Elogios del FMI a la Argentina

Hace una semana los elogios de la titular del FMI fueron para el Ministro de Economía Sergio Massa , claro, con la confirmación argentina del cumplimiento de los acuerdos suscriptos con el FMI. El turno de los elogios de Kristalina Georgieva llegaron ahora para Alberto Fernández, de visita en EEUU para participar de la Asamblea de la ONU. La felicitación es por el “acuerdo entre los técnicos del FMI y el gobierno argentino” anunciado en la fecha en el sitio oficial del Fondo . Se trata de un acuerdo respecto de la segunda revisión de las cuentas macroeconómicas, las auditorías trimestrales a que se somete el gobierno argentino por el acuerdo de marzo pasado. Argentina cumple con el ajuste. Ese acuerdo es el resultado de la segunda auditoría trimestral, y claro, aún resta la aprobación por el Directorio del FMI, lo que ocurriría el próximo 7 de octubre. Aún restan 8 auditorías trimestrales, lo que augura un largo periodo de ajuste a los compromisos derivados de una deuda odiosa e impagable, que hipoteca por décadas al país. Mientras tanto apruebe el Directorio del fondo, el país deberá cancelar el vencimiento de estos días con el FMI, para lo cual se dispusieron varias medidas para colectar divisas y acrecentar las reservas internacionales, las que venían en baja ante las corridas cambiarias. Es el caso del “dólar soja”, diversas restricciones a la disposición de moneda extranjera para importaciones de insumos productivos, y otros mecanismos para obstaculizar las negociaciones con divisas. La información del BCRA indica que en las dos últimas semanas las reservas internacionales crecieron en unos 1.300 millones de dólares, todo para cancelar al FMI, y que este libere esos mismos recursos para sostener una deuda comprometida hasta el 2034. Esos elogios se materializan en un proyecto de “Presupuesto 2023” de ajuste, pero que se acompaña con una “política económica” que ofrece negocios a inversores transnacionales para profundizar el modelo productivo y de desarrollo de dependencia y extranjerización de la economía local. Remitimos al agro-negocio de exportación, no solo del complejo sojero; a la minería, a los hidrocarburos y especialmente a la novedad demandada de litio. EEUU y el poder global Quién manda en el FMI es el gobierno de EEUU, en su calidad de socio hegemónico, único con capacidad de veto en el organismo. En ese marco no sorprenden los elogios hacia los gobernantes del país, ya que no solo se cubren en sus acreencias, cuantiosas, por cierto, sino que aseguran un rumbo de política económica de la Argentina en sintonía con las necesidades del capital concentrado y las premisas de política exterior del imperialismo estadounidense. Ocurre en un momento en donde está amenazada la omnipotencia de EEUU, por lo que desde Washington se agilizan acuerdos con gobiernos que en la región recogen consenso critico a las políticas liberalizadoras, casos de los cambios de gobierno recientes en Perú, Chile o Colombia, las previsibles mutaciones en Brasil y especialmente la revuelta popular de Haití. Desde EEUU necesitan adecuar su política exterior en la región para asegurar lo que consideran su patio trasero. Si no logran consenso electoral con gobiernos afines, buscan condicionar aquellos que remiten a consensos críticos al orden liberalizador. No es solo una cuestión política o diplomática, sino y sobre todo de intereses materiales, de asegurar la provisión de materias primas y bienes comunes para la lógica de explotación y saqueo en tiempo de tendencias decrecientes de las tasas de ganancia y de productividad, base material del deterioro relativo de la hegemonía estadounidense en el capitalismo mundial. El capitalismo está en crisis, lo que se visibiliza en las tendencias a la desaceleración económica, con baja producción y por ende una enorme disputa por el excedente económico mundial, lo que eleva los precios, especialmente de alimentos y energía. Remitimos a la inflación como fenómeno global. Es un fenómeno que agrega especificidades nacionales, caso de la Argentina, con una tasa de inflación en torno a los tres dígitos. Allí deben buscarse los puntos para pensar la encrucijada local en contra del ajuste y la profundización de la regresiva reestructuración económica y social con antecedentes desde 1975, muy especialmente en los 90 del siglo pasado y durante la gestión Macri entre 2015 y 2019. Por un lado, es una lucha por la independencia del poder mundial, de las transnacionales y especialmente de EEUU; pero también en contra de la disputa del poder concentrado local por la apropiación del excedente, el plusvalor socialmente generado. Se trata de una lucha a dos puntas, contra el poder local y su entramado con el global; proceso necesario para encarar una dinámica con eje en un plan productivo orientado a satisfacer las necesidades sociales, antes que la actual subordinada a la demanda de ganancias y acumulación del poder, de acá y de allá. Es claro que se trata de una decisión política a resolver desde el movimiento popular, gestando un nuevo ciclo de construcción de identidad por la liberación y la independencia del poder global. Buenos Aires, 19 de septiembre de 2022

Massa en EEUU confirma con el FMI el modelo de primarización, concentración y extranjerización

Sergio Massa, el ministro de economía de la Argentina, se encuentra en Washington con múltiples negociaciones con empresarios, inversores, sobre todo en los negocios estratégicos del modelo productivo argentino, sean los hidrocarburos, especialmente Vaca Muerta, gas y petróleo; pero también con la minería y muy especialmente con los desarrollos presentes y futuros del litio; pero también y por supuesto, potenciando el modelo del agro-negocio de exportación con epicentro en la soja y sus derivados. Tengamos en cuenta que Massa desembarco en EEUU para negociaciones con el FMI y captar inversiones, pero con el “dulce” que representaba haber concedido un tipo de cambio de 200 pesos por dólar para el negocio de la exportación de la soja, lo que le trajo réditos más que importantes a ese núcleo del poder económico en el capitalismo local. Con esa medida, se esperaba en los primeros días de la semana pasada obtener unos mil millones de dólares por la venta de soja, y en rigor, en la primera semana lograron unos 2.300 millones de dólares. El objetivo para todo el mes es de 5 mil millones de dólares. Todo indica que el objetivo se cumplirá. Lógicamente, otros sectores de la producción primaria y secundaria solicitan un tratamiento similar. Es el camino de la devaluación en cuotas o sectorial, en desmedro de los ingresos populares. Así como hay “dólar soja”, se pretende que haya un “dólar maíz”, por ejemplo. El problema es que la producción de soja se coloca, mayoritariamente, en el mercado mundial. Por ende, no tendría impacto en la inflación local, porque la soja no se consume en el mercado interno. Con el maíz pasaría algo distinto porque si se consume en el mercado interno y podría impactar en los precios. Preocupa el tema, porque la inflación del mes que paso, que conoceremos esta semana, va a estar entre el 6% y el 7%, y la inflación anualizada proyectada estará entre el 90% y el 100%. En ese marco, desde el ministerio de economía se analiza como otorgar concesiones al poder económico, productivo, financiero en función de obtener divisas para fortalecer las reservas internacionales. Un tema adicional es el costo financiero que tiene ese tipo de cambio especial para la liquidación de la soja. Porque claro, los productores y exportadores de la argentina liquidan sus exportaciones de soja a 200 pesos por dólar y se supone que el banco central paga esos dólares a los exportadores, al tiempo que les permite mantenerlos en el exterior. Para comprar esos dólares, el BCRA tiene que emitir pesos. Por lo tanto, el éxito por la liquidación de divisas supone una gigantesca emisión monetaria con enorme costo financiero, porque la autoridad monetaria debe esterilizar esos pesos emitidos para cumplir con el acuerdo con el FMI. El BCRA debe pagar tasas de intereses elevadas para retirar los pesos volcados al mercado. Si bien es deuda en pesos, en tanto mecanismo de crecimiento de la deuda pública interna, condiciona los futuros presupuestos. De ese modo se condiciona el gasto público social (en educación, salud, salarios estatales) en función de los pagos de la deuda pública, sea de la deuda externa en divisas o de la deuda interna en pesos. Se sostiene que deber en pesos es mejor que deber en dólares porque es una deuda interestatal. Eso es correcto en general, pero en particular los pagos de intereses de la deuda interna tienen impacto en que gasto público se privilegia: si los gastos por la deuda, o el gasto social, que incluye la educación, salud, vivienda, promoción del empleo o de las económicas regionales. El FMI aprueba la segunda auditoria La presencia en Washington de Sergio Massa consolida la política de ajuste y de reestructuración regresiva incluida en el acuerdo con el FMI, fortaleciendo así los lazos de la dependencia y subordinación a la lógica transnacional del capital. Son elementos que confirma el propio FMI, que en un comunicado con declaraciones de la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, sobre Argentina, se destaca la “fructífera semana de reuniones técnicas presenciales en el marco de la segunda revisión del programa del Acuerdo Ampliado del FMI con Argentina” Entre los datos positivos que difunde el gobierno y el ministerio de economía (presentados al FMI) está el ingreso de unos tres mil millones de dólares entre préstamos concedidos por parte del BID y del Banco Mundial, los que se han liberado en tanto y en cuanto el gobierno argentino ha otorgado concesiones como el mencionado dólar soja y otros temas que permiten postergar el proceso de devaluación general de la moneda, pero que aceleran el proceso de adecuación del tipo de cambio oficial a lo que requieren los grandes productores, exportadores y especuladores de la economía argentina. Por ello, la Directora Gerente del FMI destaca que “felicitó” al ministro por “estabilizar los mercados y revertir un escenario de alta volatilidad”, claro que concediendo la principal reivindicación del sector agroexportador de soja, al tiempo que destacó el “compromiso e impulso para lograr las metas del programa—que se mantendrán sin ser alteradas--y los concluyentes avances logrados”, en materia de ajuste fiscal y monetario, como de acumulación de reservas internacionales. La mención de la Georgieva apunta a la inestabilidad política generada por la corrida cambiaria de las últimas semanas. Son señales del poder mundial radicado en Washington que le otorgan aire político al gobierno y que más allá del debate entre dolarizar o devaluar, se acelera el proceso del ajuste y el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población, algo que se consolida con el dato de inflación que conoceremos esta semana respecto del último mes, que augura una inflación cercana a los tres dígitos. La transferencia de ingresos que opera vía remarcaciones de precios y la consolidación del programa de ajuste con el FMI, demanda la emergencia de una alternativa política que superen las opciones de gestión del capitalismo. Buenos Aires, 12 de septiembre de 2022

Massa busca el consenso de Washington

El ministro de economía Sergio Massa viaja a EEUU para buscar el apoyo de Washington. ¿Se acuerdan del Consenso de Washington (CW) en los 90 del Siglo XX? Washington es la sede del gobierno de EEUU y de los organismos internacionales: el FMI y el Banco Mundial, los que mandan en la economía mundial. Por eso, buscar el consenso de Washington apunta al consentimiento del poder mundial. Si en los 90 del siglo pasado la “receta” era la “liberalización y apertura” de la economía a la libre circulación de los capitales, la pretensión actual se resuelve en asegurar los mecanismos de incentivo a la iniciativa privada y la transnacionalización. Argentina ingresó subordinadamente en ese proceso y el acuerdo con el FMI en marzo pasado, renegociando el préstamo del 2018, ratifica y profundiza el rumbo dependiente del capitalismo local. La orientación política de la política económica en la Argentina actual tiene un eje en las decisiones que se toman en Washington, sede del debate del poder económico mundial. Un poder global en un tiempo de crisis mundial del capitalismo, donde EEUU disputa la hegemonía, no solo con China, sino también con la alianza de Rusia con el gigante asiático y otros países sancionados unilateralmente desde Washington, los que se articulan en bloques económicos, financieros, productivos, e incluso políticos. Argentina está también atravesada por este debate, pero el sesgo de privilegio se orienta hacia las orientaciones emergentes desde Washington, aun cuando son múltiples los lazos económicos con Beiging y sus aliados sancionados unilateralmente por EEUU. La discusión es por la producción mundial, por eso la/s guerra/s tienen el trasfondo de los hidrocarburos, base de las sanciones contra las exportaciones de petróleo y gas desde Rusia. Son sanciones empujadas por el principal consumidor y productor mundial de hidrocarburos: EEUU. Una potencia económica con capacidad política y diplomática para arrastrar a sus socios occidentales a aventuras suicidas, no solo militares. Desde los diferentes gobiernos en Washington, demócratas o republicanos, necesitan asegurarse la dominación material, ideológica y política del sistema mundial y en ese sentido, les preocupa el clima de conflicto social y político en la región latinoamericana y caribeña. Dólar “soja” Hacia EEUU viaja Sergio Massa, y para asegurarse buenos resultados en su lógica de política económica y su perspectiva para el futuro de la Argentina en un año electoral (2023), en donde aspira a tener algún lugar de importancia, lo que hace es una conferencia de prensa y la publicación en el boletín oficial, de un dólar soja. Una concesión el poder concentrado del complejo de la agro exportación del producto estrella de las últimas décadas: la soja. Lo que se dispuso fue la concesión de un tipo de cambio diferenciado para las exportaciones de soja. Es transitorio, hasta fin de septiembre, pero que puede constituirse en permanente, por lo que pueden existir prorrogas recurrentes. Claro que los grandes sectores de productores y exportadores de soja no están satisfechos, incluso algunos de sus colegas del modelo primario exportador reclaman la extensión de las medidas a otros productos, no solo la soja: el trigo, el maíz, incluso sectores industriales diversos. Es parte de la gestión gubernamental ir otorgando estas concesiones para mostrar en Washington, que la Argentina está cumpliendo con el acuerdo con el FMI. Se busca, entre otras cuestiones, fortalecer las reservas internacionales, y este acuerdo publicitado en en el boletín oficial, difundido por conferencia de prensa y con todo el poder económico especialmente agroexportador en la presentación del tema, aseguran para esta semana se liquiden unos mil millones de dólares, de un total de cinco mil millones de dólares que imaginan ingresados en el mes de septiembre. Así, se rinde cuenta ante el FMI, que las reservas internacionales crecen, que la Argentina cumple con lo pactado con el Fondo y claro, son concesiones a los grandes productores y exportadores de soja que intentan destrabar la retención de soja de los productores. La medida tiene como efecto económico concreto mejorar el tipo de cambio, algo así como “eliminar” sin eliminar las retenciones. Un tipo de cambio a 200 pesos por dólar, menos las retenciones, es equivalente al tipo de cambio oficial sin retenciones, una mejora entre el 35 y 40% del precio que hoy recibe el productor. Recordemos que el poder exportador demanda la eliminación de las retenciones. La respuesta con el dólar soja es de equivalencia. No se quitan las retenciones, pero se mejora el tipo de cambio. En la práctica actúa como haber quitado las retenciones. Eso supone una mejora en el tipo de cambio y razonan desde el gobierno que como el grueso de la producción de la soja y sus derivados está destinado al mercado mundial, este tipo de cambio especial no impacta en el precio de los alimentos en el mercado interno. Por lo tanto, no debería afectar la evolución de la inflación en el país. Concesiones al poder y al modelo productivo Lo que se ve es que hay concesiones al poder económico y sostiene el ministro de economía que la soja es nuestro principal complejo productivo y de exportación, en una lógica donde promueven un incremento de exportaciones para resolver la ecuación fiscal en el marco del acuerdo con el FMI y la decisión de privilegiar la cancelación de la deuda pública. Concesiones al fin, al poder económico. No existen unas concesiones similares orientadas a los ingresos populares: jubiladas y jubilados, trabajadores/as. o perceptoras/es de planes sociales. Se trata de una orientación a consolidar el modelo productivo. La especulación desde el poder económico es que este dólar especial para la soja se oriente a otras producciones más allá del agro, caso de la minería, consolidando ese modelo primario exportador de concentración del poder económico local con grandes corporaciones trasnacionales, en este caso, de la soja con trasnacionales de la alimentación y la biotecnología. Cuando señalamos que el acuerdo con el Fondo condiciona la política económica local, alcanza con analizar medidas como estas, de dólar especial para el poder, para confirmar el carácter subordinado de la política local a la lógica transnacional del capital dominante, local y global. Massa viaja a EEUU para tratar de viabilizar la continuidad del acuerdo con el FMI, recibir los fondos para pagarle al FMI y si es posible ampliar los préstamos del Fondo, todo para cumplir con el acuerdo y reproducir y mejorar una lógica de generación de riqueza altamente concentrada para potenciar un modelo productivo y de desarrollo que no satisface las demandas de la mayoría de la población empobrecida. Buenos Aires, 5 de septiembre de 2022

Ajuste y crisis política

Asistimos a un momento político muy especial en la Argentina, con un trasfondo de aceleración del ajuste fiscal, que se expresa en las definiciones que va asumiendo el poder ejecutivo en acuerdo con el FMI, con el privilegio a la política de achicamiento del déficit fiscal. De ese modo, se despliega la eliminación de partidas para educación, salud y otros derechos elementales de la población argentina. Se explicita la sub-ejecución de las partidas como excusa de una decisión pre elaborada de achicamiento del gasto público social. Es un momento especial porque en simultaneo con la continuidad y profundización del ajuste, se evidencian elementos de crisis políticas en el país por el accionar del poder judicial. Remitimos al juicio sobre corrupción en obras públicas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El dato relevante lo constituyeron las movilizaciones solidarias con la ex presidenta, las que contribuyeron a cerrar filas en el Frente de Todos, incluso con perspectivas de una movilización gestada desde el peronismo. Se ocultan así las contradicciones y discusiones que venían desde el interior de la coalición del gobierno, suspendidas en la coyuntura de mayor avance de las medidas antipopulares expresadas en subas de precios y una inflación anualizada en torno al 90%. Por su parte, se puso en evidencia el plan y accionar político represivo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, habilitando debates al interior de la coalición opositora. La represión y la negociación con autoridades nacionales visibilizó las críticas de los duros del macrismo y los anarco-liberales ante la debilidad del aspirante a la presidencia en el 2023. La situación permite sacar lecciones de estos acontecimientos. Existe una demanda para construir referencia política en la Argentina y el armado del Frente de Todos, que alcanzó para evitar el segundo mandato de Mauricio Macri y su propuesta de profundización de la liberalización, no constituyó una política a contramano de la lógica económica que condicionó el gobierno anterior con la sujeción al condicionante del FMI. Tampoco intentó modificar el modelo productivo y de desarrollo, de fuerte concentración y extranjerización asentado en la primarización de las exportaciones y la subordinación a la dinámica de la transnacionalización productiva, mercantil y financiera, un proceso en construcción desde la propia dictadura genocida. Ahí está el problema político y económico a enfrentar, como desafío histórico para construir alternativa política. Ni las derechas del macrismo o los libertarios, ni la coalición gubernamental pueden resolver la demanda social descontenta con el ajuste y el rumbo económico definido en el país. En ese sentido, si el ajuste es la base del descontento social, no hay que dudar en el crecimiento de la desconformidad, la protesta y la conflictividad social, aun cuando cierre filas el oficialismo ante la ofensiva judicial. Lo evidente en la Argentina es la ausencia de un proyecto político alternativo, que pueda confrontar con la lógica del acuerdo llevado adelante entre la Argentina y el FMI, que supone compromisos de las dos principales coaliciones que disputan el gobierno del capitalismo en la Argentina. No había acuerdo con el FMI sin la voluntad política de una parte del Frente de Todos que impulso las negociaciones y la oposición de Juntos por el Cambio que favorecieron el aval parlamentario para que se suscribiera ese compromiso de ajuste y auditoria regular y permanente del FMI sobre las cuentas públicas del país. En los próximos días, Sergio Massa y su equipo otorgarán las garantías suficientes para el desembolso de 4.000 millones de dólares antes del 10/9 para cancelar vencimientos con el Fondo, al tiempo que gestionarán nuevos préstamos para mejor las reservas internacionales y cumplir lo acordado con el organismo internacional, claro, a costo del conjunto de la sociedad. Alternativa política Por eso esta movilización y crisis política que se genera en la Argentina da para pensar la necesidad de conformar rumbos alternativos que confronten con esta dinámica de ajuste fiscal. Señalemos que, si se debe reducir el gasto público, se puede transitar otro camino, caso de eliminar la política que privilegia los subsidios a las grandes empresas, derivada de la lógica privatizadora de los servicios públicos ejecutada hace ya tres décadas, sustentada con financiamiento público a costa de resolver partidas para derechos socioeconómicos de la mayoría empobrecida. La “solución” en ejecución en estas horas pasa por la disminución de subsidios energéticos que se transfiere vía segmentación a los usuarios, o con la suba de las tarifas del transporte público, especialmente en la zona metropolitana, antes ejecutada en el conjunto del país. Se consolida la orientación a la privatización, con tendencia a achicar el subsidio público y elevando el precio a pagar por la población. Para construir alternativa política se requiere discutir el modelo productivo y de desarrollo desde el origen de la privatización de la energía y los servicios públicos en los años 90´, continuado y consolidado por tres décadas. Ese es el debate estructural que va mucho más allá del incremento coyuntural en las tarifas y que pone en discusión la organización económica del país. Se trata de discutir la política sobre hidrocarburos, es decir, ¿qué tipo de energía se necesita, energía para qué y para quien, para que tipo de desarrollo productivo, para resolver que necesidades? Así como señalamos que el principal gasto publico son los subsidios a las empresas privatizadas de servicios públicos, el segundo gran gasto publico tiene que ver con los servicios de la deuda pública. Por eso necesitamos hacer crecer la campaña de la auto convocatoria por suspensión de pagos de la deuda y la auditoria popular, iniciando por la anulación del acuerdo con el FMI. Urge resolver el pago de la deuda con la sociedad empobrecida y comenzar a satisfacer la demanda por derechos. Reorientar el gasto público supone un debate político gigantesco para construir un consenso crítico al accionar sistémico de los poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que desde sus especificidades constituyen la base de sustentación del orden capitalista local. Es un debate que necesita trascender la gestión del capitalismo contemporáneo y colocar en el centro la discusión sobre una alternativa política. Junto a la disputa por la gestión del régimen del capital, la izquierda está desafiada a visibilizar una política de organización y movilización por un orden socioeconómico, político y cultural que satisfaga derechos bajo una orientación solidaria, de autogestión y comunitaria a contramano de la lógica de la ganancia y la acumulación que define el presente de penurias sociales ampliadas. Buenos Aires, 31 de agosto de 2022

El ajuste requiere de técnicos y de políticos

Luego de idas y vueltas se designó a Gabriel Rubinstein en el ministerio de economía. Será el segundo a bordo en la gestión económica de Massa. Es un “profesional” de la economía ortodoxa, consultor de empresas, presentado como el “técnico” que viabilizará las decisiones políticas del cogobierno del FdT y el FMI. Rubinstein tiene antecedentes en la gestión pública junto a Roberto Lavagna, quien tuviera a su cargo la gestión económica en tiempos de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner. Igual que Alberto Fernández y Sergio Massa emitió opinión fuertemente crítica respecto de Cristina Fernández y los gobiernos de cuño kirchnerista. La dupla Massa-Rubinstein constituye la sociedad de ejecución del ajuste acordado con el FMI. Aludimos a un político y a un “técnico”. Recuerdo el debate entre Menem y Cavallo cuando aquel destacaba a su ministro como un gran “técnico”, pero que, sin el jefe político del justicialismo, la convertibilidad era imposible, ya que había que disciplinar a los votantes y seguidores. Carlos Menem era consciente que el consenso político viabiliza los recortes de recursos para los sectores más necesitados, una demanda histórica del poder económico y político del país. Claro que Cavallo era también un político que disputo cargos electorales y consenso político y social. La recordación es útil, ya que la dupla en la gestión económica, Massa y Rubinstein, debuta con un incremento de las naftas y una disminución del gasto público en sectores sensibles. El Boletín Oficial del 22 de agosto anunció vía “Decisión Administrativa 826/2022” un ajuste de 70.000 millones de pesos al Ministerio de Educación, otros 10.000 millones de pesos al de Salud y 50.000 millones de pesos al programa Procrear. Suman un total de 210.000 millones de pesos de recortes de programas públicos para facilitar el achique del déficit fiscal. El ajuste opera sobre los ministerios de Educación, de Salud y de Desarrollo Territorial y Hábitat. Se insiste en la consistencia macroeconómica de las medidas de gobierno, como principal tarea del técnico Rubinstein. ¿Qué significa consistencias macroeconómicas? ¿Consistentes en beneficio de quien, a favor de quien y en perjuicio de quién? El aumento de los combustibles impacta en suba de precios y por ende deteriora la capacidad de compra de la mayoría de la población que vive de ingresos fijos y disminuidos por la misma evolución de la inflación. Agosto puede repetir el elevado guarismo de julio, incluso puede ser menor, pero escala en el año al 90%, habilitando un debate sobre la posibilidad de una inflación de tres dígitos para todo el 2022. Con un 40% de pobreza y un porcentual similar de trabajo irregular, sin seguridad social, y un promedio de ingresos muy por debajo de la línea de pobreza, la orientación ajustadora de la dupla Massa-Rubinstein deteriora aún más los ingresos populares. Más aún, reunido el 22 de agosto el Consejo del salario, el empleo y la productividad, se decidió, con 30 votos a favor, una abstención y un rechazo, una actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil, SMVM, de un 21% en tres cuotas. Se eleva así el SMVM, de 47.850 pesos de agosto, a unos 51.200 pesos para septiembre, a 54.550 pesos para octubre, y a 57.900 pesos a noviembre. Desde ámbitos sindicales se pretendía que el SMVM superara la línea de la pobreza y se solicitaba un mínimo en torno de los 110.000 pesos mensuales. El monto asignado para septiembre apenas supera el 46% de ese monto, necesarios para cubrir la canasta total de la cifra oficial del límite de la pobreza. La parodia del “Consejo del Salario, el Empleo y la Productividad”, repite la desconsideración del debate sobre empleo y productividad. Solo se concentra en un acuerdo entre patrones, gobierno y la burocracia sindical para contener la distribución del ingreso, favoreciendo la lógica de la ganancia y, por ende, del régimen del capital. Para estas cuestiones importa la consistencia de la macroeconomía, para el ajuste y la reestructuración del orden económico a favor del capital. Rubinstein debió disculparse de sus críticas a la líder política del FdT, igual que antes debieron hacer Massa y Fernández, en aras de legitimar la presencia en el gobierno de la coalición liderada por Cristina Fernández. Las opiniones “políticas” del nuevo funcionario se adecuan en función del lugar asignado en la gestión del capitalismo. Una posición se asume como oposición política y no hay inconveniente en rectificar si se trata de ocupar un lugar desde el oficialismo. La política económica del gobierno del FdT es auditada formalmente por el FMI, pero también considerada desde la Embajada de EEUU, tal como se evidencia en los contactos regulares del embajador estadounidense con diferentes ámbitos del gobierno nacional, y recientemente en el cónclave del Consejo de las Américas. Allí se remarcó la importancia de la Argentina y la región latinoamericana y caribeña en la provisión de los recursos naturales demandas por el orden económico mundial. La designación de Rubinstein aparece como la de un técnico, de un profesional con opinión política, un técnico con formación política y teórica que apuntará a consolidar con medidas de política económica, el modelo productivo y de desarrollo del capitalismo en la Argentina. Eso de “técnico” es muy discutible. Se trata de un funcionario que buscará darle sustentabilidad al proyecto de inserción capitalista de la Argentina en una economía mundial, por cierto, muy discutida, con inflación elevada y tendencia creciente hacia la recesión. Argentina agrega a los problemas globales su propia especificidad de desorden político, que impacta con su elevada inflación, motivada en la disputa por el excedente desde los sectores hegemónicos de la producción y circulación de bienes y servicios. La prioridad de la dupla Massa-Rubinstein apunta a cumplir con el acuerdo con el FMI. Por lo tanto, el ajuste fiscal y la acumulación de reservas internacionales para cumplir los compromisos de la deuda, se consolida como un gran condicionante de política económica. Al mismo tiempo, se confirman las demandas del poder económico, por eso reuniones con sectores de la mesa de enlace, de la agroindustria y otros sectores del poder económico. En contrapartida, muy poco sobre las reivindicaciones populares. que entre otras cuestiones aparecieron expresadas en movilizaciones muy importantes de las centrales sindicales. Todo un tema para considerar, sea por la cantidad de movilizados como por la ausencia de una centralidad política desde el movimiento obrero para liderar una demanda a favor de los ingresos populares. Es parte de la fragmentación que se intenta superar desde ciertos ámbitos de la militancia social y política. La movilización social y del movimiento piquetero, por un lado, y del movimiento sindical y popular por el otro, aparece fragmentado y por ahora sin capacidad de síntesis para intentar una opción de alternativa, critica al capitalismo; que se proponga ir más allá aún. Queda claro que en la agenda prioritaria de Gabriel Rubinstein y de Sergio Massa no aparece la satisfacción de las demandas populares. Por eso, en un marco internacional que no ayuda, y en un clima político económico social de la Argentina complejo, aparece la necesidad de un debate integral sobre qué país, que política, que economía, que modelo productivo, de qué manera se satisfacen las necesidades de la población sin subordinar la vida cotidiana a la demanda del poder económico local y mundial. Es algo a definir según sea la capacidad de organización y resistencia del movimiento popular, que hoy fragmentado está limitado en su capacidad de organizar el descontento social ampliado en contra del ajuste y por un programa propio para la emancipación. Buenos Aires, 23 de agosto de 2022