Hace
años que jubiladas y jubilados luchan por mejorar sus ingresos y en ese
trayecto han acumulado experiencia, diagnósticos y propuestas para señalar el
camino de las soluciones.
Sin
embargo, mientras más claro se analiza el problema desde las/os jubiladas/os,
el sistema responde con ajuste y si, a veces, con paliativos, algunos
importantes, como los derivados de las sucesivas moratorias que amplían la
cobertura a millones de personas.
Un
estudio de ANSES señala que “la cobertura previsional de las personas mayores
de 65 años en Argentina al 3° trimestre de 2020 era de 92,3%, ascendiendo a
95,6% para las mujeres y siendo de 87,8% para los varones.”[1]
Es
destacable el dato sobre población con cobertura, aun sin la universalidad
pretendida, pero no es un dato menor evidenciar la precariedad de los recursos
percibidos por cada persona.
Como
señala el movimiento de jubiladas/os, un 70% de esos ingresos están por debajo
de la canasta necesaria del adulto mayor y la mitad de casi 7 millones de
perceptoras/es de ingresos previsionales están en la mínima, que apenas alcanza
a un tercio de la canasta de bienes y servicios.
Se
trata de un serio problema, mucho más en condiciones de restricciones
económicas, que se agravan con la pandemia del coronavirus.
¿Qué restricciones?
En
primer lugar, la suba de precios, muy especialmente de alimentos y medicamentos,
entre otros.
La
inflación perjudica seriamente la satisfacción de necesidades del adulto mayor,
mucho más si las actualizaciones de ingresos siempre pierden contra la
evolución del costo de vida.
Pero
también afecta el empobrecimiento de la población, lo que dificulta a la
economía familiar de los mayores, con limitaciones para colaborar con el
entorno cercano y de estos hacia las/os mayores.
Sea
por la inflación o por nivel de actividad económica, las restricciones son
importantes, aun cuando ahora existe un crecimiento económico, rebote de la
fuerte caída del producto en 2020. Se espera un ascenso de la economía
argentina del 6 al 7% en el 2021, mientras que la baja fue del 9,9% en el 2020,
sin contar los tres años recesivos previos en la gestión Macri.
Es
mucho lo que pierden las/os trabajadoras/es en actividad, condicionando los
ingresos previsionales actuales y futuros.
Por
eso nos preocupa la política previsional, más aún cuando en el acuerdo con el
FMI en el 2018 se incluía el compromiso del país por una “reforma previsional”,
que, desde ya, nadie imagina a favor de los ingresos y la calidad de vida de
jubiladas y jubilados.
La
pandemia agravó la situación. En un comienzo se identificó a las personas
mayores como sujetos vulnerables, confirmado con el promedio de edad de
contagiados, internados en terapia intensiva y fallecimientos.
Con
las nuevas oleadas del virus y el inicio de la campaña de vacunación el
promedio de edad bajó, pero no eliminó la incertidumbre para las/os mayores desde
el inicio del problema.
Entre
otras cuestiones, porque la salud sigue colonizada por una concepción
mercantil, aun cuando el Estado asuma el costo de salud derivada de la
pandemia.
Lo
que no aparece en los ámbitos de decisión estatal, sea el poder ejecutivo o el
legislativo, es un rumbo que defina los caminos de solución en acuerdo con las
demandas del movimiento de trabajadoras y trabajadores jubilados.
¿Existen los recursos para resolver estas demandas?
Desde
luego, lo que supone modificar el destino principal de los recursos públicos,
que desde hace años privilegian a los acreedores externos y al sostenimiento de
un modelo productivo y de desarrollo que solo generó mayor concentración,
pobreza y desigualdad.
El
informe que citamos de la ANSES da cuenta, pese a la extensión de los ingresos
previsionales, que la discriminación de género constituye un problema
estructural que viene de arrastre.
Pretendemos
señalar que eso es también parte de la desigualdad, fenómeno que se manifiesta
entre las/os pocas/os que concentran la gran propiedad de los medios de
producción y la mayoría social desposeída, y que se reproduce al momento de
evaluar los ingresos laborales y previsionales de varones y mujeres.
La
emergencia sanitaria evidencia no solo problemas de salud o económicos y
sociales, sino y muy especialmente los límites del orden capitalista para
atender las demandas de los más necesitados, entre ellos, las de jubiladas y
jubilados.
Buenos Aires, 3 de junio de 2021
[1] ANSES. Impacto de las
brechas de género en el acceso al derecho a la seguridad social. Dirección
General de Planeamiento. Mayo 2021, en: http://observatorio.anses.gob.ar/archivos/documentos/Impacto%20de%20las%20brechas%20de%20g%C3%A9nero%20en%20el%20acceso%20al%20derecho%20a%20la%20seguridad%20social.pdf
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