¿Qué destino para los recursos públicos?


La pandemia del coronavirus continúa, con imprevisión e incerteza sobre el futuro cercano. Remito a las cuestiones sanitarias y económicas, en definitiva, a la cotidianeidad de nuestros días. Con el agravante que el virus y sus consecuencias busca nuevo territorio para el epicentro, que ya transitó por China, por Europa y por EEUU. ¿Será la América Latina y el Caribe el próximo territorio de epicentro del virus coronado? A la fecha, con casi 6 millones de contagiados en el mundo y más de 366.000 muertes, EEUU lleva la delantera con 1.756.170 contagiados y 103.153 muertes.[1] Segundo en contagios está Brasil con 456.166, seguido de Rusia con 396.575, el Reino Unido con 274.219, para el podio de los 4 con más contagios. China quedó en el decimosexto lugar, con 84.127 contagiados y 4.628 muertes. Respecto de las muertes, el segundo lugar lo ocupa el Reino Unido con 38.454, seguido por Italia con 33.340 y cuarto Francia con 28.717. Brasil está en quinto lugar con 27.878 en rápido ascenso.
Si consideramos la región Nuestramérica, además de Brasil, preocupa la situación de Perú, doceavo en contagios con 148.285, seguido en el lugar 13 por Chile con 94.858. En el 15 lugar México con 84.627. todos ellos antes que China, en el 16 lugar. Ecuador está en el lugar 24 con 38.571 contagiados, Colombia es 31 con 26.734, República Dominicana es 43 con 16.531. Argentina ocupa el lugar 44 con 15.419 y Panamá es 46 con 12.531, por solo considerar los primeros entre los 50 puestos de 188 registrados en la estadística mencionada. La suma de los países de nuestra región, entre los primeros 50 países del listado de 188, suma 902.722 contagiados y 48.083 muertes, colocándose como el segundo lugar de contagiados y fallecidos.
Queremos llamar la atención sobre lo que significa el cambio del epicentro de la pandemia, ya que no se trata ahora ni de China, ni de los países capitalistas desarrollados, sean de Europa o EEUU, aun habiendo pobreza en esos territorios. Que el COVID19 haga epicentro en Nuestramérica es grave, por la situación de desigualdad y empobrecimiento de nuestra población. La pandemia por el coronavirus ya está entre nosotros y afecta a los sectores sociales más vulnerables, que dicho en el territorio mundial más desigual debe llevar una enorme preocupación.
CEPAL y OIT[2]
Para sopesar lo que decimos bien vale la información sustentable relativa a la región nuestramericana, para lo cual nos basamos informe conjunto de Cepal y la OIT, donde se señala que:
“Durante 2019 la escasa dinámica de la economía regional se puso de manifiesto en la debilidad de la generación de empleo asalariado —específicamente, de empleo registrado— y en el leve aumento interanual de la tasa de desocupación como promedio ponderado a nivel nacional. Los primeros meses de 2020 están marcados por la irrupción de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), que hizo necesaria la aplicación de políticas de confinamiento. Esta situación redundó en la interrupción de las actividades económicas a una escala nunca antes vista a nivel mundial. Los países de América Latina y el Caribe deberán enfrentar grandes caídas de su producto interno bruto con importantes consecuencias en sus mercados laborales, en un contexto de debilidad y vulnerabilidad macroeconómica.”
Conviene leer con detenimiento el párrafo y extraer la conclusión del fuerte impacto regresivo que la situación actual depara para la región en el presente año, y más allá, incluso, por la situación de desaceleración de arrastre en el tiempo inmediato anterior. Si el presente es ya grave, más lo serán los próximos días, con insuficiente preparación sanitaria ni resguardos de seguridad económica, especialmente para la mayoría empobrecida. Más grave aun cuando se incrementa la presión de algunos sectores por levantar las políticas de cuarentena, de aislamiento de la población.
Más allá de los matices en la profundidad de las políticas de aislamiento, en todos los países se verifica la caída de la producción o fase recesiva del ciclo económico, impactando en la baja de la inversión, del empleo y los ingresos populares. Avalando nuestra conclusión, el informe citado señala que:
“En el decenio posterior a la crisis financiera mundial (2010-2019), la tasa de crecimiento del PIB regional disminuyó del 6% al 0,2%; más aún, el período 2014-2019 fue el de menor crecimiento desde la década de 1950 (0,4%).”
La previsión para el 2020 es de -5,3% para la evolución del PBI. Será menos producción a repartir en una mayor población. Respecto del empleo señala que:
“…la tasa de desocupación de al menos 3,4 puntos porcentuales, hasta alcanzar una tasa del 11,5%, lo que equivale a más de 11,5 millones de nuevos desempleados. De profundizarse la contracción económica, la tasa de desocupación será mayor.”
Destaca el informe que la OIT estima la pérdida de más del 10% de las horas de trabajo entre abril y junio, estimándose como equivalente a 31 millones de empleos a tiempo completo, para una jornada de 40 horas semanales. Con datos de la OIT se enfatiza que para toda la región:
“la tasa media de informalidad es de aproximadamente un 54%”.
¿Cómo soportarán la continuidad del aislamiento estas personas, sus familias y entornos? ¿Qué capacidad de sostener la alimentación o el cuidado sanitario tendrán? Las respuestas son evidentes y queda al desnudo el genocidio del abandono de millones de personas en nuestros países. La CEPAL confirma la información con alarma, al destacar para el 2020, agravando la situación de desigualdad que
“la pobreza alcanzaría entonces al 34,7% de la población latinoamericana (214,7 millones de personas) y la pobreza extrema al 13% (83,4 millones de personas)”
La cuestión se agrava si se considera la cuestión de “género y disidencias”, con peor situación para mujeres que para hombres, para jóvenes que, para adultos, y entre jóvenes la peor situación es de las mujeres. Más grave aún resulta la situación por el cierre de las escuelas y establecimientos educativos, lo que aumenta el trabajo de cuidado, mayormente asumido por mujeres. Todo agudizado ante la ausencia de medidas favorables a las disidencias, para quienes se incrementa la discriminación.
Recesión mundial
La recesión es mundial, pero por arrastre histórico, la afectación será mayor entre los países empobrecidos, dependientes, como los nuestros, y más grave aún para los sectores desfavorecidos por la dinámica de aumento de la desigualdad, que concentra la riqueza en muy pocos manos y extiende la pobreza por millones. Nuestramérica es territorio de fuga de capitales, de evasión y elusión fiscal, con pérdidas de los precios internacionales de las materias primas y por ende no calificado para el ingreso de capitales externos, por lo menos, una tendencia explicitada desde 2011.
Más allá de nuestra opinión crítica al ingreso del capital externo y el estilo relativo al crecimiento a toda costa, pretendemos enfatizar que no son realistas las hipótesis formuladas por sectores interesados, en la posibilidad de llegada de capitales para estimular la inversión y el crecimiento económico. Por lo que vemos no hay solución inmediata para el 2020, ni para el 2021, presentándose difícil el futuro mediato. El tema es la producción y el ingreso de la mayoría de la sociedad.
Resulta curioso el énfasis de los organismos internacionales, preocupados por las finanzas de la banca ante los problemas de la economía real. Es que ya no se trata del estallido de una burbuja especulativa, como ocurrió en variadas ocasiones en los últimos tiempos, sino de la combinación viciosa de producción, comercio y finanzas, con caídas muy fuertes de la producción y el comercio y subas preocupantes de las deudas de los Estados, de las empresas y de las familias.
Es una situación preocupante con cierres de empresas y pérdidas de empleo, con la información de 40 millones de puestos de trabajo perdidos en EE.UU., acercando el desempleo al 20% de su población activa. China no anuncia meta de crecimiento para el 2020, por primera vez en años. Ya no crece a ritmos del 10% o más como antes de la crisis 2007-09, pero tampoco a tasas del 6 al 8% como venía recientemente o en perspectiva. El FMI pronostica un 1%, pero el Congreso chino, que acaba de reunirse no señala meta concreta, y destaca la preocupación por el empleo. La recesión golpea en EEUU y China, las dos potencias que disputan la hegemonía del sistema mundial. Europa no se queda atrás y la emblemática industria del automóvil da para hablar. La NISSAN de Barcelona anunció el cierre para fines del 2020, con 3.000 empleos directos y unos 20.000 indirectos. Los cruces de facturas entre la autoridad catalana, la del Estado español y la transnacional, se procesa junto al conflicto que despliegan las trabajadoras y los trabajadores que anticipa problemas más allá de la ciudad de emplazamiento de las fábricas.
Apenas una muestra de lo que acontece en todo el mundo, agravado en los territorios de la pobreza y la desigualdad, calificación que cabe para Nuestramérica. En el centro de la preocupación por la recesión, la que venía de antes y agravó la pandemia, está el empleo, el desempleo y la precariedad laboral. Algunos se preocupan y demandan por el sector privado y su capacidad para sostener el empleo y los ingresos. Pero debe consignarse que los empresarios privados también demandan recursos al sector público para sostener la actividad, con subsidios directos para financiar el capital de trabajo (salarios, materias primas, materiales o maquinarias), o con ayudas fiscales y crediticias.
En razón de ello, el centro de la atención debe estar en el sector público y las políticas que se formulen para atender la multiplicidad de problemas en la coyuntura. El interrogante apunta a discutir los recursos públicos y aquellos que gestiona el Estado a nombre de toda la sociedad. Entre los primeros están los ingresos fiscales, especialmente los tributos; por los segundos, destacan las reservas internacionales.
¿Qué hacer con unos y con otros? ¿Cómo incrementar los recursos fiscales y las reservas y con qué destino utilizarlos?
El déficit fiscal crece en todos los países, desde EEUU a China, pasando por Europa y todos los continentes.
A contramano de la prédica “ideologista” de los ortodoxos liberales o neoliberales que bajan línea en los principales medios de comunicación y en la academia, la realidad de los que definen política económica, aun pensando en sintonía con los liberales a ultranza, pasa por aumentar la emisión monetaria, de deuda pública e incrementar el gasto público. Todo muy distinto a lo que dicen en la teoría, y ojo, no se les cae la cara de vergüenza.
Queda en evidencia la patraña teórica y propagandística de estos gurúes, que nos dan lecciones cotidianamente, y que tanto difunden periodistas y locutores de los medios masivos, con un lamentable impacto en el consenso para favorecer el “sentido común”. Por ello se impone el debate sobre los recursos tributarios, sus fuentes y aplicación, tanto como el resguardo y el uso de las reservas internacionales y qué hacer con el des-endeudamiento público, especialmente aquel sospechado de odioso, ilegal o ilegitimo.
Argentina está siendo observada en todo el mundo, porque tiene una deuda impagable por 323.000 millones de dólares, equivalente al 90% de su PBI, precisamente por deudas asumidas, entre otros, con el FMI, que, en contra de sus propósitos y estatutos, favoreció el ingreso de créditos por 44.100 millones de dólares para la fuga de capitales. Acaba de demostrarlo el BCRA con su informe del 14 de mayo pasado.[3] El BCRA tiene que hacer público toda la documentación con que fundamenta su informe, para determinar responsabilidades de privados y funcionarios en la estafa de la deuda pública.
El país negocia el 20% de su deuda con Fondos Financieros especulativos que presionan por dejar de perder cuantiosas ganancias, las que fueron favorecidas por inescrupulosos funcionarios públicos. Estos aseguraron inversiones especulativas altamente rentables en tiempos de bajas tasas en el mercado financiero y de capitales de todo el mundo. El delito está en el FMI, los prestamistas o inversores especulativos y los funcionarios venales de la Argentina. Para eso es la investigación de la deuda, mientras se suspenden los pagos.
Desde el movimiento social se apunta a un debate que pueda superar el chantaje de los acreedores financieros, los Fondos Financieros y el FMI. Por eso se sostiene una campaña por la suspensión de los pagos de la deuda, y llevar a fondo la investigación, con la base de lo realizado por el BCRA y los primeros debates gestados por la Comisión bicameral en el Parlamento, para el seguimiento de la deuda. El reclamo es ir más allá y construir una auditoria con amplia participación popular.
Resulta de interés considerar que se instaló un debate por establecer un impuesto a la riqueza, que recaería sobre unos 12.000 contribuyentes, el 0,03% del total de la población argentina. La probable recaudación no alcanza a los 4.000 millones de dólares, mientras que una cifra similar es lo que la Argentina destinó a cancelar deuda mientras negocia con los acreedores, todo en periodo de emergencia por la pandemia del coronavirus y una recesión que agrava la tendencia de arrastre. Lo grave es la voluntad mayoritaria de pago, que más allá de las negociaciones en curso, suponen un compromiso financiero que impone el ajuste perpetuo.
Son temas para el debate y que trascienden a la Argentina, que requieren ser discutidos en toda la región cuando se avecina el epicentro del coronavirus en Nuestramérica. El FMI[4] anuncia nuevos préstamos para los próximos dos años a Chile por 23.930 millones de dólares y de 11.000 millones de dólares para Perú, con varios otros países de la región que demandaron 2ayuda” al organismo, mientras negocia con la Argentina sobre las acreencias en tanto mayor receptor de un préstamos desde el organismo.
La discusión que suscitamos apunta a pensar qué hacer con los recursos públicos y cuáles son las necesidades a satisfacer. ¿Qué acreedores privilegiar? ¿Los acreedores financieros o los de derechos sociales? La sociedad tiene la palabra.
Buenos Aires, 30 de mayo de 2020


Johns Hopkings University, en: https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 (consultado el 30/05/2020)
[2] CEPAL. Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (COVID-19). MAYO 2020, en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/45557-coyuntura-laboral-america-latina-caribe-trabajo-tiempos-pandemia-desafios-frente (consultado el 30/05/2020)
[3] BCRA. Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019. Mayo 2020, en: https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/Informe-Mercado-cambios-deuda-%20formacion-de-activos%20externo-%202015-2019.pdf (consultado el 30/05/2020)

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El Default y la recesión imponen un cambio en la producción y el consumo


Argentina ingresa al default de su deuda pública en cuotas, de hecho, y sin decisión soberana de confrontar ante una deuda sospechada en buena parte de odiosa, ilegítima e ilegal.
¿Por qué decimos en cuotas? El gobierno de Mauricio Macri “reperfiló” una parte de la deuda, imponiendo de facto un mecanismo unilateral de postergación de los vencimientos, anunciando la primera cuota de una decisión por la cesación de pagos.
Hace poco, el nuevo gobierno postergó para el próximo año la deuda en divisas de legislación nacional. Esa fue la segunda cuota de una realidad por el default. La tercera cuota o etapa acaba de cumplirse el pasado viernes 22 de mayo, luego de trascurridos los 30 días de plazo para cancelar un vencimiento por 503 millones de dólares.
Si no antes, para fines de junio se procesará una cuarta etapa. Los vencimientos involucrarán a los bonos renegociados en el 2005. Podrá haber sucesivas etapas o un abrupto final, pero el default es un dato cantado de la realidad, en cuotas o al contado.
Es cierto que todo se disimula porque se informa que se habilitaron negociaciones particulares y “confidenciales” con Fondos de Inversión, tenedores de títulos de la deuda, junto a demandas en ámbitos normativos del exterior para evitar la declaración formal de la cesación de pagos.
Para ser más precisos y como parte de la cesión de soberanía jurídica, se informó que sigue la negociación ante la “Security Exchange Commission”, la Comisión de Valores y Bolsa, agencia del gobierno de EEUU responsable de hacer cumplir las leyes federales estadounidenses sobre los mercados financieros y bolsas de valores, de opciones y otros mercados de valores electrónicos.
Allí están registrados los títulos argentinos y la propuesta de negociación, una práctica generalizada desde tiempos de la dictadura genocida, ratificada en todas las renegociaciones instrumentadas por los diferentes turnos constitucionales desde 1983.
El episodio Griesa no es un hecho anecdótico, que ahora con otros personajes puede reiterarse. El país se encuentra a días de poder ser demandado en tribunales de Nueva York, incluso de otras ciudades en otros países. Es lo que hemos denominado pérdida de soberanía jurídica.
Se arguye que, si no se establecen esas condiciones de prórroga de jurisdicción, no se obtendrían préstamos ni inversores (especulativos), algo sobre lo que no resulta imprescindible, según venimos insistiendo.
Tanto el gobierno como el FMI sostienen que la deuda resulta impagable, por eso se promovió la ley de sustentabilidad, aprobada por un amplísimo abanico político en el Parlamento. Resulta abrumador el consenso pagador entre la dirigencia política en el país.
Pese a la declaración de impagable, con gran esfuerzo fiscal y de reservas internacionales, y más allá de las postergaciones, muchos vencimientos se cancelaron, desperdiciando valiosos recursos necesarios para atender la emergencia sanitaria y económica, de una recesión que se agrava con el trascurso del tiempo.
No hay dudas de los desastrosos efectos sociales de la recesión y la vocación de pago de la deuda, aun con amplísimas políticas compensatorias asumidas desde el Estado.
Recesión
El INDEC informó los datos a marzo 2020, señalando una caída del estimador mensual de actividad económica (EMAE) de -11,5% respecto al mismo mes de 2019, y una baja de -9,8% respecto al mes anterior y -5,4% entre enero y marzo del presente año.[1]
Son datos preocupantes que agravan la tendencia construida de arrastre en el gobierno de Mauricio Macri. Más aún si se considera que marzo solo incorporó 10 días de cuarentena, con abril y mayo que seguramente deteriorará aún más la capacidad de generación de bienes y servicios, con la continuidad del aislamiento social preventivo y obligatorio (aspo) que seguirá por lo menos hasta comienzos de junio.
Entre los principales afectados están los perceptores de ingresos fijos, trabajadoras y trabajadores en actividad, pasivos, regulares e irregulares, pero también los pequeños empresarios que asocian sus ingresos a la venta en el mercado interno. Quienes reciben ingresos fijos retroceden por mermas absolutas en variados casos (suspensiones, despidos, reducciones de salarios) y por impacto de la inflación de precios en la mayoría.
Resulta grave la situación de los jubilados, no solo de aquellos que no acompañan la suba de precios. Un 40% de los de haberes superiores percibirán actualizaciones por debajo de la evolución inflacionaria. Por su parte, los rangos más bajos de ingresos previsionales, reciben apenas un 40% de la canasta necesaria para una vida con mínimas condiciones de satisfacción y dignidad. La baja de los ingresos populares impacta en el consumo y por ende en esa masa de empresarios y comerciantes que vende a esa población.
Son millones que no consumen por escasos ingresos y otros muchos que no pueden producir y/o facturar, sea por la cuarentena o por lo escaso de los recursos de las familias de menores ingresos.
Aun cuando el Estado asegure parte de la nómina salarial, el costo por abrir algunas actividades hace insostenible su continuidad. Ni hablar de aquellos que pueblan la informalidad empresarial, por lo que no pueden sostener la actividad y los ingresos, agudizando el problema general.
En ese sentido debe inscribirse la lógica de 12 millones de personas que demandaron el Ingreso Familiar de Emergencia, cuando solo se aceptaron a 8 millones y no todos percibieron aún la primera paga de dos hasta ahora aprobadas. El presidente informa que por ahora percibieron el subsidio 6 millones de beneficiarios, restando aún dos millones para acreditar la primera de dos cuotas.
La cuarentena solo puede resistirla quien tenga suficiente ahorro o capacidad de endeudamiento, lo que demanda garantías suficientes. Una mayoría absoluta está afectada por las consecuencias de la emergencia en curso y con arrastre histórico de pérdidas de derechos e ingresos.
Aun así, muchas de estas empresas han solicitado y recibido la ayuda estatal, incluso con algunos beneficiados que son tenedores de títulos de la deuda en proceso de negociación. Varios de ellos figuran entre quienes hicieron parte del proceso de fuga de capitales que explicitó el BCRA el pasado 14/5. En ese informe se alude a una fuga entre fines del 2015 y del 2019 por 86.200 millones de dólares, agravada y de mayor volumen que los desembolsos del FMI por 44.100 millones de dólares.
La recesión de arrastre o la promovida por la emergencia ante el coronavirus no afecta por igual a toda la población y las políticas compensatorias, apenas disimulan un impacto regresivo que hace más desigual a la sociedad argentina.
¿Cómo seguir?
Hay que discutir la estrategia sobre la deuda pública, al tiempo que se discute las formas de atender la emergencia sanitaria sin agravar las desigualdades que potencian la concentración de ingresos.
Vale afirmar que la deuda pública no es solo un problema del país, sino que adquiere nuevas dimensiones como problema global ante la pandemia y el arrastre de la crisis no resuelta desde la explosión entre 2007-09.
Los Estados capitalistas más desarrollados sostienen con emisión de moneda y de deuda la estructura económica social de poder, a costa de un crecimiento impresionante del desempleo, el subempleo y la precariedad laboral.
Se impone el default soberano y cuidar los escasos recursos fiscales y de reservas internacionales para financiar un proceso de transformación productiva que reoriente el consumo en función de la satisfacción de las necesidades de la mayoría empobrecida.
Un proceso de cambio del modelo productivo y de desarrollo supone asegurar financiamiento para emprendimientos económicos sociales que actúen en la producción y reproducción de la vida de millones de familias, las que integran la zona de menores ingresos de la población, aproximadamente la mitad de los habitantes de la Argentina.
El financiamiento resulta imprescindible para el acceso a tierras, máquinas y equipos, materiales y materias primas, tanto como el estímulo a obras de infraestructura que potencien un sector social de la economía.
Por ello es que se deben suspender los pagos de la deuda, al tiempo que se organiza una auditoria con participación popular, enfocada en la determinación de la ilegitimidad, ilegalidad y el carácter odioso de la misma.
No alcanza con no pagar, por lo que se requiere una profunda reforma tributaria que descargue el financiamiento público sobre quienes se enriquecieron con la especulación, el endeudamiento o la fuga, información que se puede obtener cruzando la información del BCRA, de la AFIP, e incluso de las investigaciones sustanciadas en Poder Judicial.
Se le teme a la réplica del poder mundial por la suspensión de pagos. En realidad, el problema es seguir cumpliendo pagos o negociar pagos futuros, que agudizan la hipoteca de la sociedad. Una asignatura pendiente por décadas es la investigación de la deuda pública, que identifique a los responsables de tan importante condicionante sobre la economía y la sociedad.
Más grave para la sociedad será continuar lo que siempre se hizo al respecto, no solo sobre deuda pública, sino sobre la organización de la producción y la distribución de los ingresos y la riqueza. Si no se cambia profundamente, el horizonte es la vuelta a la “normalidad”, agravando la pobreza y la concentración.
Seguir pagando no asegura beneficios para la mayoría de nuestra sociedad, sino más de lo mismo. Confrontar con el poder local y global supone problemas, si, otros problemas, pero supone definiciones soberanas para culminar con años de decadencia que aumentaron las graves consecuencias sociales y económicas sobre millones de argentinos.
Los fondos acreedores seguirán presionando para aminorar la pérdida de ganancias y la sociedad tendrá que mejorar su iniciativa para imponer soluciones soberanas. Suena a revolución y que mejor homenaje en la víspera de los 210 años de la Revolución de Mayo.
Buenos Aires, 24 de mayo de 2020

[1] INDEC. Estimador Mensual de Actividad, 20/05/2020, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/emae_05_207F634B218B.pdf

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Argentina en el dilema de pagar o no pagar su deuda


La situación de la economía mundial empeora en la medida que no se resuelven temas estructurales de la organización de la producción y circulación de capitales, agravados por el receso económico que induce la pandemia del coronavirus.
Hasta ahora, los efectos son desastrosos en términos de empleo y caída de ingresos de los sectores más vulnerables, apenas contrarrestados por una gigantesca emisión monetaria y de deuda en todo el mundo.
Se trata de una norma a contramano de la lógica discursiva de la corriente principal de política económica, apegada a una ortodoxa orientación por la austeridad y la restricción del gasto público.
La realidad, sin embargo, impone el realismo de la fuerte intervención del Estado para sostener el orden capitalista, lo que se verifica desde los principales Estados del capitalismo mundial y el accionar de sus bancos centrales.
Nuevamente aparece el problema del endeudamiento de los Estados, que se suma al de las empresas y las familias, inducidas estas a un consumismo exacerbado y que ahora, ante la disminución de ingresos se encuentran imposibilitados de cancelar deudas por servicios y bienes adquiridos.
Ni hablar de las empresas que ante la recesión agravada con la pandemia no facturan y por ende se afecta la cadena de pagos, apenas disimulada por subsidios estatales que se generalizan.
¿Pagar o no pagar?
Ese es el dilema que ronda el debate de algunos Estados, empresas o familias. Es un interrogante, a veces de subsistencia.
En el eje de la tormenta mundial aparece la Argentina, que en el 2001 protagonizó el mayor default de los tiempos modernos del capitalismo.
De hecho, el episodio aún no termina, ya que la data oficial indica que existen 2.345 millones de dólares de “deuda elegible pendiente de reestructuración”, es decir, que antiguos acreedores de la deuda en cesación de pagos del 2001 no terminan de acordar pese a las reestructuraciones del 2005, 2010 o 2016, bajo tres turnos de gobierno.
Argentina es noticia de interés y el FMI, importante acreedor de la Argentina, interesado en cobrar sin afectar sus intereses hace campaña por una “exitosa” renegociación de la deuda pública del país.
La expectativa del organismo mundial apunta a una reducción sustancial de la deuda, sugiriendo oportunamente una merma entre 55.000 y 85.000 millones de dólares de un total que a fines del 2019 alcanzaba los 323.000 millones de dólares.
Es una realidad la posibilidad del default del país, de hecho, ya se han postergado vencimientos de deudas, aun cuando el acento se coloca en estas horas en las negociaciones con los acreedores privados.
Al inaugurar a comienzos de marzo el periodo de sesiones parlamentarias se informó de una investigación del BCRA sobre el endeudamiento público.
El Banco Central difundió el 14/05 el Informe “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”[1] de 33 páginas.
Allí se denuncia la estafa del endeudamiento reciente (2015-2019), incluyendo la fuga de capitales por 86.200 millones de dólares y un stock de 44.000 millones de dólares en depósitos en el exterior, a los que se suma unos 175.000 millones de dólares en tenencias de billetes en moneda extranjera (Gráfica 18, página 27). Suman 219.000 millones de dólares del sector privado no financiero, los beneficiarios directos del fenómeno especulativo, entre los que se cuentan muchos de los responsables del endeudamiento público.
El monto de la renegociación con los inversores privados alcanza a unos 68.000 millones de dólares, un 20% del total de la deuda, incluyendo deudas renegociadas en procesos anteriores al gobierno Macri.
A su vez, el informe reconoce que la deuda con los organismos internacionales son otros 68.000 millones de dólares, de los cuales, más de 44.000 millones son con el FMI, con quien también se negocia, claro que, con menos premura, pues el grueso de los vencimientos ocurrirá en los próximos años.
Mientras se negocia, la deuda se paga. El Parlamento argentino autorizó en diciembre pasado a utilizar 4.500 millones de dólares para cancelar vencimientos en medio del proceso de reestructuración. Una de las polémicas abiertas es el sentido de estos pagos si finalmente puede haber rechazo de los bonistas a la propuesta gubernamental.
El tema se agiganta ante las necesidades crecientes derivadas de la recesión y la pandemia. En estos días de grave emergencia social y sanitaria se cancelaron 320 millones de dólares, la tercera cuota al FMI. Mientras las necesidades sociales son inmensas. Esos recursos al tipo de cambio oficial suponen una cifra considerable que podría estimular el desarrollo de proyectos productivos de la economía popular.
Suspensión de pagos y auditoría con participación popular
Por eso crece la campaña popular por la suspensión unilateral de los pagos de la deuda pública y realizar una auditoría integral con participación popular para definir la legalidad, legitimidad y en todo caso, denunciar el carácter odioso de la misma.
La combinación de recesión e inflación genera un fuerte ajuste en la mayoría social de menores ingresos y por eso se discute el uso de los escasos recursos públicos, entre ellos las reservas internacionales.
Estas pueden ser base para otro modelo productivo y de desarrollo, modificando una estructura económica social que consolidó la desigualdad en la Argentina.
Pagar o no pagar la deuda es una cuestión de supervivencia para millones, pero también un debate que trasciende los problemas del presente e induce una discusión sobre el futuro del país.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2020

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Deuda pública y accionar soberano


El sentido común indica que no se debe ir al default, que eso sería malo, o que derivaría en algo peor que lo actual, que ya es bastante malo para millones de personas, las que medimos en términos de pobreza, de desempleo, de informalidad. El mensaje por la cancelación de las deudas, incluso renegociada, induce a pensar que evitar la cesación unilateral de pagos pudiera mejorar la situación de pobreza, desigualdad y explotación de la mayoría social. Hay que pagar si o si es la propuesta hegemónica, para no caer en default, o en todo caso, “negociar” cediendo las propias pretensiones para endulzar al “acreedor o prestamista”. Es lo que pareciera estar en juego al vencimiento del plazo de la oferta a los tenedores privados de títulos. Los medios de comunicación presionan para un arreglo que evite el default y es bueno interrogarse en un sentido alternativo, por el default soberano consciente, asumido para transformar sustancialmente la realidad.
La propuesta del Gobierno de la Argentina está siendo apoyada por el FMI y el amplio espectro político del oficialismo y la oposición con excepción de la izquierda con representación parlamentaria. La crítica a esa opinión mayoritaria por el pago, proviene también desde el movimiento social que despliega la campaña por la suspensión de los pagos y una auditoría integral y participativa.[1] Es una campaña a contramano del sentido común, que choca con ese imaginario reiterado de honrar las deudas. A favor del gobierno se han pronunciado un conjunto de personalidades del extranjero y del ámbito local.
Respecto de los apoyos, leemos en La Nación: “Desde Jorge Remes Lenicov a Emmanuel Álvarez Agis, pasando por Fernando Navajas, Pablo Gerchunoff, José Luis Machinea y Martín Rapetti” y agrega: “La carta replica centralmente el texto publicado ayer, firmado por los premios Nobel Joseph Stiglitz, Edmund Phelps, y su colega Carmen Reinhardt, que fue acompañada por otros colegas célebres como Thomas Piketty, Jeffrey Sachs, Kenneth Rogoff y Dani Rodrik.”[2] También fue publicitado el apoyo feminista.[3]
Quienes no acuerdan son los tenedores privados de títulos de la deuda pública dolarizada y bajo legislación externa. Estos presionan por mejores condiciones para ingresar al canje de títulos. A no sorprenderse por la presión, porque ante la propuesta argentina para canjear unos 68.000 millones de dólares, éstos demandaron un “endulzante”, algo que los acerque a aceptar la propuesta. Los prestamistas quieren negociar, pero bajo sus condiciones. Son especuladores seriales y no aceptan una quita del 5,4% de su capital registrado en los títulos, ni una quita del 62% en los intereses a cobrar desde ahora hasta el 2117, fecha de vencimiento de uno de los bonos en discusión, el que se suscribió por cien años. Tampoco quieren estar tres años sin ver un dólar en compensación por su tenencia de títulos impagables de la deuda pública dolarizada bajo legislación extrajera.
Pretenden que la propuesta del gobierno sea endulzada, o sea, menos quita de capitales e intereses, y/o, no esperar tres años para cobrar. Ellos no quieren resignar tanto, y claro, no les preocupa que sus reclamos provoquen que se resienta el gasto público en otras áreas, en desmedro de la calidad de vida de quienes deben entender que la deuda debe honrarse, sin investigar si es legal, legitima u odiosa, lo que nos llevaría a discutir quien se benefició con la deuda asumida a nombre del conjunto de la sociedad. En este razonamiento es en el que se apoyan quienes difunden una posición por el rechazo del conjunto de la deuda, base argumental de la campaña por la suspensión de los pagos de la deuda y la auditoría integral con participación ciudadana.
Es probable que el rechazo de los fondos de Inversión defina el default unilateral, lo que pone en cuestión la dilapidación de cuantiosos recursos destinados a cancelar deuda en este tiempo, tanto como a legitimar el inaceptable acuerdo de la Argentina con el FMI.
Un problema mundial
La cuestión suscitada puede ser extendida al sistema mundial, en un tiempo de acrecentamiento de la deuda pública, pero también de las empresas y de las familias en todo el mundo. La deuda acrecentada sirve para modelar la subordinación social mayoritaria por el poder mundial en el futuro cercano.
Resulta un hecho que el mundo funciona con base a endeudamiento deliberado. En definitiva, resultan condiciones de hipoteca del presente y el futuro, cercano y lejano, para recrear las formas de producción y reproducción prevalentes que nos dejaron en el lugar que estamos, en la Argentina, la región y en el planeta. Si esto se reproduce, pues vamos a un futuro que potencia nuestro presente de falencias y necesidades irresueltas.
El dato es la aceleración de la deuda de EEUU y en ese país de las empresas y las familias, pero también en Europa y muy especialmente en países desarrollados como Italia y Bélgica, que se suman al tradicional club de la hipoteca por deudas que difundió la crisis en Grecia. La deuda y la emisión monetaria y de título es el camino de la Banca Central, de la Reserva Federal o del Banco Europeo. Son emisiones millonarias varias veces superiores a los montos definidos en la crisis del 2007/09.
También es el rumbo asumido desde los organismos internacionales, caso del FMI con su política de “ayuda crediticia” a los países más vulnerables e incluso propuestas de condonación de deudas, como mecanismo de reproducir el papel del Fondo en la gestión financiera contemporánea. El FMI cuida sus intereses y un papel guía del mercado financiero mundial, por lo que aparece con un discurso más benévolo, pero resguardando el interés de sus socios, especialmente el que decide desde Washington.
Por todo ello es que el FMI no resigna sus “derechos” sobre la deuda de la Argentina y apoya la negociación con los tenedores privados, a condición de sostener sus privilegios. En efecto, en el 2001, ante la cesación unilateral de pagos de la Argentina, el FMI siempre cobró lo suyo, incluso en 2006 percibió por anticipado los vencimientos de deuda por unos 9.500 millones de dólares. Es más, en esta semana de fin de la oferta a los titulares particulares, mayoritariamente Fondos de Inversión, empresas gerentes de la especulación mundial, el FMI cobró 320 millones de dólares. No sorprende entonces el apoyo del FMI a la negociación argentina, que pretende descargar el costo sobre los tenedores privados, sin resignar sus posiciones, aun cuando otorgue plazo en el futuro, cuestión que por ahora solo está en los planes a comprobar.
Los tenedores de títulos dicen por ahora que no a la oferta de la Argentina, lo que suscita el debate sobre el default. Mientras se debate, ya se perdieron recursos muy importantes, recordando que en diciembre 2019 se autorizaron por ley de “solidaridad” destinar más de 4.500 millones de dólares de las reservas internacionales al pago de deuda pública mientras se reestructura la misma. Lo que acontece en la Argentina está siendo observando en todo el mundo, por lo peligroso en que se constituyó el elevado endeudamiento público en la mayoría de los países del sistema mundial, afectados por una recesión agravada en tiempos de coronavirus.
Pero también es tiempo de discusión del orden mundial y la función de los organismos supra nacionales, entre ellos los organismos financieros mundiales. Es un problema no haber denunciado hasta ahora el préstamo del FMI otorgado a la Argentina por 57.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron un poco más de 44.100 millones y que solo sirvieron para consolidar una escandalosa fuga de capitales. El FMI pretende validar su papel en este tiempo de crisis, sin asumir su responsabilidad como parte de la causa de los problemas actuales, aun antes del COVID19. Sus viejas y nuevas recetas contribuyeron y contribuyen a sustentar una realidad insoportable para millones de personas empobrecidas.
¿Existe otra posibilidad?
Sí, debe pensarse en la gestión de esos cuantiosos recursos que debieran haberse destinado a una desvinculación soberana del sistema tóxico del modelo de producción y desarrollo contemporáneo. Un modelo que está definido por la explotación de la fuerza de trabajo, el saqueo de los bienes comunes y el privilegio a la especulación de un núcleo concentrado de grandes capitales. Es cierto que enunciarlo parece sencillo, que lo difícil es construir el consenso socio político y cultural necesario para hacerlo realidad.
En ese sentido lo primero es definir la suspensión de los pagos de la deuda pública e investigar a fondo el proceso de endeudamiento. No solo de los últimos cuatro años, sino desde el inicio de la genocida dictadura, aun cuando en cada turno constitucional se haya renegociado la deuda pública. Auditar el mecanismo del endeudamiento resulta imprescindible y no se debe encarar solo desde la institucionalidad constitucional, o sea el Parlamento, que en variadas ocasiones ilusionó con llevar adelante investigaciones no materializadas. Se requiere el protagonismo de la sociedad para hacer efectiva la auditoria o investigación. Se trata de promover la participación popular en el proceso de investigación de la deuda.
Pero no alcanza con suspender los pagos. Es necesario encarar una política económica que construya una nueva cotidianeidad del fenómeno de la producción y reproducción material y de la vida. Con “otra” orientación de la política económica se puede transformar el “orden” económico, las relaciones sociales de producción, para privilegiar las necesidades sociales básicas y más allá. Ello incluye reformas agrarias y urbanas, con base en la soberanía alimentaria, energética y financiera, con socializaciones varias, en la producción y circulación. Se trata de las finanzas, el comercio exterior, de los servicios públicos privatizados y de todo aquello que alude a dimensión estratégica para la producción y reproducción de la cotidianeidad.
Se trata de pensar soberanamente la cuestión de la deuda y no someterse al “sentido común” hegemónico de honrar a los acreedores de una deuda que no sirvió al pueblo, y que prestamistas y buscadores de crédito sabían que era impagable, por lo que se trata de una deuda odiosa. La deuda asumida sirvió para la fuga de capitales. Fueron más de 100.000 millones de dólares de fuga y de deuda pública, montos que remiten a los cuatro últimos años de gestión de Mauricio Macri, los que agravan una tendencia que se remonta al ciclo iniciado en 1975/6. Hace falta identificar a los responsables y denunciar el carácter ilegitimo de una política de deuda pública que consolidó un orden para la desigualdad y la concentración.
Por ello, para iniciar otro rumbo, lo primero es denunciar el proceso de endeudamiento suspendiendo soberanamente los pagos y cambiar todo lo que haya que modificar económica, política y culturalmente para encarar otro camino de producción y circulación de bienes y servicios. ¿Es una cuestión política? No hay duda, por eso es que necesitamos poner en discusión lo indiscutible, ese imaginario que el único camino posible es el pago de la deuda. El default soberano es una posibilidad si la sociedad lo decide e impulsa con conciencia social por ir más allá de pretender recuperar la normalidad.
La búsqueda es por otra normalidad, que termine con los procesos de desigualdad y miseria mayoritaria y augure una perspectiva de liberación social y construcción socio económica auto-gestionada. Vamos a insistir que no es una cuestión solo nacional, sino que requiere sea asumida mundialmente.
Buenos Aires, 9 de mayo de 2020

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Un primero de mayo que dio para la reflexión


La conmemoración del “Día Internacional de la lucha de las trabajadoras y los trabajadores” tuvo características muy especiales en este 2020 de pandemia, en aislamiento social y confinamiento en buena parte del mundo, con pocas manifestaciones callejeras, tradición desplegada por más de un siglo desde 1890. 
Razones para la movilización y protesta no faltaban, ya que los principales afectados por el COVID19 y la recesión en curso son las trabajadoras y los trabajadores y con ellos los sectores productivos y empresarios asociados a la capacidad de compra de los ingresos populares.
Confirma lo sostenido el creciente desempleo y la reducción de ingresos por el confinamiento y cuarentenas en desarrollo, ante un mundo organizado en torno a relaciones monetario mercantiles, incluida la sanidad.
No cualquiera puede soportar “aislamientos sociales”, aún con asistencia alimentaria y de dinero, siempre insuficiente para las necesidades sociales de época. El inadecuado hábitat cotidiano impide el “quédate en casa” para todos y todas, y aun con cuarentenas comunitarias, la producción y reproducción de la vida se dificulta.
Por ende, trabajadoras y trabajadores en actividad o pasivos; en situación regular o irregular; tercerizados, por cuenta propia o bajo trabajo esporádico son quienes más dificultades encuentran para el despliegue de la cotidianeidad. Como hace 130 años era muy importante la conmemoración del primero de mayo, que se pretende transformar y manipular como un “festejo”, incluso modificando el sentido, como “día del trabajo”, o “día del trabajador”, ocultando su carácter de fecha histórica de recuperación de luchas internacionalistas.
Luchas por derechos históricos y nuevos reclamos, los que pretenden trascender lo inmediato para proponerse la transformación de la sociedad en una perspectiva de eliminación de la explotación del hombre por el hombre. La conmemoración no se produjo principalmente en las calles, sino en internet, en salas provistas por plataformas de comunicación en donde transitaron actos y debates sobre la coyuntura y el devenir.
Novedosos abordajes teóricos
Hubo recuperación teórica sobre lo que representa la fecha, el lugar del trabajo como actividad humana en la producción y la reproducción de la vida y de la realidad.
Por eso la preocupación de la forma de organización económica de la sociedad capitalista y su impacto sobre los cuerpos y el fenómeno de la discriminación de género que aborda con imaginación y creatividad la economía feminista.
Si los trabajadores son afectados ante la recesión y el COVID19, más aún las mujeres y la diversidad de género ante la discriminación existente. La fecha convocó a pensar el lugar de la mujer y las diversidades en los papeles asignados en la producción, en las tareas de cuidado, de provisión de recursos para la vida familiar, incluso en las organizaciones sociales y sindicales.
Los micro machismos se renuevan en la vida cotidiana, aún y más allá de la ampliación de la presencia creciente de las mujeres en el mercado de trabajo. La doble jornada, en la empresa y en el hogar, sigue siendo una forma de discriminación, que se mantiene en las propias organizaciones sociales y sindicales, aun cuando se agiganta el lugar de las jefas de hogar y la feminización de la organización popular, especialmente en los territorios.
Un tema curioso pasa por la reivindicación histórica de la jornada de 8 horas, originaria de los reclamos por 130 años. Es curioso, porque el desarrollo científico y tecnológico en este Siglo XXI, con robótica, automación e inteligencia artificial nos hace pensar en la posibilidad de la reducción de la jornada laboral y no en la ampliación, tal y como demandan las reaccionarias reformas laborales exigidas por las patronales en todo el mundo.
Esta ampliación de la jornada laboral fue tema de discusión en los noventa en Argentina y recientemente en la desarrollada Europa. La ampliación de la jornada es demandada por la patronal, aun cuando acepta promediar en el año una labor diaria de 8 horas.
La jornada podría disminuirse sustancialmente, incluso planificando las horas de trabajo socialmente necesarias a desarrollar por el conjunto de la población trabajadora, eliminando el desempleo o el subempleo. Es posible disminuir el tiempo de trabajo, asegurando salarios acordes a las necesidades sociales de época.
Puede sonar utópico sostener ingresos y bajar horas de trabajo ante el rechazo de las patronales para resignar ganancias, pero en tiempos de crisis civilizatoria ante la pandemia en curso, bien vale discutir el orden económico social.
Es un hecho el crecimiento de la riqueza, es decir, de la capacidad de producir de la humanidad en su conjunto, al tiempo que creció la desigualdad y la concentración de la riqueza en pocas manos. El desempleo y subempleo masivo es resultado de un orden social sustentado en la explotación de la fuerza de trabajo.
La OIT alude a casi 200 millones de desempleados en el mundo para el 2019, con creciente precariedad en el empleo, y augura escenarios que agravan la situación para el presente año, con incrementos siderales del desempleo en función de la situación presente. Solo en EEUU, la gran potencia económica del mundo, en poco más de un mes se perdieron 26 millones de puestos de trabajo, que se transforma en algo recurrente en todo el mundo.
Remitimos a problemas económicos, políticos y teóricos. Económicos porque hacen a la cotidianeidad, a ingresos de trabajadoras y trabajadores, a condiciones de trabajo, del empleo y la salud y condiciones de trabajo y vida; pero también políticos, porque remiten a la organización sindical, territorial y comunitaria, tanto como al lugar de la clase trabajadora en la sociedad y el estado. Pero también decimos teórico porque remite a nuevas reivindicaciones y desafíos civilizatorios.
No es nueva la reivindicación y lucha por la igualdad respecto del trabajo de las mujeres y diversidad, pero si adquiere nueva dimensión en la coyuntura por la lucha del movimiento feminista en el ámbito mundial. Del mismo modo, aparece la lucha por problemas que aparecen más allá del proceso de trabajo y sin embargo son consecuencias directas del mismo. Remito a la lucha por el medio ambiente, a la defensa de la ecología y el planeta tierra, afectado por el modelo productivo y de desarrollo, asociado a la explotación de la fuerza de trabajo y al saqueo de la naturaleza.
Nuevo internacionalismo
Asistimos a un tiempo de revalorización del “nacionalismo”, del “proteccionismo”, como crítica a la globalización o mundialización desplegadas en el último medio siglo por los sectores hegemónicos. Alcanza con pensar el papel de Trump en EEUU, el Brexit en Gran Bretaña o de Bolsonaro en Brasil, entre variadas realidades de renovado nacionalismo que discute el orden mundial o regional. Ello ocurre al mismo tiempo de la internacionalización del modelo productivo y el régimen del capital, lo que convoca a renovar el internacionalismo proletario en las nuevas condiciones del desarrollo capitalista.
Como todos los primeros de mayo se recupera el himno mundial de los trabajadores, “la internacional”, cuya letra y música son previas a las celebraciones por el día internacional de las trabajadoras y los trabajadores, y que remite a la Asociación Internacional de los Trabajadores. Esta fue creada bajo la dirección de Carlos Marx en 1864, con la pretensión de construir la fuerza social y política para revolucionar la sociedad, tarea mundial de la clase obrera, que como señala el texto de la canción indica el sujeto de las transformaciones y la tarea a resolver: “Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan…”, “…cambiemos el mundo de base hundiendo al imperio burgués…”. “Agrupémonos todos en la lucha final, y se alcen los pueblos con valor, por la Internacional”.
La Internacional es un símbolo de la unidad mundial de las trabajadoras y los trabajadores en la lucha contra el capitalismo y por la emancipación social. Escuchamos en este primero de mayo las versiones clásicas de la Internacional, tanto como versiones musicales rockeras, latinoamericanas, en ruso, en idish y variados idiomas, incluso con señas para no oyentes.
Esa difusión masiva del símbolo que proclama el internacionalismo asume la demanda social por recuperar la necesaria articulación mundial del movimiento social, sindical, obrero en un momento histórico que clama más que nunca por la unidad de las trabajadoras y los trabajadores de todo el mundo. Se necesita un nuevo internacionalismo que asuma un proyecto renovado de estrategia de las trabajadoras y los trabajadores de todo el mundo en la disputa del poder.
Resulta de interés enfatizar la contradicción entre dos tendencias, una de corte nacionalista, presente en ciertos sectores del poder mundial que disputan el reordenamiento del sistema capitalista, los que promueven el desorden de la mundialización desplegada por medio siglo y así reestructurar la dominación y lógica del capital en la actualidad; otra que proviene desde abajo para recomponer una estrategia de la clase trabajadora y de los pueblos por otra sociedad sin explotación ni saqueo de los bienes comunes.
Es una contradicción que evidencia este tiempo de pandemia, la que convoca a pensar en el día después, ese que pretenden acelerar las patronales eludiendo las cuarentenas. Pero más allá de la voluntad de los propietarios de los medios de producción, la pandemia puede ser oportunidad para discutir que la civilización necesita cambiar el modelo productivo y de desarrollo.
¿Cuál será el derrotero de la sociedad mundial luego de la pandemia? ¿Cuál de los proyectos dominantes en pugna saldrá fortalecido y bajo qué relaciones entre el capital y el trabajo se abrirá paso? ¿Más flexibilización salarial y laboral? Claro que también los interrogantes habilitan a transitar un rumbo alternativo relativo a la unidad de la clase trabajadora, con sus especificidades actuales de trabajo asalariado, precariedad y marginación, en un proyecto de poder para construir otras relaciones sociales de producción, el viejo sueño que inspiró a La Internacional y a los fundadores de la teoría de la revolución.
Resulta de interés teórico verificar el apuro patronal por terminar con la política de aislamiento social, ya que el capital fijo inmovilizado no produce valor, incluso con más precisión, el capital constante (término acuñado por Carlos Marx) expresado en infraestructura, maquinarias, herramientas, materiales y materias primas, sin la actividad humana del trabajo, no produce valores, por ende, no genera ganancias, y niega la capacidad de acumulación, debilitando el proceso de reproducción sistémico y habilitando la condición de posibilidad de discutir el orden en su conjunto.
Pese a los críticos de la ley del valor, esta se abre paso en la demanda de los empresarios por volver al trabajo, por reabrir las actividades económicas cerradas por imperio de las demandas sanitarias. La ley del valor fue el gran aporte en el origen de la economía política clásica, con Adam Smith (1776) y David Ricardo (1817), máximos exponentes de la novel ciencia, y con la crítica de la economía política se develó el origen del excedente, el plusvalor.
Ni la clásica escuela de la disciplina, ni los neoclásicos desde fines del Siglo XIX, especialmente su moderna versión neoliberal desde el último cuarto del Siglo XX, jamás se preocuparon por develar el origen del excedente, tarea desarrollada por la crítica de El Capital, escondido para la ciencia oficial desde la propia edición de la obra en 1867. Es que reconocer al trabajo humano y a la venta de la fuerza de trabajo como causa y razón de la ganancia supone discutir la validez de los mecanismos de apropiación privada y distribución de la riqueza social generada y, por ende, la necesidad de transformar el orden económico y social.
De ahí que en este primero de mayo fortaleció el debate intelectual en términos de reivindicaciones concretas de trabajadoras y trabajadores, empleo y salario, condiciones de trabajo y de vida, reducción de la jornada laboral, pero también y muy especialmente en el trabajo de las mujeres y las discriminaciones; en el cuidado del medio ambiente y los bienes comunes; pero esencialmente que la riqueza social es producto del trabajo humano y que sigue siendo una asignatura pendiente la emancipación del trabajo.
Buenos Aires, 3 de mayo de 2020

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