El gobierno Macri afecta los ingresos de activos y pasivos

A más de dos meses de iniciado el gobierno de Mauricio Macri no hay sorpresas.
Sus primeras medidas expresan una brutal transferencia de ingresos desde la mayoría de la población, los empobrecidos, hacia la minoría, los enriquecidos.
Primero fue la devaluación monetaria, que reconoce entre sus beneficiarios a los grandes productores agrarios, mineros y empresas industriales que destinan su producción al exterior.
Son los grandes exportadores los grandes ganadores, y además de ellos los banqueros y sus juegos derivados de la suba de la tasa de interés, establecida así por el Banco Central para intentar que los ahorristas (con dinero, obvio) no demanden dólares y queden en pesos realizando fondos fijos o comprando títulos públicos o privado.
Grandes exportadores y especuladores son los ganadores. Los perdedores se cuentan entre la mayoría de la población que mantuvo ingresos congelados mientras los precios se adecuaban al nuevo valor del dólar. Así, los ingresos populares fueron los mismos que cuando el dólar cotizaba 1 a 9 pesos y ahora que cotiza 1 a 15 pesos.
Los empresarios fueron subiendo los precios y la mayoría de la población tuvo ingresos congelados, salvo el mísero bono de fin 2015 de 400 pesos por única vez otorgado para jubilados y pensionados y tenedores de  planes sociales.
Con el anuncio de la actualización de los haberes jubilatorios según dispone la legislación vigente, solo se recuperará parcialmente lo perdido en los seis meses desde que se perciba el nuevo monto de ingreso jubilatorio, mientras los precios subieron por encima. Si la actualización es de 15%, los precios escalaron 18%, y aun en ese promedio, debe considerarse un mayor aumento en alimentos y medicamentos, dos rubros de fuerte impacto entre las personas de mayor edad. Los jubilados y pensionados continúan perdiendo.
La mitad de la población en la Argentina tiene serio problemas para satisfacer sus necesidades y entre ellos se encuentra la mayoría de los jubilados y pensionados.
Inmediatamente después de la devaluación se difundió la quita de retenciones para las exportaciones agrarias e industriales, salvo para la soja que se redujo del 35% al 30%. Luego se anunciarían la eliminación de las retenciones a las exportaciones mineras.
Esas medidas suponen una disminución del ingreso estatal y un incremento del rédito de esos grandes exportadores de soja, trigo, maíz, carne, autos, oro, etc. Son millones que se restan del presupuesto público e impide discutir su uso social.
En simultáneo con la devaluación y la quita de retenciones se inició un proceso de negociación con los acreedores que no ingresaron a los canjes de deuda del 2005 y 2010, los que tienen una sentencia en firme de la justicia de EEUU y otros que se anotan en esos beneficios.
La oferta concreta supone incremento de la deuda pública que compromete recursos presupuestarios y reservas internacionales a futuro.
No solo negociación, sino que ya ingresó un primer préstamo por 5.000 millones de dólares a tasas muy elevadas, realizado por un conglomerado de 7 bancos transnacionales. Es una gran hipoteca a pagar por mucho tiempo.
El dato real es que los precios crecen al ritmo de la nueva paridad del dólar y a la impunidad empresaria que siente al Gobierno Macri como propio, mientras los ingresos populares se mantienen congelados.
Ya empezaron las negociaciones paritarias, y el gobierno pretende limitar la actualización salarial al objetivo sustentado de inflación menor a 25%, muy lejos de cualquier demanda sindical que se encuentra entre 35 y 45%.
Es que algunos sostienen que con menos de 20.000 pesos mensuales no se puede vivir y los trabajadores del INDEC-ATE sostienen que a diciembre del 2015 hacían falta 15.677 pesos mensuales para sostener a una familia tipo de 4 personas.
A esos montos hay que actualizarlos con la exagerada suba de precios del primer bimestre del 2016.
El descontento crece y ya existen cuantiosas medidas de protesta social, entre las que destaca el paro nacional de ATE, con contundente apoyo. Del mismo modo que la vos docente rechazando actualizaciones salariales míseras para ingresos muy disminuidos del magisterio.
Por eso el gobierno anticipó una actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias que sin perjuicio de algunas mejores de ingresos para algunos trabajadores de altos sueldos, la realidad es que el anuncio quedó muy lejos de las expectativas que se habían generado.
No hay duda, que el gobierno Macri  es pro empresas y ganancias en contra de la satisfacción de las necesidades de la mayoría de la población de ingresos fijos, entre ellos, claro, las trabajadoras y trabajadores, activos y pasivos.
El horizonte cercano demanda esfuerzos de mayor organización popular para la lucha en defensa de reivindicaciones histórica, entre ellas el ingreso, pero también predisponerse a ir más allá para ganar en conciencia y luchar no solo por los derechos legítimos, sino por disputar el consenso de la sociedad para otra sociedad que ponga por delante de la ganancia la satisfacción de las necesidades sociales mayoritarias.

Buenos Aires, 20 de febrero de 2016

Cambios en el Impuesto a las ganancias

La creciente insatisfacción social ante múltiples medidas de ajuste contra los trabajadores y la mayoría de la población, apuró anuncios del gobierno Macri sobre modificaciones al mínimo no imponible del impuesto a las ganancias.
Una reivindicación de larga data en el país y que motivó importantes movilizaciones en los últimos años, incluidos varios paros nacionales, arrancando compromisos de campaña de todos los candidatos con posibilidades de gobernar.
La insatisfacción se asocia a las restricciones en los ingresos populares por encarecimiento de precios, y eso que aún no impacta el aumento de las tarifas eléctricas.
Pero la desconformidad proviene también de la gigantesca transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados de la economía, derivados de la devaluación continua, con un dólar a más de 15 pesos y sin techo previsible, aun cuando el BCRA tuvo que vender 40 millones de dólares para evitar un alza mayor.
La gota que rebalsó la copa fue la eliminación de las retenciones a las exportaciones mineras, beneficiando a las grandes empresas transnacionales asociadas al saqueo y la depredación de los bienes comunes. Agravado con la difusión de la medida en San Juan, cuando aún está latente en la memoria social el derrame tóxico de septiembre pasado sobre las aguas del río de una provincia que sufre por escases de agua.
Hasta sectores asociados al gobierno señalaron la incongruencia entre este beneficio a las mineras y la postergación de medidas contra la inequidad por el mantenimiento del impuesto a las ganancias sobre los trabajadores.
El gobierno pretendía discutir desde marzo en el Parlamento el tema del impuesto a las ganancias y el impacto sobre los asalariados. Era una cuestión de mediano plazo, pero el clima de inconformidad en el marco del inicio de las negociaciones colectivas por el salario, aceleró los tiempos de la actualización del mínimo no imponible.
Anuncios en la disputa del consenso
La iniciativa política en la disputa del consenso social mueve al gobierno, no hay duda, y por eso separa del INDEC a una funcionaria que pretendía organizar un trabajo profesional, haciendo evidente que la “política” (autoritaria) se impone también en esta etapa sobre la seriedad y la profesionalización de la información estadística.
Necesitan un dato ahora, sin importar el grado de rigurosidad del mismo, sin gran diferencia que lo argumentado hacia el 2006/7 y el desarme del sistema estadístico de la Argentina hasta el presente.
Por eso se imponen ahora los cambios anunciados en el impuesto a las ganancias, y es parte de lo que demandan los dirigentes sindicales más cercanos al gobierno y que son privilegiados a la hora del dialogo con las autoridades. Estos sindicalistas son expresión de organizaciones que nuclean a parte importante de los trabajadores de mayores ingresos, y por ende sujetos del impuesto a las ganancias.
El Presidente dice que el anuncio es solo “un primer paso” para contentar a quienes demandan actualizaciones de las exenciones y al reducir la imposición sobre los asalariados, se puede mejorar la capacidad de compra de ellos y sus familias.
La realidad es que la actualización está muy lejos de lo que se había sugerido, pues los 30.000 pesos mensuales de mínimo no imponible son relativos al ingreso bruto de los trabajadores. Por lo que los ingresos netos eximidos de pago al impuesto son por 25.000 pesos mensuales al trabajador con cargas de familia y 18.880 para el soltero sin hijos.
Son cifras importantes en una franja minoritaria para un promedio salarial que ronda poco más de 7.000 pesos al mes, pero menos de lo reclamado.
Al ser un impuesto que actúa sobre ingresos anuales, la medida es retroactiva a enero 2016 y se eliminan todas las disposiciones que habían servido de parche desde el 2013, por lo que algunos pagarán menos impuesto, y otros, que antes no tributaban, ahora podrán ser sujetos del tributo.
En el imaginario de la discusión previa se aludía a una eximición desde los 30.000 pesos mensuales netos.
No se modifican las escalas ni está prevista una actualización regular de estos nuevos valores del mínimo no imponible, con el argumento que eso requiere ser modificado por ley y que se llevará al Parlamento para su discusión.
Claro que ni hablar de la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores, argumento sustentado de que los salarios no son ganancia, sino el pago a la venta de la fuerza de trabajo.
Mucho menos en tiempos de déficit fiscal y que la medida anunciada supone una merma de recaudación. Disminución que parcialmente será compensada por el mayor consumo que genere entre los que se beneficien con estos nuevos mínimos.
Claro que no todo irá al consumo y una parte puede derivarse hacia la especulación, inducida por altas tasas de interés y la regular variación al alza de la divisa estadounidense.
Compensaciones insuficientes
Los grandes beneficios de la política económica de Macri apuntan a satisfacer el programa del capital más concentrado y en ese marco, se ofrecen solo compensaciones parciales e insuficientes a los sectores de ingresos fijos.
Vale adicionar que los anuncios se quedan cortos por no incluir a los trabajadores por cuenta propia, que son parte de la informalización del empleo en los últimos años.
Lo que sí se incluye es la actualización de las asignaciones familiares para compensar a sectores de menores ingresos y que no son sujetos del impuesto a las ganancias.
Estos anuncios intervienen para facilitar a la baja la negociación de las paritarias por actualización de salarios, que una vez producida dejarán desactualizadas las correcciones ahora informadas por la AFIP y el gobierno.
El reclamo de fondo por la eliminación del impuesto al salario, equiparado a las ganancias, es un tema actual y constituye parte esencial del programa de reivindicaciones democráticas del movimiento sindical.
Claro que el propósito de Macri es contener la conflictividad y ganar consenso para su política, aun cuando el privilegio sea servir al objetivo central del programa de los capitales más concentrados.
Por eso las compensaciones, aun limitadas y parciales, suponen algunos ingresos mayores para una franja de trabajadores.
Pero junto a la disputa del consenso, se promueve el protocolo de la represión a la movilización popular, dispositivo que goza de apoyo de la sociedad, en parte motorizado ideológicamente desde los medios de información y comunicación. El consenso se disputa y manipula.
El mensaje gubernamental es claro: se asegura un determinado sentido de la política, para la concentración y la dominación del gran capital, con compensaciones limitadas; y ante la conflictividad, se ejerce la represión y la criminalización de la protesta.
En rigor, no solo interviene la iniciativa del gobierno o la del poder económico, sino también la que se ejerce desde otros sectores sociales y políticos, con otros sentidos y para otros objetivos.
Como siempre, lo que interesa discernir es quien terminará definiendo el sentido común.

Buenos Aires, 19 de febrero de 2016

Macri no puede disciplinar a la burguesía y busca hacerlo con los trabajadores

El gobierno de Macri busca disciplinar al movimiento sindical y por eso junto a las cesantías en el Estado, la represión y criminalización de la protesta social, se pretende asociar a los objetivos de la gestión a parte de la dirigencia gremial. Por eso la reunión del gobierno se limitó a recibir a la dirigencia de las distintas versiones del sindicalismo tradicional agrupado en las CGT.
Afuera del diálogo quedaron las CTA, que nuclean a gremios y movimientos sociales que expresan muy fuerte la conflictividad en estas horas. No importó la legalidad de ambas centrales, sino que primó en el gobierno el objetivo de contención y aislamiento del conflicto social. Es una estrategia acompañada de represión y criminalización de la protesta social.
ATE convocó a un paro nacional para el 24 de febrero y crecen las adhesiones y simpatías de una medida que trasciende los propósitos concretos de la medida, contra las cesantías y en defensa del empleo público. Los trabajadores estatales denuncian cerca de 20.000 cesantías en los tres ámbitos del Estado: municipios, provincias y nación, muy por encima del difundido por las autoridades, que solo informan sobre lo que ocurre en el Estado Nacional, desentendiéndose de procesos similares de varias provincias, incluso las gobernadas por el kirchnerismo.
La situación de los gremios docentes está en tensión y son parte de la conflictividad expresada por estas horas. Los docentes bonaerenses acaban de desestimar una nueva oferta del gobierno provincial por actualización salarial del 24,1%, con una demanda del 35% de ajuste, en lo que pretende ser la primera pulseada de un debate nacional reiterado a comienzo del ciclo escolar.
Diversas son las expresiones en solidaridad con la libertad de Milagro Sala y la criminalización de la protesta social, en un momento en que se intenta deslegitimar la experiencia de autogestión desarrollada especialmente ante la crisis del 2001. La “normalización” del orden capitalista local tiene en paralelo la continuidad y extensión de experiencias de organizar la vida cotidiana con y más allá del Estado, lo que supone la disputa de fondos públicos por parte del movimiento social.
En rigor, el problema no es solo de los estatales, ya que las cesantías y suspensiones se extienden también en el sector privado. La Volkswagen y la FIAT anuncian masivas suspensiones ante la reducción de la demanda brasileña. La crisis mundial y su impacto recesivo en Brasil golpea en forma directa sobre la Argentina y desmitifica el imaginario gubernamental de lluvia de inversiones externas hacia el país.
Disciplinar el conflicto social es un objetivo central, ya que en el marco de la crisis mundial de la economía, el imaginario de receptar cuantiosas inversiones externas o préstamos se ralentiza y es creciente el rumbo recesivo de la economía local.
Como hemos sostenido en otras ocasiones, salvo por créditos externos, las reservas internacionales siguen a la baja y no alcanza con las apelaciones a la responsabilidad empresarial para reducir precios. En enero, según la medición en la Ciudad de Buenos Aires, los precios escalaron 4,1%, con alimentos por encima de este promedio, con un registro proyectado para el año del 33%.
La burguesía mundial o local privilegia su propia rentabilidad a los objetivos de “buen gobierno” y “amigable” con el mercado y las empresas sugerido por la burocracia macrista en la gestión estatal.
Precios y salarios
Se puede afirmar que al no poder frenar o morigerar la inflación, con apelaciones morales a la responsabilidad y sin capacidad para disciplinar a los empresarios fijadores de precios, acuden a la reducción de los salarios e ingresos populares.
Un claro ejemplo son los jubilados y otras prestaciones sociales de la seguridad social.
Acaban de difundir la actualización establecida por ley de los haberes jubilatorios, la asignación universal por hijos y las asignaciones familiares, con valores a cobrar a partir de marzo.
La mínima de los jubilados pasará de 4.299 a 4.943 pesos mensuales. Son 644 pesos de actualización, o sea, menos de 22 pesos diarios, lo que supone apenas un poco más de pan en el consumo cotidiano. Un poco más de 4 millones de jubilados se ubican en este rango
El ajuste es de un 15%, cuando la inflación de octubre 2015 (última actualización) a marzo 2016, fecha de efectivización del ingreso, puede ser superior a ese guarismo.
Para las pensiones no contributivas se pasa de 3.009 pesos a 3.460 pesos, unos 451 pesos más, algo así como 15 pesos diarios. Más de 1,5 millones de beneficiarios.
Esa actualización también se aplica a la AUH, con cerca de 3,6 millones de beneficiaros, que pasa de 837 a 962 pesos, una actualización de 125 pesos mensuales, o un poco más de 4 pesos diarios. Se actualizaron también las asignaciones familiares de los trabajadores en relación de dependencia.
Son ajustes mínimos que involucran a más de 10 millones de personas, un 25% de la población, evidenciando la situación de empobrecimiento ante la evidencia de un consumo suntuario y beneficios concentrados en una minoría de la población.
El tema de fondo es que el mínimo para una familia tipo, según los trabajadores del INDEC es superior a los 15.700 pesos, con valores a diciembre del 2015. Los trabajadores aceiteros, insisten que más que porcentaje el salario mínimo que requiere un trabajador del sector es de 20.000 pesos mensuales.
La realidad es que la intencionalidad patronal y gubernamental no apunta a resolver la ecuación de satisfacción de necesidades de ingresos de trabajadores y otros sectores populares, de hecho, la mayoría de la sociedad argentina. La orientación de la política económica es pro empresas y su rentabilidad.
Por eso, el BCRA deja que suba la cotización de la divisa estadounidense y ya se acerca a los 15 pesos por dólar, lo que facilita la liquidación de la cosecha de soja almacenada en silos, una aspiración sostenida desde el primer día del gobierno Macri. Además, estimula la tendencia a la especulación contra la moneda local y aspira dinero de la circulación para inducir vía política monetaria restrictiva bajar la inflación. Se trata del retorno de las viejas políticas monetaristas propias de las “metas de inflación” y la ortodoxia en la gestión del Banco Central.
Límites a la política gubernamental y posibilidades para alternativas
Como las inversiones no llegan y eso demora la apertura de crédito a menores tasas de interés, el esfuerzo del Ministro de Economía se concentra en las oportunidades otorgadas a los fondos buitres (holdouts) y observa con satisfacción cierto guiño de simpatía expresado por el negociador de la Justicia de EEUU y el propio juez a cargo de la causa, claro que el acuerdo supondrá cuantiosos costos para el conjunto de la sociedad argentina.
La expectativa del gobierno se concentra en obtener crédito externo y si puede, alguna radicación de inversión extranjera, por eso recibe con expectativa esperanzada las visitas de los gobernantes de Francia e Italia, y mientras tanto cubre con iniciativa política la búsqueda de consenso político a su gestión. Es una estrategia orientada hacia la burocracia política y sindical, develando acciones en operaciones de manipulación ideológica detrás del republicanismo y el amplio diálogo político pregonado.
No hay dudas que el gobierno actúa con gran iniciativa política y aprovecha el desconcierto político generado en ciertos sectores ante la nueva realidad de un gobierno PRO en la Nación, Capital y Buenos Aires y que sin mayoría parlamentaria demostró capacidad para intervenir en captar voluntades de la oposición sistémica.
Ese accionar motiva a pensar en la necesaria estimulación de iniciativa y acción política organizada del amplio movimiento social y político con voluntad de intervenir en la construcción de alternativa.
La discusión es siempre si se puede proponer algo distinto a la lógica discursiva del poder y no caer en la inevitabilidad del ajuste social para combatir la inflación.
El costo puede trasladarse hacia los sectores de mayores ingresos, lo que supone luchar por reformas progresivas del régimen tributario y claro, discutir el modelo productivo y de desarrollo, sus beneficiarios y el tipo de inserción internacional que privilegie la satisfacción de necesidades sociales por encima de las ganancias.

Buenos Aires, 13 de febrero de 2016

El gobierno de Mauricio Macri en Argentina es una opción por la ganancia

Desde el 10/12/2015 y por primera vez en la historia constitucional de la Argentina gobierna un partido con programa explícitamente de derecha, que busca reorientar la política exterior del país hacia las demandas liberalizadoras del capital concentrado transnacional.
La afirmación se sustenta en las medidas desplegadas en 60 días de gobierno. En primer lugar una devaluación de más del 40% y que coloca el tipo de cambio actual en 15 pesos argentinos por dólar estadounidense, e inmediatamente eliminó retenciones a las exportaciones agrarias, aunque con la soja las redujo en 5%; haciendo lo mismo con retenciones a exportaciones industriales (especialmente la industria automotriz), y en estos días hizo extensivo a las exportaciones mineras.
Devaluación monetaria y disminución y eliminación de retenciones suponen una transferencia fabulosa de ingresos al reducido núcleo de grandes productores y exportadores de sectores transnacionalizados.
La condición de posibilidad de ese conjunto de medidas deviene del intento de normalizar la inserción de Argentina en el sistema financiero mundial, por lo cual se iniciaron gestiones con los holdouts (fondos buitres) de la deuda externa ante la justicia de EEUU, lo que supone nuevos y gravosos incrementos del stock de deuda y mayores compromisos futuros por cancelación de intereses y capitales adeudados.
En ese marco se recibió un préstamo de 5.000 millones de dólares de un conjunto de 7 bancos transnacionales: HSBC, JPMorgan, Santander, cada uno con 1.000 millones de dólares; el Deustche Bank, Citibank, BBVA y UBS con 500 millones cada uno. Pese a ello, se siguen perdiendo reservas internacionales por la constante fuga de capitales.
No solo se trata de medidas pro empresas y sus ganancias, sino que la intencionalidad de política económica apunta a disminuir la escalada de precios con “metas de inflación” que aplica el BCRA que en dos meses contrajo en 52.000 millones de pesos la base monetaria, un equivalente de casi 3.500 millones de dólares. Se trata de una política monetaria asociada a otra de ingresos que apunta a la disminución salarial, pretendiendo disciplinar al movimiento sindical a negociaciones salariales por debajo del 30% con una inflación estimada que puede escalar hacia el 40% en el año 2016.
La presión a la baja salarial está acompañada de masivas cesantías en el Estado (se estiman más de 20.000 en estos días) y similares en el sector privado, donde reina la impunidad de las patronales. Se pretende reducir el costo laboral y disminuir el gasto social en general, y en personal en particular. Todo acompañado de represión y criminalización de la protesta social.
Aun con las garantías ofrecidas en Davos, en el Foro Económico Mundial, sobre las potencialidades de inversión en la Argentina, el momento internacional no favorece las expectativas del gobierno Macri por lograr una avalancha de inversiones externas.
Es más, la industria automotriz anuncia en estos días cuantiosas suspensiones de trabajadores, caso de la Volkswagen y la FIAT, ante la disminución de la demanda internacional, especialmente desde Brasil. Argentina exporta más del 70% de los automóviles armados en el país, principalmente al país vecino.
Las compensaciones a los sectores populares son mínimas, aun cuando el gobierno sostiene una propuesta de eliminación de la pobreza en la conclusión del gobierno en 2019. Es un intento de manipular a la sociedad, con una realidad que agudiza la regresividad de la distribución del ingreso y de la riqueza, pretendiendo restaurar la capacidad de hacer funcionar al capitalismo en la Argentina, lo que supone definirse por las ganancias empresarias.

El 24 de febrero está convocada una huelga nacional de los trabajadores del Estado, acompañado por la solidaridad de varias centrales sindicales. Es un punto de partida de una dinámica de conflicto social en un país donde pese a la precariedad laboral, existe una importante tradición de organización sindical y territorial de los trabajadores.

Debates en el movimiento popular ante el gobierno Macri. Documento de compañeros de la Dirección de la FISYP

Debates sobre la estrategia en el movimiento popular ante el gobierno Macri
Julio C. Gambina
Beatriz Rajland
Daniel Campione
Eduardo Shmidt

Son diversos los debates que se plantean en diferentes ámbitos del movimiento popular sobre ¿qué hacer ante la nueva situación política?
Con estas líneas pretendemos contribuir y aportar en la discusión, especialmente entre el activo militante de la CTA Autónoma.
A dos meses de la gestión Macri se despliegan importantes iniciativas políticas para consolidar el proyecto en el gobierno, con realineamientos de las fuerzas de oposición, especialmente en el peronismo, lo que incluye al kirchnerismo.
Existen otras iniciativas que pretenden la construcción de alternativa política, incluso más allá del capitalismo, entre los que se encuentra un amplio abanico político y social que incluye a la CTA A.
Sugerimos que en la coyuntura actúan por lo menos dos niveles. Uno que se despliega en la lucha por el gobierno de la Argentina y otro en la disputa por un nuevo sentido civilizatorio, contra y más allá del capitalismo.
La coyuntura en un ciclo histórico largo
No puede entenderse el presente (2016) sino asumimos un ciclo histórico más largo, que parte de una fuerte reestructuración regresiva del capitalismo local desde 1975/76 y que tiene al 2001 y la pueblada del 19 y 20 de diciembre como punto de inflexión, no necesariamente de derrota de la ofensiva capitalista construida desde el accionar paramilitar y la dictadura genocida.
La ofensiva de las clases dominantes tuvo un límite en la pueblada del 2001 que cambio la situación de la lucha de clases en nuestro territorio, aunque no se pudo consolidar un proceso de reversión de la ofensiva de las clases dominantes para construir una contraofensiva que cambie de sentido el ciclo histórico en la disputa del poder.
Por eso es imprescindible analizar a fondo los límites de las movilizaciones en torno al 2001, los proyectos en disputa y el desenlace posterior con hegemonía kirchnerista. Es una tarea pendiente, que requiere de análisis pormenorizados.
La inflexión a que aludimos en el 2001 se deriva de la lucha y organización popular gestada contra la ofensiva reaccionaria, especialmente en tiempos de la dictadura genocida (1976-83) y en los 90, años del menemismo y la convertibilidad de la moneda local, con desregulaciones, privatizaciones y reforma estatal, flexibilización de las relaciones laborales y extensión de la pobreza y la marginalidad.
El cambio fue económico, político y cultural, con emergencia de nuevos fenómenos, entre ellos la extensión del narcotráfico y otros delitos propios de la descomposición presente.
La inflexión alude a la construcción de una nueva institucionalidad popular, con empresas recuperadas, asambleas populares, irrupción de los movimientos territoriales y el desarrollo del de piqueteros y un nuevo modelo sindical manifestado en la proliferación de experiencias de cuerpos de delegados autónomos de la burocracia sindical, y muy especialmente con la aparición de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA. También con manifestaciones culturales diversas y aliento a una nueva subjetividad en materia de género y diversidad; de lucha ambiental y haciendo visible las históricas demandas de los pueblos originarios, modificando sustancialmente el amplio espectro del movimiento popular.
La nueva institucionalidad en su diversidad y fragmentación pervive muy parcialmente, ya que una buena parte fue absorbida por la lógica mercantil, el clientelismo estatal y la subordinación a una lógica de acumulación política desde el gobierno. El problema para nosotros es como avanzar con aquellas experiencias que mantienen los propósitos de origen y otras que se fueron generando más tarde, en la constitución de una contraofensiva popular. Esta reflexión apunta a considerar que las clases dominantes reconstruyeron su capacidad de dominación luego de la crisis del 2001.
En la lucha de clases concreta se necesita analizar esta contradicción, entre los propósitos explicitados de una nueva institucionalidad popular en torno al 2001 y la posterior evolución o involución de estas iniciativas para constituir bloque histórico en la disputa de poder. Del mismo modo que se requiere profundizar en cuales fueron las acciones desde las clases dominantes para fracturar estas experiencias y volcar para sus objetivos parte del nuevo entramado social construido desde la resistencia a la dictadura y al menemismo. Tiene que ser parte del movimiento popular.
La recomposición de poder de las clases dominantes es lo que explica las actuales “condiciones de revancha” (dicho metafóricamente) que se manifiestan en ciertos intentos de recreación de la liberalización explícita de la economía local, con aperturas y realineamientos con la estrategia de las transnacionales y el imperialismo. Ese accionar puede explicarse desde los límites y debilidades del accionar del movimiento popular en la construcción de poder alternativo.
Con la inflexión del 2001 se habilitó una lucha y un debate sobre la crisis, política, económica, ideológica. Claro que a dos puntas, ya que se mueve la disputa por la representación política y el sistema de dominación entre las clases dominantes, tanto como los mecanismos de acumulación de poder popular entre los de abajo.
Kirchnerismo y macrismo como novedad política
La crisis política se evidenció con la consigna: “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. Sin perjuicio del reacomodamiento de parte de la vieja burocracia, la situación política supuso novedades.
En este sentido, el kirchnerismo y sus doce años de gobierno, que requieren ser considerados y estudiados, fueron una novedad importante, de recreación del peronismo y con propuesta de articulación con otros sectores e identidades vía transversalidad, con impacto en sectores juveniles, intelectuales y de las capas medias de la sociedad.
La novedad reciente del periodo deviene que por primera vez, en tiempos constitucionales, con el triunfo reciente de Macri, no gobierna ni el peronismo ni el radicalismo. Es cierto que del macrismo también forman parte sectores del peronismo y del radicalismo. Estos últimos en alianza oficial, y constituyen novedad las recurrentes iniciativas para acercar fracciones del peronismo a una alianza más o menos explícita con el gobierno de Macri, especialmente en el Parlamento. En ese plano se inscribe la reciente fracción kirchnerista con objetivo de diálogo con el macrismo.
Kirchnerismo y macrismo son las novedades de este tiempo en el régimen político del país.
No anticipamos pronóstico sobre el futuro de ambos fenómenos políticos, pero hoy expresan dos núcleos que se autoerigieron y auto eligieron en las antípodas de la disputa política.
La sociedad se divide esencialmente entre ambas identidades. Es la foto del balotaje del 22 de noviembre del 2015.
Es cierto que la política es más compleja que el momento del balotaje. Sin embargo, esa situación convoca a un análisis binario que es incorrecto para pensar la diversidad que ofrece la disputa política contemporánea, que es más que la lucha electoral, aun cuando esta pesa sobremanera en la percepción mayoritaria de la sociedad, especialmente en los armadores de opinión pública.
La política trasciende lo electoral
Hay lucha política más allá de la institucionalidad sistémica republicana establecida en la Constitución Nacional.
Debatir al respecto es uno de los desafíos en la coyuntura y puede ser definitorio para instalar una política de acumulación de poder de sectores subalternos y con capacidad de disputar hegemonía en el debate sobre la política.
Buscar un lugar propio más allá del macrismo y el kirchnerismo es el desafío del movimiento popular. Ambas expresiones de la política, son formas de restablecer el orden capitalista.
No se trata de lo mismo y no es correcto identificar a ambos fenómenos, pero la lucha por un “capitalismo en serio” es lo que se disputa desde ambas identidades, y en el marco de la crisis mundial del capitalismo, el horizonte programático del reordenamiento sistémico oscila entre la mayor o menor intervención del Estado capitalista y la forma y límites de la promoción del mercado capitalista.
En todo caso, siempre está en debate quiénes son los beneficiarios y perjudicados de una u otra de las orientaciones políticas, ya que lo que no se discute es el modelo productivo y de desarrollo.
Lo definitorio para calificar de sistémicas las estrategias gubernamentales es que el modelo productivo y de desarrollo es intocado. Con una u otra política, más a la derecha o más al centro, se consolida la extranjerización, concentración y transnacionalización de la producción.
Es lo que ocurre con la extensión de la frontera de la soja y la creciente asociación a la producción transgénica. Ocurre del mismo modo con la promoción de la   mega minería a cielo abierto, a la que apuesta la mayoría de los proyectos y partidos políticos que disputan el gobierno de la Argentina. Es la misma apuesta al aliento a los hidrocarburos no convencionales vía fractura hidráulica (fracking).
Son formas que asume el capitalismo extractivista en este tiempo, aunque está asimilado a la producción industrial. La promoción de la política industrial está orientada a la industria de ensamble, subordinada a las importaciones de parte, caso emblemático de las terminales automotrices.
La organización de los servicios apunta a una inserción internacional dependiente, con grandes cadenas comerciales altamente concentradas y extranjerizadas, una banca transnacionalizada y mercados especulativos extendidos con epicentro en la liberalización del movimiento internacional de capitales y el endeudamiento público y privado.
El patrón de consumo está subordinado a esta organización dependiente de la producción local. El consumismo configura un modelo de desarrollo asentado en el individualismo y la pérdida de un imaginario colectivo de transformación social.
Aunque parezca reiterativo en el uso del lenguaje, enfatizamos el calificativo “capitalista”, del Estado y del Mercado para hacer visible el contenido clasista de dos categorías relacionales: el Estado y el Mercado.
En ambos coexisten contradicciones sociales, generadoras de conflicto y formas de resolución favorables en uno u otro sentido, que confirman la hegemonía o la disputan.
Por eso la importancia de los sectores populares en la lucha por disputar el Estado, su presupuesto, su orientación, e ir más allá del Estado en la organización de la vida cotidiana con recursos públicos.
También en la lucha por la des-mercantilización y a favor del derecho a la educación, a la salud, a la energía, entre muchos derechos que deben actuar por fuera de las relaciones mercantiles y ejercerse como derechos de la sociedad.
Ambas expresan relaciones sociales, económicas y políticas, por ende, correlaciones de fuerzas del orden capitalista.
En términos de paradigma se acude al liberalismo explícito o al neo-desarrollismo, con variados matices entre ambos. No es diferente a la asunción de ambos paradigmas en el ámbito mundial. Por caso, EEUU enfrentó la crisis mundial del 2008 con fortísima intervención del Estado y apunta hacia la liberalización con los límites de la propia crisis y por eso mantiene la intervención estatal para mantener bajas tasas de interés, aunque la decisión política e ideológica tiene años relativos al intento de aumentar y liberar el precio del dinero.
Neoliberalismo o neo-desarrollismo son formas políticas que asumen los Estados en función de la lógica de la crisis, del funcionamiento concreto del orden capitalista y de las correlaciones sociales de fuerzas en cada momento histórico.
La crisis del 2001 en Argentina y la fuerte movilización popular impedían acudir al paradigma liberal explícito: el neoliberalismo, aun cuando algunos aspectos esenciales se sostuvieron, a modo de ejemplo las leyes de entidades financieras o de inversiones externas.
No hubo en 12 años desmantelamiento de cambios institucionales del neoliberalismo de los tiempos de la dictadura y del menemismo. Es más, se aprobaron nuevos institutos, entre el más grave se cuenta la ley antiterrorista.
La expropiación parcial de YPF no supuso cambio de la política energética de subordinación y dependencia confirmada con el acuerdo con Chevron.
Del mismo modo que los acuerdos con el Club de París, el pago a Repsol, son entre muchas otras acciones en este plano, pruebas de ratificación de la inserción subordinada en el sistema financiero mundial.
Además, se desaprovechó la ocasión de auditar el endeudamiento público desde 1976 (previsto en la Comisión bicameral aprobada en la ley de pago soberano de 2014) y que pretende cerrarse con las negociaciones de Macri con los fondos buitres y la justicia de EEUU.
El desgaste y límite del gobierno kirchnerista por 12 años facilita la reinstalación de políticas liberalizadoras.
Vale mencionar, que aun así, al macrismo le cuesta instalar el ajuste que exigen sectores ortodoxos. Algunos sostienen que el ajuste debe ser mayor, que las cesantías estatales necesitan ser más amplias para bajar sustancialmente el déficit fiscal. Se acusa el gradualismo asumido por Alfonso Prat Gay desde el Ministerio de Economía, a quien se lo considera un neo-desarrollista.
La demanda política es por asumir integralmente el sentido de las políticas neoliberales.
Nuestra propuesta es no quedar atrapados entre el paradigma neoliberal y el neo-desarrollista, sino que debemos ir más a fondo y discutir el paradigma de desarrollo capitalista: neoliberal o neo-desarrollistas.
Ello impone ir más allá de lo institucional y ganar en el sentido común de la sociedad para sobrepasar los límites que impone la disputa electoral contenida en la permanencia en el orden capitalista.
Una propuesta más allá del capitalismo
Macrismo y kirchnerismo disputan la gestión del orden capitalista en la Argentina y el problema para el movimiento popular pasa por lograr instalar una propuesta que trascienda la defensa del capitalismo, sea bajo el neo-desarrollismo o el neoliberalismo y los matices contenidos entre ambos paradigmas.
Existe una lógica binaria en la disputa electoral y por eso entre 1983 y 2011 se sucedieron gobiernos peronistas y radicales. Por primera vez, en el 2015 la opción es matizada con nuevas identidades que convocan a un realineamiento y recomposición de las diferentes identidades políticas tradicionales en la Argentina.
La opción entre macrismo y kirchnerismo obliga a reestructuraciones de todos los partidos y alianzas políticas y sociales.
Es una ecuación que desordena lo conocido y convoca a organizar viejas y nuevas identidades para la institucionalidad política.
La derecha parece encaminarse desde el PRO, y busca alianzas hacia el centro, para no quedar cristalizada en un enfoque conservador.
El llamado centro izquierda aparece contenido en el kirchnerismo y podría quitar función a un conjunto de referencias de ese espacio. En ese sentido es emblemático el giro de la discusión de las alianzas que se propone el socialismo gobernante en Santa Fe.
La izquierda tiene su propio desafío. Se puede coincidir en que el trotskismo, aunque con bajos guarismos de votación, quedó como la expresión más votada del espacio, especialmente con la decisión de otras opciones subsumidas en propuestas de centro izquierda, particularmente en el kirchnerismo. El debate en su interior pasaría por afianzar lo logrado y ampliar el espacio hacia otras identidades y construcciones socio políticas. La realidad es que no se han dado avances en tal sentido, sino que se han acentuado las disputas en su interior.
Una convicción que sustentamos es que la política es más que lo partidario, que lo electoral y lo institucional-constitucional. La política es vida cotidiana, es cultura, disputa de sentido y abarca todas las relaciones sociales. En este caso también, la izquierda trasciende a las expresiones partidarias.
Aludimos a una práctica social, de organización y lucha que se expresa en la dinámica social en la denuncia contra el orden actual y en las propuestas de una sociedad alternativa. Para muchos de nosotros es el socialismo, aunque se trate de una categoría castigada por las concretas experiencias fallidas en su nombre.
No queremos detenernos en este sentido y sí afirmamos que se requiere un balance de la lucha por instalar una perspectiva social anticapitalista, desde la revolución rusa hasta el presente.
La lucha por la revolución tiene su historia y la vigencia del capitalismo, la explotación y el salvajismo de la sociedad contemporánea supone la continuidad del objetivo por la revolución socialista.
Construir sujetos, alianzas y programas
Luchar contra el orden del capital requiere de varias cuestiones, y entre ellas: construir sujetos en lucha que desarrollen la propia experiencia; constituir alianzas sociales y políticas diversas, incluso transitorias y definir programas que anticipen la sociedad emancipada por la que se lucha.
El pueblo argentino tiene tradición de organización y lucha, con lo cual, la construcción de sujeto popular en lucha es verificable en la cotidianeidad. El paisaje social en la Argentina es de conflicto extendido, sea por reivindicaciones democráticas: salario y empleo, derechos humanos y otras; pero también por reivindicaciones estructurales, contra la mega-minería a cielo abierto; contra el modelo sojero y la destrucción de la tierra y la población rural; contra el fracking y la explotación de hidrocarburos no convencionales; contra el pago de la deuda, por la investigación y auditoría de la misma; contra el libre comercio y sus formas institucionales de tratados bilaterales de inversión o de defensa de los inversores y más actual contra el tratado transpacífico, como ayer contra el ALCA.
Sujeto en lucha es una constante en la Argentina. Basta seguir la crónica de las agencias de noticias del movimiento popular para identificar innumerables movimientos sociales en la disputa del ingreso, las condiciones de vida y contra el modelo productivo y de desarrollo. En todo caso, la reflexión crítica apunta a la fragmentación de esas iniciativas y acciones. Existe la necesidad de articular ese conjunto de luchas con un horizonte emancipador compartido.
El problema radica en la multiplicidad de diálogos y alianzas que se necesitan para esa articulación.
La falsa opción política que congela la realidad en kirchnerismo y macrismo, o si se quiere entre kirchnerismo o anti-kirchnerismo limita opciones de generalización de la lucha compartida de sectores populares.
El desafío pasa por la capacidad de actuar en unidad de acción al tiempo que se disputa el sentido de la orientación, o en otras palabras, la discusión será por la acumulación política.
La unidad de acción tiene historia larga en la Argentina y otros territorios.
Más recientemente y entre nosotros puede citarse la experiencia de la acción conjunta en el paro general dispuesto entre la CTA Autónoma y la CGT entre 2012 y 2015, rechazadas por la CTA y la CGT oficialistas.
Es necesario volver a discutir esa experiencia, porque ahora pueden darse condiciones para un reordenamiento de las alianzas y las acciones en común.
Construir sujeto en lucha y organizar al movimiento popular requiere de una decidida política de alianzas, que al tiempo que se coincide en la lucha reivindicativa, democrática, contra las cesantías, las suspensiones y la contención de la demanda salarial, se pueda confrontar sobre el sentido y alcance de la organización y la lucha.
Hay que ser conscientes que las organizaciones y dirigentes sociales, sindicales o políticos que tienen opción partidaria, siempre intentaran orientar al movimiento social hacia la convergencia con la estrategia partidaria. Nuestra histórica tradición en la militancia  confirma la necesidad de la acción articulada de la relación movimiento y partido, o partido y movimiento, para no jerarquizar la ecuación.
En 1902 Lenin aportó sustancialmente al tema en el ¿Qué hacer? En las condiciones rusas llevó adelante una actualización de los cambios en la sociedad y la necesidad de construir una fuerza política para la revolución, y luego, en las condiciones políticas de 1917 impulsó la consigna todo el poder a los soviets, que eran los consejos de obreros, campesinos y soldados. Es a lo que aludimos cuando sugerimos la relación dialéctica entre partido y movimiento, o a la inversa.
No somos parte de la lectura autonomista de la realidad, negadora del papel de los partidos, pero si de una adecuada articulación de lo político y lo social, y viceversa.
Por eso, la tarea central apunta a la disputa de un nuevo sentido en la lucha por la emancipación, intentando romper la cristalización de un objetivo limitado a la lucha por el gobierno del capitalismo y superar las formas de lucha política contenidas en el avance institucional que remite solo a lo electoral.
Lo logrado en la nueva institucionalidad popular tiene ese desafío. No solo debe construir sujeto en lucha y organizarlo, sino también construir intervención política alternativa.
Una forma posible puede darse con la construcción de instrumentos electorales o el aliento a confluencias electorales, las que se definirán si existe una real acumulación de fuerzas en la lucha y organización popular. Insistamos en la articulación de lo social y lo político, sin subordinaciones caprichosas.
Fue la dinámica de la lucha popular y la creatividad en la construcción de nuevos instrumentos políticos partidarios, movimientistas o frentistas, la que generó las condiciones de posibilidad del cambio político en la región latinoamericana al comienzo del Siglo XXI.
Si bien existen experiencias de construcción de partidos que articularon con el movimiento popular, caso de Uruguay o Brasil, no tiene el mismo recorrido en Venezuela, Ecuador o Bolivia, donde la impronta del movimiento social en lucha construyó los instrumentos y la dinámica de opciones electorales para disputar los gobiernos en esos países.
Pretendemos sugerir la necesidad de articular dialécticamente las construcciones y lógicas partidarias con la dinámica social más allá de los partidos, como condición de posibilidad para la acción masiva en la disputa de poder en este tiempo histórico.
Lo político partidario y lo político social en una dimensión integrada de la acción transformadora, pero en clave emancipatoria y por tanto y aunque, en forma diversa: anticapitalista.
Son alianzas para construir sujeto y programa, es decir “rumbo”, estrategia, incluso táctica, y que en la confianza de la lucha y la organización se puedan definir los instrumentos políticos más adecuados, también en la perspectiva de la lucha electoral.
Para pensar y aportar a la discusión
En este trayecto en el que pensamos, el de los últimos 40 años (1975-2016), o de los últimos 15 años (2001-2016) se necesita hacer un balance crítico de las estrategias desplegadas desde el movimiento popular y si se quiere desde la Izquierda (política y social).
Las estrategias diversas a la salida de la dictadura nos permitieron la máxima acumulación de poder popular hacia el 2001, donde el intento de estructurar en la CTA un nuevo modelo sindical constituye un gran aporte teórico y práctico en la lucha por la emancipación.
Todas las estrategias que confluyeron en la pueblada del 2001 no lograron constituirse en nueva experiencia de poder del pueblo, por lo que la recomposición de las clases dominantes en la “normalización” capitalista fragmentó las diversas organizaciones populares, limitando la capacidad transformadora de esta nueva institucionalidad popular.
Nuestra reflexión, para pensar y discutir es que existen condiciones para construir desde lo logrado y con imaginación y audacia avanzar en una nueva experiencia de organización y lucha, de alianzas sociales y políticas para disputar el sentido de la acumulación de poder, para disputar no solo el gobierno, lo institucional, sino también y muy primordialmente la cultura derivada de la hegemonía capitalista.

Buenos Aires, 13 de febrero de 2016

Argentina vuelve al mercado de crédito mundial

Las reservas internacionales del BCRA crecieron en 5.000 millones de dólares el último día de enero del 2016, derivados de un crédito de la banca externa.
Transitoriamente, solo un día, las reservas estuvieron por encima de los 30.000 millones de dólares (30.074), ya que el 1 de febrero ya estaban en 29.985 millones y el último registro baja a 29.892 para el miércoles 3 de febrero.[1]
Al asumir el gobierno de Mauricio Macri, las reservas en la contabilidad del Banco Central acusaban 24.862 millones de dólares (10/12/2015). El incremento se explica principalmente por esta expansión del endeudamiento externo, y solo marginalmente por otras razones, caso de las liquidaciones de divisas de los exportadores.
Las reservas pueden crecer por saldo comercial favorable; ingresos por inversiones externas o préstamos internacionales y disminuyen por cancelaciones de la deuda, salidas de divisas y remesas de utilidades al exterior.
Vale mencionar que el record de reservas se logró el 22 de junio del 2011, con 52.259 millones de dólares[2], habiendo perdido reservas desde entonces y hasta el cambio de gobierno por 27.397 millones de dólares.
Bien valdría investigar las motivaciones de esas salidas de divisas, especialmente cuando existen procesos judiciales que pretenden indagar sobre delitos por usos de fondos públicos.
La muleta del ingreso de capitales externos
Un gran objetivo que se sustenta desde el gobierno y los sectores más concentrados de la economía local pasan por superar los límites al ingreso de capitales, especialmente del mercado de crédito internacional.
Era un propósito explícito de los principales candidatos en las elecciones presidenciales de octubre del 2015, especialmente Macri, Scioli y Massa, y uno de los motivos del primero y el tercero que llevaron a la Cumbre empresarial de Davos.
La exclusión argentina del mercado mundial de créditos se deriva de la continuidad del país en la situación de cesación de pagos y juicio con sentencia en firme en Nueva York.
Por eso se retomaron las negociaciones en EEUU para cancelar la demanda de los fondos buitres y al mismo tiempo suscribir un preacuerdo con bonistas italianos que habían demandado a la Argentina ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones, ámbito vinculado al Banco Mundial) luego de la salida de la convertibilidad a comienzos del 2002[3].
En el cierre de la primera semana de febrero se hizo la oferta concreta de cancelación a todos los acreedores del default argentino.
El monto de la acreencia es por 9.000 millones de dólares y se hace una oferta base a quienes no tienen sentencia judicial hasta el 1/2/2016 por el capital original más un 50%.
A los buitres y los “me too” se les ofrece el 100% con una quita del 30% o del 27,5% si aceptan antes del 19/2. Se pagará algo en efectivo y con bonos por un monto equivalente a 6.500 millones de dólares estiman en el Ministerio de Economía de la Argentina.[4]
La negociación con los buitres y el acuerdo con los acreedores europeos suponen mayores compromisos de deuda, es decir, acrecentamiento del stock de deuda y mayores intereses a cancelar a futuro.
El resultado de estas propuestas actúa como una garantía de la voluntad de pago, del mismo modo que durante el gobierno anterior se acordó renegociar con el Club de París, o con Repsol por la expropiación parcial de YPF.
Es en este marco, que el gobierno de Macri logró vencer el obstáculo y cerró un acuerdo crediticio con un conjunto de bancos transnacionales: HSBC, JPMorgan, Santander, cada uno con 1.000 millones de dólares; el Deustche bank, Citibank, BBVA y UBS por 500 millones de dólares cada uno. Son en total 5.000 millones de dólares.
La tasa de interés ronda el 7%, muy por encima de lo que logran otros países en la región. Igual, el tema fue celebrado porque abrieron el canal de ingresos de fondos externos para auxiliar la política económica. Se otorgaron en garantía bonos del tesoro y se mantuvo la cesión de soberanía jurídica ante algún incumplimiento del Estado Nacional.
No solo mejora las reservas para sostener las cuentas nacionales de la economía  argentina, sino que le permite al gobierno ejercer presión sobre los acreedores para un acuerdo de pagos más rápido, según la oferta presentada en Nueva York.
Sin ingreso de capitales, de riesgo o de préstamos, no es sostenible el funcionamiento de la economía local, con un horizonte de estancamiento, desaceleración o directamente recesión para el 2016 (ver previsiones del FMI)[5].
Necesitan la muleta del ingreso de capitales externos porque no existe posibilidad de un crecimiento auto sustentado del capitalismo local.
Es resultado de la ausencia de estímulo al gasto privado o público, por baja de poder adquisitivo de ingresos populares, principalmente salarios, lo que impacta en la facturación de las empresas. Además, las condiciones internacionales no favorecen la demanda externa, especialmente de Brasil.
Tampoco favorece la demanda pública, por el ajuste fiscal vía cesantías o reducción del gasto (eliminación de subsidios que se transfieren a precios de facturación).
Pero tampoco hay un horizonte de crecimiento de la inversión privada o pública, especialmente cuando la preocupación de la política monetaria apunta a sacar dinero de la circulación (39.541 millones de pesos menos de Base Monetaria entre el 10/12/15 al 3/2/16)[6].
Esta absorción de dinero realizada por el BCRA es además onerosa, vía letras de endeudamiento, con tasas del orden del 30% que restringen aún más la posibilidad de destinar recursos con destino al gasto social. Es coherente con una política monetaria de “metas de inflación” orientada a restringir la circulación de dinero para frenar la escalada de precios.
El horizonte es de más deuda pública y externa
Si las perspectivas de evolución de la economía no provienen ni del consumo, ni de la inversión, lo único que resta es el endeudamiento público, con la intencionalidad de habilitar nuevas rondas de deuda externa para el sector público y el privado.
La Argentina reitera así el camino del recurrente endeudamiento externo y sin cerrar antiguas historias de investigación de la eterna deuda.
El Parlamento organizó una Comisión para la investigación de la Deuda, que no emitió su informe final[7] y que nunca tuvo voluntad de auditar seriamente la situación del endeudamiento desde 1976, tal como convocaba la llamada ley de pago soberano que en septiembre del 2014 formuló la propuesta de una Comisión para la investigación.
El gran endeudamiento se inició hace 40 años bajo la gestión de la dictadura genocida, creció en tiempos constitucionales, especialmente en la última década del siglo pasado.
La experiencia histórica nos dice que el endeudamiento externo es un mecanismo de potenciación de la dependencia y que hipoteca la economía local, convocando reiteradamente a procesos de cancelación indefinida de pagos, postergando insatisfechas necesidades sociales y alentando nuevas rondas de sometimiento a los acreedores internacionales.
Existe una demanda social para la investigación de la deuda pública y mientras tanto proceder a la suspensión de los pagos que ya es un derecho, y sigue siendo una consigna y motivo de lucha social junto a otras agresiones económicas derivadas de la política del gobierno Macri.
Buenos Aires, 6 de febrero de 2016



[2] Ibidem
[3] Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Argentina. En: http://www.economia.gob.ar/preacuerdo-con-bonistas-italianos/ (consultado el 5/2/16)
[5] Débil repunte del crecimiento mundial y riesgos que giran hacia los mercados emergentes. Boletín del FMI,
[7] Solo emitió un comunicado en minoría el diputado mandato cumplido Claudio Lozano.