La
presión mediática, política e intelectual es fuerte para sostener el dogma del
pago de la deuda y la buena letra con el mando detrás del FMI: el gobierno de
EEUU.
Parte
importante de la propaganda del poder insiste en que las autoridades prontas a
asumir no deben confrontar con Trump, quien se ofrece como mediador ante el
Fondo, al tiempo que apoya y saluda el golpe en Bolivia y la represión en Chile.
En realidad, critican la posición pública de Alberto Fernández con relación al
golpe de Estado contra Evo y las gestiones realizadas para el exilio mexicano
del presidente y vice del Estado Plurinacional de Bolivia.
La
reacción mediática e ideológica solicita alineamiento del nuevo gobierno con la
política exterior de injerencia estadounidense en la región para lograr apoyo
financiero y de esa manera intentan intervenir con sugerencias de que política
y que gabinete debe conformarse. En rigor, lo que se precisa es autonomía e
independencia para resolver las asignaturas pendientes en el país y así mejor contribuir
a modificar una lógica de patio trasero con la que el poder piensa a Nuestramérica desde
Washington.
No
hay que subordinarse a la lógica estadounidense ni fondomonetarista, sino
crecer en autonomía e independencia, aunque ello signifique problemas en el
corto plazo. El condicionante del acuerdo con el organismo internacional se
impone como si fuera un dato insoslayable e ineludible, sin discutir la
posibilidad de confrontarlo e impugnarlo.
Más
que nunca se requiere investigar la deuda, la nueva durante la gestión de Macri
y la vieja acumulada desde tiempos de la genocida dictadura.
No
debe descontarse la legalidad de los créditos, ni el privilegio a su
cancelación. La investigación de la deuda es un imperativo para indagar en el
uso de los recursos, y mientras ello ocurre debe operar la suspensión de los
pagos, como parte constitutiva de una estrategia para el inicio de un nuevo
tiempo constitucional desde el 10 de diciembre próximo en Argentina.
Combate al hambre o cancelación de la deuda
Acaba
de difundirse la estrategia en torno a un Consejo Federal contra el Hambre,
convocado por Alberto Fernández, el Presidente electo, rodeado por personalidades
y organismos de derechos humanos, sindicales, sociales, empresariales y religiosos,
en un arco muy diverso, señalando la prioridad temática para la próxima gestión.
No
son compatibles ambas cuestiones. No se puede compartir el objetivo de cumplir
con los acreedores “externos” y con los “internos” relativos a las necesidades de
alimentación, salud, o educación, entre otros muchos aspectos. El hambre está
primero y hasta no resolver el problema no debe considerarse otra prioridad.
El
pago de la deuda supone el ajuste fiscal comprometido con el FMI, lo que supone
achicar aún más el gasto social, cuando en paralelo crecen los intereses del endeudamiento
público.
Al
mismo tiempo, el privilegio al condicionante de la deuda establece el consenso
para generar divisas para la cancelación de las acreencias. Esas divisas se
obtienen de promover y exacerbar el modelo productivo sustentado en las
exportaciones derivadas del agro negocio o la nueva vedette en los
hidrocarburos no convencionales, fractura hidráulica y contaminación mediante.
El discurso
hegemónico del poder asume el crecimiento de las exportaciones para generar
excedentes con destino al pago de la deuda pública y consolidar el poder del
capital extranjero asociado a la cúpula burguesa local.
Hay consenso
entonces en sostener el modelo productivo de inserción subordinada y generar
divisas vía exportaciones. Es el camino, sostienen, para cancelar una deuda que
enfatizamos: es incobrable.
La
deuda augura una recurrente y gravosa hipoteca para el conjunto de la sociedad.
Se necesita salir de la trampa de la deuda y la especulación, con el chantaje
proveniente del sector financiero que amenaza con desfinanciar al país, como si
el actual financiamiento hubiese servido para resolver necesidades de la población.
De hecho, ha sido un mecanismo de fuga de capitales.
El
hambre es la prioridad y hacia ese objetivo debe concentrarse toda la energía
de la política pública, lo que supone definir políticas específicas de
promoción de la distribución del ingreso, el empleo y la recuperación del mercado
interno. Es la lógica que encadena el conjunto de la política económica.
¿Qué hacer entonces con la deuda, el FMI y el modelo
productivo?
Hay
que denunciar lo realizado por el gobierno Macri y la complicidad institucional
en estos años, lo que requiere de un profundo debate en el conjunto de la
sociedad.
Por
eso se debe confrontar el consenso del poder y transitar una batalla de ideas
para ganar un consenso alternativo, para desarmar la lógica especulativa que
viene de las reformas financieras y de inversiones externas desde tiempos de la
dictadura.
Se
trata de un debate a fondo sobre qué es lo que produce el país y que debe
producir, tanto como quienes son los beneficiarios y principales organizadores de
ese orden económico.
La
información relativa a la estructura productiva en la Argentina, propiciada por
el INDEC con fuentes provistas por la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales,
señala que la producción primaria (agropecuaria, minería, extractiva en
general) ronda el 17% de la actividad económica. El sector secundario,
industria y construcción apenas supera el 19%, con lo que entre ambos sectores se
procesa un tercio de la capacidad productiva del país, sin mencionar el complejo
propietario dominado por el capital transnacional. El resto son servicios en
torno al 49% e impuestos netos de subsidios por encima del 15%.
Esta
estructura de producción de bienes y servicios debe ser cuestionada, sin
perjuicio de analizar en profundidad que tipo de producto (PBI) es el que se
genera en nuestro país.
Además,
se debe cuestionar la propiedad concentrada de ese aparato de producción de
bienes y servicios, tanto como los beneficiarios de la política tributaria.
¿Se
trata de una producción pensada en satisfacer necesidades o es un mecanismo
para resolver ganancias y un proceso subordinado de acumulación de capitales y
dominación social?
Reestructurar
el aparato productivo del país y discutir la propiedad de los medios de
producción requieren de un debate que está muy alejado de la discusión pública contemporánea.
En
principio se debe pensar y actuar con lógica de soberanía popular para atender
necesidades sociales insatisfechas. En ese sentido se requiere cuestionar el
destino de la producción, que reconoce un escaso 13% de inversión, con mínima
capacidad reproductiva en una lógica de superación de la dependencia derivada
de la importación de medios de producción: maquinarias y herramientas.
Por
su parte, el consumo es una variable necesaria para el debate, ya que se trata
de un guarismo elevado en la ecuación macroeconómica, que alcanza al 78%, un
64% el privado y un 14% el público.
Hace
falta discutir la composición del consumo privado, y del público, para privilegiar
la satisfacción de las imperiosas necesidades de los sectores más vulnerables.
¿Cómo financiar un proyecto alternativo y soberano?
La
recaudación tributaria se asienta en un 50% en el IVA, que afecta a los
sectores más desprotegidos; un 30% en Ganancias y el 20% restante en varios
impuestos de baja recaudación.
Es
un régimen de recaudación regresivo, que debe ser sustituido. No alcanza con la
reciente eliminación del IVA para algunos bienes de la canasta. Hace falta
bajar la alícuota y modificar el sentido con merma en la participación general
de la recaudación total.
Por
su parte en el impuesto a las Ganancias se debe eliminar la imposición a
trabajadores activos y pasivos, al tiempo que centralizar la percepción en las
empresas más concentradas, diversificando los porcentuales en beneficio de las
más chicas.
Según
la AFIP, más de 200.000 empleadores solo ocupan un/a trabajador/a y son el 36%
de los empleadores en el país, lo que si se extiende a 3 trabajadores suman más
de 300.000 empleadores, que alcanzan a 411.000 con hasta 5 trabajadoras/es. Con
más de 500 trabajadoras/es son apenas un poco más de 1000 empleadores, la cúpula
empresarial en la Argentina, sobre quienes debe recaer lo principal de la imposición
sobre Ganancias.
El
impuesto a los bienes personales es apenas marginal, por debajo de medio punto
porcentual.
Lo
que proponemos es discutir el modelo productivo y la estructura productiva y de
propiedad, al tiempo que se requiere considerar quien debe financiar el Estado y
su política económica en una perspectiva de emancipación y liberación.
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2019
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