Entre
los muchos interrogantes que recibo a diario se anotan los relativos a qué
ocurre de especial en la Argentina que no logra estabilidad de largo aliento,
sea en el crecimiento económico como en materia de precios. La comparación es
con los países vecinos y otros en el mundo.
Los
interrogantes remiten al secular estancamiento económico y a la elevada y
recurrente inflación, que en su conjunto explican el deterioro de los
indicadores sociales, a contramano de un potencial histórico del país para
atender las más amplias necesidades de la sociedad.
No resulta
simple responder a los interrogantes, los que pueden pensarse analizando los
condicionantes del corto plazo, menos de un año, o los de más larga
trayectoria, los que pueden abarcar décadas.
Existen
problemas estructurales para el funcionamiento de la economía local, sea por el
condicionante que impone el endeudamiento externo, demandante de divisas que el
país no obtiene con facilidad, como por el carácter de subordinación a una
lógica global de acumulación que define el capital hegemónico en el país.
La
deuda demanda divisas que no se obtienen en general por el comercio exterior,
convocando a nuevas rondas de endeudamiento. La inserción internacional de la
Argentina en el proceso productivo global la hace dependiente de insumos
estratégicos que no permite regularizar un saldo comercial positivo.
El
país está subordinado a una lógica mundial de precios de las “commodities”
exportadas, soja, maíz, trigo, carne, oro, otros minerales, o hidrocarburos.
Estos oscilan al alza o a la baja y condicionan el conjunto de la economía
local.
La
dependencia local al funcionamiento del mercado mundial condiciona y subordina
los resultados locales. La suba o baja de los precios del comercio externo
explica las demandas y presiones de los grandes exportadores en la apropiación de
la renta y del ingreso.
El
alza de precios de la producción exportable que también se consume en el
mercado interno (carne o trigo, por ejemplo) se constituye en argumento de los
propietarios inversores en esos sectores para el alza de los precios, que
redunda en inflación y deteriora la calidad de vida de la población empobrecida.
A su
vez, el alza de los precios de importación interviene en el costo de producción
de bienes que se colocan en el mercado mundial o local, caso de la industria
automotriz, reciclando el carácter dependiente de la economía local.
La
subordinación del capitalismo local al mundial se explica desde las lógicas
inversoras en el país, las que definen el destino del excedente económico.
En
rigor, es lo común a cualquier sociedad capitalista, ya que el capitalismo se
funda en el objeto de la producción y acumulación de ganancias, favoreciendo un
proceso global de reproducción ampliada sustentado desde el consenso social.
Resulta
definitorio discutir entonces la especificidad local del fenómeno, que tiene
más que ver con la inestabilidad política en el comando del proceso local de
producción y reproducción.
Es
un fenómeno que explica las idas y vueltas entre gobiernos dictatoriales y
constitucionales entre 1930 y 1976, con una funcionalidad de las dictaduras por
“restaurar” el poder histórico del bloque de clases dominantes en la
consolidación del capitalismo local hacia 1880, con hegemonía del capital
externo y la burguesía gran propietaria de tierras.
La
realidad de gobiernos constitucionales desde 1916 y la organización y
resistencia social del movimiento obrero y popular desafiaron esa realidad en
el ámbito electoral, tanto como en el espacio de las luchas que se manifestaron
como el Grito de Alcorta, la “reforma universitaria” o las crecientes luchas
obreras con epicentro de acumulación de poder popular en el centenario de 1910.
Remito
a una acumulación de poder popular que tuvo el cenit hacia 1975/76, con lo
antecedentes de las grandes movilizaciones identificadas en el ciclo de las
luchas del Cordobazo o los rosariazos de 1969.
El
golpe de 1976 generó las condiciones de restauración del poder histórico con el
propósito de desmantelar el entramado institucional derivado del modelo
productivo de industrialización y distribución del ingreso gestado desde
comienzos del Siglo XX.
La
industrialización en la Argentina se construyó en el cambio del Siglo XIX y XX con
nuevos capitales externos, especialmente estadounidenses, en disputa con los
precedentes (ingleses), y nuevas camadas de capitales surgidos al amparo del
desarrollo industrial local y del mercado interno. En este caso, una burguesía
local, pequeña, mediana y grande, resultado de la lógica de acumulación local
que también disputaba el excedente.
En
esa dinámica de acumulación se fortaleció la capacidad de lucha por el ingreso
de las clases subalternas, ya que trabajadoras y trabajadores fueron
organizando sus instrumentos para la disputa, con diversas formas de
organizaciones sociales, sindicales, económicas, culturales y políticas para
intervenir en la distribución del ingreso, cuyos máximos logros se aprecian
hacia los cincuenta y mediados de los setentas con una apropiación del 50% de
la renta nacional.
Así,
el excedente económico era disputado por el poder tradicional histórico
asociado a una lógica de país exportador de bienes primarios; otros asociados a
una dinámica más compleja de inserción exportadora y al mismo tiempo de
abastecimiento del mercado local, sustentado en ingresos para el consumo de una
masa importante de la población trabajadora; los que a su vez disputaban por
ampliar ingresos y derechos asumidos por el Estado, educación y salud, entre
otros.
Esa
disputa generó los desequilibrios por medio siglo entre 1930 y fin de siglo,
los que se hicieron evidente hacia fines el 2001, especialmente entre quienes
sustentaban el modelo de inserción exportadora subordinada, mediada por el peso
de los acreedores externos más vinculados a una lógica reproductiva de la
especulación financiera; y el sector que pretendía mantener una dinámica
productiva para abastecer el mercado mundial y al local.
A
ello se sumó la demanda de millones de personas desplazadas del mercado de la
fuerza de trabajo, proceso desarrollado por medios violentos en tiempos
dictatoriales y consolidados con cambios estructurales del modelo productivo
desde 1975, con nuevas relaciones entre el capital y el trabajo, favorables al
primero; nueva funcionalidad del aparato estatal e institucional al servicio de
la iniciativa privada local y global, privatizaciones mediante, y una lógica
para facilitar la libre circulación de capitales con innumerables mecanismos
sometidos al “libre comercio”, vía tratados de libre comercio y/o en defensa bilateral
de las inversiones.
Por
eso, en la encrucijada del 2001/02 la disputa en el poder era entre dolarizar
la economía o devaluar. La primera era la opción requerida por el poder
histórico, asociado a las privatizadas de servicios públicos y al dominio del
comercio de exportación de bienes primarios en su nueva lógica del agro negocio
dirigido por las transnacionales de la alimentación y la biotecnología, proceso
que incluía a todo el complejo agroindustrial. La segunda estaba asociada a la
producción destinada al abastecimiento local y a la competencia por una mayor
inserción mundial vía exportaciones. Para las clases subalternas, esa
contradicción no resolvía las demandas de fondo, aunque la segunda, la
devaluación, suponía la recuperación de la producción local y del empleo, aún
irregular y de bajos ingresos, algo que ocurrió en el repunte desde el 2002.
La
restauración del poder tradicional operó por vía electoral en 2015,
acontecimiento único en la historia constitucional del país. Por primera vez,
no había restauración por vía de las armas, aunque el terreno desde el punto de
vista estructural había sido preparado por los gobiernos de los partidos
tradicionales en la década del noventa del siglo pasado. Los partidos
tradicionales dejaron ser expresión de las clases sociales locales en la
disputa de la cúpula del poder, para ser vehículo de expresión de esos
intereses, aun en pugna.
El
límite a la disputa del poder fue el 2001 mediante una pueblada que expresaba
el descontento social y la demanda por un nuevo orden. Es el momento de surgimiento
de nuevas disputas políticas en el gobierno del capitalismo local.
Si
durante el Siglo XX la dinámica fue bipartidista con interludios dictatoriales,
el Siglo XXI trajo al ruedo la conformación de un bi-coalicionismo que discute
el gobierno del capitalismo local, con un condicionante de fondo que remite al destino
del excedente económico.
Más
allá´ de programas electorales, discursos propagandísticos o políticas
económicas enunciadas desde los gobiernos luego del 2002, lo que está en
discusión es el modelo productivo y de desarrollo.
¿Qué
hacer con el excedente económico? Hace décadas que el mismo se esteriliza en
cancelaciones de deuda, remisión de utilidades al exterior e inversiones de
residentes locales en activos externos, propiedades inmuebles o títulos
públicos o privados, depósitos e inversiones diversas.
La
inflación actúa como un mecanismo de redistribución regresiva del ingreso, lo
que favorece la desigualdad social existente y consolida la concentración de la
propiedad y del poder.
A su
vez, la salida del excedente económico del circuito local no favorece procesos
de crecimiento local, más allá del debate sobre el tipo de crecimiento y
acumulación, como de la distribución que generaría.
Por
todo ello es que para terminar con la elevada inflación y la ausencia de un
crecimiento que redistribuya ingresos y riqueza se requiere un sustancial
cambio del modelo productivo y de desarrollo que elimine la subordinación a la
dinámica del capitalismo mundial y a las disputas internas del poder local. Un
nuevo poder requiere la construcción de alternativa política de los sectores
sociales subalternos en un marco más general de cambio regional y mundial.
Buenos Aires, 10 de julio de 2021
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