La industria en el debate sobre el orden económico

Cerró FATE y despidió a 920 trabajadoras/es y afectó a varios miles de forma indirecta, más allá de las propias familias de despedidas/os. La conciliación obligatoria adoptada por la presión social posterga la definición. La “conversación digital”, que el gobierno sigue con atención, le impuso la decisión conciliatoria, aun cuando en la lógica mercantil capitalista que propicia hubiese dejado que el tema siga el curso de la insensibilidad del orden capitalista. En la argumentación oficialista se critica al millonario propietario de FATE y de ALUAR, tal como ya hizo con el titular de Techint, de ser parte de un empresariado que “caza en el zoológico”. Remite a la burguesía prebendaría de un modelo económico sustentado desde el Estado capitalista por décadas, más allá de gobiernos, constitucionales o de facto. Fundan la opinión liberalizadora a favor de la práctica de consumo más allá del empleo y la producción local. Respecto de los neumáticos, se extendía la compra en el exterior o de la mano de las importaciones, el privilegio a producción extranjera. Lo que Milei, equipo y cómplices en la institucionalidad actual están resolviendo es una modificación sustancial del orden económico local, desarmando lo existente. La industrialización subordinada es una norma histórica de la Argentina. No podría ser distinta la situación por el lugar dependiente y subordinado, desde siempre, del país en el sistema mundial capitalista. No invalida la calificación por la dependencia la existencia de momentos históricos de promoción de una industria local, incluso del sector productor de medios de producción, en general bajo la órbita del Estado. Ni las mejores experiencias desarrollaron una perspectiva de independencia tecnológica, un tema central en tiempos de grandes innovaciones científico técnicas que expresa el presente del desarrollo económico social y la disputa global por la hegemonía. Milei propone y actúa para reestructurar regresivamente el capitalismo local. Hasta ahora, el proyecto libertario tiene poca resistencia del bloque histórico de poder, que sufre en carne propia el nuevo horizonte asentado en inversiones externas en sectores estratégicos de la producción primaria, agro-ganadera, energética, minera, tecnológica, con base de inserción subordinada financiera, una lógica que se arrastra desde 1977 con la ley de entidades financieras de la dictadura genocida y el condicionante del endeudamiento externo. En rigor, aun cuando sufren las consecuencias de la política oficial libertaria, el consenso cultural de la burguesía, en su mayoría, es en contra de los intereses y condiciones de vida de trabajadores y trabajadoras. Es una cuestión ideológica en tiempos de ofensiva del capital y de la ultraderecha contra derechos sociales. Un ejemplo es el apoyo a la contrarreforma laboral en curso, un objetivo de largo aliento, frenado por la lucha popular. La resistencia está ejercida desde sectores sociales afectados, especialmente trabajadoras y trabajadores, con sus organizaciones sindicales, territoriales, culturales, políticas e intelectuales. Es cierto que una parte de la base social de esa organicidad contacta con la expectativa del “cambio” ofrecido por el líder libertario, no solo en el aspecto económico, sino en el cultural, contra la casta y los privilegios, y otorga consenso electoral, sin perjuicio de protagonizar, incluso, el descontento o la protesta por ingresos y condiciones favorables de vida. El problema pasa por instalar un orden económico crítico al actual y al precedente, con el horizonte en una propuesta alternativa, que parte de satisfacer las urgentes necesidades de la mayoría empobrecida. ¿Qué sería lo alternativo? Resolver en primer lugar las necesidades de alimentación, dicho en un país especializado en la producción alimentaria. Ello requiere modificar el privilegio al modelo productor de commodities para la exportación, sustituyendo progresivamente por una estrategia de reorganización de la producción y la circulación de bienes y servicios para atender el objetivo de la alimentación. Claro que es una cuestión de poder, para “reestructurar” el orden vigente en sentido contrario a lo sustentado por Milei y sus cómplices, pero también, ejerciendo una crítica al régimen del capital con que se construyeron históricamente las relaciones económico sociales en el país, privilegiando la obtención de ganancias concentradas y no el derecho a la alimentación, entre muchos derechos socioeconómicos. Lo sostenido para los alimentos puede extenderse hacia la energía o las finanzas, la salud y la educación, entre otros aspectos, y muy especialmente para una política industrial, de producción local que privilegie el empleo y las condiciones de trabajo en un marco de inserción internacional no subordinada y de fuerte vínculo con una estrategia de promoción de la investigación científica para un desarrollo no dependiente. Se trata de un tema de discusión ante la agresión del cierre de empresas y de masivos despidos, pero no para avalar ganancias a sectores sociales privilegiados en la apropiación del excedente, la plusvalía, sino para construir un orden socioeconómico que privilegie la satisfacción de amplias necesidades sociales. Buenos Aires, 19 de febrero de 2026