El dólar cotiza a $24
y nadie sabe cuál es el límite en el corto plazo, con especulaciones que lo
llevan a 30, 40, o más pesos por dólar.
Cierto razonamiento
señala que luego de la convertibilidad la divisa pasó de $1 a $4, por lo que
ahora, los 20 pesos por dólar antes de la corrida podrían ser 80 pesos por
dólar, y así equiparar aquel proceso de devaluación.
Los próximos días podrían
sorprendernos al respecto, máxime si entre las condicionalidades del FMI se
sostuviera un mayor nivel de corrección cambiaria para hacer competitivas las
exportaciones locales y modificar el saldo negativo del comercio internacional,
proyectado en torno a los 11.000 millones de dólares para el 2018.
Más allá de la
cotización de la divisa, el BCRA estuvo vendiendo dólares “baratos”, sostienen
en el mercado, para evitar el alza desmedida en la cotización. Ha sido poco
eficiente la medida, máxime cuando se verifica una pérdida de reservas de casi
9.000 millones de dólares entre el máximo acumulado el 11 de enero y el 9 de
mayo, de 63.906 millones de dólares a 55.196 millones según el sitio en
internet del BCRA.
Resulta interesante
constatar que a comienzos de enero la Argentina toma deuda externa pública por
9.000 millones de dólares, los que ingresaron al BCRA y sirvieron en este periodo
para financiar la especulación cambiaria y elevando, por ende, la necesidad de financiamiento
estructural a la que debía servir ese y otros préstamos asumidos por el
gobierno en lo que va del año.
Por eso no alcanzan
con los 9.000 millones de deuda de enero, que eran parte de unos 30.000
millones de dólares de necesidades de financiamiento externo según afirmó
oportunamente el Ministro de Finanzas.
¿Cuántos
dólares necesita la Argentina para hacer sustentable la política económica del
macrismo?
Los déficit son
varios y se anotan más de 10.000 millones de dólares por déficit comercial y
otro tanto por saldo negativo de turismo exterior, más cifra similar por
remesas de utilidades al exterior.
A ello debe sumarse
la dolarización del excedente, lo que se manifiesta como demanda de dólares por
inversores de diverso tamaño, estimado en 20.000 millones anuales.
Todo suma por lo
menos 50.000 millones de dólares. Al parecer, el mercado mundial vuelve a
cerrarse para la Argentina, con base en el temor del impago de los compromisos
externos. La solución de última instancia es el FMI, donde la decisión de
sostenimiento financiero requiere de una faceta técnica y otra política.
La primera la
procesan los funcionarios del FMI, que anticipan fuertes presiones para bajar
el déficit fiscal y avanzar en reformas estructurales, básicamente las
reaccionarias reformas laborales (a lo Brasil) y previsional (aumento de la
edad de jubilaciones y achatamiento mayor de la pirámide de ingresos
previsionales).
En el plano de la
política pesan los accionistas del FMI, especialmente EEUU que tiene el paquete
mayoritario en las decisiones en el Directorio. Desde el Tesoro estadounidense
ya dieron el acuerdo y se espera una conversación entre Macri y Trump que el
gobierno argentino descuenta favorable. En el mismo sentido se inscriben las
conversaciones amigables con Christine Lagarde, Mariano Rajoy y otros jefes de
Estado.
Se especula con la
economía y también con la política. Resulta impensable para el empresario
gobernante con política liberalizadora y profesión de fe por el capitalismo, a
cargo de la coordinación del G20, un rechazo de la asistencia financiera del
organismo rector de las finanzas globales. Resulta una especulación por
afinidad ideológica.
Como el FMI no
alcanza, las gestiones se extienden a otros organismos del sistema mundial, con
la pretensión de obtener un blindaje que actúe ante eventuales corridas más
allá de la actual.
La economía argentina
tiene ciertos problemas estructurales que la hacen inviable sin el ingreso de
capitales.
De un lado, los
inversores productivos presionan ante esa necesidad para reducir el costo de
producción y disciplinar el conflicto social, una tradición local derivada de
la histórica organización social y popular de la Argentina, en muchos casos
evidenciada en legislación laboral y social sustentando derechos.
Por su parte, los
prestamistas se entusiasmaron con el arreglo con los buitres y otros mecanismos
de liberalización en la circulación de capitales y liberaron recursos a tasa de
interés más alta que otras colocaciones en el mundo. Incluso prestaron 2.750
millones de dólares al 7,91% y a 100 años.
Esa voluntad de
crédito se frenó con el correr del presente año ante las dificultades de
cumplir con los compromisos financieros y muy especialmente ante los límites
que el macrismo ofrece para el logro estratégico demandado por reducir el costo
laboral y disciplinar al movimiento sindical y social.
Imaginarios
en danza y
presión de pinza
La presión por la devaluación
existe desde los grandes exportadores, pero también existe pensamiento profesional
de consultores al respecto y muy probable sea contenida como sugerencia entre las
propuestas en negociación con el FMI.
En cierto imaginario
intelectual, la devaluación supone comienzo de la recuperación económica, algo
verificado recientemente entre 2002 y 2007, e incluso sostenido en el tiempo. Devaluaciones
importantes ocurrieron en enero del 2014 y al comienzo del gobierno Macri a
fines del 2015.
Aun así, el otro
supuesto importante que fue condición de posibilidad del crecimiento desde 2002
fue la suspensión de los pagos de la deuda entre fines del 2001 y hasta la
renegociación del 2005, del 2010 y el acuerdo con los buitres en el 2016.
Más de uno piensa en
ambas medidas en la coyuntura: suspensión transitoria de pagos y mega
devaluación. Todo para lograr competitividad del capitalismo local y
reanimación económica sin modificar el modelo productivo y de desarrollo, lo
que llevaría en un tiempo corto a nuevos problemas de sustentabilidad.
Claro que la
suspensión de pagos es imposible de pensar bajo el macrismo y la hegemonía
parlamentaria actual, mientras que la devaluación exacerbada es siempre un
escenario posible para la hegemonía económica y política en la Argentina contemporánea.
Lo real es una doble
presión ejercida para el ajuste y las reformas estructurales. De un lado el
gobierno, aun cuando viste su discurso de gradualismo. Por otro lado, los
empresarios más concentrados, especialmente aquellos con disposición a invertir
en infraestructura, energía, comunicaciones, la industria automotriz y otros
sectores estratégicos definidos desde el gobierno y el capital transnacional.
El FMI cristalizaría
esa presión avalando una profundización del ajuste y las reaccionarias reformas
estructurales. Desde el poder mundial se presiona con el organismo
internacional intentando superar la aversión social de la población por los
históricos resultados regresivos de la intervención del FMI en la Argentina y otras
partes del mundo.
La gran incógnita es
la respuesta popular, no ya por los anuncios o sugerencias anticipadas, sino a partir
de la aplicación de las medidas luego del acuerdo del gobierno Macri con el FMI.
Una cosa fue hablar
del aumento de tarifas y otra muy distinta cuando empezaron a llegar las
facturas de los servicios públicos. La
reforma previsional solo pudo discontinuar la fórmula de actualización de
ingresos y ante la protesta social se contuvo en continuar con otros objetivos
más profundos y reaccionarios, tanto como postergar la mentada reforma laboral.
El efecto inmediato
resulta en encarecimiento de la vida cotidiana, lo que genera mal humor social,
que puede escalar en protesta, organización y movilización por un cambio, no en
el sentido pensado por el marketing gubernamental. Ello juega, claro está en la
perspectiva de renovación política del 2019 y en las posibilidades de pensar en
construcción política de contenido alterativo.
Buenos
Aires, 13 de mayo de 2018
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