La política discute quien gestiona el ajuste y el rumbo de la economía

La política y la economía, o viceversa, tienen especificidad, pero interactúan de manera dinámica. Es algo visible en estas horas en las que se ventiló el fallo en primera instancia que condena a Cristina Fernández de Kirchner, pero también, hace lo propio la denuncia de la connivencia del poder económico, mediático, político y judicial. Ambas son noticias de fuerte impacto político y, de hecho, el descargo de la “vice” ante el fallo, anunciando el renunciamiento a cualquier cargo tiene fortísimo impacto en vísperas de un año de renovación de la gestión presidencial. Incluso, más allá de la validez jurídica de los diálogos telefónicos divulgados, se evidencia la impunidad del poder articulado de grandes empresarios y medios con instancias de los poderes del Estado. Detrás de estos episodios está en discusión la gestión del capitalismo local. No puede separarse la política de la economía o viceversa. Los casos judiciales a que aludimos tienen impacto político y trasfondo de connivencia del poder económico con quienes definen la política cotidiana, sea en el gobierno o desde la oposición. El fallo contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner establece una condena a 6 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos políticos de por vida, lo que ha generado un debate en el país, no solo en el oficialismo, sino también en la oposición. ¿Quiénes serán los referentes electorales de las coaliciones que hoy disputan el gobierno del capitalismo local y cómo se designarán? ¿Qué posibilidad se abre para terceros que pretenden colarse en la disputa electoral, especialmente el caso de la ultra derecha? ¿Podrá la izquierda articular una propuesta más amplia que la actual para intervenir efectivamente en la disputa por la representación institucional? Resulta interesante para visibilizar en la sociedad la difusión de la connivencia del poder económico personificado en Joe Lewis, el británico apropiador del “lago escondido” en sus territorios y que asocia gran propiedad territorial y capital externo con políticos de la oposición y del oficialismo, y claro que la enorme complicidad de la prensa hegemónica en la Argentina. En el fondo está el ajuste y la regresiva reestructuración económica Queda claro que se trata de intereses económicos, políticos y judiciales todos atravesados con lo que está por detrás que es el ajuste de la economía, algo que se confirma en estas horas con la tercera auditoria del FMI, según leemos en comunicado de prensa del organismo internacional . Allí se puede leer el avance del acuerdo: “La prudente gestión macroeconómica y los esfuerzos para movilizar financiamiento externo están respaldando la estabilidad macroeconómica—se está restableciendo el orden fiscal, moderando la inflación, mejorando la balanza comercial y fortaleciendo la cobertura de reservas.” Señala el FMI que Argentina está cumpliendo con lo que se comprometió en marzo pasado que es la reducción del déficit fiscal, el control de la emisión monetaria, aunque eso sea a costa de un endeudamiento en pesos fenomenal. Las Letras de liquidez, LELIQ, duplican la base monetaria, que son todos los billetes y monedas que circulan en la Argentina. Se trata, las LELIQ, de un pasivo rentado del BCRA que complica el uso de recursos públicos destinado a resolver necesidades sociales. Ese costo afecta las posibilidades de atender a la población empobrecida de la Argentina y aún restan 7 auditorías trimestrales, según el acurdo con el FMI, por lo que el ajuste es un horizonte continuo en el futuro. El interrogante es si la sociedad afectada por el ajuste y la restructuración regresiva no hace estallar la relativa tranquilidad con la que se llega a este fin del 2022. No es solo ajuste lo que está en discusión, en rigor, es el modelo productivo y económico de la Argentina, donde lo que se afianza es la primarizacion de la producción y las exportaciones por eso todo remite al complejo de la soja, lo que explica la renovación de un tipo de cambio especial en beneficio para los grandes productores y exportadores. Pero también es el caso de los hidrocarburos no convencionales y todo lo vinculado a sacar el petróleo y gas no convencional de Vaca Muerta. Se pretende producir para exportarlo y ofrecerlo sobre todo a Europa, apurada por sustituir la importación del gas ruso. En ese camino existen expectativas del poder mundial, sobre todo de EEUU, en el litio. Vale recordar que Argentina, junto a Chile y Bolivia son el principal reservorio del litio en el mundo. Por eso las reuniones entre Sergio Massa, el ministro de economía de la Argentina, con los sectores más concentrados de la industria, del agro, de la agroindustria, de las finanzas, para consensuar una política antiinflacionaria que reduzca este casi 100% que de inflación estimada para el 2022 y asegurar un horizonte de estabilización macroeconómica que facilite inversiones en el corto plazo. Temor al descontento y la protesta Hay temor por la escalada inflacionaria en una perspectiva de hiperinflación, que pueda desatar el conflicto social. El ministro de economía dice que “si la inflación continua no ganaremos la elección del 2023”, pero también le está diciendo a los grandes empresarios que contribuyan a morigerar la expectativa de apropiación de ganancias para normalizar la situación y no exacerbar la protesta, el conflicto social. Fue el embajador estadounidense quien alertó en el mismo sentido a las coaliciones políticas que disputan gobierno: “avancen en una coalición desde ahora”, en claro mensaje para acordar cuestiones esenciales que viabilicen la normalización del capitalismo en el país. A no engañarse, más allá delo que sostengan las sentencias judiciales o las connivencias del poder judicial con el poder político, mediático e intelectual, lo que define la política es la lucha social contra el ajuste, especialmente si esta articula un proyecto político para reestructurar el orden económico y político, con otros beneficiarios a los actuales. Es un tema escasamente evidenciado en el debate político y a tener en cuenta, ya que solo se discute la “normalización” del orden existente y se escamotea el desafío para posibilitar rumbos políticos alternativos para otro orden económico y la reproducción de la vida cotidiana. No se trata de la corrupción como pretenden instalar mediática y judicialmente, aun siendo un tema de interés e importancia en la sociedad, no solo en Argentina, un tema que visibiliza la situación de Perú. La cuestión de fondo es el debate sobre el orden económico y político, por lo que la pelea fundamental es contra el ajuste que supone el acuerdo con el FMI y que encabeza las demandas de los sectores más concentrados de la actividad económica local. Otra agenda es posible y se asocia a la organización y lucha popular por otro orden social, económico, político y cultural. Buenos Aires, 13 de diciembre de 2022

Avance del ajuste acordado con el FMI y discriminación favorable a los más ricos

Resulta evidente la política de ajuste del gobierno nacional, producto del condicionamiento que surge del acuerdo con el FMI. En este último sentido, se confirma el condicionante con la presencia en Washington de los principales funcionarios del ministerio de economía, acordando los últimos aspectos de la tercera revisión del acuerdo con el FMI, o sea, la tercera auditoria. Recordemos que cuando se suscribió a este acuerdo en marzo del 2022 se establecieron diez auditorias trimestrales. Cada auditoria determina si el FMI evalúa que la Argentina cumplió con lo que se había comprometido y si considera que así ocurrió, que se cumplió con las metas fiscales, en ese caso libera los recursos comprometidos. Se consolida la lógica de subordinación a la orientación de política económica de los directivos del organismo internacional, voceros de la dominación económica y política global. Lo que se audita, principalmente, es: a) reducción del déficit fiscal; b) con las metas monetarias, no emitir más allá de lo comprometido con la política monetaria acordada; y por supuesto, c) hacer crecer las reservas internacionales, un reaseguro no solo para el cobro de la deuda de Argentina con el FMI sino como un elemento de estabilización de la política macroeconómica. Cada trimestre el FMI revisa estas metas. Todo indica que la Argentina está cumpliendo, claro, sobre la base de un ajuste gigantesco al gasto social, induciendo una desaceleración de la economía y otorgando concesiones al poder económico para el ingreso de divisas, caso del “dólar-soja”. Bajo esas condiciones, la expectativa es que el FMI libere recursos por unos 5800 millones de dólares. Esos recursos, así como ingresan a las reservas internacionales también sirven para cancelar la deuda que oportunamente tomo el gobierno de Mauricio Macri con el FMI. En rigor, la política termina siendo “pagar deuda acrecentando la deuda”. Aquella deuda del 2018, asumida a cancelar en 5 años (crédito stand by), se transformó en una deuda a 10 años (préstamo de facilidades extendidas), una hipoteca que tendrán que pagar las generaciones actuales y futuras, sin descartar futuras renegociaciones que reanimen la transferencia de riqueza generada por el trabajo argentina hacia los acreedores de la deuda local. La realidad es que el cumplimiento de esas metas fiscales, monetarias y de crecimiento de las reservas internacionales se hacen sobre la base de un fuerte ajuste. El impacto es regresivo y se está generando, con las propias informaciones que surgen del ministerio de economía, quienes reconocen una desaceleración del consumo. Esa desaceleración del consumo está generando la buscada disminución del ritmo de crecimiento de los precios, la baja de la inflación, la tendencia a la desaceleración en las remarcaciones. Estamos transitando el mes de diciembre, y se conocerán en los próximos días el índice de precios de noviembre, con la expectativa de reducción respecto a los elevados indicadores desde el mes de julio pasado. Recordemos que en el mes de octubre hubo un cambio de tendencia: la inflación venia bajando en agosto y septiembre, y volvió a subir en el último mes registrado, que fue octubre. Ahora, en noviembre, debería reaparecer la tendencia decreciente y la expectativa del gobierno es que todo confluya a un 4% de inflación mensual promedio para el 2023. Con ello se cumpliría la meta presupuestaria de inflación del 60%. Lo curioso es que esa política de ajuste también se está manifestando en una merma de la recaudación tributaria, en el IVA. Es que si se desacelera el consumo hay menos impuesto al valor agregado y menor recaudación, sabiendo que el IVA es el principal impuesto en la Argentina, el impuesto que más le permite recaudar al Estado. Así se afecta la potencialidad del gasto público y se cumple la meta con el FMI, la que indica que hay que disminuir el déficit fiscal. En ese marco de baja del gasto público, existe una fuerte presión del poder económico y las derechas para tratar de disminuir los planes sociales. Lo que trascendió y se discute es que se desengancharían los planes sociales del salario mínimo, vital y móvil, que obviamente no alcanza a cubrir la canasta básica, pero al desengancharlo quedaría sujeto a una arbitrariedad de resolución por decreto. Por lo tanto, la respuesta social son movilizaciones para frenar la lógica del desenganche. Al mismo tiempo se empujan otras iniciativas, en donde se involucra al poder judicial y al ejecutivo, investigando los planes sociales y tratando de desafectar algunos de ellos, modificando normas relativas a los ingresos de los beneficiarios. Un perjuicio evidente para trabajadores o trabajadoras que perciben algún plan social y tienen alguna changa que le genera ingresos extras, colocándose por encima de la línea de la pobreza. Con ello, se discute la continuidad en el cobro del subsidio. En el medio de estas protestas y anuncios se sustentó desde el poder ejecutivo el levantamiento del secreto fiscal para los que perciben beneficios sociales. El gran interrogante es: ¿Por qué levantan el secreto fiscal de los pobres de toda pobreza y no se levanta el secreto fiscal de, por ejemplo, 100 grandes empresas compradoras de dólares por casi 25.000 millones de dólares durante el último gobierno de Mauricio Macri? ¿Por qué no levantar el secreto sobre 100 grandes fortunas individuales, denunciadas en un informe por el Banco Central de la República Argentina, que compraron unos 6.500 millones de dólares en ese tiempo histórico? Eso es parte de la fuga de capitales. Queda claro y resulta evidente la política de ajuste y la discriminación a favor de la riqueza y en contra de la pobreza. Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022

¿Cooperación estadounidense para normalizar el capitalismo local?

La economía argentina se viene ralentizando, viene creciendo más lento, y es muy probable que se acompañe lo que está aconteciendo internacionalmente, el rumbo hacia una recesión. La recesión implica menos capacidad de producir, por lo tanto, menos para distribuir, agravando la situación de inequidad y desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza. Si ya es un problema la pobreza, la desigualdad, la baja de salarios, el desempleo, la flexibilización, la caída de la producción más la inflación, agudizará todos esos problemas. El horizonte de aumento de la conflictividad social no es un dato menor y cuenta en las perspectivas de objetivos para “normalizar” el orden local. Alejar el conflicto está en el interés de las clases dominantes, por lo que reducir la inflación resulta imperioso. En el marco de estas condiciones internacionales y nacionales, de inflación y recesión, el gobierno está intentando superar lo que consideran el principal problema: la inflación. El Ministro de Economía explicó en estos días que, si no baja la inflación de manera importe, no se ganan las elecciones presidenciales del 2023. En simultáneo, preocupa también el acuerdo con el FMI, que exige reducir el déficit fiscal e incrementar las reservas internacionales para fin de año. Estamos terminando el mes de noviembre y entrando en el último mes del 2022, por lo que existe premura por cumplir con el organismo internacional. Entre la tensión por alejar el conflicto y cumplir con el poder local y global es que se juega la política del oficialismo, por eso, resulta estratégica la función de Sergio Massa, como articulador de los intereses del poder económico para suturar lo esencial de la “grieta” política. Bajar la inflación Por eso, el ministro de economía Sergio Massa viene planteando en estos últimos días que va a inducir políticas para una baja de la inflación, y se propone que, para abril del próximo año, el registro oscile entre el 3% y el 4% mensual. Por ahora, los registros señalan una evolución en torno al 6 o 7% al mes. Si la inflación siguiera en esos valores, el año que viene tendríamos una inflación del 125% y no del 60%, tal como se sostiene en el presupuesto del 2023. Para llegar a ese 60%, la inflación tiene que estar al torno del 4% cada mes. Por eso, la estrategia que se plantea Sergio Massa es que en abril se estabilice esa cifra y tendencialmente empiece a bajar, y así cumplir con la meta presupuestaria del 60%. La intención es que, si no se reduce al 60%, que sea menor al registro de tres dígitos con que amenaza culminar el 2022. La inflación es un tema de gran preocupación, insistamos, de cara a las posibilidades de renovar la gestión presidencial en 2023. La inflación afecta sobre todo a la sociedad empobrecida, a los sectores de menores ingresos, por lo que el objetivo de reducir el ritmo de remarcación de precios tiene base económica, pero, sobre todo, tiene un fuerte sentido político. Ajuste para cumplir acuerdo con el FMI Decíamos que también interesa al gobierno cumplir con el FMI, lo que implica, entre otras cuestiones, reducir el gasto público al -2,5%. Eso explica el profundo ajuste bajo la gestión económica de Sergio Massa. Son más de 100 días de profundización del ajuste programado en la gestión de Martín Guzmán y el escaso tiempo de gestión de Silvina Batakis. También se tienen que acumular reservas en el BCRA. Por eso se anunció una nueva versión del “dólar soja”, con valores actualizados a los que se registraron en septiembre pasado. Entonces, el valor entregado a quienes liquidaron sus retenidas cosechas, estuvo en torno de los 200 pesos por dólar. Se esperaban unos 5 mil millones de dólares y se colectaron unos 8 mil millones. Se calificó como exitosa la política. El gobierno ingresó divisas en su contabilidad, a costa de un gran negocio para el sector gran productor y exportador del complejo sojero. Por cierto, es uno de los sectores económicos de poder concentrado en la Argentina, y confirma que su demanda de mejor tipo de cambio para su producción es satisfecha y con creces. Tienen poder político y capacidad de presión. Los jubilados no pueden presionar del mismo modo, tampoco los pequeños y medianos empresarios, ni las trabajadoras y los trabajadores. Esa es la mentada correlación de fuerzas. La presión es fuerte y por eso, entre otros aspectos, en estos días hubo tendencias al alza del tipo de cambio en el marco de una nueva presión cambiaria, con crecimiento del tipo de cambio ilegal o paralelo, que, en un mes, pasó de 290 a 320 pesos por dólar. Para intentar contener esa presión, el BCRA ofreció más de 1.000 millones de dólares, reduciendo su stock de reservas, por lo que la respuesta gubernamental, ante la perdida de reservas internacionales producto de estas presiones cambiarias, volvió a ofrecer una segunda oportunidad de “dólar soja”, por diciembre, ahora en torno a los 320/330 pesos por dólar. Se trata de una nueva oportunidad para incrementar la rentabilidad de grandes productores y exportadores del complejo sojero. Mientras, el ritmo de la devaluación de la moneda acompaña los registros de la inflación mensual. Todo el mes de diciembre habrá la posibilidad de vender esa soja retenida, que el gobierno estima en unos 3 mil millones de dólares, y tal como en septiembre pensaron en captar unos 5 mil millones y llegaron 8 mil, es probable que estos 3 mil millones puedan escalar a una cifra un poco mas alta. Resulta importante en la coyuntura política, ya que el propio gobierno dice que no es una medida permanente, pero es claramente una concesión al gran poder económico, lo que permitirá mostrarle al FMI a fin de diciembre que el acuerdo de incrementar las reservas cierra. Es una concesión al poder económico, a los grandes exportadores del complejo agroindustrial sojero, que son el sector que mas divisa incorpora a la Argentina. Pero también una señal al poder mundial expresado en el FMI, sobre la orientación de la política económica local. Apoyo de EEUU Además, hay que señalar que en el marco de lo que se está discutiendo y anunciando, es resultado de los acuerdos oportunamente consensuados con la Ministra de Economía de EEUU, Janet Yellen. En efecto, se va a empujar un nuevo blanqueo de capitales para completar aquel que hizo Mauricio Macri en su gobierno. Entonces, no todo lo fugado se blanqueó, y por eso si se habilita este blanqueo de capitales, EEUU va a facilitar la aplicación de un acuerdo de información sobre cuentas de argentinos en EEUU, de quienes no declararon su fuga de capitales. Se trata de especuladores, de grandes fortunas, que ahora están muy preocupados por estas acciones de asociación entre el gobierno argentino con el gobierno estadounidense. Por eso también la corrida cambiaria de estos días, para intentar cierta desestabilización y que el acuerdo se caiga. Al mismo tiempo, los tenedores de esos fondos en EEUU, intentan transferir esos activos líquidos a otros territorios del sistema mundial, y continuar escondiendo el dinero y capitales no declarados. Lo que se ve detrás del apoyo de EEUU, remite a lo que en su momento dijo Stanley, el embajador estadounidense en la Argentina. Este solicitó al gobierno y a la oposición que se pongan de acuerdo en una coalición de gobierno. No que formen un partido para gobernar, pero que haya acuerdos estructurales entre oficialismo y oposición, porque EEUU necesita que se estabilícela la economía argentina. Se trata de lograr la estabilización de la economía argentina y con ello, del poder económico del país, que incluye a las corporaciones transnacionales estadounidenses con intereses en la explotación de los bienes comunes locales. Si en los últimos tiempos adquirió relevancia las inversiones energéticas, especialmente en hidrocarburos no convencionales, o sea en el yacimiento de vaca muerta, el interés, ahora está en el litio. Esa es la lógica de la sintonía del gobierno y la oposición, o si se quiere, de una parte, importante de ambos, para acordar con el FMI en su momento, EEUU mediante, y el papel de Sergio Massa en esta etapa de fuertes contradicciones en las coaliciones que disputan el gobierno local. La gran incógnita transita por la respuesta social ante el ajuste y el constante deterioro de las condiciones de vida. Buenos Aires, 27 de noviembre de 2022

La remarcación de precios es una cuestión de poder

No hay duda de que la principal preocupación de la economía argentina, sobre todo para la mayoría de la población de bajos ingresos, es la elevada inflación, resultado del proceso de remarcación de precios, una cuestión de poder. Desconocemos aun el índice de octubre pasado, que puede haber terminado con una suba de precios igual o superior que la de septiembre. La inflación había alcanzado un pico en el mes de julio, con un índice del 7,4%, que descendió al 7% en agosto y al 6,2% en septiembre. Esa curva descendente puede revertirse con el resultado que revele en los próximos días el INDEC. Es un hecho que en la perspectiva del 2022 la inflación anual se acerque al 100%. No hay ingreso popular (salarios, jubilaciones o subsidios personales) que se acerque a ese nivel de evolución, expresión de la depreciación del dinero en la Argentina. Muy pocos trabajadores y trabajadoras en organizaciones gremiales que han tenido capacidad de negociación colectiva para defenderse de la evolución de los precios pueden igualar o superar ese indicador La mayoría de los ingresos populares fijos, sean salarios jubilaciones o planes sociales, no cubrirán de ninguna manera una canasta de precios que en promedio tiende hacia las 3 cifras, en torno al 100%. Claro, sin considerar que en ese promedio hay una cantidad de bienes y servicios que hacen a la reproducción de la vida cotidiana que crecieron por encima. El problema inflacionario, insistiremos hasta el cansancio, lo sufren la mayoría de la población de menores ingresos, siendo en simultáneo un mecanismo de distribución del ingreso y de la riqueza que concentra ganancias y patrimonios en la minoría enriquecida de la población y actores económicos hegemónicos con independencia del origen del capital. El que “puede”, remarca ¿Quién provoca las remarcaciones de precios, el incremento que deriva en elevada inflación? Contestaremos con una tautología: “el que puede”. Cualquiera que este en condiciones de aumentar “puede” hacerlo, aun siendo un pequeño establecimiento comercial o industrial. Si “puede” incrementar el precio, lo hace. Enfatizo él “puede”, porque también insistiremos que la inflación es una cuestión de “poder”. Remarca el que puede. Vale para un pequeño establecimiento, mediano o grande, pero la realidad es que son muy pocos los que tienen la capacidad de originar el fenómeno. Esos son los grandes operadores y fijadores de precios. Ellos son los que en origen instalan una cadena de remarcación que se puede, de algún modo, generalizar al conjunto de la sociedad en condiciones de establecer un precio. Por eso sostenemos que hay que confrontar a la inflación, o sea, al poder, y cada país la confronta en la manera que “puede”. Políticas antiinflacionarias La corriente hegemónica del pensamiento económico (neoliberal, liberal ortodoxa, monetarista ortodoxa, se la denomine como se quiera) actúa como está actuando EEUU en este momento. La Reserva Federal (banco central) viene aumentando la tasa de interés, y anticipa que profundizará esa política monetaria si no logra bajar la tendencia alcista de los precios. De lo que se trata es de enfriar la economía, restringiendo la circulación monetaria. La perspectiva es la desaceleración económica y la tendencia hacia la recesión, con las consabidas consecuencias sociales en materia de cierre de empresas, de cesantías, suspensiones y caídas de los ingresos salariales. Esa es la receta liberal que se extiende en la política monetaria del orden capitalista contemporáneo. Es la receta de la corriente de política económica que gobierna hoy el capitalismo mundial: en EEUU, en Europa, o en Japón, la receta es aumentar la tasa de interés. Curiosamente, o no tanto, en Argentina también viene aumentando la tasa de interés. Si en EEUU apuntan a una tasa del 4%, el Banco Central de la República Argentina ha establecido tasas de política monetaria del 75% (nominal anual) o 107,5% (efectiva anual). Son valores que proyectan imposibilidad de crédito para la expansión de la producción y una mejora en el empleo y la distribución del ingreso. Entre los principales beneficiarios de esas elevadas tasas de interés, están los sectores especulativos, especialmente la banca, destinatarios de las LELIQ, Letras de Liquidez que emite el banco central para intentar secar la plaza y por lo tanto ir a esa política de austeridad financiera. Las LELIQ prácticamente duplican la base monetaria y suponen un costo elevado a costa del conjunto de la sociedad y en beneficio de sus tenedores. Pero claro, EEUU al mismo tiempo establece una legislación compensatoria, caso de la ley antiinflacionaria que apunta cuidar el empleo y la producción local, sobre todo en el sector automotriz y de las autopartes para favorecer la producción local. Eso generó la protesta de la industria de México de fuerte relación productiva y comercial con EEUU, y por supuesto de Europa, donde las automotrices europeas no pueden acompañar lo que acontece con los beneficios de la industria automotriz estadounidense. Eso muestra a un estado estadounidense con poder para enfrentar al fenómeno inflacionario al modo liberal, aun a costa de sus aliados en la geopolítica global. ¿Y en Argentina qué? En Argentina la política inflacionaria esta condicionada por el FMI, que en primer lugar pide eliminar subsidios, lo que supone aumentos de tarifas, o sea, aumento de precios, lo que impacta en la inflación. Al mismo tiempo, el acuerdo sustenta la cancelación de la deuda, que genera intereses cuantiosos a solventar con una acrecida recaudación tributaria. Convengamos que siendo el IVA la principal recaudación tributaria en el país, la inflación termina siendo funcional a los objetivos de captar recursos para hacer frente a los compromisos externos, con acreedores privados y el FMI. Se trata de un acuerdo a contramano de una política antiinflacionaria. ¿Qué debiera hacer el estado argentino? Confrontar con el poder, con los que definen, en origen, el proceso de remarcación. Es una cuestión política que requiere cohesión en el poder ejecutivo, que requiere un debate profundo en el poder legislativo y judicial, que demanda una fuerte articulación de las distintas esferas del poder para confrontar con los que deciden los precios. Para ello se necesita un gran trabajo de consenso en el conjunto de la sociedad, en donde pareciera que ni el oficialismo ni la oposición están en condiciones de hacerlo, puesto que entre ellos se negociaron las reestructuraciones de la deuda desde 1983, recientemente ratificadas, pese a las condiciones excepcionales para denunciar el carácter odioso de la misma, incluso ante el impacto de la pandemia y ahora de la guerra en Ucrania. Hace falta en Argentina una alternativa política que resuelva y decida una confrontación con el “poder”, responsable de las remarcaciones de precios y por ello, de la elevada inflación. Buenos Aires, 7 de noviembre de 2022

Brasil y Argentina como expresión de regresividad en el capitalismo A propósito del triunfo de Lula

Es relevante el resultado electoral en Brasil del domingo 30 de octubre. Lula con casi sesenta millones de votantes será nuevamente presidente de Brasil, claro que su rival, el ultraderechista Bolsonaro, obtuvo apenas un par de millones de votos menos, constituyendo así una fuerza política de masas, con importante peso parlamentario y en las principales gobernaciones del país, casos de Río de Janeiro, San Pablo o Río Grande do Sul. Esa diferencia mínima augura un futuro complejo, especialmente en lo relativo a la situación económica y política del gigante del cono sur de América. La regresividad en el capitalismo brasileño será difícil de modificar, salvo que se desarrolle una fuerza política popular organizada y movilizada. Será interesante observar lo que acontecerá a futuro en ese país y considerar cuáles serán los vínculos y potencialidades de la relación de Brasil con la Argentina y el resto de la región latinoamericana y caribeña. No resultaron empáticas las relaciones bilaterales en estos años, entre Bolsonaro y Fernández, con destrato simétricos, más allá de ser ambos socios comerciales de peso entre sí y asociados en una estructura económico social de fortalecimiento de la primarización y la extranjerización. Hay cierto paralelismo entre Brasil y Argentina. desde el punto de vista estructural, de los cambios operados en la esfera de la dominación, desde un predominio industrial al del agro negocio de exportación dirigido por transnacionales de la alimentación y la biotecnología, con secuelas en ambos países en deterioro de los ingresos populares y las condiciones de trabajo y de salud, situación agravada en pandemia, especialmente en Brasil. Convengamos que ambos países sufren las consecuencias de la crisis mundial por el carácter subordinado que ostentan en la dinámica de la economía mundial. Es algo que verificó la CEPAL en su 39° periodo de sesiones realizado en Buenos aires, entre el 24 y 26 de octubre pasado. Allí se destaca el impacto de la situación mundial, de tendencia recesiva, para el conjunto de la región, y Brasil por su peso económico define en buena medida el destino de la evolución productiva de América Latina y el Caribe. El diagnóstico de la Comisión Económica para América Latina es de preocupación, en un marco de creciente desigualdad y bajas perspectivas de recuperación de la economía. La desigualdad es un problema de toda la región latinoamericana y caribeña, pero es gigantesca en el país de mayor población, en especial cuando Lula candidato aludía a los 33 millones de personas empobrecidas con dificultades para su alimentación. En Argentina baja levemente la pobreza, pero se incrementa la indigencia, dando muestra del enorme problema que presenta la insuficiencia de ingresos en millones de personas para ambos países. La desigualdad es un dato relevante de la economía brasileña, de la economía argentina y de la economía latinoamericana y caribeña. Las propuestas de CEPAL, presentadas en el cónclave reciente de Buenos Aires son una generalidad, adaptativa a las tendencias económicas que define el capitalismo desarrollado, que, en rigor, son parte de la adecuación de los países en Nuestra América a la dinámica de acumulación capitalista, que define a la región como proveedora de materias primas. Si se pretende superar la actual situación es necesario apuntar a la radicalización de propuestas de transformación socio económica que coloquen en primer lugar las prioridades que demanda la sociedad empobrecida y superar las condiciones de explotación y saqueo a que son sometidos nuestros pueblos. Tanto Brasil como Argentina vieron una importante recuperación de la economía en el año 2021 con respecto del 2020, pero el 2022 los muestra con tendencia a la desaceleración sobre todo con la proyección del 2023 y más allá, algo en común, según la CEPAL para el conjunto de la región. Si consideramos la evolución de Brasil en los últimos años veremos un retroceso relativo a sus posiciones en el ranking mundial por países y pese a sostener el primer lugar en América Latina y el Caribe por su capacidad de producir bienes y servicios, su posición en el conjunto mundial está en retroceso. De ubicarse entre los primeros siete hace una década, al presente muestra una pérdida de varios lugares, relegando posición entre los primeros 12. Argentina arrastra problemas estructurales por largo tiempo, agravada con sus elevados datos de inflación que la colocan entre los más altos de la región y del mundo. Brasil y Argentina comparten problemas estructurales. Por un lado, hay una tendencia creciente a la primarización de sus exportaciones. Comparten al complejo sojero como el principal sector generador de divisas, del mismo modo que avanzan en los desarrollos productivos de hidrocarburos. Son dos países sin tradición histórico como grandes productores y exportadores de petróleo y gas, algo modificado en los últimos años por importantes reservas de hidrocarburos no convencionales. Ambos países tienen relaciones económicas y políticas de tipo complejo, en el plano económico un fortísimo vinculo tanto de Brasil como Argentina con China, principalmente por las exportaciones de soja y sus derivados. Y en el plano político la complejidad de una tradición histórica vinculado a Europa y a EEUU, matizado en este ultimo tiempo por Jair Bolsonaro que privilegió los vínculos económicos, especialmente con Rusia. Brasil es el país latinoamericano de mayor desarrollo comercial con Rusia, algo que se destaca en tiempos de guerra y búsqueda de aislamiento de Rusia, sujeto de sanciones unilaterales dispuestas por EEUU y sus socios políticos en el mundo. Argentina tiene una dualidad de relaciones con el mundo asiático, China principalmente, y el mundo occidental, especialmente condicionada por el acuerdo con el FMI y el peso decisorio determinante de EEUU en el organismo internacional. Tanto Argentina como Brasil tienen desafíos en términos relativos en cuanto son definitorios en lo que acontece en el Mercosur. Brasil se retiro de la CELAC en tiempos de Bolsonaro. Argentina preside ahora de manera temporal la CELAC, y puede ahora bajo la presidencia de Lula volver Brasil a la CELAC y plantearse un desafío para la integración regional que pueden potenciar Argentina y Brasil. Claro que se trata de una relación económica y política con todas las incertidumbres del cambio político que podría haber en Argentina en el 2023. Es incierto el presente y el futuro, no solo por las inestabilidades políticas, sino por la ausencia de una fuerza política popular movilizada y organizada que defina rumbos en ambos países, en donde las derechas aparecen con importantes grados de consolidación. América Latina y el Caribe vienen en una perspectiva electoral de cambio político en desmedro de las posiciones mas a la derecha que podría ir a contramano de lo que acontezca en Argentina en el 2023 y en el escenario institucional en torno a Bolsonaro. Por eso interesa considerar de manera muy importante las elecciones en Brasil y la no reelección del presidente, augurando ciertas expectativas esperanzadas, con límites estructurales muy fuertes. Lula asumirá la presidencia en enero de 2023 y hasta entonces, un “bolsonarismo” ensoberbecido podrá obstaculizar la dinámica cotidiana, condicionando al próximo gobierno. Interesa también escudriñar como puede evolucionar la relación de Argentina y Brasil para intervenir en el debate de modelo político, que planteo la propia CEPAL y más aún la CELAC, sobre todo en lo económico, no solo para Brasil y para Argentina, si no para toda la región latinoamericana y caribeña. Buenos Aires, 1 de noviembre de 2022