Antes
de la pandemia por el coronavirus la situación de la mayoría de las
trabajadoras y los trabajadores, las/os regularizadas/os o las/os que no lo
están, las/os activas/os y pasivas/os, era grave, en términos de ingresos y
acceso a derechos. Es una característica de este tiempo del capitalismo y la
ofensiva capitalista, neoliberal, construida desde la salida de la crisis de
los setenta del siglo pasado, que se manifiesta en caída de los salarios e
ingresos populares, flexibilización y precariedad laboral, con empobrecimiento
ampliado de los de abajo. La tendencia, más allá de algunos intentos por
contener los regresivos efectos sociales, en el país y en el mundo, confirma un
retroceso en las condiciones de vida de la mayoría social por casi medio siglo,
y con impacto negativo sobre la naturaleza, afectada por el extractivismo
exacerbado y el saqueo de los bienes comunes.
Esa “normalidad”
no nos satisfacía y no queremos a ella volver, sin embargo, la presencia del
virus corona y agrava los efectos regresivos sobre la población empobrecida,
incluso, afectando a sectores de ingresos medios y altos, que claman contra
ciertas medidas preventivas de aislamiento. El tema es el cierre parcial, bastante
extendido, de esferas de la producción y la circulación de bienes y servicios,
con su impacto limitante en el acceso a la satisfacción de necesidades
elementales. Volver a la normalidad es el reclamo que se instala en cierto “sentido
común”. Nos parece interesante discutir el tema relativo a que “normalidad” es
aquella a la que se pretende volver. Por ejemplo, en aras de la “normalidad” se
negocian salarios a la baja para mantener empresas, afectando desde el 30 al
70% de los ingresos salariales previos a la pandemia. Es sin duda un ajuste,
tal y como ocurre con el ascenso de los precios, especialmente de los alimentos,
medicamentos y otros bienes y servicios que integran la canasta básica. Para el
caso argentino, más allá del congelamiento de tarifas y combustibles, entre
otras disposiciones para evitar subas de precios, la última medición del INDEC
explicita una nueva escalada de una inflación que venía en retroceso desde
diciembre 3,7%; enero 2,3%; febrero 2% y que escala en marzo con el 3,3%[1],
incorporando nuevas incertidumbres sobre el futuro cercano.
La
política pública asistencial en materia de alimentos y de ingresos monetarios
intenta morigerar los efectos dramáticos sobre una mayoría empobrecida, que no
puede resolver en la emergencia la reproducción de una cotidianeidad de
subsistencia. Un tema adicional son los problemas logísticos del abastecimiento
que no llega a todos los territorios, e incluso, se agrava con la evidencia de
compras amañadas y sobreprecios. Por ello, no debe sorprender que ante las
insatisfechas necesidades emerge la protesta e incluso la movilización pese al aislamiento,
caso visible ante cesantías; pero también la solidaridad vía ollas populares,
comedores en las barriadas y formas de asistencia comunitaria auto gestionada.
La demanda por “resolver” estimula perspectivas críticas de desobediencia o
movilización. En algunos casos, esta perspectiva es utilizada por el discurso
de los sectores hegemónicos que inducen un fin apresurado de las medidas de
prevención que involucran a la cuarentena. Es fuerte la presión empresaria para
terminar con el aislamiento, que actúa sobre la realidad de necesidades insatisfechas
en buena parte de la población empobrecida.
Por
eso se necesitan medidas de política económica que vayan más allá de la
emergencia y la subsistencia para empezar un camino de transformación en la
producción y circulación de bienes y servicios. Una orientación hacia una nueva
“normalidad”, diferenciada de la lógica de orden económico en que estábamos antes
de la COVID19. Un punto de partida proviene de la cuarentena comunitaria, de
esa parte de la población que no puede por condiciones objetivas cumplir con el
aislamiento obligatorio. A estos sectores y espacios territoriales debe llegar
asistencia financiera, material adecuado, incluso
medidas y medios de seguridad sanitaria, formación y asistencia técnico
profesional suficiente, que permita encaminar la producción material para el
autoabastecimiento y la generación de producción social al entorno cercano,
incluso más allá. Esa será la base de un plan más amplio que organice la
producción y circulación de bienes y servicios hacia otra “normalidad” del
orden económico social. Un plan que articule el saber popular con el
profesional y que hoy recorre experiencias autogestionarias en todo el país.
¿De dónde saldrían los recursos?
La
propia situación mundial está orientado el debate hacia inusitadas medidas, que
en otro tiempo podían parecer imposibles. Los propios organismos
internacionales están llamando la atención para flexibilizar restricciones fiscales
o monetarios de los países ante la COVID19. Se demandan urgentes disposiciones
relativas a la recomposición de la capacidad de atención de la salud pública y
a una orientación estatal de la inversión en desarrollo científico y tecnológico
relativo a la sanidad y a la emergencia. Más que achicar el déficit, las
propuestas se orientan a relajar la contención del gasto público.
Es
la caída de la producción mundial la que impone flexibilizar las restricciones
a la emisión, que era y es norma sagrada entre los cultores de la corriente
principal del pensamiento económico. Esta flexibilización de la política
económica se verifica en los principales países del capitalismo mundial. Solo
EEUU aprobó un paquete inicial de 8 billones de dólares más flexibilizaciones
crediticias y subsidios. En el mismo sentido y en proporción relativa avanzaron
Europa, Japón e incluso China. Se trata de una flexibilización relativa a contramano
de una verdad sostenida por la ortodoxia monetarista, impuesta por la realidad
del impacto económico y social de la situación de crisis.
No
solo emisión, sino impuestos extraordinarios a los sectores más acomodados. La
difusión de estudios sobre la desigualdad extendió el consenso para aplicar una
tributación que achique la brecha de ingresos y riqueza. En Argentina empezó el
debate, estando aún pendiente el alcance de los sujetos de la imposición y el
monto a tributar, el que debe calibrarse en función de las necesidades de la
emergencia y el plan de transformación productiva requerido y antes mencionado.
Es obvio que los presuntos sujetos del impuesto despliegan una campaña crítica,
intentando legitimar su papel de esenciales a la hora de definir el proceso
productivo, invirtiendo la lógica teórica de que el capital es producto del
trabajo humano.
La
propuesta realizada a los tenedores de bonos de la deuda pública externa de
legislación extranjera en estos días, habilita la discusión del uso de los
recursos públicos, especialmente por los tres años de gracia en pagos de
capital e intereses que promueve. Esta propuesta, como el re-perfilamiento de
la deuda en divisas de legislación nacional, suspendiendo los pagos por este
año abre un debate sobre el tema de la deuda. No es menor liberar recursos en
la coyuntura, pero es evidente que no alcanza postergar un año los vencimientos
de legislación nacional o tres años los de legislación extranjera. El problema
subsiste, aun cuando se posterga un desenlace de inevitable default. Hay
quienes sostienen que lo importante es el hecho de la suspensión temporaria,
pero también habilita imaginarios que chocarán con la realidad de una impagable
hipoteca sobre la economía y la sociedad en su conjunto.
Los
anuncios del gobierno sobre unos 66.500 millones de dólares en manos de privados,
un 20% del total de la deuda, acompañados por el arco diverso del oficialismo y
gran parte de la oposición, especialmente los gobiernos provinciales,
manifiesta la voluntad de pagar la deuda pública, aunque ahora aparece la
novedad de quitas de intereses (62%) y capitales (5,4%) con tres años de
gracia. Argentina ofrece canjear a tenedores privados de bonos, 21 títulos con
vencimientos que llegan hasta el 2117. El canje será por 10 nuevos títulos, 5
nominados en dólares y otros 5 en euros, con tasas de interés en ascenso desde
0,5% para los primeros vencimientos en 2023, y una suba progresiva que llega a
tasas del 4,875%. La propuesta supone pagos del capital en cuotas anuales desde
el 2026 al 2047. Todo con tres años de gracia, 2020, 2021 y 2022. La propuesta
está abierta por 20 días y resulta incierto el final de la negociación. No
queda claro el qué y el cómo de la acumulación económica desde ahora hasta el
2023 para generar las condiciones de pagos en ese año y luego con intereses
crecientes desde el 2025, los que se acompañaran de desembolsos de capital
desde el 2026 y sucesivamente hasta el 2047.
Una
verdadera hipoteca. Por eso, la suspensión de pagos que se demanda ante la
situación mundial y local resultaría más efectivo, claro que supone un nivel de
confrontación más decidido con la lógica de poder especulativo local y global.
Argentina no puede pagar afirman desde el gobierno e incluso el FMI, por lo
cual, los escasos recursos de reservas internacionales deben ser aplicados a la
emergencia y a la transformación productiva que sugerimos. No alcanza con años
de gracia sin modificar el marco de la organización económica de la sociedad.
En
realidad, la voluntad de pago se expresó desde el comienzo de la nueva gestión
con las negociaciones abiertas con el FMI, lo que supone el reconocimiento de
lo actuado en la gestión previa, del mismo modo que se estableció un cronograma
de ofertas de negociación a creedores privados. Por eso el aval parlamentario para
disponer más de 4.500 millones de dólares de las reservas internacionales
dispuesto para cancelación de deuda en la “Ley de solidaridad” aprobada en
diciembre pasado. Fue la primera medida para sustentar las emergencias ante el
cambio de gobierno.
Sostenemos
un financiamiento planificado que incluya emisión monetaria, utilización de las
reservas internacionales, suspensión total de pagos de la deuda junto a una
auditoria con participación popular, y una reforma tributaria a grandes
fortunas para sustentar la emergencia y un plan de transformación económica.
Una transformación del régimen y legislación financiero será también necesaria,
con un conjunto de medidas relativas a la modificación sustancial del sistema
de producción y circulación. Son definiciones que requieren de una acumulación
de poder político que hoy necesita ser programa de una perspectiva de construcción
de poder político para frenar las amenazas de mayor ajuste sobre la mayoría de la
sociedad, pero, sobre todo, para pensar en el escenario futuro post pandemia. ¿Cómo
queda la sociedad superada la emergencia en curso por el COVID19? ¿A qué orden
económico social aspiramos? ¿Cuál normalidad motiva nuestra reflexión relativa
al presente y al futuro? Son interrogantes que circulan más allá de la
inmediatez por atender las urgencias de la reproducción de la cotidianeidad.
Buenos Aires, 19 de abril de 2020
[1] INDEC. Índice de precios al
consumidor (IPC), marzo 2020, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_04_20405E6A626E.pdf
(consultado el 18/04/2020)
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