Los problemas socio económicos en debate

 

El éxito de las iniciativas políticas se mide por su capacidad de modificar la realidad; una realidad que cambia según ocurren acontecimientos que conmueven el contexto económico social o político. Esos acontecimientos son acciones colectivas o individuales, incluso propuestas que intervienen en la conformación de imaginarios sociales.

La propuesta sobre intervención y expropiación de Vicentin generó agenda y habilitó un debate en la sociedad, más allá del resultado final; del mismo modo que la toma de tierras en Guernica, o el episodio en los campos de Etchevehere; como la misiva de Cristina Fernández de Kirchner (CFK).

Todas estas propuestas o iniciativas son acciones que intervienen en la realidad con pretensión de cambio, más allá de si logran el propósito inicialmente formulado.

Queda claro que el propósito con Vicentin no se cumplió, pero habilitó el debate sobre la expropiación de una gran empresa agro industrial y financiera, diversificada y con inserción en la transnacionalización, del mismo modo que se sugirió la necesidad de modificar el modelo hegemónico del negocio de exportación.

La toma en Guernica y la discusión en torno a la propiedad de los Etchevehere favoreció el debate sobre los usos de la tierra y la potencialidad de un plan de inserción de organizaciones sociales en la producción alimentaria. Asociado a ello se sustenta la intervención estatal en la provisión de tierras y medios de producción, tanto como la asistencia financiera y técnica.

En ambos casos, la Justicia intervino en defensa de la propiedad, siendo los gobiernos provinciales los brazos ejecutores, en un caso con extrema y ostentosa violencia.

Lo que ejemplificamos con estos casos puede generalizarse con relación a la situación del 2001 argentino, que trasformó el ciclo económico y político del país, tal y como venía desde la recuperación de los gobiernos constitucionales en 1983, incluso desde mucho antes. La lógica bipartidista entre peronismo y radicalismo se desarticuló.

El resultado terminó siendo la construcción de nuevas coaliciones, las que hoy explican la “grieta”, con ejes en el kirchnerismo y el macrismo.

Ambas identidades, más allá de cualquier fragilidad o transformación a corto o mediano plazo, ocupan la escena de la disputa hegemónica, por lo menos, desde mediados de la primera década del Siglo XXI.

Se puede pensar también en un momento de la política de profunda transformación de las históricas identidades políticas populares, habilitando a pensar la posibilidad de la emergencia de nuevas representaciones políticas más allá de la opción binaria actual.

Vivienda, propiedad y bi-monetarismo

Esta semana se hicieron visible varios problemas a partir de los acontecimientos mencionados. Uno es el déficit habitacional, asociado al desempleo, la pobreza, a la propiedad y a la política pública.

Más allá de cualquier consideración que se pretenda, la visibilidad desplegada por la situación de la ocupación de tierras en Guernica, Provincia de Buenos Aires, y la disputa por la herencia de los Etchevehere en Entre Ríos, evidenciaron la necesidad de discutir y resolver el déficit de la vivienda, estimado en más de 3 millones de unidades.

No solo es vivienda, sino todo lo que se asocia a la reproducción de la vida, lo que supone vivienda digna y un entorno de servicios y de producción acorde con la reproducción social.

Por eso, el debate en Entre Ríos involucró, en principio, la propuesta de cesión de propiedad privada a un colectivo social organizado, con un proyecto agroecológico en contraste con el paradigma hegemónico del agro negocio y una tendencia a la actividad inmobiliaria lucrativa en las zonas urbanas del país.

La propiedad privada estuvo en discusión en los dos casos. Es un tema recurrente, que estuvo en debate con el caso Vicentin, o con el impuesto a las grandes fortunas.

Ambos casos, en Guernica y en Entre Ríos, se trató de iniciativas desplegadas por colectivos sociales que intentaron cambiar la realidad y aportar a resolver temas de la vivienda, del uso de la tierra, del empleo y los ingresos, que en definitiva podemos extrapolar a la discusión de la cotidianeidad de millones, que, si es por la pobreza, hablamos de 15 millones de personas.

Otro tema es el de la presencia importante del dólar en la economía argentina. Un asunto que explicitó para el debate político la vicepresidenta del país. CFK propuso un pacto para acordar políticas relativas a una cuestión central, el tipo de cambio y sus oscilaciones, cuando se hace evidente lo que los economistas denominan la “restricción Externa”.

Esa restricción no es otra cosa que la subordinación del orden económico local a la gestión del excedente económico que genera el trabajo social en la Argentina.

Un excedente disputado por acreedores externos, por la dependencia tecnológica de bienes intermedios y de capital, como por el parasitismo de la burguesía local, que radica los excedentes en el exterior.

Esto último es lo que se denomina “fuga de capitales” y tiene contrapartida en activos externos, sean bonos, acciones, propiedades, moneda extranjera (alguna en cajas de seguridad o en el colchón).

La cuestión está lanzada sobre la mesa de discusión. Resulta temprano para ver si la iniciativa avanza o no y muy especialmente como se discute.

¿Se puede des-dolarizar?

Ecuador bajo el gobierno de Correa no pudo salir de la dolarización que induce un ajuste perpetuo a los de abajo.

Cuba sostiene la necesidad de romper el bi-monetarismo, “solución” asumida en el periodo especial emergente a la caída de la URSS y el sistema socialista. Desde el 2011 está la propuesta de terminar con la moneda convertible, un cuasi dólar. Aun no puede lograrlo, pese a ser una de las demandas políticas y sociales más extendida desde que en 2011 se propusiera el cambio del modelo económico en la isla.

La dependencia latinoamericana, sea para Ecuador, Cuba o Argentina es un tema que desafía el marco del debate y que trasciende soluciones al interior de las fronteras. Hace falta una estrategia regional compartida, tal como se formuló en la primera década del Siglo XXI con relación a una nueva arquitectura financiera regional, lo que involucraba el aliento a una moneda regional.

Una novedad de la política regional es la asunción del nuevo gobierno en Bolivia, que habilita a discutir nuevamente la potencia de la integración alternativa. Recordemos que Bolivia es uno de los países que más avanzó en la pesificación de su economía, incluso durante el último año, la estabilización de la moneda es un dato relevante.

Puede aún ser bajo el volumen del acuerdo político para una integración regional, pero los procesos son dinámicos y se asocian a descontentos de una realidad social agravada por el impacto regresiva de la recesión mundial y el efecto de la pandemia COVID19.

El tema dólar en la Argentina incluye en estos días la baja de las cotizaciones del paralelo, el legal y el ilegal, tanto como nuevas emisiones de deuda que se completarán la próxima semana, en un marco de apertura de las negociaciones con el FMI.

La restricción externa actúa a fondo. La baja de las cotizaciones y el nuevo endeudamiento tranquiliza al gobierno que logró media sanción del presupuesto, que contiene una propuesta de ajuste por disminución del gasto y la ratificación de una recaudación tributaria regresiva, consolidando al IVA como el principal impuesto en la Argentina.

El tema del bi-monetarismo, o el de la propiedad privada de los medios de producción, son, sin duda, un debate estratégico, que demanda un debate sobre el rumbo.

Un rumbo que tiene en la memoria social el espanto del pasado reciente en la política de Mauricio Macri, junto a las dificultades de arrastre en el presente, especialmente sumando los efectos de la pandemia. Por ello, se trata de una discusión sobre cómo enfrentar la coyuntura, los problemas del ahora, y los de más allá, en el mediano y en el largo plazo.

Buenos Aires, 31 de octubre de 2020

Recuperar soberanía económica para el bienestar social

 

En pleno desarrollo de la pandemia del coronavirus y la emergencia sanitaria y económica mundial, resulta importante valorar la generación de condiciones políticas para hacer posible un cambio de rumbo en la región, algo que se verifica con el triunfo de Luis Arce y David Choquehuanca en Bolivia. La fórmula que asumirá los primeros días de noviembre es un acontecimiento que genera enormes expectativas en la región, en simultáneo con los interrogantes que genera, casi en simultáneo, el desenlace de la elección estadounidense.

A un año del golpe perpetrado en Bolivia con apoyo del poder global y con fuerte impacto regresivo, la respuesta popular supo organizar una réplica no visibilizada por consultoras y analistas electorales, desbordados en sus pronósticos con el 55% de una votación que alejó cualquier duda sobre el consenso a una perspectiva de cambio progresista de la realidad. La movilización social todo lo puede, más allá del poder de los principales medios de comunicación, de la represión y los intentos de manipulación local y global que se ejercen con impunidad.

El poder popular es definitivo a la hora de discutir el rumbo de la sociedad, poniendo en debate un tema trascendental como la cuestión del poder, asociado al dinero, la violencia y la manipulación ideológica.

Cuando observamos el mapa y la Argentina rodeada por regímenes orientados hacia la derecha del arco político, el cambio que anticipa la voluntad electoral boliviana resulta estratégico, especialmente cuando nuestro país discute con el FMI una deuda odiosa que se impone al conjunto de nuestro pueblo. Aun cuando algunos imaginan un fondo más amigable o con expectativas que este aporte más recursos, algo que desaconsejamos de modo enfático, para paliar la situación crítica de reservas en el país.

Enfrentar al poder financiero, del que el FMI es exponente, requiere aprender de la experiencia boliviana para acumular fuerza social para confrontar con el organismo internacional y el poder en su seno de EEUU, responsable de financiar el fallido intento de un segundo mandato de Mauricio Macri.

Junto a la experiencia boliviana destaca la lucha popular chilena, recuperando un año de la revuelta popular, ejercida mayoritariamente por jóvenes, en una lucha que emergió contra el aumento del transporte público y se extiende contra el régimen privatizado de jubilaciones en las AFP, tan cuestionadas en Chile y que fueran modelo de privatización previsional para toda la región. Importa Chile porque es el origen de la restauración liberal, llamada “neoliberal”, que no es nueva ni liberal, especialmente en estos tiempos de dominación de las transnacionales.

La elección boliviana y las luchas populares en la región establecen un límite a la política exterior estadounidense que pretende asociar a los gobiernos de la región en su estrategia de injerencia y obstáculo a cualquier intento de política autónoma y soberana. Por eso hay que profundizar la denuncia contra la OEA y Luis Almagro, su titular, ejemplo de burócrata al servicio de la dependencia.

Esta política de subordinación y sumisión se asume en defensa del orden capitalista y su esencia, el régimen de propiedad y explotación y saqueo, una cuestión que está en discusión en el país, no solo desde el punto de vista de la polémica intelectual o discursiva, sino por procesos relativos a ocupaciones, caso Guernica entre otros, o por el proyecto “Artigas” en Entre Ríos, en confrontación con el clan Etchevehere, expresión del poder oligárquico y de la Sociedad Rural de la Argentina.

Lo que se discute es la propiedad privada de los medios de producción, particularmente la tierra. La propiedad se discute también a propósito del impuesto a las grandes fortunas o al frustrado intento de intervención, expropiación a Vicentin, con la pretensión originaria de transformarla en una empresa testigo que apunte a modificar el modelo del agro negocio de exportación.

El poder no resigna sus posiciones, menos sus propiedades si no es a manos de un poder mayor. Por eso destacamos la reciente experiencia boliviana, necesaria para hacer realidad la confrontación con la gigantesca estafa de Vicentin. Bolivia recupera en un año una acumulación histórica de poder popular, que ahora inaugura un nuevo ciclo con enormes esperanzas más allá de su territorio.

Pensar desde la soberanía

Cambiar el rumbo económico en Argentina y en el mundo es imprescindible en tiempos de tanta regresión y penuria social.

Toda la estadística mundial indica que los avances, si los hubo, de combate a la pobreza y a la miseria, con la situación actual se están revirtiendo de manera alarmante.

Se necesita modificar sustancialmente el orden económico y eso solo puede hacerse si existe sujeto social consciente y organizado en disposición de modificar el estado de situación. No se trata de volver al “Estado del Bienestar”, o a un “capitalismo más humano” como algunos imaginan, un imposible ante la ofensiva capitalista, que solo se frena desde un proyecto alternativo poblado por sujetos colectivos organizados y conscientes.

Por ello, resulta imprescindible pensar en términos de soberanía alimentaria, energética o financiera, lo que demanda la construcción de poder popular organizado.

Solo bajo esas condiciones socio políticas se facilitará la imposición de otro sentido común hacia aquel sustentado por los que acumulan la riqueza socialmente generada, y atender las necesidades de la mayoría social afectada en el capitalismo realmente existente.

El déficit habitacional alcanza a millones, como el desempleo y la pobreza, que solo puede combatirse si se generan condiciones socio políticas de reversión del modelo productivo y de desarrollo, que tiene base en la propiedad territorial consolidada en el país desde 1880 con la conquista violenta de territorios patagónicos que estaban en posesión de pueblos originarios. La violencia ejercida desde el Estado consolidó el poder territorial sobre la tierra que hoy se defiende para frenar cualquier proceso de “reforma” socioeconómica, política y cultural.

La soberanía se juega regionalmente, especialmente cuando el gobierno de Brasil avanza en la subordinación al proyecto regional empujado por EEUU, con la suscripción de acuerdos de libre comercio, a contramano de una orientación de privilegio a la integración regional. El presidente brasileño se asocia a la disputa de guerra comercial entre EEUU y China, desandando un camino histórico de asociación entre Argentina y Brasil como parte de una región que tiene que mirar más cerca para pensar en caminos comunes de soluciones soberanas.

No hay dudas que los cambios nacionales intervienen en la situación regional, por eso importa lo que acontece en cada país. Resulta imprescindible pensar y actuar decisiones soberanas en un mundo cada vez más interrelacionado y condicionado por la ofensiva del capital contra el trabajo, la naturaleza y la sociedad.

La soberanía del comercio exterior es un tema estratégico. Cualquier gobierno que no logre manejo soberano de su sector externo no podrá intentar un rumbo de independencia. Vale la reflexión en momentos donde la agenda económica del país se concentra en el tipo de cambio. Por estas horas se insiste desde el gobierno argentino que no existe posibilidad de devaluación de la moneda, sin embargo y más allá de la presión de grandes exportadores y especuladores, la realidad es que el precio del dólar aventaja al promedio de los precios y más aun de los ingresos populares, salarios, jubilaciones y beneficios sociales. La realidad de la política cambiaria termina siendo de ajuste de la mayoría de la población que vive de ingresos fijos.

En ese marco debe reflexionarse sobre la disputa de poder que supone intervenir en la política cambiaria, monetaria, de comercio exterior y de distribución del ingreso y la riqueza. Lo que ocurre en definitiva es puja distributiva, de ingresos y de riqueza, entre los más concentrados de la economía y la mayoría empobrecida del país. Si algo hace falta en nuestra coyuntura, es precisamente atender la demanda social contra la pobreza, por el empleo, estimular la reactivación para mejorar la demanda de la mayoría de la sociedad. Es el rumbo necesario para avanzar soberanamente en una perspectiva de bienestar social, sin falsas expectativas en un capitalismo humanizado, sino orientado en una perspectiva de emancipación social.

Buenos Aires, 25 de octubre de 2020

El mito de la ausencia de dólares

 

Resulta curioso el mensaje ideológico propagandístico relativo a la “ausencia de dólares”, repetido hasta el cansancio por operadores mediáticos, sean dirigentes políticos, economistas, analistas, panelistas o periodistas.

En una reiterada monserga repiten la mentira para que se instale como sentido común de la población. Lo interesante es el porqué, lo que viene detrás de la arenga ideológica.

Sobre esa base opera una presión, la que es vivida en la coyuntura como corrida contra el peso, todo con el objetivo de inducir una devaluación, o un mayor ritmo de la misma, que es lo que está ocurriendo.

En efecto, desde enero a fines de septiembre, el tipo de cambio “oficial”, con información del BCRA, se actualizó desde los 63 pesos por dólar del primer día del año a los 80,63 a fines de septiembre 2020.

Se trata de una corrección del tipo de cambio del orden del 27,98%, contra una inflación de precios minoristas, según el INDEC, del 22,3%. Si consideramos el último dato disponible, al 16/10, se requerían 83,20 pesos por dólar, un 32% más que la cotización al 10/12/2019, momento de asunción del actual gobierno.

La cotización de la moneda estadounidense le viene ganando a la inflación, por lo que se teme se traslade a precios, más allá de la presión de las otras cotizaciones de la divisa estadounidense, que son superiores al “oficial”, sean las legales por operaciones en la banca o la bolsa, o las ilegales del llamado “blue”.

Así, la brecha especulativa se extiende entre un 100 y 114% por encima del “oficial”, presionando para achicarla con ajustes en alza del tipo de cambio oficial. Por eso alentamos sobre la devaluación, que juega en contra de la mayoría social con ingresos fijos.

Pero, vayamos al punto central: ¿faltan los dólares en la Argentina?

Sostenemos que es un mito el de la ausencia de los dólares. Si observamos el proyecto de Presupuesto 2021, podemos leer que el superávit comercial del 2019 fue de 13.012 millones de dólares (md), y que se espera un superávit para el 2020 de 17.260 md, y sucesivamente entre 2021 y 2023, unos 15.087 md, 14.302 md, y 12.928 md respectivamente. En total, en esos 5 años suman unos 72.589 md.

Nada más genuino que las divisas logradas por el comercio internacional, con más exportaciones que importaciones, aún por las malas razones de la recesión que induce la baja de importaciones.

Se puede discutir el contenido de ese intercambio mercantil, si es el conveniente o no en una estrategia de desarrollo nacional, pero eso es otro tema.

Lo que importa es considerar el resultado superavitario, excedentario, producto del trabajo social conjunto de la economía local, que por imperio de las leyes mercantiles del capitalismo, la propiedad de esas divisas quedan en manos del último eslabón de una cadena productiva que es social.

Además, por diversas razones, entre ellas, la ausencia de control estatal, son esos propietarios en última instancia los que retienen en el exterior esos recursos, y no los integran a las reservas internacionales que contabiliza y gestiona el BCRA.

La masa de dinero producto del comercio internacional es considerable para pensar en usos productivos estratégicos de ese excedente para resolver el problema de la pobreza, el desempleo o la recuperación federal de la producción, el estímulo al mercado interno y una distribución progresiva del ingreso y la riqueza.

Hasta ahí los dólares del comercio internacional, pero veamos ahora el tema de la circulación de la moneda estadounidense.

En mayo pasado, el BCRA divulgó una investigación sobre la fuga de capitales entre fines del 2015 y 2019[1], el periodo de gobierno de Mauricio Macri, que consolidó y potenció una lógica que venía de antes. Allí se sostiene que:

“En el período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019, la fuga de capitales superó los USD 86.000 millones. Apenas el 1% de las empresas explica las tres cuartas partes de la formación de activos externos realizada por personas jurídicas. De igual forma, tan sólo el 1% de las personas humanas, dieron cuenta del 22% de la fuga de capitales realizada por los individuos.”

Si alguien se interroga sobre ese 1% de las empresas o de las personas humanas, no debe tener duda que son quienes integran el núcleo del poder en la Argentina y que se reclutan entre los principales beneficiarios del agro negocio de exportación, la mega minería a cielo abierto, la explotación y exportación de hidrocarburos, especialmente los no convencionales y todo aquello que remite a la industria de ensamble y exportación, más el negocio especulativo que nos lleva al endeudamiento sistémico del país.

Destaca el informe que:

“La fuga de capitales mostró a lo largo del período elevados niveles de concentración. Los 100 mayores compradores demandaron USD 24.679 millones entre diciembre de 2015 y octubre de 2019.”

Es más, explicita que:

“…los mayores 10 compradores, sus operaciones alcanzan en el período los USD 7.945 millones.”

Si se consideran 10.000 compradores de divisas, éstos alcanzan a comprar por 54.879 md, siendo el 42,40% del total. Por ello, el 57,60% restante adquirió divisas por 74.497 md. En definitiva, según el BCRA hubo una formación de activos externos (FAE)  por 129.376 md entre fines del 2015 y del 2019.

Hay que pensar que si se aprueba el “aporte extraordinario y por única vez a las grandes fortunas”, se estima recaudar entre 3.000 a 4.000 md, menos de la mitad de los activos externos constituidos por solo 10 titulares registrados en el informe mencionado del BCRA.

En el mismo informe, el BCRA destaca que:

“La mayor parte de la formación de activos externos terminó fuera del sistema financiero local. El stock de billetes que el sector privado mantiene en su poder por fuera del sistema (el denominado “colchón”), cerró 2019 en USD 175 mil de millones (aumentó USD 55 mil millones respecto de diciembre de 2015) y los depósitos en el exterior alcanzaron USD 44 mil millones, USD 14 mil millones por encima de diciembre de 2015.”

Como sostenemos, en la Argentina no faltan dólares, sean por el intercambio comercial o por atesoramiento en cajas de seguridad o en el “colchón”, la existencia de moneda externa es abundante. El problema es quien decide sobre su aplicación.

¿Qué se debiera hacer y qué se hace al respecto?

La hoja de ruta que siguió el gobierno no fue la que algunos sugerimos, ya que se sostuvo negociar la deuda y mientras, se cancelaban vencimientos, dilapidando cuantiosos recursos en un momento de crisis mundial, no solo por la pandemia del COVID19.

Nosotros, en el marco de una campaña por la suspensión de los pagos del endeudamiento público y una auditoría con participación popular, sosteníamos la necesidad de resguardar las reservas internacionales y destinarlas a un uso alternativo para un cambio de modelo productivo y de desarrollo.

La realidad es una merma de las reservas desde el 10/12 por unos 3.000 md pese al ingreso de divisas por el saldo comercial positivo del presente año.

Ahora, la política de negociación incluye al FMI, que otorgó un préstamo por 57.000 md y desembolsó unos 45.000 md, que ahora pretende cobrar, aun cuando postergue su cancelación.

La política del FMI pasa en la coyuntura por sustentar postergaciones de las cancelaciones, no solo para la Argentina, y lo que está de fondo es la crisis mundial por el COVI19 y más allá por problemas de arrastre del 2007/09 e incluso de la debacle del 2001 estadounidense.

Argentina está a tiempo de denunciar el “préstamo político” otorgado por el FMI a Mauricio Macri con el aval del gobierno estadounidense para premiar la subordinación a la política exterior de EEUU, muy especialmente contra Cuba y Venezuela.

El FMI es consciente de las dificultades actuales, por lo que es probable que acepte la postergación de las cancelaciones, incluso un nuevo tipo de operación, de Facilidades Extendidas, por ejemplo, pero no resignará las cláusulas de ajuste y reformas estructurales suscriptas en 2018.

No hace falta estudiar mucho para verificar el ajuste de las cuentas públicas (caso de las jubilaciones y los salarios estatales), más allá del aumento del gasto público para contener y compensar el impacto social de la emergencia sanitaria y económica, recesión mediante.

Una muestra es la actualización reciente del salario mínimo vital y móvil, de consenso entre gobierno, el sector patronal y la CGT junto a la CTA de los Trabajadores, con el solo rechazo de una de las CTA Autónoma que se negó a suscribir el acuerdo tripartito (la otra no fue invitada). La cifra de actualización a alcanzar a comienzos del 2021 ni siquiera cubre el 50% de la canasta actual.

Es más, el presupuesto 2021 imagina disminución de la necesidad de financiar la emergencia sanitaria y por eso se sostiene una merma del déficit fiscal al -4,5% previsto en el proyecto remitido al Congreso. Será difícil imaginar ahorros por pandemia, cuando lo que se vislumbra es una recidiva de las contaminaciones por el coronavirus en Europa y la continuidad del epicentro en Latinoamérica y en el Caribe.

La actualidad devuelve la fuerte presión por la devaluación, que se canaliza con una fuerte corrida monetaria para extender la brecha cambiaria y apurar una devaluación, con devastadoras consecuencias de quienes viven de ingresos fijos, la mayoría de la sociedad.

Insistamos que tratan de instalar que no hay dólares en la Argentina. Lo que pretendemos mostrar es que dólares hay, pero también una incapacidad estatal, incluso de voluntad de control y ejercicio del poder para orientar el destino de la producción y circulación de riqueza en beneficio de una estrategia más allá de la lógica de la ganancia y la acumulación de capitales.

Orientar recursos de reservas internacionales para otro modelo productivo y de desarrollo requiere la decisión de confrontar contra el poder establecido y desde allí definir otra ecuación de poder. Desde allí puede pensarse en resolver acuciantes problemas socioeconómicos, e incluso civilizatorios en el país, contribuyendo a un necesario debate en Nuestramérica y en el mundo.

Buenos Aires, 17 de octubre de 2020

Lo que no se debate en economía

 

Toda la discusión de coyuntura en la Argentina se concentra en estas horas en el tipo de cambio, como si la relación entre la moneda local y las extranjeras, especialmente el dólar definiese el orden económico social, reconociendo la tendencia creciente a la dolarización de la vida cotidiana y su regresivo impacto en la mayoría de menores ingresos. Hay intereses detrás del debate, ya que el precio de las divisas (moneda externa) supone contradicciones materiales, entre quienes ejercen el poder económico del país y la mayoría de la sociedad, e incluso entre distintas franjas del poder para afirmar su hegemonía. Solo a modo de ejemplo señalemos que los exportadores pretenden el tipo de cambio más alto para obtener más moneda local por sus ventas externas, mientras que un inversor extranjero que produce y vende en pesos, pretende un tipo de cambio bajo para poder importar bienes intermedios y de capital a bajo costo en pesos; además de cambiar sus excedentes por una mayor cantidad de moneda externa y remitirla a su casa central o a cualquier destino de acumulación fuera del país. Para los que viven con ingresos en moneda nacional está claro que las recurrentes devaluaciones les afectan su capacidad de satisfacer necesidades elementales.

El tipo de cambio, la tasa de interés, son apenas algunos de los precios de la economía, como el salario o las tarifas de servicios públicos, entre muchos. Los precios se establecen en una economía mercantil en acuerdo a la ley del valor en tiempos de transnacionalización de la economía capitalista. El trabajo socialmente necesario tiene alcance global bajo dominación de las corporaciones transnacionales. Por eso es que los precios remiten a una cuestión de mercado capitalista mundial, sobre quien ejerce la dominación del “trabajo productivo”, o sea, aquel que crea ganancias, capital, y su capacidad de acumulación. En esas condiciones es que se debe discutir a la Argentina, que por casi medio siglo viene profundizando sus lazos de dependencia de la acumulación capitalista mundial. En efecto, entre 1974-76 se disputó el rumbo del orden económico social local, que terrorismo de Estado mediante transformó el viejo orden del capital, de industrialización y aliento al mercado interno, por otro de inserción mundial subordinado. Allí se habilitó nuevamente la disputa por el poder, tal como en los 80 del Siglo XIX o entre los 20 y los 30 del Siglo XX y más luego hacia 1945-1975.

Desde ese tiempo se avanza, con tropiezos y resistencias varias, en profundos cambios en las relaciones económico sociales. En tanto no termina de consolidarse una nueva dirección de ese “orden económico social”, esas contradicciones y confrontaciones se manifiestan en picos inflacionarios que otorgan especificidad y diferenciación con lo que ocurre en la mayoría de los países del mundo. La inestabilidad y ascenso de precios es una de las características de la disputa de poder. No cualquiera puede imponer sus precios en la economía, por lo que la inflación supone la confrontación por la apropiación del excedente económico socialmente generado en el país.

Fueron distintas fracciones del poder las que se disputaron el excedente económico desde 1975/76, con un trasfondo de debate entre la dolarización y la devaluación. Un debate que fue procesado en torno al 2001, que se resolvió transitoriamente con el cambio de los precios relativos (ruptura de la convertibilidad) y un brutal ajuste que devino en 57% de pobreza y 21% de desempleo para el primer tramo del 2002. Los grandes beneficiarios de la devaluación del 2002 pretenden afirmar las posiciones logradas con mayor apropiación del excedente, para lo que requieren profundizar las reaccionarias reformas laborales, estatales y de inserción mundial construidas como tendencia por más de cuatro décadas.

Si no es el precio del dólar, entonces ¿qué?

Lo que sostengo es que la agenda en debate es la del poder, incluso la de quienes disputan entre sí la apropiación del trabajo social local. Se requiere cambiar el eje de la discusión.

Ahora se discute el acuerdo con el FMI y vale interrogarse a quien le sirvió el desembolso por casi 45.000 millones de dólares, que como demostró el informe del Banco Central de mediados de mayo pasado[1], tuvo destino en la salida de capitales para pagar deuda, remitir utilidades al exterior o constituir activos externos de residentes locales. Todo ello es fuga de capitales. Es decir, se constituyó deuda, socializando su costo posterior, a cambio de favorecer el ciclo de la acumulación transnacional del capital. La deuda es un mecanismo de apropiación de riqueza socialmente generada que se utiliza en la acumulación mundial. Es forma de extracción de valor y plusvalor, en detrimento de la acumulación local.

La Argentina tributa al capitalismo transnacional, forma actual de la producción y reproducción ampliada del sistema capitalista. En rigor, ocurre algo similar en la región, por lo que toda Latinoamérica y el Caribe no resulta en el eje donde ponen el ojo los inversores internacionales, salvo y muy parcialmente Brasil. Esta conclusión las leemos en los informes de la CEPAL desde hace más de una década y recientemente desde la UNCTAD[2], entre otros aportes de estudiosos más allá de nuestros territorios, especialmente Pierre Salama, quien recupera debates de los años sesenta para explicar la tendencia al estancamiento de la región, especialmente la Argentina y México[3].

Se impone cambiar la lógica del poder, desarrollando un razonamiento de contenido alternativo que alimente otra disputa política para un rumbo alternativo del orden económico y social. El horizonte apunta a terminar con la especulación y una clase dominante que expropia riqueza socialmente generada en el país para una acumulación global, lo que supone discutir la producción en general, el papel asignado a la política pública y al lugar del Estado en la producción y circulación, tanto como a los sujetos económicos, sus formas de organización, de carácter colectivo, autogestionaria y conscientes para otro rumbo civilizatorio.

Para cambiar, hay que partir de las necesidades a resolver y desde allí organizar el sistema de relaciones y los recursos a afectar, que en si mismo implica distribución del ingreso y de la riqueza.

¿Cuáles son esas necesidades sociales a resolver? La pobreza y el empleo. A ello se asocia la alimentación, la educación, la salud, como ejes del acceso a derechos negados por la mercantilización. De ese modo, la des-mercantilización de la cotidianeidad es lo que debe resolverse.

¿Es acaso posible? Solo si se modifica el razonamiento hegemónico que impone la cultura de la dominación mediante variados mecanismos, a la vanguardia los medios de comunicación.

Por ejemplo, ante la estafa de Vicentin sonó adecuado avanzar en el camino de intervención, expropiación y transformación del modelo agrario local desde una empresa testigo.

La movilización ideológica y política en defensa de la propiedad privada de los medios de producción retrajo el discurso y la propuesta oficial en ese sentido.

Hace falta una iniciativa en sentido inverso para jerarquizar derechos extendidos por sobre la defensa de la propiedad privada de los principales medios de producción.

Algo similar ocurrió y ocurre con el “aporte solidario sobre las grandes fortunas”, denostado ideológica y políticamente con los mismos argumentos de soporte en defensa de la “propiedad”.

Otro modelo productivo y de desarrollo es lo que se requiere instalar en el debate económico. Es lo que no se discute. Tiene su lógica, ya que se sale del debate sobre un precio o sobre varios precios para discutir cómo se organiza integralmente el orden económico social en su conjunto.

Aclaremos que el tema no se resuelve localmente, sino que tiene que pensarse y procesarse articuladamente con otros pueblos de la región y del mundo. Mientras eso ocurre se deben instrumentar mecanismos de acumulación ideológica y política para hacer realidad un debate sustantivo que privilegie una agenda por otro orden económico y social.

Buenos Aires, 10 de octubre de 2020



[2] UNCTAD. Informe sobre las Inversiones en el mundo, 2020; en: https://unctad.org/system/files/official-document/wir2020_en.pdf

[3] Pierre Salama. ¿Por qué los países latinoamericanos sufren un estancamiento económico de largo plazo? Un estudio a partir de los casos de Argentina, Brasil y México. EL TRIMESTRE ECONÓMICO, vol. LXXXVII (4), núm. 348, octubre-diciembre de 2020, pp. 1083-1132; en: file:///C:/Users/jcgam/Downloads/1167-Texto%20del%20art%C3%ADculo-16127-3-10-20201005.pdf

Pobreza y baja de retenciones

 

Con un índice de pobreza para el primer semestre del 2020 del 40,9%, unas 18.405.000 personas, de los cuales son indigentes unas 4.725.000 personas, se anunciaron rebajas transitorias a las retenciones arancelarias para el agro negocio de exportación, la mega-minería y la industria exportadora. El paquete incluyó una segmentación orientada hacia pequeños y medianos productores. El eje se concentra en medidas para restablecer las condiciones de rentabilidad del capital. Queda clara que la presión del poder económico pesa más que la demanda de recomposición salarial y previsional. Además, los sectores más concentrados expresaron su desconformidad con las medidas y reclaman más a su favor. En concreto, lo que pretenden es una devaluación que les permita mejorar sus ingresos.

Incluso, vale acotar, lograron acelerar los ritmos de devaluación, algo que afecta a los sectores que viven de ingresos fijos. La suba del tipo de cambio acelera la escalada de precios, y con la inflación se deterioran los ingresos populares, por lo que no debe sorprender que el índice de pobreza y de indigencia suba en el corto plazo, consolidando un rumbo que afecta a la mayoría empobrecida de la población.

No hay duda que se trata de concesiones al capital. Ese camino de concesiones consolida la lógica de la ganancia en desmedro de los ingresos salariales y populares. La renta nacional es una sola, y en definitiva tiene destino en ganancias o salarios. La renta nacional es la fuente para una distribución secundaria vía gasto público con seguridad social, “beneficios” o “subsidios” diversos. Todo sale de una sola fuente, la renta nacional, que es en primera instancia salario o ganancia, luego puede ser beneficio de política pública por distintos mecanismos de redistribución. No hay duda que el poder es insaciable, y no hay concesión que le alcance, por lo que conseguida alguna, luego propone y lucha por otras.

El capital no se resigna en la puja distributiva contra el trabajo y por eso presiona sobre el Estado para el logro de políticas afines. Para ello se apoya en la prédica mediática para socializar sus demandas como propias de una mayoría social, lo que se denomina “sentido común”.

Hay que consignar que el argumento oficial sobre las políticas implementadas en estas horas alude a la necesidad de obtener dólares, que liquiden las ventas al exterior los que ya lo hicieron y que vendan aquellos que retienen a la espera de mejora en la cotización de la divisa. Son medidas en respuesta a una situación que se instaló, donde el problema son los compradores del mínimo de 200 dólares mensuales. Aun siendo millones los compradores minoristas de los últimos tiempos, no son esencialmente los responsables de la falta de divisas.

La pérdida de divisas hay que buscarla en el pago de la deuda, por eso venimos insistiendo en la suspensión de los pagos y la investigación, mucho más ante las negociaciones en curso con el FMI; las remesas de utilidades al exterior, de capitales externos que buscan paliar la situación mundial desde cualquier territorio en que despliegan sus inversiones; y por supuesto la fuga de capitales por constitución de activos en el exterior.

Un interrogante válido apunta es si es posible orientar la política en el sentido de la presión social mayoritaria por una política productiva concentrada en satisfacer la demanda de la mayoría social afectada, lo que supone definiciones de cambios estructurales profundos que atienda el empleo, combata la pobreza y construya nuevas relaciones sociales de producción y distribución.

¿Es posible?

Desde luego, incluso, los recursos están, ya que no estamos como en el 2001 con insuficiencia de divisas. En la actualidad existe el saldo comercial positivo de la balanza comercial, que no se modificará en los próximos años, y los depósitos en dólares del sistema financiero están respaldados por las reservas internacionales.

Según el presupuesto 2021, recién presentado en el Congreso, la estimación del superávit comercial alcanzará los 17.260 millones de dólares (md) en el 2020; unos 15.087 md para el 2021; unos  14.302 md para el 2022 y otros 12.928 md para el 2023.[1]

Por otra parte, los depósitos bancarios son mayoritariamente en pesos, distinto a lo que acontecía en 2001, que por imperio de la convertibilidad cada peso “podía” (en teoría) canjearse por un dólar, razón por lo que estalló por el aire el mecanismo de la convertibilidad y la gran estafa de aquellos años.

No hay insuficiencia de divisas, el problema es cómo utilizar las que existen y bajo gestión del BCRA. No se debe permitir la especulación de la liquidación de exportaciones, ni la fuga tradicional que acumula más de un PBI en capitales invertidos en el exterior (propiedades, acciones, divisas). Esos recursos, generados por el trabajo social en el país deben invertirse “socialmente”, lo que requiere consenso social, o sea, poder.

Por eso sostengo que no existen trabas al aliento de una política, que, en el marco de la crisis global, no pueda sostener un rumbo de cambio del modelo productivo y terminar con la estructura que surgió en 1975/76, de dominación extractivista bajo mando de transnacionales de la alimentación, la biogenética, la mega minería y las petroleras, asociadas todas a la especulación financiera.

Se puede avanzar en ese sentido, especialmente por la situación de incertidumbre mundial. Es más, resulta la ocasión adecuada para intentar un cambio de rumbo estructural en el país e inducir a otros países a transitar ese camino. Sea por la enfermedad de Trump, la pandemia o la crisis capitalista previa (2007/09), lo que existe es una inestabilidad muy fuerte, solo sostenida como nunca se vio, con emisión de moneda y de deuda en todo el sistema mundial, especialmente en los países capitalistas desarrollados.

Muchos se interrogan sobre las elecciones estadounidenses como si la variante demócrata en el gobierno de EEUU pueda significar un cambio en la situación de fondo estadounidense o del mundo actual. Es cierto que una renovación de Trump es peligrosa, tanto como la deriva mundial que resulta de la hegemonía derechista en Gran Bretaña o Brasil, por solo mencionar dos casos emblemáticos, pero mucho no agrega en la presente coyuntura global un imaginario de “políticas reformistas” para contener la crisis capitalista.

No es tiempo para reformas o ilusiones de “pactos” al estilo de los emergentes hacia 1930. Entonces existía el “peligro” del comunismo soviético. China, indescifrable para muchos, no expresa hoy el horizonte anticapitalista. Cuando mucho, disputa la hegemonía del sistema capitalista, que obviamente EEUU intenta frenar con la guerra comercial, monetaria, entre otros mecanismos derivados de su dominación mundial.

Fuerza social para asegurar cambios profundos

Por eso sostenemos que es tiempo para pensar en cambios profundos. Si no se apunta al cambio la realidad de la inestabilidad mundial se descargará con más penurias para nuestros pueblos.

La inestabilidad involucra el precio de las materias primas, de elevada volatilidad, afectando mecanismos tradicionales de la lógica de acumulación de países subordinados a la demanda de las transnacionales.

El impacto social se visibiliza en crecimiento de la pobreza, el desempleo y la precariedad, en la pérdida de derechos y deterioro de las condiciones de vida. Se requiere revertir la tendencia, que la presión social de la mayoría perjudicada se imponga a la de la minoría enriquecida. Ello demanda hacer visible la presión, algo escamoteado por la defensiva de las organizaciones sociales, sindicales, políticas, culturales e intelectuales contenidas para no “alentar” la iniciativa de la derecha y del poder, cuando lo que se requiere precisamente es motorizar una presión de mayor fuerza para reorientar las políticas públicas.

Para muchos hay que esperar, ya que apenas se transita el primer año de la gestión y encima sobrevino la pandemia. El problema es que el derrotero sustentado desde las autoridades fue primero atender el canje de la deuda y luego ver cómo seguir. El asunto es que se agravó con la pandemia y en él “mientras se negociaba” el canje se continuó pagando intereses, al tiempo que se mantuvo el proceso de fuga, vía remesas de utilidades al exterior o constitución de activos fuera del país.

A los problemas de la deuda se sumó la pandemia y no se avanzó en cambios estructurales, por lo que ahora, se siente la presión del poder, con escasa capacidad de articular una propuesta en sentido inverso. Urge organizar la fuerza social y política para contrarrestar la presión del poder económico y generar una fuerza socio política en sentido contrario, que discute la representación de las organizaciones que hoy actúan en el movimiento social. Resulta imperativo construir una nueva institucionalidad popular que estimula la fuerza subjetiva de los cambios.

Buenos Aires, 3 de octubre de 2020



[1] Ministerio de Economía. Proyecto de Presupuesto 2021, mensaje de remisión, en: https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2021/mensaje/mensaje2021.pdf (consultado el 3/10/2020)