Dolarización creciente de la economía en Argentina

La situación económica se agrava para la mayoría de la sociedad en la Argentina.

Un indicador importante deriva de un dólar por encima de los 40 pesos u oscilando en torno a ese precio, sin que nadie pueda asegurar que la divisa estadounidense llegó ya a su techo.

En rigor, esa cotización del dólar perjudica la condición de vida de la mayoría de la población, pero favorece a muy pocos y concentrados productores y exportadores junto a especuladores locales y externos que acumulan con operaciones en el mercado local.

No es cierto que la devaluación perjudique a todos por igual. Existe un núcleo de poder económico que con la corrección cambiaria sale enormemente beneficiado, con mejor rentabilidad e ingreso para acrecentar la acumulación de riqueza.

La devaluación resulta un mecanismo de transferencia de ingresos y riqueza hacia acreedores externos y grandes exportadores.

Un futuro promisorio

Variados “opinólogos” sobre economía y política, del gobierno y especialmente críticos por derecha, sostienen que ahora, con este dólar el país será más competitivo, lo que ofrecerá mejores condiciones al balance de pagos en el mediano plazo.

Argumentan que con este precio de la divisa se desestimula el turismo hacia el exterior y se favorece el turismo local, con sus secuelas en hotelería, gastronomía y producción local con impacto en el empleo y mejora de las cuentas externas.

En el mismo sentido sostienen la potencial recuperación de la producción local por encarecimiento de las importaciones, favoreciendo el empleo y la recuperación económica local en todo el territorio.

Se trataría de un futuro con menor déficit comercial y turístico, incluso su posible eliminación.

Antecedentes para pensar en esa consecuencia nos remite a la devaluación del 2002, que entre otras cuestiones generaron las condiciones de posibilidad para la salida de la gran recesión entre 1998 y 2002.

Desde lo propagandístico remite a un futuro promisorio. Ahora en la coyuntura, la devaluación incrementa la pobreza y caída de los ingresos populares, pero se constituye en plataforma de superación de la recesión en curso.

Se presenta a la devaluación como una necesidad del ajuste de la economía, en un rumbo de miseria presente y futuro prometedor, casi como promesa en campaña electoral.

Ajuste fiscal y presupuesto 2019

Claro que ese futuro promisorio requiere también de la eliminación del déficit fiscal, tema que se tramita en Washington con renovación del acuerdo de junio pasado con el FMI.

A cambio de acortar el plazo de los desembolsos del organismo internacional e incluso gestionar más fondos, el compromiso local es el ajuste sin anestesia para bajar el gasto público social.

Esa negociación en Washington tiene correlato en las búsquedas de consenso político en la Argentina para lograr antes de fin de año el presupuesto 2019 con déficit primario cero.

Los gobernadores de provincias son los primeros en la lista del ablande para el consenso del ajuste, ya que son receptores o no de fondos nacionales para asegurar sus propios fines políticos, incluso de reelecciones en el próximo evento electoral.

El presupuesto del ajuste en 2019 requiere de consenso legislativo, por lo que los poderes ejecutivos provinciales son inducidos por el gobierno nacional a generar acuerdos de legisladores representantes de las provincias para dotar de presupuesto a la Nación y al gobierno Macri.

Se trata de un presupuesto en sintonía con el acuerdo FMI en negociación y que avala la gestión Trump en su estrategia continental para revertir el ciclo “populista” en Nuestramérica.

La aprobación del presupuesto, más si se logra antes de la cumbre de Presidentes del G20 el 30/11 y 1/12, será evidencia de control político institucional para el shock de ajuste exigido por la lógica del poder mundial, más allá de las críticas locales al restablecimiento temporal de las retenciones a las exportaciones.

El sacrificio del presente y el rumbo de la dolarización

La carestía de la vida la sufren los sectores de menores ingresos, con una inflación de precios para agosto del orden del 3,9% y una proyección para septiembre que alcanzaría el 6%.

Son valores que escalan los precios para todo el 2018 en torno al 45%, contra las mejores paritarias logradas en torno al 25 o 28%, en clara pérdida de la capacidad de compra del salario y los ingresos populares.

El combo de inflación y recesión impacta regresivamente a salarios, jubilaciones y planes sociales, afectando a millones de personas de menores ingresos.

Los índices de precios se explican también y en parte por el cambio de la cotización del dólar, en una economía que ya está dolarizada, por lo menos en precios de los combustibles, en tarifas de servicios públicos o en negocios inmobiliarios.

Por lo tanto, la propuesta de dolarización o convertibilidad llegada desde un asesor de la Casa Blanca no resulta una propuesta extraviada, más allá de desmentidos oficiales desde el gobierno o del propio FMI.

El camino en curso apunta a la dolarización o si se quiere, a la perdida permanente y recurrente de soberanía monetaria, tal como sostienen y fundamentan opositores por derecha al propio gobierno.

Se destacan en ese sentido José Luis Espert o a Javier Milei con opiniones relativas a la exacerbación del ajuste e incluso la eliminación del BCRA para liberalizar el uso de las monedas entre la población.

Es una concepción de liberalización exacerbada con menos Estado y regulaciones para asegurar la total libertad del mercado.

¿Qué presente y qué futuro?

Muchos sostienen que esto no aguanta más, que todo explotará por el aire, con un diagnóstico apocalíptico y catastrofista.

Resulta más realista pensar que no hay límite para la pérdida de derechos (salud, educación, empleo, salario e ingresos) y el deterioro de las condiciones de vida si no se generan masivas resistencias y muy especialmente elementos para construir un imaginario alternativo con otra ecuación de beneficiarios y perjudicados.

La iniciativa del gobierno está en marcha y supone el presente de inflación y recesión, con ajuste en el gasto social por lo menos para el 2018 y buena parte del 2019, todo financiado desde el FMI y si se puede con recursos complementados por Estados amigos, caso de EEUU e incluso por el mercado financiero mundial.

El problema es la iniciativa política popular, no sola para enfrentar la estrategia en curso, sino para construir un nuevo proyecto productivo y político de sociedad diferente, con más derechos sociales y equitativa distribución del ingreso y la riqueza.

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2018