La situación económica se agrava para la mayoría de la
sociedad en la Argentina.
Un indicador importante deriva de un dólar por encima
de los 40 pesos u oscilando en torno a ese precio, sin que nadie pueda asegurar
que la divisa estadounidense llegó ya a su techo.
En rigor, esa cotización del dólar perjudica la
condición de vida de la mayoría de la población, pero favorece a muy pocos y
concentrados productores y exportadores junto a especuladores locales y
externos que acumulan con operaciones en el mercado local.
No es cierto que la devaluación perjudique a todos por
igual. Existe un núcleo de poder económico que con la corrección cambiaria sale
enormemente beneficiado, con mejor rentabilidad e ingreso para acrecentar la acumulación
de riqueza.
La devaluación resulta un mecanismo de transferencia
de ingresos y riqueza hacia acreedores externos y grandes exportadores.
Un futuro promisorio
Variados “opinólogos” sobre economía y política, del
gobierno y especialmente críticos por derecha, sostienen que ahora, con este
dólar el país será más competitivo, lo que ofrecerá mejores condiciones al
balance de pagos en el mediano plazo.
Argumentan que con este precio de la divisa se
desestimula el turismo hacia el exterior y se favorece el turismo local, con
sus secuelas en hotelería, gastronomía y producción local con impacto en el
empleo y mejora de las cuentas externas.
En el mismo sentido sostienen la potencial
recuperación de la producción local por encarecimiento de las importaciones, favoreciendo
el empleo y la recuperación económica local en todo el territorio.
Se trataría de un futuro con menor déficit comercial y
turístico, incluso su posible eliminación.
Antecedentes para pensar en esa consecuencia nos
remite a la devaluación del 2002, que entre otras cuestiones generaron las
condiciones de posibilidad para la salida de la gran recesión entre 1998 y
2002.
Desde lo propagandístico remite a un futuro
promisorio. Ahora en la coyuntura, la devaluación incrementa la pobreza y caída
de los ingresos populares, pero se constituye en plataforma de superación de la
recesión en curso.
Se presenta a la devaluación como una necesidad del
ajuste de la economía, en un rumbo de miseria presente y futuro prometedor,
casi como promesa en campaña electoral.
Ajuste fiscal y
presupuesto 2019
Claro que ese futuro promisorio requiere también de la
eliminación del déficit fiscal, tema que se tramita en Washington con
renovación del acuerdo de junio pasado con el FMI.
A cambio de acortar el plazo de los desembolsos del
organismo internacional e incluso gestionar más fondos, el compromiso local es
el ajuste sin anestesia para bajar el gasto público social.
Esa negociación en Washington tiene correlato en las
búsquedas de consenso político en la Argentina para lograr antes de fin de año
el presupuesto 2019 con déficit primario cero.
Los gobernadores de provincias son los primeros en la
lista del ablande para el consenso del ajuste, ya que son receptores o no de
fondos nacionales para asegurar sus propios fines políticos, incluso de
reelecciones en el próximo evento electoral.
El presupuesto del ajuste en 2019 requiere de consenso
legislativo, por lo que los poderes ejecutivos provinciales son inducidos por
el gobierno nacional a generar acuerdos de legisladores representantes de las
provincias para dotar de presupuesto a la Nación y al gobierno Macri.
Se trata de un presupuesto en sintonía con el acuerdo
FMI en negociación y que avala la gestión Trump en su estrategia continental
para revertir el ciclo “populista” en Nuestramérica.
La aprobación del presupuesto, más si se logra antes
de la cumbre de Presidentes del G20 el 30/11 y 1/12, será evidencia de control
político institucional para el shock de ajuste exigido por la lógica del poder
mundial, más allá de las críticas locales al restablecimiento temporal de las
retenciones a las exportaciones.
El sacrificio del presente
y el rumbo de la dolarización
La carestía de la vida la sufren los sectores de
menores ingresos, con una inflación de precios para agosto del orden del 3,9% y
una proyección para septiembre que alcanzaría el 6%.
Son valores que escalan los precios para todo el 2018
en torno al 45%, contra las mejores paritarias logradas en torno al 25 o 28%,
en clara pérdida de la capacidad de compra del salario y los ingresos
populares.
El combo de inflación y recesión impacta
regresivamente a salarios, jubilaciones y planes sociales, afectando a millones
de personas de menores ingresos.
Los índices de precios se explican también y en parte
por el cambio de la cotización del dólar, en una economía que ya está
dolarizada, por lo menos en precios de los combustibles, en tarifas de
servicios públicos o en negocios inmobiliarios.
Por lo tanto, la propuesta de dolarización o
convertibilidad llegada desde un asesor de la Casa Blanca no resulta una
propuesta extraviada, más allá de desmentidos oficiales desde el gobierno o del
propio FMI.
El camino en curso apunta a la dolarización o si se
quiere, a la perdida permanente y recurrente de soberanía monetaria, tal como
sostienen y fundamentan opositores por derecha al propio gobierno.
Se destacan en ese sentido José Luis Espert o a Javier
Milei con opiniones relativas a la exacerbación del ajuste e incluso la
eliminación del BCRA para liberalizar el uso de las monedas entre la población.
Es una concepción de liberalización exacerbada con
menos Estado y regulaciones para asegurar la total libertad del mercado.
¿Qué presente y qué
futuro?
Muchos sostienen que esto no aguanta más, que todo
explotará por el aire, con un diagnóstico apocalíptico y catastrofista.
Resulta más realista pensar que no hay límite para la pérdida
de derechos (salud, educación, empleo, salario e ingresos) y el deterioro de
las condiciones de vida si no se generan masivas resistencias y muy especialmente
elementos para construir un imaginario alternativo con otra ecuación de
beneficiarios y perjudicados.
La iniciativa del gobierno está en marcha y supone el presente
de inflación y recesión, con ajuste en el gasto social por lo menos para el
2018 y buena parte del 2019, todo financiado desde el FMI y si se puede con recursos
complementados por Estados amigos, caso de EEUU e incluso por el mercado
financiero mundial.
El problema es la iniciativa política popular, no sola
para enfrentar la estrategia en curso, sino para construir un nuevo proyecto
productivo y político de sociedad diferente, con más derechos sociales y
equitativa distribución del ingreso y la riqueza.
Buenos Aires, 15 de
septiembre de 2018
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