidencia de la Nación)[1], y llamados de atención sobre la cuestión energética, aunque sin anuncios concretos de modificación estructural: nacionalización o socialización de YPF, por ejemplo. Ese hecho generó la suba de la cotización de Repsol en mercados bursátiles del exterior. Los inversores globales festejaron la continuidad del estatus jurídico de la empresa nº1 de la Argentina. Es verdad que había expectativas referidas a la re estatización, y que muchos sostenemos la necesidad de la socialización, lo que supone la participación del Estado en sus distintos niveles, nacional, provincial y municipal, pero también de usuarios y trabajadores.

También se realizaron críticas a los trabajadores docentes, acusados de quedarse en la reivindicación de la “carpa blanca”. Sus dichos fueron cuestionados por propios adherentes del movimiento sindical, incluso manifestando desde la titular de Ctera que el ministro de educación mal informa a la titular del poder ejecutivo sobre la actividad laboral de los maestros.

Sobre los ferrocarriles había expectativa de anuncios, pero junto a las condolencias, se reiteró la conocida espera del accionar gubernamental hasta el pronunciamiento de la Justicia. Llama la atención la comparación de los pagos por deuda pública asociada a la salida de la crisis del 2001 con la insuficiencia de fondos para el ferrocarril. En todo caso pone en evidencia que los pagos de deuda pública restringen la posibilidad de usos alternativos.

La mega minería a cielo abierto fue enfáticamente defendida desde la lógica similar que encaran otros países mineros en el ámbito mundial, y señaló que “Debemos exigir que las empresas dejen parte de sus inversiones en la Argentina”.

Lo que si se anunció fue el fin de la convertibilidad y la reforma a la Carta Orgánica del BCRA. Puede pensarse así en el fin del vínculo de la moneda local circulante y el dólar, con lo que se termina la restricción de las Reservas de libre disponibilidad, que expresaban la fracción excedente de las divisas necesarias para cubrir la circulación monetaria de pesos. Sorprendió el rechazo a modificar la legislación financiera, especialmente cuando existen legisladores afines que impulsan reformas a la Ley de Entidades Financieras vigente desde 1977, y que fuera principal instrumento de subordinación y dependencia para la concentración y extranjerización de la banca, promovida y destacada por Martínez de Hoz y la dictadura genocida. Al respecto, la presidenta se pronunció explícitamente en contra al señalar: “No creo que sea necesario. Lo que hace falta es reformar la carta orgánica del Banco Central, que es el que regula a las entidades financieras. Porque si no se hace mucho ruido y con pocas nueces”. Confirmó que en el proyecto remitido a tratamiento “se mantiene la independencia de cualquier orden que pueda provenir del poder central”, no afectando por lo tanto la autonomía, que era uno de los ejes sostenidos por la ex Diputada Marcó del Pont, ahora Presidente en ejercicio del BCRA.

En fin, un discurso con reiteración de datos de evolución de la economía, los que sustentaron el amplio triunfo electoral de octubre del 2011, y ausencias notorias sobre el necesario desarme de la institucionalidad neoliberal sustentada en años previos. La incógnita en términos políticos apunta a considerar si es suficiente para el mantenimiento del consenso la reiteración de datos del crecimiento manteniendo un modelo productivo erigido sobre la base de la dominación extranjera en los principales rubros que explican la evolución de la economía en la Argentina: la producción y exportación agraria y minera, junto a la industria vanguardizada por el automotor, todo lo cual se sostiene en un clima social de época que se aleja del consenso privatista.

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[1] http://www.presidencia.gov.ar/informacion/actividad-oficial/25723-la-presidenta-inauguro-el-130d-periodo-de-sesiones-ordinarias-del-congreso-de-la-nacion

¿Fin del consenso privatizador?

Existe la sensación que llegó el final del consenso social sobre las privatizaciones. La gota que rebalsó el vaso ocurrió la semana pasada con la muerte evitable de 51 personas y más de 700 heridos, con el desastre acontecido en la estación once del recorrido del tren Sarmiento concesionado a TBA.

Aludimos al fin de un consenso privatizador generado en las últimas 4 décadas, primero como campaña ideológica en tiempos dictatoriales, en los 70´ y 80´, y acción deliberada (técnica, operativa y económica) para deteriorar a las empresas públicas. Luego de algunos intentos frustrados, la privatización se materializó y generalizó en los 90´, para constituir desde entonces un fenómeno estructural del orden económico y social contemporáneo en la Argentina.

Ya pasaron 20 años desde su instrumentación iniciadora, donde la “iniciativa privada” todo lo resolvería. Fue una política consensuada en origen e ideológicamente trabajada durante años, claro que también con violencia explícita. Recordemos la frase “ramal que para, ramal que cierra” pronunciada desde el menemismo.

La agresión violenta a los trabajadores ferroviarios que resistieron la privatización del tren, muy bien relatada y documentada en el “Ferrocidio” de Juan Carlos Cena, vuelve sobre los trabajadores usuarios y laburantes del tren con violencia y muerte. Es la agresión de la ofensiva del capital de ayer y de hoy por la subsistencia de la lógica de la ganancia maximizada.

Las privatizadas cuestionadas. ¿Qué estatización y qué Estado?

Hoy son evidentes las falencias en el abastecimiento de combustibles y energía, y más aún en el servicio de transporte ferroviario, sin hablar del ruinoso estado que dejó la privatización a la línea aérea. Ya no hay encanto social con la privatización.

El lema había sido la ineficiencia del Estado para administrar las empresas públicas. Qué curioso, ahora, al final del recorrido de dos décadas de privatizaciones, nos encontremos con empresas crecientemente financiadas con fondos públicos y gestionadas privadamente, incluyendo el uso especulativo de los recursos asignados por el Estado para el funcionamiento operativo de las empresas.

Las privatizaciones que levantaron la bandera de la eficiencia empresaria de los “privados”, solo funcionan con el sostén del Estado. Solamente en ferrocarriles se gastan 10 millones de pesos diarios en subsidios.

Los subsidios estatales dan cuenta de la posibilidad financiera del Estado para hacerse cargo de las empresas de servicios públicos, claro que ello supone discutir el conjunto de la asignación presupuestaria. No se trata de estatizar y mantener el desastre ferroviario actual. La estatización continuadora perpetuaría la ineficiencia y el mal servicio reinante.

¿El actual destino del gasto público resulta el necesario para un funcionamiento alternativo del Estado? Solo a modo de ejemplo veamos que entre 2003 y 2011 el gasto total en remuneraciones del sector público nacional se redujo del 16,1% al 11,3%, mientras que las transferencias al sector privado pasaron del 3% en 2007 al 9,5% en el 2011. Claro que no solo se trata de cantidades, de montos, sino también de discutir las funciones necesarias a cubrir por el personal estatal, junto a la participación de los usuarios de los servicios públicos y de los ciudadanos en la cuestión estatal.

En el mismo sentido debemos interrogarnos sobre las fuentes de ingreso del Estado Nacional. Sigue siendo el IVA el principal tributo en el país, y es sabido su impacto regresivo entre los sectores de menores ingresos. En segundo lugar aparecen los ingresos tributarios por el impuesto a las ganancias, pero una parte de esos recursos provienen de trabajadores que reciben sueldo y no ganancias, mientras se eximen los excedentes generados en el mercado de capitales o en el financiero. Ni hablar de la evasión y elusión impositiva pese a la legislación vigente, sea la penal tributaria, o contra el lavado, que explica en el argumento oficial la “necesidad” de la represiva Ley antiterrorista.

Lo que pretendemos decir es que no alcanza con terminar con las privatizaciones ferroviarias o petroleras, entre otras, si no que se debe reformar el Estado, su régimen tributario, financiero y especialmente discutir su papel en la organización de un modelo productivo que modifique el beneficiario de su accionar, atendiendo a las insatisfechas necesidades sociales.

El cambio de opinión que se percibe en la sociedad, que menciono como fin del consenso a las privatizaciones se asocia a la discusión con las petroleras, especialmente REPSOL, empresa de proyección regional y mundial merced a la entrega de la estatal Yacimientos Petroleros Fiscales hace 20 años. España no es potencia petrolera, pero sobre la base de YPF se proyectó en la región latinoamericana, caribeña y en el mundo como una de las grandes en el negocio del oro negro. La respuesta gubernamental es por ahora amenazante, sea por declaraciones del poder ejecutivo nacional, o de la organización que nuclea a las provincias productoras de hidrocarburos. La sensación es que ya no se espera una respuesta mágica desde la iniciativa privada, la que solo privilegia la lógica de la ganancia.

Terminar con la institucionalidad neoliberal

La demanda social está para más y demanda la salida de un condicionante estructural que remite a las reformas neoliberales, de apertura económica y liberalización; de desregulación y privatización; de precarización laboral, superexplotación y marginalización vía indigencia y empobrecimiento estructural de millones de personas.

Existen expectativas de que se asuma una política pública en ese sentido, aunque la garantía solo está en la masividad del clamor por abandonar el sentido común privatista. Son abundantes los ejemplos en la historia que indican que la conflictividad extendida de la sociedad es la que define cambios estructurales de funcionamiento social. Es la experiencia reciente del 2001 respecto del régimen de convertibilidad. Fue la movilización social la que determinó el fin de la “estabilidad monetaria” erigida como valor supremo entre la élite política, claro que con aceitados consensos socialmente manipulados.

Apuntamos al petróleo y la energía, a los ferrocarriles y al transporte en general, pero también a la recuperación de la soberanía financiera desmantelando el aparato jurídico y de política financiera legado por la dictadura. Claro que también supone la brega por la soberanía alimentaria, algo imposible sin modificar el modelo productivo sojero, concentrador y de subordinación a la dominación de las transnacionales de la alimentación y la biotecnología. La soja y la mega minería son legados del auge neoliberal de los 90´.

Se trata de recuperar soberanía, energética, financiera, alimentaria, en toda la línea. Ese será el mejor homenaje a quienes murieron por la desidia empresaria y la complicidad de los organismos de control (por lo menos de aquellos que no consideraron informes críticos) para asegurar las privatizaciones para la ganancia.

Retomar una discusión sobre el papel del Estado en tiempos de crisis capitalista aparece como el desafío que pueda superar las consecuencias del desastre evitable en la estación Once.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 2012

Salarios y petróleo en el debate actual

Entre la diversidad de temas que concita la discusión económica y política a comienzos del 2012 se encuentra la cuestión salarial y la petrolera.
En materia de salarios se procesa la previa a la discusión paritaria entre patrones y trabajadores, con el monitoreo estatal para que la economía del año no se desmadre, especialmente por el conflicto que puede resultar de la puja distributiva.
La cuestión petrolera se agudizó con la verificación del volumen de importaciones por energía (gas natural y licuado, gas oil, fuel oil y electricidad) del 2011 por 9.397 millones de dólares, equivalente en valores al monto del superávit comercial, que alcanzó el año pasado a 10.347 millones de dólares.
En ambos casos preocupa la evolución de las variables en consideración, sea por el conflicto social, los impactos en la macroeconomía, o por el sustento de provisión energética para el presente y futuro mediato.
Salarios, ingresos populares e inflación
Todos los pronósticos auguran un menor crecimiento económico para el 2012. Existen expectativas de menores compras desde el exterior, por compradores en recesión, o en desaceleración económica; por lo que preocupan las tendencias del consumo y la inversión, principalmente de quienes actúan en el mercado interno.
La política económica del gobierno pretende mantener los niveles de consumo privado logrados en estos años, afectados ahora por disminución de subsidios y un recurrente encarecimiento de precios, más allá de los indicadores oficiales de inflación.
Ello explica el nuevo intento de la Secretaría de Comercio por lograr reducciones de precios de algunos productos de consumo masivo, intentando promediar subas y bajas para mantener el nivel de actividad económica y el consumo.
En el mismo sentido apunta la intención de sustituir importaciones para la industria con producción local, lo que supone influir al mundo empresario para cambiar proveedores, sea por propia convicción o estableciendo restricciones a las compras al exterior. Todo indica que se terminan imponiendo las restricciones, más que el convencimiento de encarar una nueva sustitución de importaciones, y contrario a lo pensado, ante las restricciones al ingreso de algunos productos, la respuesta empresarial transita el aumento de precios, convalidados por un consumo de sectores de ingresos medios y altos no sujetos a presiones por el alza que supone atender su canasta de bienes y servicios.
Vale interrogarse si es posible reanudar la “industrialización sustitutiva de importaciones” en momentos de hegemonía capitalista de las empresas transnacionales. No se le puede hablar al poder económico con argumentos sentimentales, pues solo responden a la lógica de las ganancias, de la acumulación y de la dominación.
Se intenta bajar algunos precios, o por lo menos congelarlos en el corto plazo; al tiempo que se pretende estimular la producción local para un modelo de producción dominado por transnacionales, cuya lógica de obtención de ganancias y de inversiones se definen en el marco de la crisis mundial, especialmente grave en los países sede de esas firmas y por lo tanto, demandante de recursos para sortear los problemas.
En este marco vale considerar a los salarios y las condiciones de trabajo como un costo de producción, con unos precios que los trabajadores pretenden acrecentar y los patronos reducir. Aunque el gobierno pretende arbitrar con equidistancia, vale confirmar que sus objetivos explícitos apuntan  a la reducción de los precios; y el salario es un precio, el de la fuerza de trabajo. Ese precio involucra el sueldo mensual y todos los complementos, sean las asignaciones familiares o la ayuda escolar que fueron perdiendo su carácter universal para ser restringidas desde un tope, no corregido en los últimos años y por lo tanto, en forma creciente una cantidad importante de trabajadores fue resignando ese beneficio.
Algo similar ocurre con las retenciones del impuesto a las ganancias a quienes perciben salario en situación regular. A medida que se incrementan los ingresos, crecientes masas de trabajadores se convierten en contribuyentes, sujetos de tributación.
Las limitaciones de la salud pública y de las propias obras sociales, especialmente en prestaciones de alta complejidad, obliga a los trabajadores y sus familias a destinar sumas importantes con ese fin, detrayendo capacidad de compra para otros consumos.
Modelos sindicales en disputa
Un elemento sustancial en la defensa del precio de la fuerza de trabajo es la organización sindical y de lucha, deteriorada recurrentemente bajo el terrorismo de estado primero y por la ofensiva contra el derecho protectorio del trabajo bajo gobiernos constitucionales.
El poder de los trabajadores fue atacado por el terror directo ejercido sobre los cuerpos y las mentes. Sobre esa base operó el terror a la hiperinflación y al desempleo o la precariedad. El modelo sindical de negociación opera sobre esas condiciones estructurales, determinadas por la impunidad empresaria y la dominación.
La subordinación de buena parte del movimiento sindical al proyecto político hegemónico contribuyó en estos años a limitar la protesta, aunque la coyuntura política de enfrentamiento del titular de la CGT con el gobierno alienta la potencialidad de una mayor conflictividad en unidad de acción con la CTA, más allá de modelos sindicales diferenciados.
En sentido general, la lucha de clases se manifiesta en materia económica en la disputa por la apropiación de la renta nacional. Los capitales más concentrados tienen en los mecanismos del mercado, especialmente en la suba de precios, la capacidad de apropiarse de una cuota mayor de esa riqueza social. Así, la inflación es un fenómeno redistributivo de la riqueza, a favor de aquellos que tienen  condiciones para imponer los precios.
La inflación es un dato de la realidad y los trabajadores sufren el deterioro de la capacidad de compra de sus ingresos laborales. Ni hablar de aquellos que reciben “planes” a valores congelados y fuertemente afectados por el crecimiento de los precios de una canasta familiar crecientemente de subsistencia.
Un dato novedoso de la coyuntura es la tendencia creciente al reclamo y la protesta del movimiento de trabajadores, haciendo más complejo el escenario político y económico, pues ya no está sola la impunidad patronal y el rumbo unilateral de aliento a las ganancias empresarias. La constitución de subjetividad entre los trabajadores habilita el debate sobre modelo sindical y proyecto productivo y de desarrollo.
El petróleo y el debate por la soberanía
La cuestión es historia antigua y se remonta al fenómeno de la privatización petrolera, hace ya 20 años, cuando Menem y Cavallo iniciaron el proceso de entrega de la empresa pública nº1 de la Argentina: Yacimientos Petrolíferos Fiscales, de la que solo quedó la sigla de fantasía YPF bajo la propiedad de la española REPSOL y últimamente incorporado a la propiedad y gestión el Grupo Petersen, de Enrique Esquenazi.
Entre las primeras medidas luego de las elecciones de renovación presidencial se dispuso la obligatoriedad de liquidar el 100% de las ventas al exterior a empresas mineras y petroleras. Se argumentó la necesidad de ingresar divisas al país ante las limitaciones estructurales que se presentaban para sostener el equilibrio de la macroeconomía con superávit comercial y fiscal.
Se agudizó el conflicto con las petroleras en enero con la denuncia gubernamental por sobreprecios en la venta de gasoil al por mayor, lo que obligó a una disminución de precios de venta. Ahora se adiciona la quita de subsidios por 2.000 millones de pesos por los programas Refino Plus y Petróleo Plus, con el argumento de objetivos de inversión cumplidos. Está claro que mejora la ecuación fiscal y afecta ingresos de las petroleras, principalmente YPF.
La amenaza de la estatización apareció en escena con el objeto de presionar a la mayor petrolera a reinvertir sus excedentes y cooperar en resolver el déficit energético, agudizado por las condiciones de cambio climático que provoca el mayor uso de la capacidad instalada. La importación energética es ya una constante y de difícil solución en el corto plazo si no se modifica el modelo energético en curso desde la privatización petrolera, sellada con la reforma constitucional de 1994 con la provincialización de los recursos naturales.
El petróleo es insumo estratégico de la producción contemporánea y es parte de la crisis capitalista en curso. La crisis energética y medio ambiental son parte de la misma crisis mundial del capitalismo y convoca a discutir si el camino de soluciones debe transitar la profundización del modelo energético propiciado desde la privatización, o si se debe pensar en términos alternativos.
Ello supone ir más allá de la cuestión petrolera y energética, pues lo que se discutiría es el modelo productivo del cual el petróleo es insumo estratégico. Significa debatir en términos de soberanía energética, otro modelo productivo y otra integración, asentada en la articulación productiva regional para satisfacer necesidades populares y no una lógica de ganancias sustentadas por las transnacionales.
Ir más allá de la coyuntura
En rigor, la discusión salarial y petrolera pone de relieve la necesidad de analizar el trasfondo estructural del crecimiento económico de estos años, y más aún, la estructura económica social derivada de ello.
Es una cuestión que supone discutir beneficiarios y perjudicados del orden económico contemporáneo, exacerbado con la crisis en curso. Se trata de responder a la crisis capitalista desde otro orden social posible, eje de la argumentación emancipadora contemporánea.
Buenos Aires, 8 de febrero de 2012.