Desregulación, motosierra y vetos: los cruces entre la economía y la política

Lo que define la situación actual argentina es la incertidumbre económica y política, aun con la tendencia a la baja del índice inflacionario, acompañado por baja de los ingresos populares y del consumo de la mayoría de la población de menores recursos. Esa tensión se manifiesta en la confrontación entre los gobernadores y el gobierno nacional por los recursos de la coparticipación federal, vía los Anticipos del Tesoro Nacional (ATN). El gobierno eliminó vía “desregulación” varios fondos fiduciarios, pero se queda con los recursos asignados, por lo que las provincias reclaman sean compartidos vía ATN. Además, los gobernadores instruyeron a los legisladores de sus provincias para acompañar la actualización legislativa de las jubilaciones y del bono complementario para la “mínima”, junto a la reinstalación de la moratoria, imprescindible para la jubilación de millones de personas. Estas personas son quienes en los últimos años fueron sometidos a la impunidad empresarial de la “no regularización” de la situación laboral, una tendencia creciente en el capitalismo contemporáneo, que define la ofensiva del capital sobre el trabajo. No se tienen aportes por la no inscripción de las patronales y no por algún tipo de evasión previsional de trabajadoras y trabajadores. No se puede pensar la economía al margen de la política ni viceversa, por eso la incertidumbre apunta en los dos sentidos, máxime en un año electoral, con renovación parlamentaria en octubre próximo. Por eso, los gobernadores le hicieron el vacío al gobierno nacional en el acto por el 9 de julio en Tucumán. No se pudo ratificar la foto de hace un año, donde el presidente aparecía rodeado de una buena parte de los gobernadores de la Argentina. Estábamos en los comienzos del gobierno de Javier Milei, hoy ya ha pasado un año y medio, la situación es distinta. Los gobernadores no le hacen el vacío a la orientación política del gobierno, sino que pretenden apropiar una cuota aparte de los recursos fiscales que gestiona el Estado Nacional. Vale recordar que desde la reforma constitucional de 1994 está pendiente el debate sobre un nuevo régimen de coparticipación federal. Es un tema que trasciende la coyuntura. Hace falta un debate sobre qué país se pretende construir y desde allí resolver las afectaciones de los recursos colectados federalmente, cuánto debe destinarse a las provincias o regiones en funciones de que necesidades resolver. En rigor, a contramano de la lógica de ajuste y desregulación impulsada por el gobierno nacional. La lógica gubernamental elimina políticas públicas para que todo lo resuelva el mercado, el sector privado. El sentido principal es la “motosierra”, disminuir el gasto público y reorganizar la economía, la sociedad y el Estado de manera integral. Ni la mayoría de los gobernadores, o parlamentarios discuten la orientación “privatista” del gobierno, solo quieren compartir recursos que por ahora se apropia la Nación. El debate ausente es sobre que Argentina se viene en el diseño desde el “poder” y cual debiera ser el perfil alternativo para satisfacer necesidades insatisfechas de la mayoría de la población. Vale señalar que la disputa del rumbo político involucra a la fuerza gobernante y es explicita entre el Presidente y su Vice. No es la primera vez que esto ocurre, pero adquiere gravedad en el presente, porque el dúo expresa variantes de reivindicación del orden económico y político definido por la dictadura genocida del 76. No solo reestructurar de modo reaccionario las relaciones sociales de producción, sino también reivindicar al terrorismo de Estado y buscar la impunidad de los genocidas. Lo primero está en la esencia del Jefe de Estado y los segundo en los propósitos explícitos de la Vice. Jubilaciones, derechos y recursos La nueva legislación será vetada por el ejecutivo, según anunció, a contramano de la reivindicación que reclama todas las semanas el movimiento social frente al Congreso. Lo resuelto por el Congreso es un paliativo que no satisface el reclamo de un ingreso mínimo que atienda las necesidades del adulto mayor, hoy por encima de 1.200.000 pesos mensuales. Se instala desde el gobierno que atender esta demanda, la de la nueva ley, ni hablar del reclamo del movimiento social, desarma el equilibrio fiscal. En rigor, desnuda la crueldad de la política oficial que asienta el ajuste en restar seguridad social. De hecho, desde la asunción presidencial, el ahorro en jubilaciones alcanza los 13,9 billones de pesos, restando un promedio a cada jubilada/o de más de 3,6 millones de pesos. Un argumento oficialista repetido hasta el cansancio por la prensa afín contra la reapertura de la moratoria y la actualización de las jubilaciones remite a que millones de personas “no hicieron los aportes”, como si la regularización o no del empleo fuera una decisión personal y no derivada de la impunidad empresarial instalada desde hace décadas. El desfinanciamiento del régimen previsional está asociado a la disminución de aportes patronales, una norma implementada desde los 90 del siglo pasado, y a la creciente irregularidad del empleo, resignando seguridad social a millones de trabajadoras/es. La crueldad del pensamiento liberal condena a millones a subsistir de manera miserable. La sociedad necesita discutir sobre cómo se atienden las necesidades de los adultos, de la niñez, de la discapacidad. No se trata de un tema a atender de manera privada o por familia, incluso de la caridad o la solidaridad social. Vale apuntar que las consultas devuelven una mayoría empática con las demandas de jubiladas/os. La discusión sobre jubilaciones es extensiva al tema discapacidad y a otros derechos. En rigor, el debate es sobre en que debe gastar el Estado y de dónde obtener los recursos. El gobierno resolvió ajustar la obra pública por unos 16,4 billones de pesos desde diciembre del 2023, afectando la infraestructura indispensable para las comunicaciones y el traslado, la educación o la salud entre muchas necesidades para un funcionamiento adecuado de la sociedad. La sociedad necesita discutir por donde debe pasar el “ajuste”, si por bajar el gasto social o afectando otros intereses, caso de la deuda odiosa, ilegal o ilegitima, que el gobierno actual y los anteriores privilegiaron sobre las demandas sociales. Estas definiciones políticas confrontadas al interior de la fuerza gobernante y entre estos y los aliados que facilitaron la capacidad de ajuste y regresiva reestructuración económico social hasta el momento, tensionan la economía y la política. Una tensión que se manifiesta en una escalada del tipo de cambio, superando los 1.300 pesos por dólar y la continuidad de un estancamiento estructural de la economía local que es producto de la baja capacidad de consumo de la mayoría social por bajos ingresos, aun con la tendencia a la disminución del índice inflacionario. Un índice presionado por las anclas salariales y cambiarias que induce la intervención estatal pese al discurso liberal. Las tensiones incluyen los descontentos sociales y la creciente protesta en busca de nuevas representaciones políticas que otorguen rumbos alternativos para el futuro del país. Buenos Aires, 15 de julio de 2025

Argentina sustenta la liberalización a ultranza y encuentra límites globales y locales

Argentina traspasó la presidencia pro-témpore del Mercosur a Brasil y en el mensaje de despedida, Milei ratificó su decisión por el “libre comercio” y el privilegio a la relación subordinada con EEUU. Lula, por su parte, asumió la coordinación temporal manifestando una intención de fortalecer el bloque regional y el multilateralismo. Esta concepción multilateral se abre espacio a distinto nivel en el plano mundial, no solo en gobiernos de crítica a la posición liberalizadora, sino incluso algunos gobernados por la derecha, tal como se vio por ejemplo con la presencia de Narenda Modi, el jefe del gobierno de la India, de paso por la Argentina hacia Brasil para participar de la reunión de los BRICS+. Es que el gobierno de la India es socio “político ideológico” del gobierno de ultraderecha de la Argentina, del de Donald Trump, pero la India es parte de los BRICS+, que la Argentina rechazó integrarse ni bien asumió Milei en diciembre del 2023. La India, un país del sur del mundo, se abre a la economía mundial, se liberaliza, tal como plantea el ultraderechista Javier Milei, pero lo hace desde un punto de vista pragmático, asociándose con China, un vecino territorial, y por supuesto con Brasil, aceptando potenciar las relaciones económicas, políticas, diplomáticas con los BRICS+. Los BRICS+ constituyen una articulación que involucra en su seno a regímenes de derecha como el de Arabia Saudita, o al régimen crítico a la lógica occidental, como es el caso de Irán. Es una respuesta pragmática de las relaciones económicas internacionales de la India en el capitalismo contemporáneo. Es algo que rechaza Javier Milei desde la ortodoxia liberalizadora. En ese marco, Milei anunció a sus socios del Mercosur que, si la región no avanza por el rumbo liberalizador, ultra-liberal, Argentina se abrirá del Mercosur y privilegiará la relación con Estados Unidos. A esta hora la Argentina espera Estados Unidos le informe los aranceles que se aplicarán al país como resultado de la guerra arancelaria que Trump lanzó en abril del 2025. EEUU elevó sus aranceles a diestra y siniestra, y ahora define la magnitud para cada país en función de los saldos comerciales y la afinidad política en el debate global por un nuevo orden económico global. Por eso diferenciamos la lógica del gobierno argentino y del de la India. Uno de subordinación total y absoluta, y el otro, con una inserción diversificada desde una lógica de “interés nacional” en el contexto de las relaciones capitalistas mundiales. No se trata de capitalismo o anti-capitalismo, sino de cómo insertarse en el mundo actual y cómo desarrollar la política económica, con los matices de Brasil o la India, por un lado, y de Argentina por el otro. Argentina subordinándose a Estados Unidos, mientras Brasil sustenta una concepción multilateral, y la India desde una posición de derecha también se alinea en un planteo de multilateralidad. Contexto local Todo acontece en una semana en la que se conmemora el 9 de julio, Día de la Independencia de la Argentina desde 1816. Puede ocurrir que el Senado sancione proyectos a contramano de la lógica gubernamental de ajuste y reaccionaria reestructuración de relaciones sociales. Uno es el caso de una actualización de los ingresos de jubilados y jubiladas, que no satisface la demanda del movimiento que miércoles a miércoles anima la resistencia popular, pero que supone un revés muy fuerte a la política oficial, que tiene el ajuste a jubilados como uno de los temas principales de la “motosierra”. El gasto previsional (13,2 billones de pesos) y la inversión pública (más de 14 billones de pesos), constituyen los dos principales rubros recortados por el ajuste fiscal de Milei. El Senado expresa la política de las “provincias”, cuyos gobernadores que mayoritariamente apoyaron la reaccionaria legislación gubernamental, ahora se unifican en demanda de recursos a la Nación. Claro que se trata de un tiempo electoral y existe una reconfiguración de la política para definir quién manda en el el orden político local. Milei anticipa el rumbo al veto de todo incremento de gasto público, y falta considerar el costo político en un tiempo de descontento que se manifiesta en el “ausentismo” electoral. Asistimos a un tiempo de turbulencias políticas, por descontento social amplio y resistencia popular extendida. Hemos sostenido que política y economía están estrechamente entrelazadas, por lo que interesa la inserción internacional de la Argentina en tiempos de crisis mundial del capitalismo y qué pasa con la evolución del proyecto ortodoxo de extrema liberalización, de ajuste y reestructuración regresiva de Javier Milei, ante cierto y relativo desorden político. Por abajo, con resistencia popular, y por arriba, porque se disputa quién gobierna el capitalismo en la Argentina. Buenos Aires, 7 de julio de 2025

YPF en debate ante la intromisión de la justicia neoyorkina y los intereses foráneos del capital

El fallo de la jueza Loreta Preska de Nueva York para que Argentina pague con acciones de YPF la sentencia por el juicio que se lleva en su juzgado por el fondo buitre “Burford”, comprador del derecho a litigar contra la Argentina por la estatización parcial de la petrolera en 2012, está en el centro de la discusión. La primera reacción del gobierno libertario es la solicitud la suspensión del fallo de la jueza neoyorkina. Es un dato curioso que un gobierno que tiene una crítica hacia todo lo que es estatal tenga que ponerse en defensa de la empresa privada de gestión estatal, con el argumento de una sentencia “jurídicamente inaplicable”. Hasta un crítico del Estado como el gobierno Milei tiene que salir a defender los intereses de esta empresa privada de gestión pública. El debate trasciende la coyuntura Más allá de lo concreto, el debate político y mediático trasciende lo inmediato de la sentencia y se proyecta en el tiempo en debates históricos. Primero sobre la privatización de la principal empresa productiva local, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), transformada hoy en YPF, solo una sigla. Se discute si fue adecuado o no aquella privatización del menemismo en los 90 del siglo pasado, tanto como la llamada argentinización de YPF, que fue la entrada del grupo Eskenazi en el año 2007, y la estatización parcial del 2012, asociada al acuerdo secreto con Chevron para hacer real la explotación de Vaca Muerta. Todo supone un punto de partida para el debate económico. El tema es si el país podría hoy exportar energía si no se llevaba adelante la estatización parcial de YPF, que cambió la ecuación productiva de la Argentina, más allá de cualquier opinión sobre el acuerdo secreto con Chevron y la tecnología de la fractura hidráulica o fracking. Una tecnología que le permitió a Estados Unidos, entre el 2015 y el 2018, volver a ser el primer productor mundial de hidrocarburos en base a la explotación de los no convencionales. Vale mencionar que Argentina ha sido el principal socio receptor de esa tecnología. El debate incluye un tema que es estratégico a nivel mundial, porque la energía, el petróleo, el gas son un insumo primordial del modelo productivo contemporáneo. Argentina tiene expectativa de ser proveedor de los europeos que cerraron la recepción del gas ruso a partir de los acontecimientos bélicos en Ucrania. Estados Unidos tiene intereses estratégicos porque es el principal consumidor mundial, pero retomó el carácter de principal productor que había perdido en la crisis energética de los años 70 del siglo pasado. Argentina ha revertido su situación de importador de energía hasta hace muy poco, para convertirse en un país que exporta, logrando un excedente de divisas, esenciales en el funcionamiento del capitalismo local. ¿Quién maneja la energía en cada país? Más allá de los debates y cómo evolucione el tema jurídico, la esencia del tema es la crisis energética global. No es un tema menor si es una empresa privada de gestión estatal, o una empresa totalmente estatal, o una empresa privada quién toma las decisiones, o quién tomará las decisiones en el futuro según cómo se desarrolle este juicio. En el fondo está el debate sobre la energía, especialmente cuando Estados Unidos volvió a tener la preeminencia en la producción mundial de un insumo estratégico. Por eso las especulaciones o sospechas sobre intereses geopolíticos detrás de la decisión de la jueza de Nueva York. El debate trasciende lo jurídico y se proyecta en lo económico, político, diplomático, como parte de los grandes debates globales que atraviesan la coyuntura local y mundial. Resulta de interés considerar que piensa la sociedad sobre estos temas estratégicos, que hacen al presente y al futuro del país. Buenos Aires, 2 de julio de 2025

El poder presiona por más disciplinamiento social

Termina el primer semestre del 2025 con señales preocupantes de la economía, pese a los datos estadísticos que ofrece el gobierno respecto de la disminución de la pobreza, de la baja de la inflación, de la mejora de los ingresos salariales regularizados, porque claro, todo eso es discutible por las metodologías que se utilizan para esas mediciones. La realidad es que la protesta social muestra el descontento de una parte de la población, que se ratifica en las elecciones provinciales que se vienen desarrollando con altísimos niveles de abstención. El ausentismo crece pese a la continuidad de la obligatoriedad en el voto. En realidad, no solo está la crítica por abajo, sino que aparecen señales críticas desde el poder económico, quienes no ven los resultados esperados en términos de rentabilidad acrecida. Ha sorprendido en estas horas la opinión desde el Poder Económico Mundial, ofrecida por J.P. Morgan, banca de inversión que informa y recomienda a sus inversores que desarmen las posiciones en pesos, logradas vía “carry trade”, para refugiarse en activos dolarizados. Remite en su informe a los problemas argentinos al ingreso de divisas, validados por un balance externo deficitario en intercambio comercial, motivado en la política oficial que promueve las importaciones. El alejamiento de los saldos positivos en el comercio internacional incrementa el endeudamiento, asentado en el papel del préstamo del FMI. Se suma al déficit de divisas, una importante demanda de dólares por turismo de los sectores medios altos y altos. Todo eso, contenido en el informe de J.P. Morgan, agrega incertidumbre económica y política a la realidad de la Argentina. En ese sentido, una señal preocupante son las elecciones provinciales, este fin de semana que pasó, las de Formosa y de Santa Fe, las que dan cuenta, vía ausentismo, de un clima de descontento en la sociedad. Lo curioso, es que el gobierno puede sumar votos y legisladores en octubre próximo, con un balance electoral favorable, ya que a los efectos institucionales solo cuentan los votos positivos. Ausencia de inversiones y “confianza” El tema de fondo en el capitalismo local es la insuficiencia de inversiones externas, clave para el repunte de la acumulación capitalista. Los inversores internacionales, demandan “capacidad de disciplinamiento político de la sociedad”. No alcanza con el brutal ajuste transcurrido, ni las reformas estructurales logradas. En la búsqueda de la confianza, el poder presiona para asegurar objetivos de rentabilidad y acumulación. Para atraer capitales e inversores se demanda capacidad de disciplinar, por abajo y por arriba, por lo que desde el poder local y mundial se esperan resultados políticos en la elección de medio término en octubre próximo y en las de renovación presidencial del 2027. Se buscan elementos fehacientes de disciplinamiento de la sociedad. No solo disciplinamiento de los de abajo, sino también disciplinamiento de los de arriba, y las señales que vienen desde el poder exigen mayores reaseguros en la capacidad de explotación. El gobierno no tiene todos los instrumentos a su antojo. No pudo imponer la eliminación del feriado para los estatales, intervención judicial mediante, ni las restricciones al derecho a huelga. Los gobernadores, por su parte, se unen en el reclamo por recursos fiscales, aun cuando indujeron a sus legisladores de provincia a que voten la legislación reaccionaria para reestructurar el capitalismo local. Ahora se suma el reclamo de los grandes productores y exportadores, por el retorno de las retenciones, que afectan la tasa de ganancia. Sea J.P. Morgan, o los grandes productores o exportadores; los gobernadores o los distintos poderes institucionales en la Argentina, el gobierno tiene restricciones políticas para el objetivo de disciplinar a la sociedad. A los de abajo intenta disciplinarlos con represión, decretos, y legislación contra derechos; con una política de ajuste fiscal permanente, que tiene impacto en el tema central de la preocupación argentina, que es la baja del consumo popular. Un consumo que no repunta por insuficiencias de ingresos salariales y de jubilaciones. La realidad es el deterioro en las condiciones de vida, el crecimiento del desempleo, del subempleo, más allá de lo que dicen los indicadores de caída de la pobreza, de mejora de los salarios regulares. Son señales preocupantes en el plano económico y una presión muy fuerte por parte del gobierno por afirmar el ajuste fiscal, generarse condiciones políticas para avanzar en la reestructuración regresiva de la economía argentina. El objetivo es crecer en poder institucional El imaginario oficial apunta luego de las elecciones de medio término en octubre consolidar poder institucional para avanzar con la reforma laboral, previsional y tributaria para generarse condiciones que ratifiquen el consenso electoral y político en el 2027. Más allá de los resultados electorales, los procesos de ausentismo en las elecciones provinciales y el que probablemente se consolide en la elección de medio término, muestra que hay problemas políticos en la Argentina y un desafío para construir alternativa política, sin perjuicio de las oposiciones realmente existentes en la Argentina de nuestros días. La política no solo se define en las urnas, sino y principalmente en la disputa del sentido común de la mayoría de la sociedad. Buenos Aires, 30 de junio de 2025

Preocupa la evolución económica en Argentina

Existen señales preocupantes sobre la situación y evolución de la economía argentina al finalizar el primer semestre de 2025. Es una valoración más allá de algunos datos oficiales que aluden a la disminución de la pobreza y la inflación, cuestionados por el “método” utilizado para la determinación de esos guarismos. Las preocupaciones no provienen solo de los sectores sociales más perjudicados, quienes pueblan de protestas y movilizaciones el escenario de la política local. Muchos reclamos y voces disonantes respecto del relato oficial provienen desde el propio poder económico concentrado. Es el caso de J.P. Morgan, que recomienda a sus inversores desarmar posiciones en pesos y refugiarse en activos dolarizados. Los argumentos de la banca transnacional se sostienen en los problemas en el ingreso de divisas, ante la creciente brecha del comercio exterior, agravado con la inundación de importaciones motorizadas por la política pública para inducir baja de precios e inflación. Agrava la situación de pérdida de divisas la fuerte demanda de dólares por el turismo emisivo. Todo apunta a potenciar los límites para la acumulación de reservas, exigidas en los acuerdos con el FMI. De hecho, la fuga de capitales continua, agudizando problemas estructurales de la acumulación de capitales en la Argentina. La cuestión no es solo económica y se expresa en las elecciones provinciales, este fin de semana pasado con elecciones en las provincias de Santa Fe y de Formosa. El ausentismo que ya se manifestó en otras elecciones provinciales son muestran de un clima social extendido de descontento. Es un problema para el gobierno, que busca avanzar en reformas estructurales, y para ello necesita avanzar en el consenso electoral y político para inducir reformas estructurales y asegurar el ingreso de divisas, especialmente vía inversiones productivas, por ahora muy limitado. La realidad devuelve los límites de las aspiraciones gubernamentales, aun con el crecimiento de votos positivos, ya que las abstenciones no cuentan en la asignación de bancas legislativas. Es un tema a considerar para las elecciones de medio término en octubre y las de renovación presidencial en 2027. El poder reclama avanzar en el disciplinamiento de la sociedad para resolver una dinámica de inversiones que asegure un ciclo de expansión en la medida que aspira el gobierno de la ultraderecha en el país. Lo concreto son las restricciones que explicita el poder económico, más aún cuando reaparece el aumento de las retenciones a las exportaciones agrarias, con incapacidad total de manipular el poder judicial y los gobernadores, quienes demandan ingresos al Estado Nacional. Son señales de preocupación que el consumo popular no repunta, por bajas de los ingresos más allá de cualquier estadística pública en contrario. Más allá de las críticas, el gobierno insiste en su estrategia de fondo por la política de ajuste fiscal y la intencionalidad de avanzar con la reforma laboral y previsional después de las elecciones de medio término. Al mismo tiempo que se busca mayor consenso electoral para reaccionarios cambios, el descontento y la protesta crecen por abajo y por arriba, sin vislumbrarse propuestas alternativas que modifiquen sustancialmente la perspectiva de la economía y la política local. Buenos Aires, 30 de junio de 2025