Muchos temas económicos
preocupan por estas horas y entre ellos la desaceleración de la economía y su
impacto social en suspensiones y cesantías.
Por ello se ratifica el rumbo
del modelo productivo en la continuidad del régimen automotor con Brasil y se
asocia la voluntad patronal con el Estado y la burocracia sindical, claramente
evidenciado en el conflicto de la española Gestamp.
En ese camino se inscriben los
acuerdos por regularizar la situación externa en materia de deuda y habilitar
ingresos de divisas: a) por superávit comercial, negado en la coyuntura por
acción especulativa de grandes exportadores; b) recepción de nuevos préstamos
externos, alejando el horizonte del desendeudamiento y retomando la perspectiva
de nuevo impulso al cáncer de la deuda; c) aliento a la radicación de Inversiones
Externas Directas, especialmente en materia de hidrocarburos no convencionales,
el camino de Chevron.
Pero también la política social
compensatoria, ahora manifestada en la moratoria previsional ofrecida a un
universo de 500.000 potenciales jubilados sin la totalidad de aportes, los que
recibirán la mínima menos el costo de la regularización. La medida supone una
inyección de 12.000 millones de pesos para intentar dinamizar el consumo
popular y contrarrestar la disminución de la actividad económica.
Pero los problemas se concentran
en la cuestión de la inserción internacional subordinada de la Argentina. El
interrogante para el 12 de junio próximo está en manos de la Corte Suprema de
Justicia de EEUU, que puede decidir intervenir o no en la demanda de acreedores
externos por la deuda en cesación de pagos de Argentina.
Aludimos a la demanda contra el
país de inversores especulativos, los denominados “fondos buitres”. Se trata de
1.330 millones de dólares en litigio, parte de unos 7.000 millones de dólares
(el 7% del total) que continúan en default desde fines del 2001, ya que sus
titulares no ingresaron a los sucesivos canjes de deuda instrumentados en 2005,
2010 y 2013, donde se canjearon el 93% de los títulos.
Otra variante, muy esperada
desde el gobierno, es que la decisión cortesana en Washington se prorrogue hasta fin de año,
habilitando así la posibilidad de negociación con los litigantes, sin “pagarle
lo mismo al 93% de los acreedores que aceptaron los dos canjes con quita en
2005 y 2010” según relata Alejandro Bercovich.[1]
La
deuda es una política de Estado
Tal como venimos sosteniendo, el
endeudamiento externo constituye un gran condicionante de política económica en
Argentina, sufrido en 30 años de gobiernos constitucionales desde 1983. Tan es
así que la cuestión de la deuda pública es “política de Estado”.
Nuestra afirmación queda
confirmada con la adhesión a las posiciones oficiales sobre la situación en
trámite ante la Justicia estadounidense de la oposición política con
posibilidades de ser gobierno. Aludimos al masismo, el macrismo, o la alianza
entre socialistas y radicales.
Pero también se comprobó en los
acuerdos con los sucesivos canjes de deuda; el cumplimiento regular de pagos a
los organismos internacionales; la nueva deuda asumida para compensar a Repsol
por la expropiación parcial de YPF; los cumplimientos de pagos a sentencias del
CIADI; y más recientemente el acuerdo con el Club de París.
Es cierto que existen objeciones
parciales, sobre formas de resolver y acordar, pero nunca sobre la cuestión de
fondo que supone cancelar deuda y restablecer relaciones de la Argentina con el
sistema financiero mundial.
Muchas veces se alude a que no
existen políticas de Estado en la Argentina, situación desmentida en materia de
endeudamiento. La voluntad mayoritaria del sistema político en el país es por
la normalización de la inserción subordinada de la Argentina en el sistema
capitalista y su hegemonía transnacional.
Por eso, aún con discursos
críticos al FMI, el organismo difundió la opinión satisfactoria sobre las
modificaciones en la información estadística que publica el INDEC y que
involucró la asistencia técnica del Fondo. Claro que se guarda para nuevas
evaluaciones en septiembre y febrero próximos.
La Argentina es parte del FMI y
del sistema internacional, más allá de las críticas o alabanzas que se hagan
desde diferentes tribunas políticas por parte de las mayorías parlamentarias,
oficialistas y opositoras.
Esa pertenencia al sistema
capitalista es una política de Estado y bien vale discutir si existe la
posibilidad de pensar más allá del capitalismo. Esta es la razón por lo cual en
30 años de gobiernos constitucionales, los diferentes turnos presidenciales se
jugaron por no sacar los pies del plato.
¿Hay
lugar para el desarrollo independiente?
Es un debate interesante la
posibilidad de organizar una política alternativa, cuestión que se suscitó en
diciembre del 2007 al proponer 7 jefes de Estado de la región la constitución
de un Banco del Sur, aun demorado en su aparición; o cuando la UNASUR en
noviembre del 2010 conformó un Consejo Suramericano de Economía y Finanzas para
articular políticas comunes; y más aún los debates sobre una Nueva Arquitectura
Financiera sustentados desde la Alternativa Bolivariana de los Pueblos,
ALBA-TCP, sugiriendo avanzar en articulaciones económicas, productivas,
financieras y monetarias para una inserción independiente en el sistema
mundial.
Claro que se trataba de una
cuestión en disputa, pues para algunos las medidas suponían la continuidad en
el marco del capitalismo, pero ya circulaba también la posibilidad de un orden
socialista.
¿Cuán cerca están esos debates y
desafíos en la realidad contemporánea de la región? Las expectativas por el
cambio político en la región en la primera década del Siglo XXI constituían una
esperanza más allá de nuestros territorios, con dinámica social movilizada y
extendida, a lo que se sumaban cambios institucionales, especialmente reformas
constitucionales que anunciaban nuevos imaginarios civilizatorios, caso del
“vivir bien” o el “buen vivir” en Bolivia y Ecuador, junto a proposiciones por la
soberanía alimentaria, energética o financiera y la reaparición de la discusión
por un horizonte socialista presentado por las reformas cubanas y las
proposiciones de Venezuela y Bolivia.
La coyuntura nos devuelve la
contra ofensiva al proceso de cambio político que se juega en la profundización
de esas claves sociales, políticas e ideológicas con amplia movilización de los
trabajadores y los pueblos, o la administración de lo logrado con
desmovilización social, condenando la esperanza a un proceso de restauración de
la hegemonía neoliberal de fines del Siglo XX.
Es lo que podrá discutirse en
pocos días más, en la reunión del G77 + China en Bolivia y será una ocasión
adecuada para discutir el orden mundial capitalista en crisis. A medio siglo de
la creación del Grupo de los 77, que hoy duplica sus miembros manteniendo la
denominación, vuelve a tener sentido la discusión de 1964 sobre Dependencia o
Liberación.
Claro que el tiempo no
transcurrió en vano y la ofensiva popular y liberadora de los 60´ y 70´ dio
paso, terrorismo de Estado mediante a la ofensiva del capital y las políticas
hegemónicas neoliberales que arrasaron con conquistas históricas de los trabajadores
y los pueblos. Al mutar la realidad, ruptura de la bipolaridad mediante a
comienzos de los 90´, se impuso el pragmatismo en muchos de los procesos
sociales, políticos e ideológicos protagonistas de la perspectiva de liberación
nacional y social.
Es lo que crudamente se pone de
manifiesto hoy con la denominación de países emergentes, un lugar al que
aspiran los administradores del capitalismo dependiente en todo el mundo. Por
ello es que los Estados salen a la conquista de inversores externos. El imaginario
posible es el capitalismo y la valorización de capitales favorecidas por
inversiones externas. Se menciona incluso a Cuba, que con sus cambios
económicos atrae capitales externos a la isla para resolver el abastecimiento y
la creación de riqueza en un territorio que se pronuncia por un modelo
alternativo, el socialismo.
Esta es precisamente lo
diferente en cuestión de inversiones, ya que no es lo mismo propugnar un orden
capitalista que socialista. La cuestión es quién decide sobre las inversiones,
el para qué y los cómos de las mismas, como el impacto social de ello derivado.
Claro que toda inversión de transnacionales tiene como propósito la ganancia y
ese es el peligro mensurado de la estrategia cubana para defender lo logrado y
resolver la coyuntura, muy diferente a quienes apuestan a la continuidad
esencial bajo el orden del régimen del capital.
En los 60´ y 70´ se propagaba el
imaginario alternativo desde la teoría de la dependencia, y la desconexión del
orden capitalista que pregonaba teóricamente Samir Amin. ¿Podrá el cónclave
boliviano del G77 + China retomar el sentido de la ofensiva por la liberación
de sus años de fundación o continuará con la adecuación demandada por la
hegemonía? Una respuesta por la negativa supone la continuidad de la
subordinación del Sur empobrecido a la lógica dominante del orden capitalista
hegemonizado por EEUU, Europa y Japón, a los que se asocian los “emergentes”.
Poder
popular y modelo productivo
La respuesta no puede confiarse
solo a la discusión de los gobiernos, sino y principalmente a la acumulación de
poder popular por la liberación social y nacional que se procese en cada uno de
nuestros países y en la capacidad de integración no subordinada al orden capitalista.
En los 80´ y 90´ se impuso el
modelo productivo y de desarrollo de un Sur proveedor de recursos naturales al
capitalismo desarrollado, principalmente respecto de los hidrocarburos, lo que
se generalizó a comienzos de este Siglo XXI al conjunto de los bienes comunes y
a una aceleración de la extensión de la relación de explotación mediante
salarios bajos y precarización laboral en todo el mundo, especialmente en China
y la India.
No es solución para trabajadores
y pueblos la adecuación al capitalismo posible producto de la ofensiva del
capital en tiempos de transnacionalización que sepulta toda aspiración de
“capitalismo autónomo” como imaginaron burguesías locales en tiempo del
desarrollismo pos conflicto bélico de 1945.
Hace falta consolidar una
estrategia de acumulación popular, que en la Argentina se define en el movimiento
de trabajadores y por eso la importancia de las recientes elecciones de la CTA
y las experiencias autónomas de la burocracia sindical que hoy son visibles y
tanto preocupan a las patronales, las autoridades y el sindicalismo
tradicional.
Algo nuevo ocurre en la
Argentina, aunque no sea hegemónico en el análisis mediático o del poder
parlamentario. Eso nuevo en el país puede contribuir a fortalecer las
iniciativas que en la región empujan cambios radicalizados que avancen en las
modificaciones de las relaciones sociales de producción y la correlación de
fuerzas favorable a la emancipación social por el socialismo.
Buenos
Aires, 7 de junio de 2014
[1] Alejandro
Bercovich. “El Mundial de Kicillof, los laboratorios y la política bataclana”,
en BAE del Viernes 6 de Junio del 2014: http://www.diariobae.com/notas/19357-el-mundial-de-kicillof-los-laboratorios-y-la-politica-bataclana.html
Excelente !
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