Como si fuera una
broma pesada, en la víspera del Día Internacional de los Trabajadores, el
gobierno de Macri presentó al Parlamento, de manera parcial, su proyecto de
reforma laboral.
Incluyen para el
debate: el llamado blanqueo contra la irregularidad en el empleo, que involucra
entre 35 y 40% de la población trabajadora; los temas relativos a pasantías y
capacitación profesional para jóvenes; asuntos relativos a la salud y los
servicios médicos que afecta a la seguridad social; y el caliente tema de las
indemnizaciones por despido excluyendo el aguinaldo y otros ingresos
percibidos, tanto como la creación de un Fondo de Cesantías del que surgirían
en el futuro las menguadas compensaciones por despido.
Resulta muy grave el
tema indemnizatorio, con la pretensión de excluir de su cálculo desde el
aguinaldo a premios y beneficios acordados entre empresarios y trabajadores. Quieren
disminuir el costo por despido. Para aquellos empresarios que se acojan al
blanqueo se les extingue la acción penal y se los libera de multas y sanciones
de todo tipo, sacándolos de todo registro de incumplidores de la legislación laboral
y de seguridad social. Claro que el trabajador deberá resignar todos sus
derechos de litigar contra la impunidad empresaria.
El argumento oficial
es que en esta ocasión se tratarán aspectos consensuados oportunamente con la
dirigencia sindical. Vale aclarar que remiten a aquellos invitados al diálogo, especialmente
la cúpula de la CGT, excluyendo a las CTAs y otras organizaciones sindicales no
alineadas en centrales, y ni hablar de los movimientos sociales o territoriales
que agrupan a los principales perjudicados por la irregularidad derivada de la
impunidad empresaria.
Aun así,
prácticamente todo el arco sindical y de movimientos sociales indicaron no
acordar con criterios que disminuyen ingresos, especialmente relativos a
proyecciones sobre las indemnizaciones que afectan ingresos de los despedidos.
Nadie duda que la
iniciativa pretenda un nuevo intento por consolidar la ofensiva contra los
derechos históricamente conquistados por la lucha de las trabajadoras y los
trabajadores.
El gobierno trata de
intervenir en una lógica integral de reducción de salarios y baja del costo
laboral para beneficio de la ganancia empresaria, por lo que se pretende
afectar el monto de las indemnizaciones por despidos. Parte de la estrategia
apunta a la súper-explotación de jóvenes entre 18 y 24 años, bajo el régimen de
pasantía por un año para la formación, especulando con la necesidad de empleo
de los más jóvenes a cambio de míseros ingresos.
Son guiños a los
inversores externos para hacerles más atractiva la perspectiva de inversión. El
costo de esa estrategia lo sufrirán los trabajadores y las trabajadoras con
pérdidas de ingresos y de derechos. Al aumento de las tarifas de servicios
públicos y transporte, se pretende ahora la reducción de ingresos regulares,
trasladando con mayor agresividad el ajuste sobre la clase trabajadora. Es el
camino de la reforma previsional de diciembre pasado.
Es curioso como
vuelven sobre el argumento de la litigiosidad en materia laboral, como si la
defensa de derechos sociales, sindicales y laborales fuera “el” problema del
funcionamiento de la economía. La imaginación es que todo se resolverá con esas
esperadas y esquivas inversiones por las que claman las autoridades y por eso
les ofrecen en bandeja la incompleta reforma laboral.
No es bueno el clima
político para este ensayo de ajuste laboral que promueve el gobierno Macri. No
solo por la discusión tarifaria en proceso, sino porque la conflictividad
sindical y social supera toda parálisis imaginada de cara al mundial de fútbol.
Son variados los frentes de lucha del gobierno y no solo desde el movimiento
popular. Los que dominan presionan por estas medidas con corridas sobre el
peso, elevando cotización del dólar, para avanzar más rápido en el ajuste y
habilitar el conjunto del programa liberalizador de los grandes capitales.
Buenos
Aires, 2 de mayo de 2018
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