La
deuda pública en sí misma es un problema y un condicionante de la política en
la Argentina, por su volumen y la imposibilidad de cancelarla en los tiempos
establecidos. Hasta el FMI suscribió por escrito que “la deuda de Argentina no
es sostenible” y agrega que la condición de pago “no es económicamente ni
políticamente factible”[1].
Además,
se complicó la situación económica mundial, con caída de las Bolsas, adjudicada, en la coyuntura, al
Coronavirus. El FMI habla de “Tragedia Humana” y califica el momento económico
de “incertidumbre”[2],
concentrando la explicación en el nuevo virus que ocupa la atención mediática y
la preocupación de las políticas públicas. Sin
embargo, la situación no termina de generalizarse aun
cuando se expande, y ni siquiera puede determinarse el origen, incluso
territorial.
Los
problemas del capitalismo vienen de lejos y están asociados a fenómenos que
intervienen en la ralentización económica, los límites para el crecimiento de
la productividad y, por
ende de la rentabilidad del capital, motivación central del orden capitalista.
Ahora, todo parece explicarse con el
virus y su impacto en China, que podrá crecer en 2020 por debajo del 6%,
incluso del 5%; cuando hace tiempo que el gigante asiático morigeró sus elevadas tasas de crecimiento, las
que ocultaban una más grave tendencia a la desaceleración del capitalismo
mundial.
Resulta
curiosa la mirada en los contagios y los decesos por coronavirus, cuando son
mayores las causas de muerte derivadas de accidentes y enfermedades laborales; o
en accidentes de tránsito callejeros, terrestres, aéreos, o navieros; o por
graves enfermedades que no concitan la atención de los presupuestos públicos,
ni la preocupación de los laboratorios privados, grandes corporaciones de la
mercantilización de la salud. Incluso, pese al desarrollo cubano en la
producción de fármacos, que
atienden algunas de esas graves enfermedades, la lógica imperialista del boicot
y el bloqueo de EEUU y la complicidad del capitalismo desarrollado, impiden la
solución a verdaderas tragedias humanas.
Apuntamos
a destacar que a los problemas de la Argentina con su deuda y por ende con sus principales acreedores, el FMI y los grandes
acreedores privados, los concentrados y poderosos Fondos de Inversión
(Buitres), la situación mundial agrega complejidad en los procesos de
discusión, negociación y disputa por recursos. La propia situación local, de los afectados por la recesión y la elevada
inflación, interviene también en un
complejo entramado de intereses que pugna por la distribución del ingreso y la
riqueza.
Cada quien atiende su juego
Entramos
en tiempo de definiciones. Marzo es la fecha que se auto impuso el Ministerio
de Economía para la renegociación de la deuda Pública Externa. Por un lado, con
el FMI y, por otro, con los Acreedores
Privados. Se supone que las Agencias Públicas no constituyen un problema por
ser considerados insertos dentro de la lógica gubernamental y por ende
subordinadas a las definiciones del poder político.
Con
el FMI existen conversaciones regulares y trascienden guiños de acuerdos para
reformular el acuerdo vigente bajo nuevas modalidades que impliquen años de
gracia en la cancelación de capital e intereses. Ahora se espera la pronta
visita de los auditores del FMI, que se instalarán en la Argentina para
discutir el plan económico de sostenibilidad de la deuda. En criollo supone
afinar las líneas del ajuste fiscal y las condiciones del crecimiento económico
(facilidades para el desembarco de inversores externos) concediendo reformas
estructurales: laborales, previsionales, impositivas.
Los
acreedores privados también juegan y presionan sobre el FMI, con un
razonamiento que alude a “si el FMI no hará quitas a sus acreencias, entonces
que presione un fuerte ajuste fiscal para intervenir en la salida de la
recesión y la elevada inflación”. La vieja receta monetarista, de restricción monetaria y de ajuste fiscal para
abonar un importante superávit de las cuentas públicas, es una aspiración a contramano del discurso oficialista de “no pagar la
deuda con el hambre del pueblo”, o “primero crecer y luego pagar”. Claro que
esas consignas tienen que ser convergentes con la percepción social relativa al
debate sobre jubilaciones o salarios.
¿Cuál
será, finalmente, la propuesta de reforma previsional que emerja
al final de la suspensión de las actualizaciones de ingresos de jubiladas y
jubilados? ¿Alcanza para ese mismo debate los cambios que ahora discute el
Parlamento sobre regímenes especiales de jueces y diplomáticos? ¿Cómo se
percibe por la sociedad el esfuerzo de actualizaciones salariales por monto
fijo, a contramano de la presión sindical por el logro de porcentajes que recuperen
la pérdida de ingresos ante la
alta inflación pasada? ¿Cómo se procesa la actualización tarifaria en debate,
incluso de pesificación parcial? Son interrogantes a tener
en cuenta en la confrontación política, no solo entre
oficialismo y oposición, sino al interior de la coalición frentista en el
gobierno.
Los
acreedores privados empiezan a mover sus fichas y conviene caracterizarlos
adecuadamente. Son grandes empresas financieras, con gestión de recursos
mayores que grandes bancos transnacionales, incluso aquellos que el Gobierno
seleccione para negociar la quita de capitales, intereses y la prolongación de
los plazos de vencimiento. En efecto, se los llama la “banca en las sombras”,
porque no tienen la regulación de la gran banca monitoreada por la Banca
Central. Con esa autonomía han ganado peso en la economía mundial,
especialmente luego de la crisis en EEUU del 2001-02 y, más aún en la del 2007-09.
Es
más, aquilataron gran experiencia en la crisis del default del 2001 argentino.
Fue un éxito esa experiencia, ya que especularon con compras de bonos con enormes
posibilidades de entrar en cesación de pago, por lo que pagaron muy poco y
luego exigieron el 100% de lo sindicado nominalmente en los títulos públicos.
No ingresaron a los canjes del 2005 o del 2010 y ya con las condiciones de un
gobierno afín, el de Macri, cobraron todo en 2016, elevando gravosamente el
endeudamiento público del país. Situación agravada, inimaginablemente, en
2018, con la asistencia financiera del FMI, que desembolso en menos de dos años
44.100 millones de dólares.
Por
eso se sienten fuertes en la negociación con el gobierno, y aun cuando éste aparezca
asociado con el FMI, los buitres presionan al Fondo y al gobierno para lograr
sus propósitos. El ensayo de dureza fue el episodio de la Provincia de Buenos
Aires y en dos ocasiones con el gobierno nacional.
El horizonte del default
Durante
marzo se negociará, y quizá se proyecte a abril, no más, porque en mayo caen
vencimientos muy elevados. Son montos que sobrepasan la posibilidad de pago
según lo acordado en la Ley de las “emergencias”. Allí, se habilitó al uso de
más de 4.500 millones de dólares de reservas internacionales para atender
vencimientos de la deuda pública.
¿Qué
puede pasar? Qué no haya acuerdos suficientes y el horizonte del default sea
inducido por interés, a largo plazo, de los acreedores; o del propio gobierno,
en la lógica de la “insostenibilidad política” del ajuste para cancelar deuda,
aun en el largo plazo.
Por
esa razón es que crece una presión social para investigar la deuda pública
externa y mientras esa auditoria ocurre se deberían suspender los pagos, un
tema que crece en la opinión pública[3].
Es una lógica que trasciende a sectores que hoy lo explicitan públicamente.
Algunos sostienen que es mejor el default que un mal acuerdo que condene al
ajuste perpetuo a la sociedad o incluso a postergar por largo tiempo la
recuperación económica.
Claro
que la deuda pública externa es solo lo visible de un problema mayor que apunta
a considerar las condiciones de la superación de los problemas estructurales de
la Argentina. En ese sentido editorializó The Economist, solicitando que el país
mire a Suiza y no a Venezuela o Perú.[4] La
visión de la publicación británica resalta el punto de vista ortodoxo, que
augura ajuste y reformas reaccionarias contra los derechos sociales.
Aparece, entonces,
como necesario abordar otros puntos de vista, para que la
solución no desemboque en mayores penurias de la mayoría empobrecida, lo que
demanda una discusión a fondo sobre el condicionante de la deuda y el más allá,
lo que supone discutir el modelo productivo y de desarrollo.
Buenos Aires, 28 de febrero de 2020
[1] FMI. Comunicado de Prensa. Declaración
del equipo técnico del FMI sobre Argentina
19
de febrero de 2020, en: https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/02/19/pr2057-argentina-imf-staff-statement-on-argentina (consultado el 28/02/2020)
[2] FMI. Conferencia de Prensa
de Gerry Rice, Director, Departamento de Comunicaciones del FMI, del
27/02/2020, en: https://www.imf.org/external/mmedia/view.aspx?vid=6136530180001 (consultado el 28/02/2020)
[3] Perfil. Encuesta sin grieta:
un 70% opina que la deuda que contrajo Macri debe investigarse, en: https://www.perfil.com/noticias/politica/encuesta-70-por-ciento-opina-deuda-contrajo-mauricio-macri-debe-investigarse.phtml (consultado el 28/02/2020)
[4]
https://www.cronista.com/economiapolitica/Duro-informe-del-britanico-The-Economist-sobre-la-deuda-argentina-con-el-FMI-20200228-0010.html
Copyright © www.cronista.com (consultado el 28/02/2020)
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