Argentina ingresa al default de su deuda
pública en cuotas, de hecho, y sin decisión soberana de confrontar ante una
deuda sospechada en buena parte de odiosa, ilegítima e ilegal.
¿Por qué decimos en cuotas? El gobierno de
Mauricio Macri “reperfiló” una parte de la deuda, imponiendo de facto un
mecanismo unilateral de postergación de los vencimientos, anunciando la primera
cuota de una decisión por la cesación de pagos.
Hace poco, el nuevo gobierno postergó para el
próximo año la deuda en divisas de legislación nacional. Esa fue la segunda
cuota de una realidad por el default. La tercera cuota o etapa acaba de
cumplirse el pasado viernes 22 de mayo, luego de trascurridos los 30 días de
plazo para cancelar un vencimiento por 503 millones de dólares.
Si no antes, para fines de junio se procesará
una cuarta etapa. Los vencimientos involucrarán a los bonos renegociados en el
2005. Podrá haber sucesivas etapas o un abrupto final, pero el default es un
dato cantado de la realidad, en cuotas o al contado.
Es cierto que todo se disimula porque se
informa que se habilitaron negociaciones particulares y “confidenciales” con Fondos
de Inversión, tenedores de títulos de la deuda, junto a demandas en ámbitos
normativos del exterior para evitar la declaración formal de la cesación de
pagos.
Para ser más precisos y como parte de la cesión
de soberanía jurídica, se informó que sigue la negociación ante la “Security Exchange
Commission”, la Comisión de Valores y Bolsa, agencia del gobierno de EEUU responsable
de hacer cumplir las leyes federales estadounidenses sobre los mercados
financieros y bolsas de valores, de opciones y otros mercados de valores
electrónicos.
Allí están registrados los títulos argentinos y
la propuesta de negociación, una práctica generalizada desde tiempos de la
dictadura genocida, ratificada en todas las renegociaciones instrumentadas por
los diferentes turnos constitucionales desde 1983.
El episodio Griesa no es un hecho anecdótico,
que ahora con otros personajes puede reiterarse. El país se encuentra a días de
poder ser demandado en tribunales de Nueva York, incluso de otras ciudades en
otros países. Es lo que hemos denominado pérdida de soberanía jurídica.
Se arguye que, si no se establecen esas condiciones
de prórroga de jurisdicción, no se obtendrían préstamos ni inversores
(especulativos), algo sobre lo que no resulta imprescindible, según venimos
insistiendo.
Tanto el gobierno como el FMI sostienen que la
deuda resulta impagable, por eso se promovió la ley de sustentabilidad, aprobada
por un amplísimo abanico político en el Parlamento. Resulta abrumador el
consenso pagador entre la dirigencia política en el país.
Pese a la declaración de impagable, con gran
esfuerzo fiscal y de reservas internacionales, y más allá de las
postergaciones, muchos vencimientos se cancelaron, desperdiciando valiosos
recursos necesarios para atender la emergencia sanitaria y económica, de una
recesión que se agrava con el trascurso del tiempo.
No hay dudas de los desastrosos efectos
sociales de la recesión y la vocación de pago de la deuda, aun con amplísimas políticas
compensatorias asumidas desde el Estado.
Recesión
El INDEC informó los datos a marzo 2020, señalando
una caída del estimador mensual de actividad económica (EMAE) de -11,5%
respecto al mismo mes de 2019, y una baja de -9,8% respecto al mes anterior y
-5,4% entre enero y marzo del presente año.[1]
Son datos preocupantes que agravan la tendencia
construida de arrastre en el gobierno de Mauricio Macri. Más aún si se
considera que marzo solo incorporó 10 días de cuarentena, con abril y mayo que
seguramente deteriorará aún más la capacidad de generación de bienes y
servicios, con la continuidad del aislamiento social preventivo y obligatorio
(aspo) que seguirá por lo menos hasta comienzos de junio.
Entre los principales afectados están los
perceptores de ingresos fijos, trabajadoras y trabajadores en actividad,
pasivos, regulares e irregulares, pero también los pequeños empresarios que asocian
sus ingresos a la venta en el mercado interno. Quienes reciben ingresos fijos
retroceden por mermas absolutas en variados casos (suspensiones, despidos,
reducciones de salarios) y por impacto de la inflación de precios en la mayoría.
Resulta grave la situación de los jubilados, no
solo de aquellos que no acompañan la suba de precios. Un 40% de los de haberes
superiores percibirán actualizaciones por debajo de la evolución inflacionaria.
Por su parte, los rangos más bajos de ingresos previsionales, reciben apenas un
40% de la canasta necesaria para una vida con mínimas condiciones de
satisfacción y dignidad. La baja de los ingresos populares impacta en el
consumo y por ende en esa masa de empresarios y comerciantes que vende a esa
población.
Son millones que no consumen por escasos ingresos
y otros muchos que no pueden producir y/o facturar, sea por la cuarentena o por
lo escaso de los recursos de las familias de menores ingresos.
Aun cuando el Estado asegure parte de la nómina
salarial, el costo por abrir algunas actividades hace insostenible su
continuidad. Ni hablar de aquellos que pueblan la informalidad empresarial, por
lo que no pueden sostener la actividad y los ingresos, agudizando el problema
general.
En ese sentido debe inscribirse la lógica de 12
millones de personas que demandaron el Ingreso Familiar de Emergencia, cuando
solo se aceptaron a 8 millones y no todos percibieron aún la primera paga de
dos hasta ahora aprobadas. El presidente informa que por ahora percibieron el
subsidio 6 millones de beneficiarios, restando aún dos millones para acreditar
la primera de dos cuotas.
La cuarentena solo puede resistirla quien tenga
suficiente ahorro o capacidad de endeudamiento, lo que demanda garantías
suficientes. Una mayoría absoluta está afectada por las consecuencias de la
emergencia en curso y con arrastre histórico de pérdidas de derechos e
ingresos.
Aun así, muchas de estas empresas han
solicitado y recibido la ayuda estatal, incluso con algunos beneficiados que son
tenedores de títulos de la deuda en proceso de negociación. Varios de ellos
figuran entre quienes hicieron parte del proceso de fuga de capitales que
explicitó el BCRA el pasado 14/5. En ese informe se alude a una fuga entre fines
del 2015 y del 2019 por 86.200 millones de dólares, agravada y de mayor volumen
que los desembolsos del FMI por 44.100 millones de dólares.
La recesión de arrastre o la promovida por la
emergencia ante el coronavirus no afecta por igual a toda la población y las
políticas compensatorias, apenas disimulan un impacto regresivo que hace más
desigual a la sociedad argentina.
¿Cómo seguir?
Hay que discutir la estrategia sobre la deuda
pública, al tiempo que se discute las formas de atender la emergencia sanitaria
sin agravar las desigualdades que potencian la concentración de ingresos.
Vale afirmar que la deuda pública no es solo un
problema del país, sino que adquiere nuevas dimensiones como problema global
ante la pandemia y el arrastre de la crisis no resuelta desde la explosión
entre 2007-09.
Los Estados capitalistas más desarrollados
sostienen con emisión de moneda y de deuda la estructura económica social de
poder, a costa de un crecimiento impresionante del desempleo, el subempleo y la
precariedad laboral.
Se impone el default soberano y cuidar los
escasos recursos fiscales y de reservas internacionales para financiar un
proceso de transformación productiva que reoriente el consumo en función de la
satisfacción de las necesidades de la mayoría empobrecida.
Un proceso de cambio del modelo productivo y de
desarrollo supone asegurar financiamiento para emprendimientos económicos
sociales que actúen en la producción y reproducción de la vida de millones de familias,
las que integran la zona de menores ingresos de la población, aproximadamente
la mitad de los habitantes de la Argentina.
El financiamiento resulta imprescindible para
el acceso a tierras, máquinas y equipos, materiales y materias primas, tanto
como el estímulo a obras de infraestructura que potencien un sector social de
la economía.
Por ello es que se deben suspender los pagos de
la deuda, al tiempo que se organiza una auditoria con participación popular,
enfocada en la determinación de la ilegitimidad, ilegalidad y el carácter odioso
de la misma.
No alcanza con no pagar, por lo que se requiere
una profunda reforma tributaria que descargue el financiamiento público sobre quienes
se enriquecieron con la especulación, el endeudamiento o la fuga, información
que se puede obtener cruzando la información del BCRA, de la AFIP, e incluso de
las investigaciones sustanciadas en Poder Judicial.
Se le teme a la réplica del poder mundial por
la suspensión de pagos. En realidad, el problema es seguir cumpliendo pagos o
negociar pagos futuros, que agudizan la hipoteca de la sociedad. Una asignatura
pendiente por décadas es la investigación de la deuda pública, que identifique
a los responsables de tan importante condicionante sobre la economía y la
sociedad.
Más grave para la sociedad será continuar lo
que siempre se hizo al respecto, no solo sobre deuda pública, sino sobre la
organización de la producción y la distribución de los ingresos y la riqueza.
Si no se cambia profundamente, el horizonte es la vuelta a la “normalidad”,
agravando la pobreza y la concentración.
Seguir pagando no asegura beneficios para la
mayoría de nuestra sociedad, sino más de lo mismo. Confrontar con el poder
local y global supone problemas, si, otros problemas, pero supone definiciones
soberanas para culminar con años de decadencia que aumentaron las graves
consecuencias sociales y económicas sobre millones de argentinos.
Los fondos acreedores seguirán presionando para
aminorar la pérdida de ganancias y la sociedad tendrá que mejorar su iniciativa
para imponer soluciones soberanas. Suena a revolución y que mejor homenaje en
la víspera de los 210 años de la Revolución de Mayo.
Buenos Aires, 24 de mayo
de 2020
[1] INDEC. Estimador Mensual de
Actividad, 20/05/2020, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/emae_05_207F634B218B.pdf
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