Las reservas internacionales del
BCRA crecieron en 5.000 millones de dólares el último día de enero del 2016,
derivados de un crédito de la banca externa.
Transitoriamente, solo un día, las
reservas estuvieron por encima de los 30.000 millones de dólares (30.074), ya
que el 1 de febrero ya estaban en 29.985 millones y el último registro baja a
29.892 para el miércoles 3 de febrero.[1]
Al asumir el gobierno de
Mauricio Macri, las reservas en la contabilidad del Banco Central acusaban
24.862 millones de dólares (10/12/2015). El incremento se explica principalmente
por esta expansión del endeudamiento externo, y solo marginalmente por otras
razones, caso de las liquidaciones de divisas de los exportadores.
Las reservas pueden crecer por
saldo comercial favorable; ingresos por inversiones externas o préstamos
internacionales y disminuyen por cancelaciones de la deuda, salidas de divisas
y remesas de utilidades al exterior.
Vale mencionar que el record de
reservas se logró el 22 de junio del 2011, con 52.259 millones de dólares[2], habiendo perdido reservas
desde entonces y hasta el cambio de gobierno por 27.397 millones de dólares.
Bien valdría investigar las
motivaciones de esas salidas de divisas, especialmente cuando existen procesos
judiciales que pretenden indagar sobre delitos por usos de fondos públicos.
La
muleta del ingreso de capitales externos
Un gran objetivo que se sustenta
desde el gobierno y los sectores más concentrados de la economía local pasan
por superar los límites al ingreso de capitales, especialmente del mercado de
crédito internacional.
Era un propósito explícito de
los principales candidatos en las elecciones presidenciales de octubre del
2015, especialmente Macri, Scioli y Massa, y uno de los motivos del primero y
el tercero que llevaron a la Cumbre empresarial de Davos.
La exclusión argentina del
mercado mundial de créditos se deriva de la continuidad del país en la
situación de cesación de pagos y juicio con sentencia en firme en Nueva York.
Por eso se retomaron las
negociaciones en EEUU para cancelar la demanda de los fondos buitres y al mismo
tiempo suscribir un preacuerdo con bonistas italianos que habían demandado a la
Argentina ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglos de Diferencias
relativas a Inversiones, ámbito vinculado al Banco Mundial) luego de la salida
de la convertibilidad a comienzos del 2002[3].
En el cierre de la primera
semana de febrero se hizo la oferta concreta de cancelación a todos los
acreedores del default argentino.
El monto de la acreencia es por
9.000 millones de dólares y se hace una oferta base a quienes no tienen
sentencia judicial hasta el 1/2/2016 por el capital original más un 50%.
A los buitres y los “me too” se
les ofrece el 100% con una quita del 30% o del 27,5% si aceptan antes del 19/2.
Se pagará algo en efectivo y con bonos por un monto equivalente a 6.500
millones de dólares estiman en el Ministerio de Economía de la Argentina.[4]
La negociación con los buitres y
el acuerdo con los acreedores europeos suponen mayores compromisos de deuda, es
decir, acrecentamiento del stock de deuda y mayores intereses a cancelar a
futuro.
El resultado de estas propuestas
actúa como una garantía de la voluntad de pago, del mismo modo que durante el
gobierno anterior se acordó renegociar con el Club de París, o con Repsol por
la expropiación parcial de YPF.
Es en este marco, que el
gobierno de Macri logró vencer el obstáculo y cerró un acuerdo crediticio con
un conjunto de bancos transnacionales: HSBC, JPMorgan, Santander, cada uno con
1.000 millones de dólares; el Deustche bank, Citibank, BBVA y UBS por 500
millones de dólares cada uno. Son en total 5.000 millones de dólares.
La tasa de interés ronda el 7%,
muy por encima de lo que logran otros países en la región. Igual, el tema fue
celebrado porque abrieron el canal de ingresos de fondos externos para auxiliar
la política económica. Se otorgaron en garantía bonos del tesoro y se mantuvo
la cesión de soberanía jurídica ante algún incumplimiento del Estado Nacional.
No solo mejora las reservas para
sostener las cuentas nacionales de la economía
argentina, sino que le permite al gobierno ejercer presión sobre los
acreedores para un acuerdo de pagos más rápido, según la oferta presentada en Nueva
York.
Sin ingreso de capitales, de
riesgo o de préstamos, no es sostenible el funcionamiento de la economía local,
con un horizonte de estancamiento, desaceleración o directamente recesión para
el 2016 (ver previsiones del FMI)[5].
Necesitan la muleta del ingreso
de capitales externos porque no existe posibilidad de un crecimiento auto
sustentado del capitalismo local.
Es resultado de la ausencia de estímulo
al gasto privado o público, por baja de poder adquisitivo de ingresos
populares, principalmente salarios, lo que impacta en la facturación de las
empresas. Además, las condiciones internacionales no favorecen la demanda
externa, especialmente de Brasil.
Tampoco favorece la demanda
pública, por el ajuste fiscal vía cesantías o reducción del gasto (eliminación
de subsidios que se transfieren a precios de facturación).
Pero tampoco hay un horizonte de
crecimiento de la inversión privada o pública, especialmente cuando la
preocupación de la política monetaria apunta a sacar dinero de la circulación
(39.541 millones de pesos menos de Base Monetaria entre el 10/12/15 al 3/2/16)[6].
Esta absorción de dinero realizada
por el BCRA es además onerosa, vía letras de endeudamiento, con tasas del orden
del 30% que restringen aún más la posibilidad de destinar recursos con destino
al gasto social. Es coherente con una política monetaria de “metas de inflación”
orientada a restringir la circulación de dinero para frenar la escalada de
precios.
El
horizonte es de más deuda pública y externa
Si las perspectivas de evolución
de la economía no provienen ni del consumo, ni de la inversión, lo único que
resta es el endeudamiento público, con la intencionalidad de habilitar nuevas
rondas de deuda externa para el sector público y el privado.
La Argentina reitera así el
camino del recurrente endeudamiento externo y sin cerrar antiguas historias de
investigación de la eterna deuda.
El Parlamento organizó una
Comisión para la investigación de la Deuda, que no emitió su informe final[7] y que nunca tuvo voluntad
de auditar seriamente la situación del endeudamiento desde 1976, tal como
convocaba la llamada ley de pago soberano que en septiembre del 2014 formuló la
propuesta de una Comisión para la investigación.
El gran endeudamiento se inició
hace 40 años bajo la gestión de la dictadura genocida, creció en tiempos
constitucionales, especialmente en la última década del siglo pasado.
La experiencia histórica nos
dice que el endeudamiento externo es un mecanismo de potenciación de la
dependencia y que hipoteca la economía local, convocando reiteradamente a
procesos de cancelación indefinida de pagos, postergando insatisfechas
necesidades sociales y alentando nuevas rondas de sometimiento a los acreedores
internacionales.
Existe una demanda social para
la investigación de la deuda pública y mientras tanto proceder a la suspensión
de los pagos que ya es un derecho, y sigue siendo una consigna y motivo de
lucha social junto a otras agresiones económicas derivadas de la política del
gobierno Macri.
Buenos
Aires, 6 de febrero de 2016
[2]
Ibidem
[3]
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Argentina. En: http://www.economia.gob.ar/preacuerdo-con-bonistas-italianos/
(consultado el 5/2/16)
[5]
Débil repunte del crecimiento mundial y riesgos que giran hacia los mercados
emergentes. Boletín del FMI,
19 de enero de 2016. En: http://www.imf.org/external/Spanish/pubs/ft/survey/so/2016/RES011916AS.htm
(consultado el 5/2/16)
[7] Solo
emitió un comunicado en minoría el diputado mandato cumplido Claudio Lozano.
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