Ajuste con corrida bancaria


La cotización del dólar se acerca a 30 pesos por cada unidad de la moneda estadounidense, lo que repercute en la suba de precios, afectando el consumo popular y el proceso de producción.
Encima nadie sabe a cuánto llegará el dólar en el corto plazo. Un ex funcionario del gobierno, Melconian, sugirió 41 pesos por dólar y otros imaginan hasta el doble para igualar la pos-convertibilidad que pasó del 1 a 1, al 4 a 1 en poco tiempo.
Si el piso era 20 unidades de pesos por cada dólar antes de la corrida cambiaria, el 4 a 1 supondría llegar a 80 pesos por dólar, como aspiración del sector beneficiado por el alza de la divisa, principalmente grandes exportadores, sectores asociados al turismo externo receptor y especuladores.
Precios, consumo, producción y empleo
El precio del dólar se traslada en buena medida a los precios del conjunto de la economía y eso se refleja en la vida cotidiana de las familias de menores ingresos y por eso el mes de junio será el de mayor inflación en el año, entre 3 y 4%, con una proyección anual superior al 30%.
La corrida cambiaria de mayo y junio provoca el ajuste en la capacidad de gasto de la población.
Hay quienes dicen que el acuerdo con el FMI traerá ajuste (dicho en futuro), y lo que ocurre (en el presente) es el ajuste más allá de políticas explícitas de recorte de gasto público o despidos de personal del Estado, caso emblemático en estas horas en TELAM.
Con la suba del dólar suben los precios y cae el consumo popular, que gasta ingresos escasos en productos de la canasta básica, especialmente alimentos y servicios públicos privatizados y con tarifas en alza.
Aun cuando señalan que se morigera la suba de tarifas, la próxima semana aumentan los combustibles y la ronda de ascenso de precios no tiene fin.
Solo el conflicto social sindical genera expectativa de recuperación de ingresos perdidos por negociaciones colectivas amañadas y con techo, que solo se mueve en tanto la protesta traspasa el interés corporativo y se asume por el conjunto de la sociedad.
Es algo a discutir respecto de la valoración social sobre la educación, el trabajo estatal o en la justicia, con un despliegue de iniciativa gubernamental deslegitimando la demanda salarial de los docentes, estatales y judiciales.
Por la suba de precios y la baja relativa de los ingresos existen señales de caída de la actividad económica que se manifiestan en datos concretos, tal como señala el INDEC.
En abril del 2018 hay una caída de la actividad económica del 0,9% respecto al mismo mes de 2017, con especial impacto en el sector primario, que hasta ahora explicaba las mejoras económicas durante el gobierno Macri.
No solo el agro, ya que la “actividad de la industria manufacturera de mayo de 2018 presenta una baja de 1,2% respecto al mismo mes del año 2017” dice el INDEC, con especial impacto en el sector químico, textil y petrolero.[1]
Todo se manifiesta en el crecimiento de la desocupación, del 9,1% hacia marzo 2018, especialmente en los principales centros urbanos y de concentración de trabajadoras y trabajadores, el Gran Buenos Aires, Córdoba y Rosario.
Son preocupantes los datos del crecimiento de la irregularidad en el empleo, del orden del 35% y de los ocupados y sub-ocupados demandantes de empleo, lo que generaliza problemas laborales objetivos en la mayoría de los trabajadores y trabajadoras.
El Ministerio de Trabajo informa en sus estudios laborales que “el empleo privado formal presentó una reducción de 0,2% en mayo de 2018 con respecto a abril”.[2]
Agrega que el dato “se explica por la disminución en las ramas: Industria Manufacturera (-0,2%), Construcción (-1,0%), Comercio, restaurantes y hoteles  (-0,2%) y Transporte, almacenaje y comunicaciones (-0,4%). El resto de las ramas tuvieron un comportamiento positivo: Servicios financieros y a las empresas (+0,1%) y Servicios  comunales, sociales y personales (+0,1%).”
Vale recordar que la recuperación económica del 2002-2007 se motivó en la expansión del sector industrial, que ahora aparece afectado en su capacidad de expansión.
Esta caída afecta principalmente a sectores de la pyme y por eso existieron anuncios oficiales en materia crediticia, intentando contener la desazón en un sector ideológicamente favorable al gobierno.
El imaginario del gobierno es erróneo
Macri accedió al gobierno con la convicción que su sola presencia al frente de la gestión significaría el desembarco de capitales externos. Por eso pretendió cerrar el conflicto con los fondos buitres. En eso lo acompañaron opositores que le disputan gobierno pero no proyecto o rumbo económico y político.
No solo no terminó con el problema con algunos “buitres” que siguen demandando al país, sino que inició un nuevo ciclo de peligroso endeudamiento público mientras los capitales externos  se disponían a desembarcar.
La cruda realidad demuestra que no ingresan esos capitales externos, sino que se agiganta la fuga de capitales invertidos en el país y se aprovechan del ingreso de divisas vía préstamos o inversión especulativa para salir de la Argentina.
Eso explica la corrida cambiaria. Si las LEBAC generaron alta renta a inversores especulativos privados, ahora venden esos títulos y se resguardan en la moneda estadounidense que el gobierno generosamente ofrece.
Señalamos así, que el dólar es el resguardo de los inversores y encima, las autoridades no establecen ninguna restricción. En dos meses son cerca de 12.000 millones de dólares entregados a las cuentas de inversores especulativos, en lugar de usar reservas internacionales para una política de promoción de inversiones y empleos genuinos en todo el territorio nacional.
La situación del capitalismo mundial es inestable, con EEUU o Gran Bretaña promoviendo políticas  “proteccionistas” para intervenir con beneficio en la liberalización de la economía mundial.
Desde EEUU se instala la guerra comercial y monetaria, contra Europa o China; contra sus vecinos Canadá o México y se atrinchera en la región latinoamericana con base a socios ideológicos del libre mercado mentiroso en época de transnacionalización y dominación monopolista.
El gobierno Macri no entiende como sus aliados del capitalismo desarrollado no lo apoyan más allá del discurso y clama por la llegada de capitales externos.
Los potenciales inversores le aseguran futuras radicaciones si se avanza en el ajuste y la reconversión regresiva contra derechos sociales y sindicales de la población trabajadora. Para eso se insiste en la reforma previsional y laboral.
Por eso y a toda costa se avanza con el ajuste y se ensayan procesos de liquidación de ámbitos laborales en el Estado. La tercerización continúa y se vacían de tareas al sector público. Se genera así el clima de “no trabajo” y por lo tanto, que sobra personal, legitimando los despidos. Hoy se verifica la situación en los medios públicos, visibilizados en TELAM y pronto en la TV y Radio pública.
El experimento cuesta y mucho, porque la liberalización está generando un gigantesco déficit externo. El INDEC nos dice que el saldo negativo de la cuenta corriente de la Argentina alcanzó los 9.623 millones de dólares para el primer trimestre del 2018, producto de mayores importaciones que exportaciones; más gasto de argentinos en el exterior que el ingreso de turismo (aun antes del mundial de fútbol) y remesas de utilidades al exterior.
Todo se suple con una deuda externa crecida en 19.000 millones de dólares entre enero y marzo del 2018, a lo que deben sumarse los 15.000 millones desembolsados por el FMI el pasado 22 de junio.
A no confundirse, el error de diagnóstico del gobierno supone en simultáneo el ajuste contra los sectores de menores ingresos, derivado del consenso electoral del 2015 y 2017 y que pretende recrear para el 2019.
Ya no es tan segura la continuidad, pero un cambio de gestión tampoco augura una modificación sustancial del rumbo, por lo que hace falta una discusión sustantiva sobre el país a construir
Ir más allá de la crítica al gobierno macrista
Se necesita una seria discusión sobre el sentido del voto en el país y la discusión profunda para evitar que se continúe la misma política bajo otra gestión.
La discusión es sobre quién y para que el gobierno, y con ello intentar instalar en la sociedad el tipo de orden económico, social, cultural y político que se requiere para satisfacer necesidades sociales extendidas. No es un debate electoral, sino que lo trasciende.
El descontento social se manifiesta en conflicto, recientemente los paros del 14/6 y del 25/6, que avanzan en organización del descontento, o en las protestas de Chubut y variados territorios o de sectores que demandan por sus reivindicaciones. No alcanza con ello y se requiere discutir el rumbo, que es más que recomponer ingresos.
Claro que lo primero es la disputa para resolver la cotidianeidad, pero esta no existe si no se avanza en el consenso social para otra sociedad con mayorías sociales satisfechas, lo que implica una fuerte confrontación con los beneficiados del orden capitalista.
Buenos Aires, 30 de junio de 2018


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