Milei y la derecha global

Milei cerró una intensa semana de relaciones internacionales, con Giorgia Meloni saludando en el histórico balcón de la Casa Rosada. La gobernante italiana no oculta sus simpatías con el fascismo, un peligro para la humanidad hace un siglo. ¿Ahora con pretensión de retorno? Pese a la derrota histórica de Mussolini y de Hitler, al fin de la segunda guerra mundial, esa concepción política de gestión capitalista, del Estado y la sociedad, reaparece en la escena mundial en diversos territorios, más allá de identificar el fenómeno actual con el fascismo tradicional e histórico. En sintonía con ese clima de época, el presidente de Argentina anunció hace una semana en Miami, en la gala por la elección de Donald Trump a la presidencia de EEUU, la necesidad de conformar una estrategia que incluya a Trump en el Norte, a Meloni en Europa, a Netanyahu en Israel y a él en el sur de América. Una confederación de naciones comprometidas con la causa de la extrema derecha. Toda una entente para liderar un proyecto de “libertad”, de los grandes inversores, del capital más concentrado, en contra del trabajo, la naturaleza y la sociedad. Es el planteo de una nueva derecha, extremista, sin complejos “democráticos” del liberalismo burgués tradicional. No solo Meloni pasó por Buenos Aires. También estuvo Emmanuel Macron, jefe del gobierno francés. Este vino al país antes del encuentro del G20 en Brasil, mientras que la italiana lo hizo de regreso de ese cónclave. Por eso, el periplo internacional semanal de Milei, se transitó con encuentros en EEUU, Brasil y en la Argentina. Por la reunión del G20, tuvo que compartir y saludar, fríamente al anfitrión, el “comunista” Lula Da Silva, más amigablemente a Xi Jinping, jefe comunista de China, la primera potencia fabril del mundo, y, de hecho, el financista de “última instancia”, por ahora, de la endeudada Argentina. Tampoco podía faltar entre los vínculos, el FMI, en donde Milei cifra expectativas para la liberación de recursos frescos que le permitan abandonar las restricciones aun presentes a la salida de divisas, el llamado “cepo”. Por eso, también hubo foto con Kristalina Georgieva. La salida del cepo es una exigencia de eventuales inversores globales, que traerían sus inversiones si es que pueden salir cuando lo consideren necesario. No solo se trata de ganar, sino de disponer de esas ganancias para la acumulación capitalista donde mejor les convenga. Económica y política Resulta de interés pensar esos vínculos “políticos” y “económicos”, imposibles de separar, claro, pero que, desde lo didáctico, conviene considerar con relativa autonomía. Milei privilegió anudar lazos políticos con la derecha, especialmente, esta nueva “ultra”, sin prejuicios liberales tradicionales relativos a la “democracia”. Remitimos al Trump que avaló la invasión al capitolio o desconoció los resultados electorales en los que Biden y los demócratas le ganaron oportunamente la compulsa; como con Narendra Modi, el jefe del gobierno de la India, más amigable, ideológica y políticamente con los gobiernos en Washington y occidente, que con los principales animadores de los BRICS. Eso no impidió concretar la venta de gas a Brasil, en tanto nueva orientación de la dinámica de acumulación del capitalismo local. Antes y hasta ahora era el complejo sojero, la minería, para incorporar recientemente la energía, de la mano de vaca muerta. La transnacionalización de la economía mundial lleva al gobierno libertario a hacer negocios con quien sea. Si no son los socios ideológicos, pues que sean los adversarios, siempre y cuando se favorezca el capitalismo local y global. Por eso, hubo invitaciones mutuas entre el jefe de gobierno de China y el argentino a visitarse y fortalecer una agenda económica valiosa para ambos en tiempos de ralentización de la producción mundial. No solo es el pragmatismo de Milei, sino de la lógica de gestión capitalista actual, económica y política. De hecho, la internacionalización de la producción, más allá de las sanciones unilaterales de occidente sobre China, Rusia, Irán y varios otros países, Cuba o Venezuela en la región, la transnacionalización del capital en tiempos de criminalidad en ascenso, sea por tráfico de droga, armas o trata de personas, articula el proceso de producción y circulación del capital con un trasfondo tecnológico que disimula diferencias ideológicas o de cosmovisiones alternativas al régimen del capital. Por eso Milei firma el documento final del G20, aun cuando verbaliza críticas a los enunciados explícitos y señala que Argentina cumplirá desde la lógica de la libertad de mercado y la irrestricta defensa de la propiedad privada. No hace Milei lo mismo en Naciones Unidas, ni en la cumbre sobre el cambio climático. En estos espacios, construidos bajo la lógica de la “democracia liberal”, donde priman relatos “diplomáticos” que no se cumplen, caso de las “agendas globales”, Milei se anima a desacreditar e incluso abandonar reuniones o votar en soledad desconociendo apelaciones a la defensa de los derechos de los pueblos originarios, o en contra de la violencia digital hacia las mujeres. Nadie lo sanciona, ni le recrimina, por la ineficacia de un organismo en el que solo dos países sostienen el embargo sobre Cuba, o no puede parar el genocidio en Gaza, resultando ineficaz para desandar una escalada de guerra nuclear que animan los principales actores del Consejo de Seguridad. Milei privilegia un espacio global, no democrático, como el G20, autoerigido en el 2008 ante la gran crisis, en ámbito global para el tratamiento de los problemas globales, en desmedro de un acuerdo de países, que emergió en 1945 para evitar nuevas conflagraciones globales. El G20 se armó sobre la base del G7 más China y Rusia, junto a otros actores del capitalismo realmente existente en el mundo contemporáneo. La excusa fue sumar la emergencia, o sea, el nuevo poder en ascenso, especialmente China. No alcanzaba con la hegemonía emergente en 1945 y por eso la ampliación multipolar en un mismo ámbito, más allá de variadas estrategias de renovadas alianzas económicas o políticas en desarrollo, en las que se discute el orden mundial en tiempos de desorden. Está claro que el mundo atraviesa una gran crisis, no solo de base económica, sino también política. En ese desorden, Milei hace negocios con Brasil y China, mientras anuda estrategias discursivas para hacer efectiva la lógica liberal que empuja, con matices, la derecha, ¿nueva?, sin las formas contenidas de una derecha liberal-democrática sometida a la disputa electoral de la gestión pública en el capitalismo contemporáneo. Ese es el marco de la discusión relativa a la unipolaridad o la multipolaridad en el sistema mundial. Consenso político en juego Las relaciones internacionales puestas en juego por Milei en estas horas, intervienen en la consolidación del consenso político al gobierno libertario a un año de haber asumido. Así, lo inesperado de hace un año, puede transformarse en previsible rumbo político de nuevas rondas de reestructuración reaccionaria del orden local. Un símil de la década del 90 del siglo pasado, no solo porque Menem llegó inesperadamente en el proceso electoral de 1988, sino porque consolidó cambios profundos en la representación política tradicional, enterrando un imaginario de décadas, que contenía la identidad peronista o radical, el bipartidismo hegemónico en años de disputa constitucional en el país. Ahora, todo está mezclado en la vida, como la biblia y el calefón, según destaca el poeta en el tango cambalache. Por eso, la crisis política es una realidad en el país. Milei es la nuevo en la discusión de la jefatura política del proyecto reaccionario que en medio siglo reinstaló la dictadura genocida, la década del 90 y recientemente la coalición macrista, arrastrando fracciones radicales y peronistas. Es tiempo de consolidar la restauración conservadora promovida por los golpes entre 1930 y 1976. Es una realidad que convoca a barajar y dar de nuevo, incentivando la emergencia de un nuevo proyecto político, de base popular que no se subordina a la lógica del capital. Suena a desafío para la “izquierda”, que nunca gobernó el país, y claro, más allá de cualquier presencia institucional vigente, de una izquierda con presencia en el Parlamento y más allá, con vida social, económica, cultural. Un desafío de poder, superador de cualquier concepción sectaria o subordinada como furgón de cola de opciones en la gestión capitalista. En rigor, no solo vale lo dicho para la Argentina, sino para pensar una estrategia global de una izquierda con posibilidades de transformación social, promediando la tercera década del Siglo XXI. 20 de noviembre de 2024

Trump y Milei entre el proteccionismo y el librecambio en defensa del capitalismo

En enero de 1848, Carlos Marx (1818/1883) señalaba que el problema no era el debate entre el proteccionismo sustentado por Friedrich List (1789/1843) desde Alemania o el librecambio propiciado por David Ricardo (1772/1823) desde Inglaterra, sino el régimen del capital que sustentaba ambas posiciones según el desarrollo fabril en cada territorio. En ese marco y ante la crisis capitalista global, la confluencia política de la ultraderecha mundial puede sustentar una política proteccionista desde Washington y librecambista desde Buenos Aires. Trump y Milei promueven una política de ultraderecha para favorecer el objetivo de la ganancia y de la acumulación capitalista. Lo hacen con el consenso de los desencantados con la situación económica, y claro, con el soporte del gran poder económico. Estos capitales concentrados buscan liberar la lógica del capital de regulaciones que favorecen derechos sociales, laborales, colectivos o individuales. Por eso sustentan reaccionarias reformas laborales y previsionales. El descontento social deriva de la inflación acelerada en la pos pandemia en EEUU y en una tendencia creciente de suba de precios desde el 2006 en Argentina. La economía estadounidense crece lentamente luego de la crisis del 2007/09, sin caer en un proceso recesivo declarado, y en Argentina existe una tendencia al estancamiento, con subas y bajas en más de una década. En rigor, hay problemas globales del orden capitalista que afectan a todos los países y en cada uno existen especificidades propias, que pueden explicar las perspectivas proteccionistas que instala el “America first” trumpista o el aperturismo del libertarismo mileista. El crecimiento estadounidense o el serrucho de subas y bajas en la Argentina logran el mismo resultado, una mayor concentración del ingreso y de la riqueza y por ende, creciente desigualdad con una pirámide de amplia base en los perjudicados del orden existente. Esa es la base material para confiar en soluciones mágicas proferidas desde un discurso simplista que apuesta al mercado, Propuesta sustentada en premisas ideológicas en defensa de la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad para el capital y la lógica de la explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo de los bienes comunes. Sostenemos que el problema es la alternativa, que de ningún modo supone el retorno a lo conocido, de un liberalismo regulado, de tipo desarrollista o reformista bajo cualquier denominación vigente en el orden capitalista en el último siglo. La propuesta más emblemática en ese sentido fue la propiciada por John Maynard Keynes (1883/1946), cuyas ideas, especialmente en lo relativo a la intervención estatal en la producción y circulación de bienes y servicios, hegemonizó la política económica mundial desde fin de la segunda guerra mundial. Una orientación vigente hasta la crisis de rentabilidad de los 60/70, reemplazada por la nueva oleada “neoliberal”. La izquierda fue impugnada en ese proceso, especialmente con la subordinación de la socialdemocracia europea a la lógica neoliberal en los 80 del siglo pasado y del derrumbe del “socialismo real” entre los 80/90, de Polonia a la URSS. No hay alternativa sostuvo Margaret Thatcher desde Londres y repitió Carlos Menem desde Argentina. Los seguidores de la ultraderecha sostienen “chau al socialismo” con el triunfo de Trump en EEUU, convalidando una prédica de Milei y otros similares en gobiernos de la derecha global. El desafío de la hora es la recreación de un proyecto de confrontación al régimen del capital, que está en los programas que hoy promueven las luchas y organizaciones sociales, en protestas sindicales, sociales, territoriales, de jubilados/as, de mujeres y diversidades, estudiantiles, en defensa del medio ambiente, por los derechos humanos y variadas causas a favor de la vida social y natural. Un problema de la coyuntura es la desarticulación de estos espacios que pueblan la protesta de manera fragmentada. La sociedad está en movimiento, aun cuando no sintetiza en un proyecto político compartido de emancipación, sin explotación ni saqueo. La necesidad es la articulación de la diversidad, desde abajo y a la izquierda del espectro político. No alcanza con la izquierda institucionalizada, ni en ciertos agrupamientos en desarrollo, ya que se requiere mayor densidad social organizada y movilizada articuladamente. La propuesta es sumar los programas como parte unificada de un reclamo por otro rumbo a contramano de la lógica del capital. No hay que ir detrás del mal menor ni promover propuestas idealistas que alimenten sectarismos infructuosos. Resulta imprescindible la unidad para enfrentar la ofensiva del capital y de las derechas, que están envalentonadas para desalojar cualquier posibilidad de crítica o mitigación de los efectos de sus reaccionarias políticas, por eso el mundo asiste a un tiempo de “sanciones unilaterales” empujadas desde Washington que desarticula cualquier perspectiva de cooperación global, incluso en contra de la propia lógica de internacionalización de la producción capitalista. La unidad de lo diverso en la búsqueda de reinstalar una perspectiva de revolución contra el capital es lo que anima la reflexión en momentos de consensos electorales de la derecha. Todos los esfuerzos en ese sentido son parte de un desafío histórico para rescatar un futuro de emancipación, tal como imaginaba el incipiente movimiento revolucionario de 1848 que anticipaba Marx en su discurso a los trabajadores ante mencionado. El triunfo de Trump es celebrado por el gobierno argentino encabezado por Milei y sus asociados, al tiempo que anima a la internacional del poder, a la ofensiva del capital y a las derechas de distinta calaña. La organización y la lucha social en todos los territorios está desafiada a hacer realidad la demanda de la unidad de trabajadores y pueblos para encarar un proyecto en contra y más allá del régimen del capital. Buenos Aires, 6 de noviembre de 2024

Milei tuvo su mini DAVOS en Buenos Aires, aunque el mundo se debatía entre Kazán y Washington

Milei provocó al auditorio del poder global en Davos, a comienzos del 2024, con un agresivo discurso “libertario”. Fue su primera intervención en el Foro Económico Mundial (FEM), cónclave anual privilegiado del poder desde 1971. Hacía poco tiempo que el anarco capitalista estaba al frente del gobierno argentino. Con esa intervención inició una campaña mundial para ofrecer soluciones ultra liberales a los problemas de la economía mundial, en sintonía con otros ultras emergentes en el mundo. Repetía la estrategia nacional de una corta y audaz campaña política hacia la presidencia de la Argentina. La “liberalización” a ultranza sería la salvación de la economía y la política local, según sostenían sus promesas de campaña. Un 30% del electorado lo colocó hace un año en la segunda vuelta, y en noviembre, con el 56% de los votos fue ungido como Presidente. Desde entonces, son variadas las intervenciones de Milei en cumbres globales de la derecha (en ascenso) en la disputa de consensos sobre el rumbo del orden mundial. En enero próximo volverá a Davos para mostrar sus “logros” en Argentina, sustentados en un brutal ajuste fiscal, empobreciendo aún más a millones de personas, y en una regresiva reestructuración económica, abonada en recesión y con desregulaciones y fuerte iniciativa en contra del capital público. Intenta llevar un balance exitoso de la “macro” en el primer año de gestión e insistir que la eliminación del Estado en la producción y circulación de bienes y servicios, es la estrategia para habilitar la lógica sin trabas del orden económico capitalista. En esa dirección organizó el “mini Davos” en Buenos Aires el pasado 23/10. En rigor, toda la estrategia del gobierno se efectiviza si ingresan divisas al país, especialmente vía inversiones o préstamos. Por eso el interés en mostrar el objetivo de la liberalización, para que ingresen y salgan los recursos en función de las necesidades de circulación de capitales de los inversores internacionales. Ahí está el fundamento del Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones, RIGI. Los capitales globales están interesados en ingresar a cualquier territorio siempre y cuando tengan las mismas posibilidades de emigrar o de retirar los excedentes generados en el proceso económico, hoy restringidos en el país por el llamado “cepo”. Una restricción que no se puede levantar sin suficientes reservas internacionales, disminuidas recurrentemente por la fuga de capitales, sea por la cancelación de la deuda, la remisión de utilidades al exterior o la constitución de activos externos de parte de residentes argentinos. El “mini Davos”, organizado en conjunto con el FEM tuvo el propósito de ofrecer a los inversores externos la potencialidad del país primario exportador, sustentado el complejo agrario, base del poder construido en las últimas décadas, más la novedad de la potencialidad energética en materia de hidrocarburos no convencionales (vaca muerta) y en el litio. A ello se asocia el ofrecimiento de todo tipo de ventajas para atraer el interés de las trasnacionales de la tecnología de la información y la comunicación en tiempos de inteligencia artificial y digitalización. Kazán y el desafío en el orden capitalista Mientras Milei inauguraba las sesiones en Buenos Aires, el mundo tenía las neuronas colocadas en dos cónclaves realizados en simultáneo. La reunión de otoño del FMI y el Banco Mundial en Washington y la de los BRICS+ en Kazán. La Argentina envió a EEUU como cabeza de delegación a su ministro de economía. La misión se concentró, por ahora con escaso éxito, en negociaciones para un nuevo acuerdo con el FMI, que suponga el ingreso de fondos frescos. Se estima que se necesitan unos 10.000 millones de dólares para atender la ausencia de divisas que permita superar las restricciones al movimiento internacional de capitales. En el FMI preocupa la desaceleración económica global y las amenazas de la fragmentación de las relaciones internacionales, y claro, le hace guiños a su principal deudor, aunque aún no se ve ni un dólar fresco. A Rusia nadie asistió desde la Argentina, ya que el gobierno Milei, ni bien asumió declinó la invitación a integrarse como miembro pleno al grupo BRICS+, que demuestra está en ascenso. De hecho, en esta cumbre 16°, además de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, la membrecía plena fue materializada con la presencia de Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán, más la presencia de 35 países con pretensión de sumarse y que la cumbre en Rusia los colocará en función de una serie de requisitos como “países asociados”. En esta categoría se sumaron una docena, entre ellos Bolivia y Cuba. Sorprendió la falta de unanimidad para sumar a Venezuela en esa condición, especialmente por la oposición de Brasil. Un tema a seguir de cerca bajo la presidencia del gigante sudamericano desde enero próximo. El gobierno argentino se la juega por la hegemonía estadounidense, aun cuando debió bajar la beligerancia contra China ante la reticencia de “occidente” por favorecer recursos, que sí logró vía renovación del swap con las autoridades de Beiging. La realidad suele ser más compleja que apuradas definiciones de alineamiento ideológico y político. Argentina rechazó ser parte de una diversificación de sus relaciones internacionales en aras de un alineamiento costoso. Es lo que le ocurre por ejemplo a Europa, que, al rechazar el aprovisionamiento energético ruso, resuelve con un mayor costo importando gas desde EEUU. El reciente informe del economista italiano Mario Draghi señala que el viejo continente se debate entre una estrategia de innovación productiva o quedar rezagado en la competencia frente a EEUU y China. La realidad devuelve la existencia de un realineamiento de las relaciones internacionales, motivado en la crisis mundial explicitada entre 2007/09 y que motivara una exacerbación de las sanciones unilaterales impulsadas desde Washington y sus socios occidentales contra países que intentan un camino propio, especialmente China, Rusia, Irán y claro, en la región, muy especialmente Cuba y Venezuela. Detrás de Davos, Kazán o Washington está la crisis del régimen del capital, que en tanto no emerge un imaginario sistémico alternativo, sobrevive en la búsqueda de renovados circuitos de producción y circulación globales, atravesados por “grietas” generadas en una lógica de confrontación que involucra la dimensión militar, nuclear y otras formas del orden criminal, asociado a las drogas, las armas y la trata. Es un proceso con base en una estrategia montada en las nuevas tecnologías, sin afectar la lógica de mercado y valorización de los capitales. La organización y lucha de los pueblos puede otorgar otro horizonte a la disputa civilizatoria, más allá de la producción y circulación de bienes y servicios. Remito a la agenda que instalan las trabajadoras y trabajadores en tanto productores de riqueza social en sus múltiples manifestaciones organizativas por reivindicaciones salariales, de ingresos previsionales, ambientales, de género y diversidades, contra todas las formas que asume la discriminación y el racismo en la actualidad. En rigor, no solo se puede discutir como mejor gestionar el régimen del capital, si no, si es posible pensar construir otro orden de relaciones sociales en defensa de la vida social y natural. Buenos Aires, 25 de octubre de 2024

Reducir el costo salarial es el objetivo del capital (Nota publicada en LA CAUSA LABORAL, Revista de la Asociación de Abogados Laboralistas de Argentina, en: : https://lacausalaboral.ar/reducir-el-costo-salarial-es-el-objetivo-del-capital/

La reivindicación más escuchada de las patronales, grandes, pequeñas o medianas, locales o externas es por reducir el costo laboral. Claro que también reclaman por los costos en general, sean financieros, comerciales o tributarios, más difíciles de reducir porque no pueden doblegar a quienes definen esos montos. No pueden con la inflación, sea porque la atribuyen a políticas públicas o a grandes empresas que pueden definir el costo de insumos estratégicos, algunos de los cuales se definen internacionalmente (commodities, caso del petróleo). Tampoco pueden con el gasto financiero ante el peso de la regulación estatal o el poder de la banca y las finanzas, tanto como la presión impositiva de la Nación, las provincias o los municipios. Es lo que ocurre con los servicios públicos, más en tiempo de elevación de tarifas producto de una tendencia a la reducción de subsidios estatales en aras del equilibrio fiscal. Lo que creen que se puede bajar son los costos laborales, directos o indirectos, en salarios o en contribuciones patronales en relación a la fuerza laboral contratada, afectando derechos individuales o colectivos, sociales, sindicales, entre muchos. Por eso, parte importante de la demanda empresarial apunta a reducir el costo laboral. En el imaginario empresario sobre vuela la noción de ir contra los más debilitados, asentados en una ofensiva capitalista contra los derechos laborales. El planteo patronal apunta a contener las actualizaciones y/o incrementos salariales, tanto como presionar para una reducción de la carga tributaria asociado a la nómina de contrataciones e incluso los aportes por seguridad social, especialmente en materia de jubilaciones y pensiones. Por eso, entre las demandas principales se encuentra la reivindicación por reformas laborales y previsionales, que no suponen una mejora en las condiciones de ingresos de la masa de trabajadoras/es ni en las de jubiladas/os o pensionadas/os, pero si en una mayor apropiación de la ganancia empresaria. Es un tema constante en la demanda por desarmar conquistas históricas de la clase trabajadora desde la máxima acumulación de derechos con la Ley de Contratos de trabajo (1974), temporalmente coincidente con el momento de mejor distribución del ingreso entre salario y ganancias a mediados de los años 70 (distribución por mitades entre salarios y ganancias). Se trata de medio siglo de lucha por disminuir el costo laboral, entre 1974 y 2024. La demanda patronal apunta a disminuir o eliminar el régimen sancionatorio por irregularidades en el empleo, consolidando la impunidad que supone un 45% de empleo irregular, afectando la seguridad social en sentido integral, dificultando la situación previsional de la población mayor sin aportes ni contribuciones. Estas demandas están contenidas en variados proyectos legislativos desde 1983, sumados a restricciones derivadas de la represión instalada desde 1975/6 contra organizaciones sindicales y sociales, junto a presiones favorables a la desafiliación sindical. Es lo que contenía el Decreto 70/2023 y sostiene la Ley Bases. Es cierto que los sectores representativos de pequeñas y medianas empresas explicitan menor capacidad para atender el costo de producción, por lo que enfatizan en demandas para reducir la carga del componente laboral, ante la imposibilidad de intervenir en las condiciones macroeconómicas. La primera intervención es directamente sobre el salario, afectando incluso las condiciones generales de reproducción del ciclo económico, especialmente de empresas que asocian su destino a la reactivación del mercado interno. Es algo que se percibe en la coyuntura de baja del consumo, induciendo una recesión que aumenta la masa de suspensiones y cesantías, reduce la magnitud del salario en la sociedad y recicla una tendencia al menor consumo y producción, afectando también el ingreso empresario. La crítica se extiende a los pagos de la seguridad social y previsional, incluso a las erogaciones por indemnizaciones, estimadas en un tercio del pago de salarios de personal regularizado, entre jubilaciones, salud, asignaciones familiares, seguros, o fondos de empleo. Valor, salario y ganancia La tendencia histórica explicita una contradicción y una confrontación entre salarios y ganancias, una unidad que el alza de una supone la baja relativa de la otra, por lo que se impone el incremento de la producción y especialmente de la productividad. Así pueden crecer ambos valores en términos absolutos, pero con proporciones relativas en donde la expansión de una resulta a costas de la otra. Es una de las razones por las cuales existe una opinión favorable al crecimiento económico, ya que las caídas de la actividad, o recesión, hacen más visible la disputa por la apropiación de ingresos entre el trabajo y el capital. Por su parte, el crecimiento de la productividad constituye una nueva fuente de disputa en la apropiación del producto social del trabajo. Todo es producto de la ley del valor marxista en donde los valores producidos están conformados por la reposición del capital constante invertido en el proceso de producción más salarios y ganancias. En rigor, en la lógica del inversor capitalista, la reposición es del capital constante y del capital variable, este último invertido en contratar la fuerza de trabajo, vía de los salarios, y el remanente, o plusvalor, le pertenece al sujeto propiciador de la inversión original. Una vez producidos los valores (capital constante, más capital variable, más plusvalor; o c+v+pl) y en una dinámica de continuidad del régimen de producción, la prioridad es la reposición del capital constante, es decir, las instalaciones, la maquinaria, las herramientas, en la proporción adecuada según la amortización; los materiales, la materia prima (todo conforma la suma del capital constante), luego la reposición del capital variable (invertido en salarios), que en su conjunto constituyen la inversión inicial o costo de la producción (c+v). El remanente o plusvalía es demandado por el capital como propio y por ello, la plusvalía se transforma en ganancia de los empresarios, la que se reparte en función de la composición orgánica del capital (relación entre c y v, o sea: c/v). Los capitales se apropian de la plusvalía como ganancia, en proporción al mayor capital constante invertido respecto de la contratación de la fuerza de trabajo. Es un proceso derivado de la tasa de ganancia media en el capitalismo, que, además, se distribuye bajo diversas modalidades, como beneficio, interés, renta o ganancia propiamente dicha. Los capitalistas en su conjunto reclaman para sí el total de ese plusvalor, mientras que las/os trabajadoras/es disputan ese nuevo valor creado en el proceso de producción para mejorar sus ingresos. Por esta razón, la lucha entre el capital y el trabajo es por cómo distribuir ese nuevo valor creado por las/os trabajadoras/es. Para el capital, el costo de producción es lo invertido en capital constante y variable, por lo tanto, con “derecho” al excedente generado, el plusvalor. El gran aporte de Marx en la crítica de la economía política fue desentrañar el origen de ese excedente, centrado en el carácter de la mercancía “fuerza de trabajo”, la única mercancía que se intercambia por su valor y que en el proceso de producción genera mayor valor, el excedente, el que reclaman para sí los propietarios del capital original invertido y que se distribuye entre el conjunto de los capitalistas. La plusvalía o nuevo valor agregado en el proceso de producción es disputada para mejorar salarios o ganancias, ingresos de trabajadoras/es y propietarias/os de capital. Estos lo hacen desde su especificidad como industriales, comerciantes, banqueros, o distintas formas de expresión del proceso de producción y circulación en su conjunto. En términos generales remitimos a la contradicción entre el capital y el trabajo, a una relación socioeconómica contradictoria que está en la base del capitalismo. Esa relación social, laboral, es la base del conjunto social que define al capitalismo y su reproducción, no solo en el ámbito de las relaciones económicas, sino en el conjunto sociocultural. Es una relación monetario mercantil, en donde el dinero favorece las relaciones en el mercado laboral o en el de bienes y servicios que definen el consumo del conjunto de la sociedad, sea el de bienes y servicios finales o aquellos destinados a la reproducción del proceso productivo. Las/os trabajadoras/es luchan por una mayor apropiación del valor creado para sus consumos y los de sus familias, en contraposición de las ganancias, utilizadas para el consumo del capitalista y su familia, tanto como para la ampliación de la capacidad de producción. Claro que en este proceso deben diferenciarse distintos niveles de inversores capitalistas, entre grandes, medianos, pequeños, e incluso diferenciar entre capitales externos y locales. Cada uno de esos capitales tiene una mayor o menor composición orgánica de capital (c/v), por lo que intervienen en base a esa proporción en la distribución del plusvalor general producido. Se trata de una disputa al interior de los propietarios del capital, que tiene como ley propia a la ganancia media. Sin embargo, el Estado capitalista interviene para reorientar parate del excedente en un sentido u otro, para compensar el menor poder relativo de capitales de menor composición orgánica, o incluso, de acrecentarlo a favor del capital concentrado. En el mismo sentido, el Estado también actúa en el proceso de distribución del plusvalor en favor o en desmedro del ingreso salarial. El régimen del capital tiene sus propias reglas o leyes y el Estado capitalista intermedia en el conflicto entre trabajo y capital, tanto como en el proceso de competencia inter capitalista, evidenciando el carácter de clase del Estado y del Derecho. La participación del Estado actúa a través de la legislación laboral y los mecanismos de seguridad social, derivados del conflicto social histórico, claro que siempre en el marco de la juridicidad que sustenta la hegemonía del capital sobre el trabajo. La seguridad social y laboral es una categoría asociado al desarrollo histórico del conflicto entre trabajo y capital, tal como explicitan los distintos momentos en que emergen determinados beneficios sociales para unos u otros sujetos de la actividad económica. El derecho protectorio del trabajo, las vacaciones pagas o el aguinaldo, incluso la legislación asociada a las organizaciones sociales o sindicales está vinculada a la capacidad de demandar derechos de la lucha laboral en el capitalismo, en donde el Estado capitalista sustenta en última instancia la lógica del capital. Del mismo modo operan beneficios arrancados al Estado por las patronales en determinados momentos históricos, casos de subsidios económicos de diversa magnitud, tal como ocurre con el Régimen de Inventivos a las Grandes Inversiones (RIGI) contenido en la ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. El conflicto La realidad es conflictiva y contradictoria, el capital y el trabajo pretenden un mayor ingreso, que como se mencionó es a costo de una de las partes y explicita el conflicto social entre capital y trabajo. Se trata de una relación de fuerza por lo que ambas partes organizan su intervención mediante entidades empresariales o sindicales, pero especialmente sobre la base de proyectos políticos. Las patronales argumentan en contra del costo laboral y la clase trabajadora demanda mejores ingresos para disputar el valor creado por el trabajo. En la historia del capitalismo local, el capital hegemónico organizó la sociedad argentina promoviendo la inmigración para dotarse de la fuerza de trabajo suficiente para la producción y circulación de bienes y servicios. Con esa inmigración emergieron organizaciones de trabajadores que objetaban en esencia al régimen del capital. Es la historia de la hegemonía anarquista, comunista, socialista en el movimiento obrero a fines del siglo XIX y a comienzos del XX. Los cambios en el capitalismo local en el cambio del siglo XIX al XX supuso modificaciones en el bloque socio económico en el poder y entre las clases subalternas, motivando una nueva organicidad de las patronales y del sindicalismo, en un marco global de aliento a políticas de “reforma social”, especialmente luego de finalizada la segunda guerra mundial y la constitución de la bipolaridad del sistema mundial. Es un tiempo de generalización de propuestas de reforma social que intentan aminorar el conflicto laboral social con el establecimiento de legislación protectoria del trabajo. Remito al keynesianismo y al Estado benefactor en el ámbito mundial y a la hegemonía peronista en el movimiento popular y una política local sustentada en la conciliación de clases emergente del pacto patronal laboral. Es una historia en proceso de reversión hace medio siglo, desde mediados de 1975 y comienzos de 1976, con matices en gobiernos constitucionales orientados a limitar la reaccionaria reestructuración. Ahora bajo gobierno libertario de ultraderecha se pretende generar las condiciones para avanzar en la restauración de máxima de la dominación del capital contra el trabajo y completar las reformas laborales sugeridas desde el tiempo de la dictadura genocida y desplegada con fuerza en los 90, con Menem y De la Rúa, y luego con Macri. En este momento, a seis meses de gestión Milei, el ajuste salarial es un hecho, más la pretensión de avanzar en la lógica de reformas estructurales, especialmente en materia laboral y previsional. Desde diciembre del 2023, asunción presidencial de Javier Milei, los precios crecieron hasta 300% anualizado, en un contexto de salarios y jubilaciones que no se actualizan, e incluso deterioran, agravando la merma en la capacidad de compra de los ingresos de la mayoría empobrecida de la población. Al mismo tiempo y luego de una devaluación que implica una transferencia de ingresos de la mayoría a la minoría enriquecida, consolidando un brutal ajuste con impacto en la caída de la actividad económica. En ese marco se verifica el gran deterioro es de salarios y jubilaciones, como de beneficios sociales. La caída del salario en el sector privado está por debajo del nivel del 2003, luego de la recuperación de la fuerte caída por la recesión entre 1998 y 2002. En el sector estatal la situación es peor que en el sector público. Peor ocurre con el 45% de la fuerza laboral en situación “irregular”. Las jubilaciones y pensiones han sido los más afectados por el ajuste del gobierno Milei, y empeorará la situación en tanto avancen las reformas estructurales. La reorganización del capitalismo mundial a la salida de la crisis de los 60/70, bajo la consigna de la liberalización, el “neoliberalismo”, encontró sus límites hacia el 2007/09 y se agravó con la recesión derivada de la pandemia en 2020. Ya no alcanza con liberalizar y por eso la ofensiva del capital se incrementa en el ámbito mundial y son sus manifestaciones la militarización y la guerra, el aliento a la criminalidad del narcotráfico, la venta de armas y la trata de personas, la especulación financiera y la disputa por la primacía en el desarrollo tecnológico, base sobre la que se montan un entramado de sanciones unilaterales que dificulta el proceso global de la actividad de producción y circulación. El correlato en política de esa situación es el avance de las ultraderechas en el mundo, con las propias especificidades locales. Pero en todos los casos, lo común es la afirmación de la ofensiva del capital en contra del trabajo, lo que requiere continuar profundizando el desarme de una lógica protectora de derechos socio económicos, entre ellos, los laborales. Por eso el capital hace propaganda respecto a la necesidad de reducir el costo laboral, en una campaña ideológica de único camino posible para la viabilidad del régimen capitalista contemporáneo. La respuesta de resistencia construida en este medio siglo no alcanza y nos convoca a pensar en términos de organización socio económica alternativa en donde el trabajo no esté subordinado a la lógica de la ganancia y la acumulación capitalista. Eso supone un conflicto mayor, que trasciende la disputa por el ingreso y la riqueza, para constituirse en un debate sobre el orden social necesario para satisfacer necesidades del conjunto de la población, lo que en definitiva constituye un debate civilizatorio. No alcanza entonces con desmitificar la demanda por el costo laboral, sino que se requiere una agenda en contra del régimen del capital y generar las condiciones materiales y subjetivos por otro orden social, sin explotados ni explotación. Buenos Aires, 14 de junio de 2024

Universidades públicas y jubilaciones en el debate actual

Las tomas de las facultades son la novedad política en la coyuntura, y con ellas, el debate en torno al financiamiento y la función de la Universidad y de la educación pública. Es lo que ocurrió y ocurre con las jubilaciones y pensiones. Ambas cuestiones ocupan la escena del debate a propósito de los vetos presidenciales avalados por el Congreso. La institucionalidad política en el poder ejecutivo y en el legislativo confronta con dos temas de elevado consenso, el carácter público de la Universidad y el derecho a un régimen previsional que satisfaga las necesidades de la población adulta. Es cierto que no todo lo que acontece en las Universidades públicas está bien, como tampoco ocurre con jubilaciones de “privilegio” que subsisten ante la grave situación de millones de jubiladas y jubilados que apenas alcanzan al tercio de lo necesario para satisfacer necesidades valuados en torno al millón de pesos. Resulta imprescindible defender a la Universidad pública como al régimen de jubilaciones solidario y de reparto, al mismo tiempo que llevar adelante una crítica al histórico deterioro de una función transformadora del orden socioeconómico vigente. En efecto, en el origen está la reforma universitaria de 1918 para terminar con la Universidad de la élite, para la conservación de una sociedad oligárquico imperialista definida en el ciclo de expropiaciones y liberalismo construido hacia 1880. El régimen jubilatorio tiene antecedentes a fines del siglo XIX en Europa y a comienzos del XX en nuestro país. Es un tiempo de reformas y de revolución, o quizá al revés, de revolución, en Rusia en 1917, que aceleró “reformas” preventivas para evitar radicalización de las demandas populares. La reforma universitaria hace parte de la tradición revolucionaria en Cuba, de la reformista en Perú y en definitiva de un debate sobre el rumbo de las sociedades a construir en la región latinoamericana y caribeña. La evolución de esa tradición tiene en la Argentina la impronta desarrollista y privatista en los 60 del siglo pasado, lo que supuso una convivencia de lo público con lo privado, con un prestigio instalado de lo público, que sobrevive aun con limitaciones presupuestarias. El Banco Mundial instaló con fuerza en todo el mundo, con lógica neoliberal, la “necesidad” de la privatización universitaria, vía aranceles o formas de insertar a las universidades en el mercado, vendiendo servicios al capital. La Universidad pública aranceló, casos de los estudios de posgrados, una lógica generalizada desde los 90 al amparo de la ideología hegemónica y el impulso de gobiernos de la tradición política mayoritaria, el peronismo y el radicalismo, claro que, con luchas y confrontaciones diversas, entre las que se rescata la emergencia del sindicalismo docente universitario en los 80. El régimen previsional también sufrió un proceso privatizador propio, incluso, antes de las AFJP, con la apropiación de los Fondos de Pensión para la política oficial del Estado capitalista bajo diversas gestiones. Es un tema que hoy se manifiesta en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) gestionado por el ANSES. En el informe de agosto del 2024 del FGS se destacan tenencias valuadas en 48.300 millones de dólares, de los cuales, el 73,9% está invertido en títulos públicos y 14,5% en acciones de empresas, totalizando entre ambos conceptos un 88,4%. De este modo, los “fondos” acumulados por el régimen previsional se utilizan para financiar al Estado y su privilegio por responder a la demanda de acreedores de la deuda pública (tal como destaca el oficialismo respecto del presupuesto 2025) y empresas de gran porte que definen la hegemonía en el capitalismo local. Lo que es evidente es el proyecto privatizador para la Universidad y la educación en general, como para el régimen jubilatorio. Por eso la defensa de ambos aspectos y que se manifiesta en las acrecidas movilizaciones del movimiento de jubilados, los miércoles y en una campaña que involucra demandas al PAMI, a la ANSES y toda dependencia asociada a los derechos de la población adulta. Lo novedoso ahora es el movimiento estudiantil. La marcha de abril convocó al conjunto de la comunidad universitaria porque estaba en juego el funcionamiento ante las restricciones presupuestarias. A comienzos de octubre, la demanda fue motorizada en defensa de los salarios del personal docente y no docente. Con el veto emergió el estudiantado, las tomas y las clases públicas, instalando un nuevo debate sobre el sentido y destino de la Universidad pública. Contra el proyecto de privatizar Universidades y Régimen Jubilatorio se impone el rechazo al proyecto oficial, al mismo tiempo que una crítica a la funcionalidad del régimen del capital que transitó buena parte de la práctica universitaria y del uso de los fondos previsionales. Se trata de retomar un proyecto de “Universidad para la liberación”, sustentado en tiempos de acumulación de poder popular a comienzos de los años 70 del siglo pasado, coherente con la lógica inclusiva y de inserción social ampliada imaginada en el proyecto reformista de 1918. En el mismo sentido, la lucha por las jubilaciones y pensiones necesita adquirir un carácter en contra del lugar que se le asigna para financiar al capital y al Estado capitalista, y transformar el uso de los fondos recaudados en la organización de otro modelo productivo y de desarrollo que anteponga la satisfacción de necesidades sociales a la lógica de la ganancia y la acumulación capitalista. Las luchas de jubiladas y jubilados, como la estudiantil que ahora emerge son la base material subjetiva de una densidad social ampliada, que pueda articularse con otras dimensiones de la lucha social, contra el hambre y por el empleo, por los derechos sociales y sindicales, por los derechos de las mujeres y diversidades, por los derechos de la naturaleza y de los pueblos originarios, para conformar una amplia coordinación de demandas hoy fragmentadas. De esa lucha y densidad social puede emerger la propuesta política que las sintetice y exprese un nuevo momento de la ofensiva popular, no solo en contra de la crueldad y agresividad del proyecto libertario, sino también de falsas ilusiones que recrean perspectivas que indujeron la desconfianza por incumplir promesas de mejor vivir. Fueron los pueblos en lucha los que anunciaron novedades en la representación política, en el país y en la historia humana, por lo que esto nuevo de las luchas por la jubilación y las Universidades públicas traen esperanzas y expectativas para resolver la crisis política y de alternativa que explica el gobierno de la ultraderecha en el país. Las cartas están echadas y agudizará la respuesta represiva y violenta del poder, no solo verbal en los discursos oficiales, sino en la presencia creciente de fuerzas de seguridad y el accionar sistémico y antipopular del poder judicial. Como siempre, la incógnita es quien vence a quien. Buenos Aires, 17 de octubre de 2024