Una de cada tres personas es pobre en la Argentina

Se considera pobre por ingreso a toda familia compuesto por matrimonio y dos hijos menores que no superen ingresos mensuales por 12.851 pesos.
El INDEC acaba de notificar que el 32,2% de las personas en Argentina son pobres, o que están por debajo de la línea de pobreza.[1] El valor está tomado de una medición sobre 31 aglomerados que representan una población de 27.200.000 personas.
Si tomamos entonces al conjunto de la población llegaríamos a superar las 13.500.000 personas, una de cada tres de la Argentina.
Para la línea de indigencia se computa un ingreso mensual de 4.930 pesos, con lo que un 6,3% de las personas se encuentran en la situación de indigencia, por lo que asumiendo la totalidad de la población suma unas 2.652.000 personal.
Más aún, el promedio de ingresos mensual de los pobres es de 8.051 pesos y por ende les falta aún un 37,4% para acceder al valor de la Canasta Básica Total (CBT) de 12.851 pesos al mes.
El promedio mensual de ingresos de los indigentes es de 2.975 pesos, a 39,7% de satisfacer la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de 4.930 pesos mensuales. El promedio de ingresos de indigentes y pobres está lejos de satisfacer las CBA y la CBT.
La pobreza e indigencia es cuento largo
Son datos que remiten a un problema estructural de la economía y la sociedad en la Argentina, que son consecuencia de la política actual, sí, pero remite al largo trayecto iniciado en 1975/76 y agravado en los años 90´ del siglo pasado.
La reestructuración regresiva del capitalismo local operada hace más de 40 años elevó sustancialmente el piso de la indigencia y la pobreza. El capitalismo resultante de la ofensiva de las transnacionales se descargó sobre el tercio más empobrecido, alentando un crecimiento de la desigualdad.
El fenómeno de la pobreza no es nuevo, y se agudizó con el tiempo. La extensión de planes sociales, acrecentada en los últimos años, unos 8.500.000 previstos por el Presupuesto 2017 dan cuenta de ello.
La pobreza es una condición agravada bajo la hegemonía de las políticas ortodoxas y neoliberales que inducen una reducción de los ingresos populares en beneficio de la renta del capital. El empobrecimiento supone una brutal transferencia de recursos desde muchos que se encuentran en la escala más baja de la pirámide de ingresos hacia los sectores más concentrados en la cúspide.
El máximo de pobreza por ingresos se registró en mayo del 2002 con 57% de la población debajo de la línea de la pobreza.
Con la recuperación económica desde mediados del 2002, el pico máximo comenzó a reducirse, pero lejos de los niveles históricos previos al rodrigazo (1975) y la política de la dictadura genocida desde 1976.
Desde mediados del 2013 no se difundieron desde el INDEC los datos de la pobreza y la indigencia, y los referidos entre 2007 y 2013 no eran confiables, al punto que el FMI sancionó a la Argentina por estadísticas no confiables.
El gobierno de Cristina Fernández acordó con el FMI una cooperación técnica para resolver una propuesta técnica y profesional sobre el sistema estadístico que debió ser evaluada durante el 2015 para levantar la sanción. Sin embargo el FMI prefirió esperar el resultado electoral y cambio de gobierno para expedirse al respecto y levantar la sanción.
No se ha expedido aún el Fondo y es probable que suceda luego de la reciente auditoria del FMI, que dejó trascender su acuerdo con las políticas en curso, pero llamó la atención sobre la necesidad del crecimiento económico y especialmente del consumo, como formas de atenuar la conflictividad social en curso.
La pobreza cero es un lema de campaña perpetua               
Macri pide se juzgue su gestión desde la difusión de estos datos a junio a 2016, ocultando el agravamiento de la situación generada desde diciembre del 2015.
Es cierto que el problema viene de arrastre y la propia Universidad Católica registraba un nivel de pobreza del 29% para diciembre del 2015, pero el gobierno Macrí agravó la situación, con devaluación, cesantías y la disparada de precios contra ingresos populares, de trabajadores activos y pasivos e ingresos por planes sociales.
Puede ser que algún día termine la larga desaceleración de la economía, siempre que llovió paró, y exista cierta recuperación del nivel de actividad y del empleo, lo que no se vislumbra aún, y entonces el Presidente Macri podrá decir que es difícil bajar la pobreza y que no alcanza con un período de gestión y salga a disputar más PRO o CAMBIEMOS en el mediano y largo plazo.
El imaginario del gobierno y la prensa afín es que las inversiones externas resolverán el problema de la baja actividad económica, del empleo y de la pobreza, obviando la existencia de una gran crisis capitalista mundial que frena el comercio internacional y el volumen de las inversiones externas en todo el planeta.
No es solo un problema de Argentina, Brasil o del Sur del mundo, es algo que acontece en el capitalismo mundial. Por eso la solución buscada no es tanto lo que se pregona respecto del ingreso de capitales, sino el esfuerzo por lograr bajar el costo laboral y disciplinar al movimiento popular con la zanahoria de la pobreza cero y otras promesas del elenco gobernante y las clases dominantes.
La respuesta popular es creciente en la protesta y demanda de paro general, solo demorado por la CGT y sus las negociaciones con el Gobierno, donde parece se restringe las demandas a un bono de reparación a la diferencia entre precios e ingresos populares, salarios, jubilaciones y planes sociales.
El gobierno retoma su proposición de pacto social involucrando a la cúpula empresarial y a la CGT intentando llegar al fin del primer año de gestión y abordar un tiempo electoral de medio mandato con lo principal del ajuste realizado, hasta que puedan gestarse nuevas condiciones para forzar reformas laborales y renovadas reducciones de ingresos populares.
Para transitar el tiempo de dificultades, el gobierno Macri acude al endeudamiento público, presupuestado en 46.500 millones de dólares para el 2017. El stock actual de deuda asumido es de 245.505 millones de dólares a junio del 2016, un 55,5% del PBI, considerado bajo con relación a otros países y por ende con margen para acrecentar y sortear las dificultades económicas y políticas del presente y futuro mediato.
La incógnita es la capacidad de construir alternativa política, no solo al gobierno, sino al orden capitalista vigente. Claro que eso depende de la capacidad de organización social consciente para pensar en otra sociedad.
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2016


[1] INDEC. Incidencia de la pobreza y de la indigencia en 31 aglomerados urbanos. Resultados segundo trimestre de 2016. Difundido el 28/09/2016.

Oscuro presente y expectativas futuras

Los datos del presente de la economía son malos, con continuidad de la recesión. El INDEC[1] informa que el segundo trimestre del 2016 terminó con una caída del 3,4% del PBI, aunque algunos con ojos amigables en la política oficial observan brotes verdes para el futuro cercano. En este sentido hablan del crecimiento de las ventas de vehículo cero kilómetro, cuando el informe de actividad del INDEC señala la caída de la producción de automotores, de fuerte incidencia en la caída del 7,9% en la Industria Manufacturera, contra el segundo trimestre del 2015. ¿Por qué se venden los 0 km si baja la producción? Por los enormes descuentos de las concesionarias que necesitan vaciar stock y por el auge de venta de las pick-up, ya que los grandes propietarios, productores y exportadores se vieron beneficiados con la devaluación y las quitas y disminuciones de las retenciones. Por eso también hay expectativa en la expansión de la construcción o la venta de inmuebles, ya que el último boom inmobiliario en la Argentina estuvo motivado en la expansión sojera, que desde 1996 y la autorización a producir transgénicos no para de crecer. Eso sí, los grandes productores y exportadores reclaman la continuidad de la disminución en 5% anual de las retenciones a la soja, puestas en duda por el gobierno ante la continuidad del déficit fiscal. Al respecto, dice el columnista de Clarín rural que “...arrecia el rumor de que la reducción del 5% para la próxima campaña está en veremos. Es gravísimo, sobre todo porque reverdece la imagen de incumplimiento e imprevisibilidad. Todo el marketing de nueve meses de gestión se está haciendo trizas. Altos ejecutivos de compañías de primera línea en los agronegocios, que vinieron al miniDavos la semana pasada con la idea de proponer inversiones, plantearon sus dudas por esta posible marcha atrás.”[2]
Claro que nada dicen sobre la incumplida promesa de no cobrar impuesto a las ganancias a los trabajadores durante la gestión Macri. El tema tampoco aparece en el proyecto de presupuesto para el 2017, salvo alguna adecuación de escalas, tema de conversación del Ministro de Economía y del de Trabajo con dirigentes sindicales la próxima semana. Un diálogo que posterga el clamor de trabajadoras y trabajadores por el Paro General.
Desempleo y costo de vida
La situación si es negativa en el presente para las trabajadoras y trabajadores. El INDEC confirma datos de desempleo y bajos ingresos de la población trabajadora. El 9,3% de desempleo abierto alcanza al 18,9% para menores de 29 años y el dato de 1.165.00 desempleados se le adicionan 1.963.000 trabajadores ocupados que demandan empleo y 780.000 trabajadores ocupados con disposición a trabajar más tiempo, lo que suma 3.908.000 trabajadores, el 31,2% con problemas de empleo. A eso debe sumarse, que sobre 8.600.000 trabajadores asalariados, 2.850.000, el 33,4% son trabajadores irregulares producto de la impunidad empresaria.
El crecimiento de los precios aleja la posibilidad de satisfacer demandas a los sectores de menores ingresos y la mayoría de la población, los trabajadores. El INDEC señala que para agosto del 2016, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) es de 5.175 pesos mensuales y sirve para medir la línea de indigencia. Los datos absolutos de población indigente se darán a conocer a fines de septiembre. La Canasta Básica Total (CBT) para agosto asciende a 12.487,37 pesos por mes y da cuenta de la línea de pobreza. Son valores para un matrimonio y dos hijos menores. Para los trabajadores de ATE-INDEC la Canasta alcanza a los 20.089,90, muy lejos de las estimaciones oficiales. Para el movimiento de  Jubilados y Jubiladas, la canasta asciende a 11.031. El salario mínimo es 7.560 pesos y el haber jubilatorio mínimo es de 5.661. Ambos muy lejos de satisfacer la CBT en la versión oficial o alternativa.
¿Hacia dónde vamos?
Es probable que alguna vez se observen los “brotes verdes” que hoy solo existen para los sectores de alto consumo o suntuario, ya que como el refrán señala: siempre que llovió paró. Eso ocurrió luego de la gran recesión 1998-2002, devaluación mediante y cesación parcial de pagos. Ahora también hubo devaluación y en contrario mayor endeudamiento, asociado a una autorización presupuestaria programada para el 2017 para asumir nueva deuda por 46.500 millones de dólares, una parte para cancelaciones o renovaciones de vencimientos; otra para cubrir déficit fiscal y una tercera para colocaciones en el exterior ante la demora por la radicación de inversiones externas.
Para inducir la activación económica se promueve primero el enfriamiento de la economía (ajuste o sinceramiento) con impacto muy negativo para la mayoría de la sociedad: las trabajadoras y los trabajadores. El imaginario es que luego del ajuste, sinceramiento o enfriamiento, previa disciplina del conflicto social, la reactivación será un hecho, claro que con un piso de ingresos populares menores. Eso no interesa, ya que la cuestión de fondo son las acrecentadas ganancias de los inversores. El principal inductor de esta política es el BCRA que estos días organizó las Jornadas Bancarias y Monetarias, un cónclave anual donde exponen referentes de la banca central regional y mundial y algunos gurúes amigos de la gestión de turno. Por supuesto que la lógica de este año se concentró en avales a la política de metas de inflación con elevadas tasas de interés.
Quién llegó para la ocasión fue la misión del FMI para, después de una década volver a auditar las cuentas nacionales de la economía. El Fondo actúa como una gran consultora y otorga avales esperados por los inversores transnacionales. Eso es lo principal, ya que Prat Gay dice que el gobierno no está obligado a escuchar los consejos del FMI. Eso es verdad, pero lo que le interesa al Ministro y a sus amigos de la banca mundial y del capital transnacional es el visto bueno otorgado por los auditores sobre el rumbo de la política oficial. Por si fuera poco, la semana entrante llega Jack Lew el Secretario del Tesoro de EEUU, el equivalente del Ministro de Economía local, y también Alejandro Werner el Jefe del Hemisferio occidental del FMI para potenciar la misión de auditoria.  Estos sí que volvieron y nada nuevo o ingenioso habrá que esperar de estas visitas.
Solo se puede esperar más conflicto social para evidenciar opiniones alternativas a la edulcorada visión de los brotes verdes a futuro. Solo con protesta se morigeró el tarifazo, que ahora será en cuotas durante el mandato Macri. Pero el desafío, más allá de la protesta y el eventual paro general, la cuestión central pasará por el debate profundo y consciente del momento del capitalismo contemporáneo, que solo resuelve su crisis contra los trabajadores y la naturaleza, lo que convoca a discutir el modelo productivo y de desarrollo. Se trata de ir contra el sentido común instalado por las clases dominantes a favor de las inversiones externas y una lógica de solución vía crecimiento sin medir beneficiados y perjudicados. Más que la ganancia, se requiere un rumbo que privilegie las necesidades sociales.
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2016



[1] INDEC, Informe de Avance del Nivel de Actividad, 22 de septiembre de 2016 http://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/pib_09_16.pdf
[2] Héctor Huergo. La soja, ese “recurso natural”, sábado 24/09/2016. En: http://www.clarin.com/rural/soja-recurso-natural_0_1655834468.html

La economía según la mirada

Resulta muy contradictoria la observación de la realidad económica y especialmente sobre la política económica.
Siempre importa considerar quien realiza el análisis, ya que la cuestión económica supone intereses contradictorios. Todo depende del cristal con se mire la realidad, si desde el ángulo y mirada de los beneficiarios, o desde la mirada de los perjudicados.
Por eso, cada acontecimiento requiere ser observado desde ángulos contradictorios, y existe decisión explícita de ganar consenso por uno u otro enfoque.
En este sentido, una batalla ganada a priori por las clases dominantes y el gobierno es la necesidad de inversores externos para superar la recesión actual de la economía local, sin mirar el cuadro recesivo en Brasil y las dificultades para el crecimiento de la economía mundial. El contra sentido requiere discutir el propio orden capitalista y sus supuestos que remiten al origen del inversor para el proceso de trabajo y de valorización.
Desde otro ángulo y en el mismo sentido, se creyó que el consenso incluiría el aumento de las tarifas de servicios públicos y fue un error grosero, ya que con límites se impuso la protesta social y se morigeró el incremento, aunque este marcha en cuotas. Hay necesidad de potencias el contrasentido y discutir el modelo energético.
Sigue siendo necesaria una profunda batalla de ideas sobre los rumbos alternativos para resolver los problemas económicos locales, lo que requiere en principio discutir si lo que se pretende atender es la lógica de las ganancias o la de las necesidades sociales insatisfechas.
Foro de Inversiones: el mini Davos
Se hizo el Foro de Inversiones y Negocios de la Argentina, FINA, con 1900 empresarios, muchos de los cuales son expresión de la dominación capitalista mundial y causa de la inmensa desigualdad de ingresos y riqueza en la población global.
El gobierno, eufórico en el cierre de su cónclave empresario, contabiliza entre 10.000 y 12.000 millones de dólares de nuevas inversiones externas que podrían llegar a la Argentina, veremos.
A esos millones se les suma otras inversiones anunciadas en varias ocasiones, incluso de arrastre del gobierno anterior. Totalizan unos 40.000 millones de dólares, un 40% de la inversión prevista en el proyecto de presupuesto 2017.
Una parte importante de la oferta en el FINA son las inversiones mineras, junto a las financieras, para telecomunicaciones, infraestructura y energía.
Derrame y contaminación
En simultáneo ocurrió un nuevo derrame de solución cianurada en San Juan, donde la Barrick opera una explotación de mega minería a cielo abierto.
Una semana demoró el gobierno en hacer evidente la situación y el propio gobernador sanjuanino recibió de cuerpo presente la protesta social creciente más allá del activo militante movilizado.
Hace apenas un año había estallado el problema con un derrame de la Barrick que no termina de cuantificarse y queda claro que no alcanza con multas, necesitando se discuta el sentido de la explotación minera a cielo abierto, algo que se escamotea desde el gobierno y que la población comienza a demandar.
Las dos caras del análisis supone considerar para quien fue beneficiosa la presencia de los inversores externos en el CCK. La extendida custodia de la reunión, en un piquete de seguridad gubernamental, impidió a los manifestantes de la Asamblea “Argentina Mejor sin TLC” acercarse hasta el Foro y expresar el descontento y repudio a la liberalización y facilitación de negocios para empresas necesitadas de oportunidades de ganancias.
Claro que los empresarios reclamaron a quien quisiera oír que pretendían previsibilidad en las condiciones de su inversión, para lo cual, el gobierno insistió en el argumento de la reaccionaria reforma laboral y el control del conflicto social. Para esto acude al mensaje de cautela hacia las centrales sindicales que anticipan Paro Nacional de continuar el efecto regresivo de la política económica en curso.
Audiencia por el Gas y presupuesto 2017
Algo parecido ocurre con la iniciada Audiencia Pública por el Gas, con el Gobierno corriendo contra reloj para imponer sus incrementadas tarifas, ahora escalonadas hacia el 2019.
El acuerdo empresario es explícito en las afirmaciones de todas las empresas, que seguirán recibiendo gigantescos subsidios en el punto de origen del precio del gas en boca de pozo.
Con el piquete de seguridad se impidió a organizaciones sindicales, sociales y políticas que protestan contra el tarifazo y la política energética llegar al recinto de los debates, válido para todas las sedes en que se realiza la audiencia no vinculante.
Más allá del resultado de estas Audiencias, la protesta social continuará ante las dificultades económicas de buena parte de la sociedad para hacer frente a los nuevos precios del gas, a lo que deberá sumarse el incremento del agua y la luz.
En el Parlamento fue presentado el proyecto de Presupuesto 2017 y en sus objetivos y orientaciones queda claro por donde transitará la complejidad y contradicciones de la situación socio económico de la Argentina, con mantenimiento de subsidios a las empresas e impacto en la disminución de la capacidad de compra de la sociedad de menores ingresos.
Se indica en el proyecto presupuestario una inflación del 17% y un Gasto acrecentado en el 23%, habilitando varios debates sobre la estimación real del crecimiento de los precios, la contención salarial para los trabajadores estatales, que imaginan en el techo del 17%, pero también, la disputa por el destino del mayor gasto en un año de elecciones legislativas de medio tiempo del mandato presidencial.
El impuesto a las ganancias, especialmente las modificaciones sobre la cuarta categoría que impacta sobre salarios y la autorización para tomar deuda pública por 46.500 millones de dólares, serán temas de discusión.
Retornan las auditorías del FMI
Por estas horas, el Presidente argentino viaja a Nueva York para asistir a la Asamblea anual de las Naciones Unidas, al tiempo que se concreta la visita del FMI a la Argentina para auditar las cuentas de la economía local, que venía suspendida desde el 2006.
La presencia del FMI genera también lecturas contradictorias, entre el mundo de las empresas que necesitan avales de “estabilidad” económica y política y la respuesta social ante la segura reiteración de recetas tradicionales de ajuste y reestructuración regresiva del organismo internacional.

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2016

Entrevista al economista político Julio Gambina. Mientras Macri tenga el conflicto social en la calle, va a ser muy difícil que los capitales extranjeros vengan a invertir. Por Mario Hernandez

M.H.: De acuerdo a lo sucedido en el G20, parece que a Macri le va mejor afuera del país que adentro.

J.G.: Lógico. Primero porque las políticas de Macri favorecen a los de afuera que son los que manejan la economía de la Argentina. La devaluación sirve para los grandes exportadores vinculados, entre otros, al núcleo sojero, beneficiario de la disminución de las retenciones y quita de retenciones para otros sectores, me refiero a las transnacionales. Toda la producción y exportación concentrada en la Argentina tiene que ver con el capital externo, con la dominación que tienen las transnacionales externas. Y la otra medida es el pago de la deuda, especialmente a los acreedores externos, capital que está fuera de la Argentina que había sido invertido en Argentina y que logró una rentabilidad enorme con los pagos financieros.
Cómo no va Obama a saludarlo en China en la reunión del G20 y decirle "está muy bien lo que estás haciendo en Argentina”. El G20 discute que hay una pobre performance del capitalismo mundial, que el capitalismo mundial tiene un crecimiento muy pobre, que la solución es el crecimiento económico, la expansión del ciclo de inversión-acumulación y, por lo tanto, hay un país, Argentina, que está ofreciendo todas las condiciones para que haya inversiones externas que reactiven la economía mundial.
No sólo y tanto por lo que pasa en Argentina, sino por lo que sirve para apropiarse de riqueza nacional generada en Argentina en el sector externo. Incluso lo que hace Macri en Argentina es muy parecido a lo que fue a prometer Michel Temer, el nuevo Presidente de Brasil.
La Argentina funciona para el capital externo, de ahí a que eso resuelva los problemas de la economía argentina es otra cosa. Por eso acá la sintonía es otra y la respuesta por estas horas fue la gran Marcha Federal del 2 de setiembre. Una marcha de carácter plural, un gran acontecimiento social y político que llama la atención de observadores internacionales que ven bien lo que anuncia y hace Macri, pero mientras tenga el conflicto social en la calle, va a ser muy difícil que los capitales extranjeros opten por venir a invertir.

M.H.: El blanqueo de capitales daría la impresión que no va a arrojar los resultados esperados por el gobierno.

J.G.: A lo mejor no. Todavía es muy temprano para decirlo porque hay algunos mensajes internacionales de cruce de información, se ha logrado meter mucho miedo sobre la información que pueda haber de afuera, especialmente de algunos países. No está EE. UU. en estos acuerdos fiscales, pero lo que aparece es que hay muchas consultas de quienes tienen capitales fugados. Hay expectativas muy diversas y se imaginan que puede suceder esto.
Todavía no rigen los primeros vencimientos, vamos a tener datos sobre si funciona o no el blanqueo cuando empiecen a caer los vencimientos. Puede ser que en ese momento lo tengamos más claro, toda la información de especialistas dice que puede ser mucho el dinero que venga y no necesariamente en las condiciones que el gobierno argentino quiere.
El gobierno argentino quiere que traigan divisas concretas, las saquen de las casas o de las cajas de seguridad y las canjeen por títulos de la deuda, para evitar que la Argentina salga a buscar dinero al exterior, de esa manera se hace de dólares con emisión de títulos a un costo muy barato. Es probable que eso no ocurra y entonces va a tener que salir a buscar crédito al exterior que para Argentina sigue siendo caro, más que para la mayoría de los países de la región.


La reapertura de las paritarias se va a resolver con correlación de fuerza política


M.H.: Le Monde Diplomatique publicó “El mundo según Macri”. Esto despertó algún tipo de reflexión, en la columna que hace James Petras los días lunes en X36, una radio de Montevideo, señalando que “Macri se va a caer entre dos sillas” a raíz precisamente de un análisis de la Marcha Federal y las últimas declaraciones de Mauricio Macri negando cualquier tipo de reapertura en relación a las paritarias. ¿Qué reflexión te merece este análisis?

J.G.: El gran objetivo del gobierno es reducir el costo de producción en lo que puede, que es el costo salarial. Macri está insistiendo por distintas vías en los últimos 30/40 días con una reforma laboral muy profunda. Hizo menciones a que la justicia tiene que fallar más para el lado de los empresarios porque siempre lo hace para el mismo lado, o sea, para el de los trabajadores. Es lo lógico en el derecho laboral que siempre favorece al trabajador pese a toda la ofensiva del capital contra el trabajo.
Hay muchos comentarios hechos desde el Poder Ejecutivo sobre una reforma laboral, esta semana ha empezado en el Parlamento la discusión del primer empleo, proyecto que presentó en abril el Poder Ejecutivo, que se viene demorando porque el Parlamento se avocó a la ley anti despidos. Luego que salió, el gobierno la vetó. Hay declaraciones e iniciativas que pretenden bajar el costo laboral argumentando que la tendencia inflacionaria es a la baja, por lo tanto, no habría necesidad de reabrir las paritarias. No es lo que piensan las organizaciones sindicales, los trabajadores que están bajo Convenio colectivo de trabajo. Hay una presión muy fuerte por reabrir paritarias, muchas se cerraron por seis meses para reabrirlas en esta época del año. Al principio del año la orientación del Ministerio de Economía era una inflación del 25% para todo el año, queriendo inducir negociaciones colectivas que vayan a la baja, el promedio ha sido del 30/31% según el convenio. Los aceiteros llegaron al 38%, por ejemplo, pero muchos estuvieron por debajo y la demanda que el movimiento sindical organizado sostuvo en la Marcha Federal fue la necesidad de la reapertura de las paritarias.
La cúpula de la CGT,  estuvo el mismo viernes reunida con el Ministro de Trabajo, mientras las CTA y más de 30 sindicatos de la CGT se movilizaban. Hay una nueva reunión de la CGT el 23 de septiembre donde supuestamente van a analizar la situación. Mañana (7/9) hay una reunión del Consejo Directivo de la CGT con los movimientos sociales que organizaron la movilización del 7 de agosto. Con lo cual el tema de las paritarias está muy vinculado a los ingresos generales de los trabajadores, aún los irregulares, con lo cual la presión para abrir las paritarias no es solo de los trabajadores convencionados sino de todos los trabajadores, aun los que están en situación irregular. Porque en tanto y en cuanto se muevan para arriba los salarios convencionados, también el resto de salarios se mueven en el mismo sentido. Si se congelan los salarios convencionados es más difícil para los trabajadores en situación irregular lograr una mejora en sus ingresos. Con lo cual esta es una discusión que se va a resolver con correlación de fuerza política y la presión para un paro general fue muy fuerte.
Lo más aplaudido y lo más reclamado en la movilización del viernes era la idea del paro, sorprendía el nivel de consenso que hubo. Por eso la Marcha Federal fue interesante, no solo por quiénes convocaron, quiénes adhirieron, cómo se dio el juego; sino que deja offside a los que se quedaron afuera, a los que no protagonizaron, con lecturas incluso sectarias de lo que está pasando, no entendiendo que el reclamo de extensión de la protesta social viene de la mayoría de los trabajadores y no solo de los regularizados, sino de los irregularizados también, que salen a la calle porque la realidad de la inflación impacta con pérdidas, con disminución de la capacidad de compra, los ingresos no alcanzan, las actualizaciones de las jubilaciones, la de los planes sociales, van muy por detrás del avance de la inflación.
El que ahora aparezca un dato de inflación menor, porque retrotraen las tarifas, no quiere decir que lo que se llama “inflación núcleo”, o sea, los elementos centrales que determinan los precios, tengan una buena noticia para la mayoría de la sociedad que vive de ingresos fijos. Por eso la conflictividad social va a crecer en Argentina. Lo que se espera es que la CGT convoque porque tiene un impacto en la cantidad de trabajadores sindicalizados muy importante. Pero si la CGT no lleva adelante esas medidas hay otros que lo van a hacer. Por eso te mencionaba la importancia de las organizaciones sociales de la marcha del 7 de agosto pasado, o la Marcha Federal empujada por las CTA y algunos gremios de la CGT.
Puede dar la nota en la Argentina que quien se anime a promover y a alentar la radicalización de las medidas de fuerza va a tener un impacto muy grande en la sociedad porque es notorio que la recesión argentina puede disminuir la inflación pero, sobre todo, afecta al empleo. Macri mismo dice “no hay mucho problema de desempleo en Argentina desde que estamos nosotros. Apenas hay 100.000 nuevos desempleados”. El propio gobierno acepta que hay una cifra muy importante de desempleados y el propio dato del INDEC, aunque ponga en evidencia lo que se escondía en el viejo INDEC, habla de que la Argentina tiene 9.3% de desempleo nacional. Pero que si lo medís en las grandes ciudades, en Buenos Aires, el gran Rosario, Córdoba, Mar del Plata, todas están entre 11,5 y 11,7%, sumale al desempleo, el trabajo irregular, el propio INDEC dice que el 33% de los trabajadores asalariados no tienen seguridad social, con lo cual estamos hablando de datos sociales de empleo, desempleo, subempleo, precariedad que son muy importantes, a lo que hay que sumar los datos de pobreza que ya causa revuelo por la cantidad de nuevos pobres que generó la política de Macri. Eso que las estadísticas sólo llegan a marzo, ni hablar del mes de abril que tuvo 6,5% de inflación y la que siguió en mayo, junio y julio; por más que la tendencia sea a la baja, porque es a la baja porque no hay consumo, hay recesión. Cualquiera sabe que en cualquier barrio de la capital, más allá de los niveles de poder adquisitivo, lo que empieza a haber es el cierre de negocios.

M.H.: Cavalieri habló de 6.500 comercios cerrados. El domingo en La Nación, Prat Gay reflota la idea de pacto social.

J.G.: Que también estuvo al principio. Lo que pasa es que hay un debate político en el gobierno. Así como en economía se expresa y los diarios hablan del debate Sturzenegger – Prat Gay, Sturzenegger con una política monetarista ortodoxa, queriendo controlar la masa de dinero para controlar la inflación, aunque hoy hayan vuelto a bajar las tasas de interés, que igual están en un nivel altísimo. Confronta la política ortodoxa del Banco Central con la heterodoxa, que algunos llaman neokeynesiana de Prat Gay, que dice que es una locura seguir enfriando la economía, que hay que aumentar el consumo, sobre todo para el año que viene que es un año electoral.
Algunos dicen que en el gobierno hay una disputa por definir cuál es el plan económico, si es heterodoxo a lo Prat Gay u ortodoxo a lo Sturzenegger. Lo mismo pasa en todos los niveles de la política, el propio Macri fue el que dijo que había que ir con todo sobre las tarifas y así se llevaron adelante los tarifazos y así le fue, por eso algunos dentro del gobierno dicen que hay que ir parcialmente, que no se puede hacer la política de shock.
Lo que pasa es que hacia enero-febrero Macri estaba muy entusiasmado porque le había salido bien (políticamente) la devaluación, la eliminación de retenciones, la negociación con los acreedores externos, no había aparecido resistencia política porque todavía estaba el efecto electoral o el efecto bronca de gran parte de la sociedad que no votó al kirchnerismo y sí al macrismo, cansado de lo que venía ocurriendo en la última etapa con el gobierno anterior.
No es un juicio de valor lo que digo, sino lo que implica el triunfo de Macri sobre Scioli en la segunda vuelta. Eso lo motivó tanto a Macri como a los sectores más duros, a que había que ir con el tema de las tarifas con los tapones de punta. No contaban con la respuesta de la sociedad que fue amplísima, que tuvo un punto inicial en la movilización obrera del 29 de abril, todas las centrales sindicales convocando a una gran jornada que sorprendió a todos, a los propios organizadores que se vieron desbordados en el nivel de participación.
Pero la protesta por las tarifas trascendió a los y las trabajadores y captó a gran parte de las clases medias, muchos de los cuales fueron votantes de Macri en la segunda vuelta. Por lo tanto, eso desarmó la estrategia del “todo o nada”. Por eso aquello del “pacto social” quedó en el aire. Macri entre primera y segunda vuelta hizo un recorrido hasta por las centrales sindicales, habilitando niveles de diálogo. Obviamente, no es lo que ocurrió una vez que asumió. El gobierno no ha recibido nunca a las CTA, el viernes en plena movilización el Ministro de Trabajo planteó una reunión para esta semana, para discutir con las CTA en debates a los que sí ha sido invitada la CGT.
Hasta ahora la realidad del pacto social ha sido un discurso de campaña, en la primera etapa del gobierno Macri. Y luego se abandonó por una imagen ganadora de que iban a seguir avanzando con todo con la política de ajuste y reestructuración. Le fallaron varias cosas, no vinieron las inversiones externas, no han conseguido crédito externo barato y les cuesta mucho dinamizar la economía argentina. Hay escasos recursos públicos, hay caída de la recaudación tributaria, por lo tanto, no se puede estimular todo lo que se quisiera el gasto público y la inversión pública.
Además, teóricamente están en contra del gasto público. La realidad es que a 9 meses de gobierno Macri hay más déficit fiscal actual que en el gobierno de Cristina Fernández, lo cual es una contradicción en el discurso macrista, tanto en el de los más ortodoxos como en de los más heterodoxos, ninguno de ellos plantea que hay que mantener o incrementar el déficit.
Prat Gay había planteado una reducción muy importante del déficit fiscal para este año, no lo están logrando. Y por eso es que vuelve a aparecer el tema del pacto social, pero habrá que ver quiénes son los interlocutores, cuáles son las bases, si no es un mecanismo más para distraer o demorar el conflicto social que está bastante estallado en Argentina. Yo creo que lo que está faltando es que se incorpore la CGT, si no lo hace los actores que están hoy dinamizando el conflicto son los que van a plantear el desafío a corto o mediano plazo.

 (entrevista realizada el 6 de septiembre del 2016)

Inversiones externas y conflicto social

Las claves de la coyuntura política y económica en la Argentina se concentran en la búsqueda de inversiones externas por parte del gobierno y la escalada del conflicto social que protagonizan las centrales sindicales y los movimientos populares.
Mini Davos
Desde el gobierno se prepara una semana intensa con visitas de 1.500 empresarios de las principales transnacionales en búsquedas de negocios rentables en tiempos de crisis capitalista, es decir, de problemas para lograr su principal objetivo: obtener rápidas ganancias.
El gobierno convocó al “Foro de Inversiones y Negocios de Argentina”, FINA 2016, un Mini Davos en el Centro Cultural Néstor Kirchner en Buenos Aires. Es una réplica del encuentro anual en Suiza desde 1971, pero con objetivos de vender a la Argentina como territorio de inversión, especialmente para las finanzas, la minería, el petróleo y el gas. El Ministro de energía difunde un spot donde convoca a invertir en energías convencionales y renovables, una de las principales apuestas del gobierno ante los problemas energéticos.
La información oficial está en inglés, con traducción al español en el sitio de internet: https://argentinaforum2016.com/en/in_the_news donde se informa  “la participación de más de 1500 líderes empresariales, inversores y figuras políticas del país y el mundo” y se destacan entre los locales a “Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre; Luis Pagani de Arcor; Paolo Rocca de Techint y Martín Migoya, de Globant”, y entre los extranjeros a “Román Escolano, vicepresidente del Banco Europeo de Inversión; Jorge Familiar, vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial (BM), Jane Fraser, CEO para América Latina del Citigroup; Joe Kaeser, presidente y CEO de Siemens y Muhtar Kent, presidente y CEO de The Coca-Cola Company.” Se completa con el listado de los principales participantes.
El organizador es la “Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional” creada en 2016 desde el Ministerio de la Producción para insertar al país en la transnacionalización de la economía mundial, que en la jerga propia supone atraer inversiones externas y promover inversiones locales al exterior. Desde allí se estimula el régimen de “Participación Pública Privada” (PPP), nueva forma que adquieren las privatizaciones en nuestro tiempo. Ya existe proyecto legislativo sobre la PPP presentado al Senado de la Nación por el Jefe de Gabinete de Ministros.
Resulta interesante recorrer el sitio en internet para verificar la oferta de la Argentina desde diciembre del 2015 (asunción de Mauricio Macri), publicitando la oportunidad de ganancias que ofrece el país, haciendo propaganda del endeudamiento en 16.500 millones de dólares para cancelar a acreedores externos en conflicto, en señal de voluntad y garantía de seguridad jurídica.
Allí están puestas las expectativas para superar la recesión en curso y mostrar mejores datos de la economía local, lo que en sí mismo no significará mejoras en la condiciones de vida de la población, por ello es que destaca el creciente descontento social, que incluye la condena callejera al cónclave empresario de la Asamblea Argentina mejor sin TLC.
Ascenso del conflicto hacia el paro nacional
Las secuelas de la gigantesca Marcha Federal, con una concurrencia al cierre de 200.000 participantes se hacen sentir en la convocatoria del gobierno a dialogar con la CGT y luego con las CTA; pero en el mismo sentido se destaca el cónclave de la CGT con parte de los movimientos populares, toda una novedad, más propio del espíritu de creación de la CTA en los 90 que del sindicalismo tradicional expresado en la CGT.
Esos mismos movimientos se reunieron en la semana con ambas CTA, poniendo de manifiesto la necesaria articulación de la diversidad de organizaciones y movilizaciones populares. Es un dato novedoso que intenta superar desde la unidad de acción la fragmentación política de esa diversidad de organizaciones. El eje de esas conversaciones fue la construcción de un Paro Nacional. Es el resultado lógico de un trayecto iniciado en simultáneo con el gobierno Macri de ascenso de la protesta social.
Razones para la protesta social son muchas y variadas, desde los despidos, las suspensiones, a la inflación y el tarifazo en servicios públicos. Son medidas que no solo afectan a los trabajadores, sino de manera creciente a sectores pequeños y medianos del empresariado que liga su actividad con el mercado interno, por lo que pueden confluir con la demanda por un Paro Nacional.
Desde el gobierno no hay respuesta, aunque intenten contener la conflictividad con encuentros cordiales sin solución efectiva. La expectativa oficialista pasa por la llegada de inversiones que contengan la pérdida de empleo, del orden de los 120.000 puestos de trabajo según reconoce el propio Ministro de Trabajo.
¿Quién dirige y con qué rumbo el conflicto?
El gran interrogante es sobre la conducción política del conflicto social, ya que la escalada social movilizada se promueve por reivindicaciones inmediatas y concretas, como el ingreso y los precios.
La cuestión de fondo está en el más allá, en el rumbo social, cultural y político de la sociedad argentina y su inserción mundial, lo que supone nuevas y más profundas discusiones sobre el modelo productivo y de desarrollo.
Se trata de discutir qué inversiones requiere la Argentina y para promover que tipo de producción y satisfacer que necesidades y de quienes.
La transnacionalización que promueve el gobierno profundiza la inserción subordinada, dependiente, de la economía local en el sistema mundial del capitalismo y es eso lo que debe discutirse.
Algunos se interrogan sobre como relanzar la economía local y caen en el callejón sin salida de las inversiones externas y la lógica de dominación sistémica, sin imaginar nuevas formas de relaciones económico sociales para satisfacer amplias necesidades sociales.
Es un debate sobre el presente y el futuro de la Argentina, de la región y del mundo.

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2016

Conflicto social, recesión y proyecto político

El conflicto social es visible contra el aumento de las tarifas de servicios públicos y denunciando el ajuste derivado de la inflación, las suspensiones y cesantías en un marco recesivo de la economía y más profunda en el sector industrial.
Precisamente en el día de la industria, el 2/9, mientras algunos grandes exportadores demandan al gobierno nuevas devaluaciones de la moneda para ganar competitividad; las CTA y algunos gremios de la CGT salieron masivamente a la calle al cierre de la Marcha Federal. Entre otros, las y los trabajadores docentes estaban de paro. La movilización obrera  reivindicaba por los ingresos de activos y pasivos, contra los renovados intentos de reformas laborales y orientando sus reclamos en varias direcciones.
Primero, contra el gobierno, que más allá de la discusión entre el sector ortodoxo en el BCRA y el heterodoxo en Hacienda, insiste en una política de reducción del costo salarial y laboral para mejorar la rentabilidad de las empresas. Pretenden así motivar la radicación de inversiones externas, algo que intenta en estas horas el propio Macri en la reunión del G20 en China, o en la próxima edición de un cónclave en Buenos Aires del Club de Davos para el 12 de septiembre.
Segundo, en un mensaje hacia la CGT y el movimiento sindical para construir un paro nacional y evidenciar ante la sociedad la desigual carga de la situación económica entre una mayoría empobrecida y una minoría privilegiada con las medidas económicas asumidas desde el inicio de la gestión Macri: devaluaciones, reducciones y eliminaciones de retenciones, cancelación de deudas externas y asunción de nuevo y costoso endeudamiento público de la Nación y las provincias.
Al mismo tiempo que se sucedía la protesta sindical, el gobierno recibía a la CGT unificada y sin más remedio, ante la masiva movilización, se anunciaba el pronto dialogo gubernamental con las CTA. Queda demostrado que la libertad y democracia sindical solo se logra con organización y lucha extendida.
Bajar el costo de producción y la conflictividad para atraer inversiones
La estrategia oficial se concentra en arrimar inversiones externas para activar la economía Argentina y para eso, además de seducir a capitales externos busca reducir el costo de producción para esos inversores. Por lo que la clave está en reducir el costo laboral, entre los que destaca el salario.
En ese marco, el poder mundial demanda eliminar el conflicto social y sindical que obstaculiza el proceso de producción y valorización de los capitales.
Para el caso de los inversores en energía, la movilización contra los tarifazos es un impedimento para radicar sus inversiones ante las dudas que genera el conflicto a la hora de remesar eventuales futuras ganancias. La situación es problemática para el gobierno por no tener plan alternativo a la oferta hacia inversores externos.
No es distinta la situación en otros sectores de la economía, en donde los inversores exigen disciplina social para traer sus capitales como inversiones. Por ello, disciplinar al movimiento obrero y popular resulta esencial para los inversores externos y por eso el gobierno privilegió el diálogo con la CGT, en el imaginario que solo la tradicional organización sindical estaba en condiciones de paralizar el país.
Es un grave error de evaluación del gobierno sobre  la situación social y sindical en el país. Argentina tiene una larga tradición de protesta social y de organización sindical, que pese a variados esfuerzos de las clases dominantes, los gobiernos y la burocracia sindical negociadora, sobrevive una vocación clasista que se recrea en cada proceso histórico.
Se trata de una dinámica que desafía a construir programas específicos que puedan dar cuenta de reivindicaciones populares amplísimas, más allá de lo coyuntural, y construir una propuesta de país con otra ecuación de beneficiarios y perjudicados, recreando propuestas de liberación e independencia en un marco de integración no subordinada a la lógica de las transnacionales y los países capitalistas hegemónicos.
Todo ello requiere del ensayo social e intelectual derivado de la más amplia unidad de acción.
Unidad de acción y propuesta política
La movilización de la Marcha Federal convocó a un arco político y social amplio que obliga al gobierno a tomar nota de sectores con capacidad de convocatoria. El comentario es válido también para la CGT y otras organizaciones sindicales y sociales que no acompañaron la necesaria protesta demandada por una parte importante de los trabajadores.
Algunos dirigentes y organizaciones sindicales no movilizaron porque descreen de quienes que no levantaron la voz y la protesta contra políticas antipopulares de los últimos años, sean las devaluaciones, la inflación escamoteada por el INDEC, o la consolidación de un modelo productivo y de desarrollo que profundizó la dependencia en tiempos de los gobiernos kirchneristas. Argumentan que el kirchnerismo busca legitimarse en la protesta para crear condiciones de posibilidad de retorno al gobierno, convalidado por la consigna “vamos a volver”. Vale mencionar que la Marcha fue lanzado en el inicio por la CTA de los Trabajadores, afín a los gobiernos K.
Otros sectores, especialmente vinculados a la izquierda partidaria, se movilizaron con críticas a los organizadores kirchneristas, pero impulsando la protesta con sus propias consignas y propuestas en coincidencia con el sentimiento de un amplio sector de la sociedad afectada por las restricciones de la recesión y el ajuste de la política oficial.
La CTA Autónoma adhirió a la convocatoria, acompañando seccionales que marcharon desde el interior del país; para otorgar cobertura con su personería a organizaciones en paro; y con la convicción de empujar la más amplia unidad de acción desde la coherencia de la crítica al modelo hegemónico en el gobierno anterior y profundizado en la actualidad. La intencionalidad apunta a cimentar condiciones para la realización de un paro nacional que constituya al movimiento obrero en protagonista de la disputa política local.
Esa coherencia política legitima el mensaje desde el escenario principal en el acto de cierre de la Marcha y habilita una amplísima discusión, más allá de las tensiones al interior de la CTA Autónoma. Es algo que ocurrió esta semana en un debate de Micheli con Yofra, el secretario general de la Federación de aceiteros y el Pollo Sobrero, dirigente de los ferroviarios, quienes se comprometieron en profundizar la discusión desde el pensamiento crítico entre dirigentes y militantes sindicales para construir alternativa popular.
Debates necesarios para construir alternativa política popular
Se equivocan los que no protagonizan la experiencia de movilización y protesta popular. Con esa actitud reniegan del debate necesario con los sectores kirchneristas, la izquierda partidaria y el amplio espectro en que se organiza el movimiento popular en un contexto de lucha contra el proyecto gubernamental y de las clases dominantes. Es más, profundizan el desencuentro y posponen la necesaria construcción de síntesis política.
Es un dato a resaltar que aún falta un balance crítico de los movimientos kirchneristas sobre los años de los gobiernos K, lo que no invalida la unidad de acción en la coyuntura del gobierno Macri y en contra del interés del arco político oficialista por aplicar el programa de máxima del gran capital: la liberalización de la economía.
También es cierto que la unidad de acción facilita los debates y críticas sobre posiciones asumidas.
Los sectores kirchneristas insisten en defender las políticas activas de recuperación del empleo desde 2002 y entre otras, la extensión de las negociaciones paritarias, tanto como una parte de la política de recuperación de los derechos humanos y cierto alineamiento internacional con la región latinoamericana y caribeña, con la intensión de expresar la voluntad de volver a gobernar. Al hacerlo ocultan otras facetas que definen lo esencial del modelo productivo y de desarrollo que impide una perspectiva liberadora.
Es un dato de la realidad la existencia de una diversidad de visiones en el movimiento popular sobre lo que ocurrió en la Argentina luego de la crisis del 2001. Convengamos que esa multiplicidad de diagnósticos demora la síntesis política para organizar un proyecto político popular con perspectiva de gobernar y transformar la realidad, por lo que la unidad de acción es la premisa a transitar para construir proyecto político liberador.

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2016