Reaparece
la discusión sobre las retenciones a las exportaciones de bienes, ahora a
propósito de la suspensión por 30 días de las ventas de carne al exterior. Si
la medida no tiene resultados inmediatos podría acudirse al alza de las
retenciones. El fenómeno es la suba de los precios, con la carne por encima de
los alimentos y de estos sobre el promedio general.
Además,
la carne es un consumo importante en la dieta cotidiana de la familia argentina
que, en baja en los últimos tiempos por cambios culturales de la ingesta
alimentaria, se agrava por la reducción de los salarios e ingresos populares,
jubilaciones y beneficios sociales.
Favorecer
el consumo popular de la carne es lo que motiva el anuncio de la suspensión de
las exportaciones y el aviso que podrían aumentarse las retenciones.
La
respuesta anunciada es el lockout de las centrales empresarias que representan
a los propietarios de medidos de producción del agro en la argentina, los que
perciben los beneficios del modelo asociado al agro negocio de exportación.
En
esencia, lo que se discute es quien se apropia del trabajo social, en rigor, no
solo del sector primario, sino del generado por el conjunto del aparato
productivo, especialmente en un momento de la economía mundial donde crecen los
precios de los productos exportados por el país.
Los
propietarios de la tierra y demás medios de producción sostienen que el bien
producido les pertenece y por ende son destinatarios finales del ingreso por
ventas a precios internacionales, que también pretenden lograr en las ventas en
el mercado local.
Existe
una circunstancia especial y se deriva del gran comprador de carne que es China
en pleno proceso expansivo de sus compras internacionales para satisfacer la demanda
de consumo de su población. Eso interviene en la suba de los precios, sin
perjuicio de los insumos necesarios para producir carne, como suba de tarifas, combustibles,
etc.
Sin
embargo, no solo hace falta capital, medios de producción, para producir, sino
y especialmente fuerza de trabajo. Por eso, desde el origen de la ciencia, la economía
política definió la ley del valor-trabajo como fuente del valor y con ello, de
los precios.
De ahí
proviene la explicación teórica de la lucha por la apropiación del ingreso
entre propietarios de medios de producción y los de la fuerza de trabajo, denominada
la puja distributiva. El Estado intenta mediar en esa puja y por eso aparecen
las herramientas de recaudación, entre ellas, impuestos y retenciones.
Se
discute si es una medida política, y sí, lo es, en tanto se intenta morigerar
la capacidad de apropiar ingresos por el propietario del capital. La vía de las
retenciones o los tributos constituye un mecanismo de redistribución social de
una ventaja que otorga la propiedad. Claro que también podría ser la inversa y
por eso el reclamo de los inversores por reducir la presión impositiva.
¿Podría
existir alguna otra herramienta? En otros tiempos se ensayaron las Juntas
Reguladoras, lo que supone la intervención estatal en la mediación entre la
producción y la circulación local y mundial. Pero también se pueden ensayar
nuevas formas de organización de la producción para privilegiar el consumo de
la población, especialmente si se trata de alimentos en un país con la mitad de
su gente bajo la pobreza.
Buenos Aires, 18 de mayo de 2021
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