La campaña electoral, la
designación del gabinete de ministros, especialmente en el área económica, y
unas primeras declaraciones del Presidente electo nos otorgan algunas pistas
sobre la orientación general de la política económica de la próxima gestión de
gobierno a partir del 10 de diciembre.
El privilegio es la inserción
internacional ratificando y ampliando las relaciones con China y fortaleciendo
los vínculos con EEUU. Es un movimiento que piensa hacerse efectivo desde las
relaciones en la región, es decir, intervenir en modificar explícitamente el
núcleo de definiciones sugeridas por la integración regional. Ese es el marco
para la denuncia sobre Venezuela en el Mercosur y la orientación para acercar a
la región a la Alianza del Pacífico y su proyecto liberalizador.
Se trata de retomar la agenda
por el libre comercio y hacerlo no solo desde la Argentina, sino promoviendo un
cambio discursivo en la institucionalidad de la integración regional, en el
Mercosur, la Unasur y la CELAC. Aun cuando no tenga éxito el gobierno Macri en
sus propósitos con los países vecinos y socios de la integración, lo que
importa es buscar la difusión de un discurso pro mercado y liberalización contrarrestando
la lógica discursiva, aun con pocos éxitos de la integración alternativa.
La reciente realización de un
Encuentro Hemisférico de lucha contra el libre comercio en La Habana, Cuba, a
10 años del No al ALCA adquiere relevancia para el movimiento popular de la
Argentina, ya que la lógica que intentará el gobierno Macri para colocar al
país en posición más amigable con la política exterior liberalizador de EEUU
exige ser confrontado desde nuestro territorio.
Mirando hacia el interior, el
marco de alianzas que define el gabinete asocia al gobierno con ejecutivos de
grandes empresas extranjeras y profesionales fuertemente vinculados a la lógica
discursiva del poder económico. Incluso la sorpresa de la continuidad del
ministro de Ciencia y Tecnología debe encontrarse en los oportunos elogios del
titular de Monsanto hacia la Argentina por su orientación en los desarrollos
científicos relativos a los transgénicos y químicos (glifosato), un tema
central en la estrategia de las transnacionales de la alimentación y la
biotecnología. Los desarrollos en el área son políticas de Estado, explicó
Cristina Fernández para avalar la continuidad de su ministro del área en el
gobierno Macri.
Dólar,
retenciones y tarifas
La unificación y corrección del
tipo de cambio aparece como la primera medida de interés mediático, asociada a
alguna rebaja progresiva en las retenciones, aún transitoria, especialmente en
materia de soja, acompañado de la posible eliminación de otras retenciones a
las exportaciones, caso del trigo, el maíz y otros cultivos, como también de la
carne.
El objetivo apunta a una
cotización de dólar que se ubique por encima del oficial y más cercano al
ilegal o blue, en el supuesto que los precios de la economía ya están fijados en
esa magnitud.
Vale mencionar que nadie puede
asegurar que eso sea así, y sin perjuicio que muchos precios se están ajustando
bajo esa premisa, la enunciación de la medida luego de la asunción presidencial
puede impactar en subas de muchos precios, y consolidar una agresión expresa a
la capacidad de compra de la población que vive de ingresos fijos y bajos.
La suba de los precios
anticipando la devaluación define las condiciones de arranque de la nueva
etapa, con sus consiguientes beneficiarios y perjudicados.
En simultáneo a las correcciones
del tipo de cambio, las elevadas tasas de interés buscarán estimular las
colocaciones en pesos en el sistema financiero. Se continúa así con la
pretensión gubernamental para atraer los dólares atesorados.
De ese modo, entre liquidaciones
de la soja en silos, estimada en 4.500 millones de dólares, sea por reducción
parcial de las retenciones y el corrimiento del precio de la divisa vía devaluación,
se espera recomponer reservas internacionales disminuidas.
Claro que la expectativa estará
en la búsqueda de fondos del exterior, consolidando el carácter de inversor y prestamista
de China y normalizando la situación con EEUU y el sistema financiero mundial,
lo que impone negociaciones concretas con los acreedores de la sentencia
Griesa: los fondos buitres. En ese sendero está el camino de la normalización
de las relaciones con el FMI, incluida la posibilidad del financiamiento.
El ajuste de las tarifas eléctricas
mostrará el camino de la adecuación de las tarifas de servicios públicos, con
el doble objetivo de reducir el déficit fiscal vía eliminación o reducción de
subsidios y conceder a la demanda de las empresas para transformar subsidios en
precios a facturar a los usuarios. El solo anticipo de la propuesta viene
impactando en la valorización bursátil de las empresas energéticas, ya que
descuentan el retorno a la senda de la rentabilidad. El impacto es aumento de los
precios que incide en el costo de la cotidianeidad de los usuarios, con impacto
diferenciado según el nivel de ingresos en las familias.
La adecuación del mínimo no
imponible del impuesto a las ganancias que se comenta tiende a buscar consenso
en buena parte del millón de trabajadores que hoy es sujeto de esa contribución
tributaria. Al mismo tiempo se supone un incremento del gasto personal por ese
mayor ingreso y que pueda incidir en la recaudación tributaria.
Rumbo
estructural y respuesta social
Desde el Ministerio de Trabajo
se intentará avanzar en una especie de pacto social entre patronales y
sindicatos para morigerar la demanda de actualización salarial. La historia de
los pactos sociales supone la descarga del costo de la reducción inflacionaria
a costa del salario, el precio de la fuerza de trabajo, aun cuando la
incidencia de este en el precio final de bienes y servicios no sea determinante.
La política económica del gobierno
entrante será enunciada en crítica a la del gobierno saliente, aun cuando
expresará continuidades esenciales en la promoción del modelo productivo y de
desarrollo. Se explicará hasta el cansancio la crítica por a la herencia
recibida para intentar descargar cualquier ajuste sobre las espaldas del
gobierno saliente y así descargar el costo del relanzamiento del orden
capitalista sobre la mayoría de la población.
No es ninguna novedad la
continuidad del rumbo estructural, las que empezaron a definirse en el largo
plazo del programa económico de la dictadura (Plan Martínez de Hoz, 1976),
afianzado en los noventa del siglo pasado (Menem-Cavallo; De la Rúa-Cavallo) y
consolidado por estos años. Conviene acotar la satisfacción del múltiple ex ministro
con las orientaciones que se anticipan. Quizá Cavallo está buscando su lugar en
la administración Macri, aunque solo sea como aval intelectual.
Con lo estructural remitimos a
la expansión de la frontera sojera, a la expansión de la mega-minería, la
industrialización (armaduría) dependiente de insumos externos, asociado a una
lógica de recurrente endeudamiento público y fuga de capitales. Todo sustentado
en el consumo masivo (consumismo) de una producción altamente concentrada y
centralizada con fuerte dependencia del capital externo.
El dato relevante de la
orientación económica del gobierno Macri apunta a explicitar el programa
económico de las clases dominantes. Claro que eso incluye contradicciones entre
sectores del poder económico y entre la estos y el equipo en el gobierno. Vale
adicionar en la consideración final, que además del poder y la burocracia
existe la sociedad en su conjunto, la que recibe los impactos de la política de
gobierno.
¿Cuál será la respuesta social a
la política oficial está por verse? Quizá, la actitud de los trabajadores del
Diario La Nación en réplica a un reaccionario editorial de la empresa mediática
emblemática del poder conservador nos anticipe que el ánimo de la población
actual está más asociado a las respuestas populares del 2001 que a las de los
90 del siglo pasado.
Puede ser una señal de los
tiempos venideros, donde no solo existe iniciativa política del poder, sino
reflejos de organización social de la experiencia reciente para pensar en
perspectivas de alternativa política.
Buenos
Aires, 28 de noviembre de 2015