La situación económica y política de Argentina se viene agravando en un año que puede terminar con una caída del 2 al 2,5% del PBI y una inflación de más del 40% anual.
Ambos datos impactan regresivamente sobre la desigual
estructura socioeconómica del país. Es un proceso con pocos beneficiarios y millones
de perjudicados entre los sectores de menores ingresos de la sociedad.
El resultado directo es una mayor concentración y
centralización de la economía, que genera mejores condiciones para la
profundización de la extranjerización económica y una inserción subordinada a
la lógica mundial del capital en momentos de tensiones globales definidas por
la guerra comercial desatada por EEUU.
Además, con la corrida cambiaria en etapas sucesivas,
escalando desde mayo pasado, en estos días el dólar alcanzó la cotización de 40
pesos por dólar (17,50 en diciembre pasado), lo que motivó que el BCRA elevara
la tasa de interés de referencia al 60% anual para competir, vía intereses, con
la demanda de divisas.
Consolida así a la Argentina como una economía de especulación,
que junto a la inflación y la consecuente recesión castiga a los sectores
productivos de menor peso relativo y sin capacidad de defensa ante la
dominación de las transnacionales y el gran capital local hegemónico.
Los grandes perjudicados son los perceptores de
ingresos fijos: trabajadoras y trabajadores, activos y pasivos, regulares e
irregulares más beneficiarios de planes sociales, los que se cuentan por
millones.
Shock de ajuste
En ese marco, el Gobierno Macri acudió por segunda vez
en tres meses al FMI para lograr sustento financiero a una política económica
que en el discurso oficial abandona el “gradualismo” en el ajuste para construir
un Shock de Ajuste, con déficit fiscal primario (antes del pago de intereses)
del 0% del PBI en 2019 y lograr un superávit del 1% para el 2020, anticipando metas establecidas en el memorándum
suscripto con el FMI en Junio del 2018.
Con el shock de ajuste fiscal está previsto reducir el
déficit entre 2018 y 2019 en 6.500 millones de dólares vía reducción del gasto
y mejoras de ingresos vía inclusión de las retenciones a las exportaciones.[1]
Si se adiciona el superávit previsto del 1% para el 2020
remitimos a 11.700 millones de dólares en dos periodos.
Al mismo tiempo que está previsto un déficit fiscal primario
de 2,6% para 2018, el déficit financiero alcanzará al 2,9%, motivado en
elevados intereses de un endeudamiento externo que sostiene el funcionamiento
de la economía argentina.
El déficit financiero se eleva en 2019 al 3,2%, de
modo que si bien el déficit primario se propone reducir a 0, el financiero crecerá
y con ello la hipoteca de un endeudamiento que supera los 150.000 millones de
dólares en la gestión Macri desde diciembre del 2015.
Se trata de un ajuste fiscal que supone disminución del
gasto público e instauración de retenciones a las exportaciones para mejoras en
el ingreso fiscal.
Respecto del ahorro se afecta el gasto de capital; en
subsidios económicos que se transfieren a usuarios y/o a Provincias (transporte
y electricidad); baja de gastos operativos por congelamiento de ingresos de
empleo estatal y bajas de salarios con relación a la evolución de la inflación;
reducción de gastos corrientes del Estado, lo que en conjunto suma 1,5% del PBI.
Desde el mayor ingreso fiscal destaca la vuelta de las
retenciones, aunque pesificadas y con carácter transitorio hasta el 2020.
En efecto, se aplican 4 pesos por dólar de exportaciones
primarias y 3 pesos por dólar al resto de las exportaciones, con un impacto
total de, 1,1% del PBI.
Son dos las cuestiones a destacar al respecto.
Una remite al fondo que supone restablecer retenciones
a las exportaciones, cuando una de las primeras medidas de la gestión Macri
fuel la eliminación de las retenciones y un cronograma de disminución de las
retenciones a la soja.
Fue un compromiso con los sectores hegemónicos del
agro, la industria y la minería, que ahora critican el restablecimiento de las
mismas, aun pesificadas, porque conceptualmente resurge un fundamento rechazado
hace ya una década en la gran crisis política del 2008, entre los grandes
productores y exportadores del campo y el gobierno de Cristina Fernández de
Kirchner.
Otra cuestión es el cargo en pesos, que con la
variabilidad del tipo de cambio podría rápidamente licuarse, aun cuando desde
el punto de vista fiscal, al Estado le interesa el ingreso de pesos, ya que el
gasto es mayoritariamente en pesos.
¿Qué significa todo esto?
El propio gobierno reconoce que crece y crecerá la
pobreza en la Argentina, cuando la campaña electoral y el primer mensaje oficial
al país suponían el compromiso de Pobreza Cero. Es una proposición que quedará
muy lejos con el ajuste en curso.
La sola devaluación cambiaria, de 9 pesos en diciembre
de 2015 a los 40 actuales, o la reciente duplicación de 20 pesos a 40 entre la
corrida de mayo y sucesivas, sin límite predecible en el corto plazo, significa
traslado a precios de la economía, especialmente en aquellos que afectan la
canasta de consumo cotidiano y por ende con impacto entre sectores más empobrecidos:
perceptores de salarios, jubilaciones o planes sociales, la mayoría de la
sociedad.
Argentina dolarizó en estos años el precio de los
combustibles y de las tarifas de servicios públicos, afectando la cadena de
precios de buena parte de los consumos populares, especialmente alimentos y
medicamentos.
Todo contribuye a alejar la capacidad de cobertura de
necesidades sociales con los ingresos populares devaluados.
De hecho, el gran objetivo del capital hegemónico
apuntaba a la reducción del costo laboral, algo que no pudo avanzar por vía
legislativa ante la resistencia impuesta por el movimiento sindical y
territorial de trabajadores, que en conjunto desplegaron iniciativas de confrontación
y límite a los propósitos de reforma laboral regresiva, al estilo Brasil.
Sin embargo, con la devaluación cambiaria redujeron
los salarios en dólares, mejorando la ecuación a favor de los inversores
dolarizados que el gobierno aspira atraer para inversiones en energía, yacimiento
Vaca Muerta de hidrocarburos no convencionales por ejemplo; o en comunicaciones
y áreas de infraestructura.
Las negociaciones salariales paritarias han sido
condicionadas en estos años, estableciendo techos por debajo de la inflación,
lo que supone pérdida de ingresos salariales en la distribución funcional del
ingreso.
Para este año el techo se había establecido en 15%,
luego se flexibilizó a 20% y algunas organizaciones sindicales lograron
actualizaciones del 26 al 28%, en un gran logro de lucha y organización. La
realidad ahora desbordada de una pauta inflacionaria del orden del 40% esperado
aleja cualquier recomposición salarial contra precios.
En el mensaje presidencial del lunes 3/9, no son sin
cinismo, Macri señaló la imposibilidad de satisfacer la demanda salarial de los
profesores universitarios, en paro desde el 6 de agosto, en el marco de un
conflicto que ascendió a la toma de varios institutos universitarios y masivas
movilizaciones callejeras de la comunidad universitaria más allá de la demanda
corporativa de los docentes.
Con el deterioro de los ingresos populares como el
principal efecto, se agudiza la perspectiva recesiva de la economía argentina. El
propio INDEC informa que:
“La actividad de la industria manufacturera de julio de 2018 presenta
una baja de 5,7% respecto al mismo mes del año 2017. En el acumulado de los
primeros siete meses de 2018 en su conjunto, el estimador mensual industrial
(EMI) alcanza el mismo nivel que en igual período del año anterior, por lo que
registra una variación interanual de 0,0%.”[2]
El apoyo de EEUU y de
Trump
Importa destacar el apoyo del poder económico y
político mundial, del FMI y su principal accionista: EEUU y su inefable titular.
En junio pasado y con escaso tiempo de negociación, el
FMI apoyó con un crédito inusual de 50.000 millones de dólares al gobierno argentino
y por tres años.
Ya se desembolsaron 15.000 millones y se suponían desembolsos
de 3.000 millones cada tres meses desde septiembre del 2018.
El FMI ya realizó la primera auditoría y desde ayer se
renegocia el acuerdo en Washington.
Aun cuando resten semanas para la aprobación oficial,
la Directora Gerente, Chrstiane Lagarde ya anticipó el acuerdo que consistiría
en adelantar los aportes previstos para 2020 y 2021 antes de finalizar 2019
(fin de mandato Macri), a cambio del shock de ajuste antes comentado.
Por si había dudas, y aun creciendo el “riego país” a
739 puntos en la fecha, Donald Trump se comunicó telefónicamente con Macri para
manifestarle su acuerdo con el rumbo económico y el liderazgo del Presidente de
Argentina en la región latinoamericana, al tiempo que ratificó la presencia en
la Cumbre del G20 (coordinado este año por Argentina) a realizarse en Buenos
aires el 30/11 y el 1/12 próximos.
No hay dudas, el principal accionista del FMI dice que
el organismo internacional debe facilitar los recursos necesarios para sostener
al principal aliado político en la región.
El tema es que más allá de inversiones externas
demoradas por el ciclo mundial de la economía, el poder mundial necesita del
gobierno argentino en su apuesta al cambio de agenda en la región a favor de los
intereses del gran capital.
La consideración es que el consenso electoral a un
programa de derecha como el argentino, resulta más funcional que cualquier otro
gobierno deslegitimado por origen golpista, caso del Brasil, en su prédica
contra Venezuela o los mecanismos de integración alternativa que supieron
destacarse hasta hace pocos años.
Es aun mayor el apoyo del poder mundial que el del
bloque de poder local, ya que la burguesía exportadora recela del retorno de
las retenciones, aunque estas sean en pesos. Puede pensarse que también temen
por nuevas rondas de extranjerizaciones, también motivadas por la ventilación
de casos de corrupción que involucran a firmas emblemáticas del poder económico
local.
Los propios socios gubernamentales recelan de la forma
de gestión, muy auto-centrada en el partido de Macri, el PRO, con relativo
escaso papel en el Poder Ejecutivo de otros integrantes de la coalición de
gobierno, CAMBIEMOS.
Se trata de un intento de nueva hegemonía en el
sistema político de la Argentina, con un Presidente constitucional, que por
primera vez en la historia con vigencia de la Constitución (1916) no es ni
radical ni peronista. Es un intento que se inició con el voto en 2015, se
afianzó en 2017 y pretende consolidar en 2019.
Ahí está la duda política de la coyuntura en el país y
el interrogante es si Macri renueva para un nuevo periodo presidencial y recrea
su estrategia de cambio en la hegemonía de la gestión política de la Argentina,
modificando el bipartidismo histórico entre radicales y peronistas.
Existen ruidos en el poder político y el debate es
quien administra el ciclo del capital en el país. Son problemas de la
superestructura con base estructural de cambios en el poder sustancial del
capitalismo local.
La protesta social
Tanto la situación de arrastre como el nuevo shock de
ajuste alimentan el descontento, la protesta social y augura aumento del
conflicto popular. Ya está anunciado un Paro nacional para el 25/9 de parte de
la conducción de la CGT, que para las CTA, la Autónoma y la de los Trabajadores
y algunos gremios de la CGT, se inicia el 24/9 con movilización callejera.
No se trata solo del impacto socioeconómico en la
coyuntura, sino de confrontar con el proyecto estratégico del poder.
La ofensiva capitalistas en la Argentina se inició en
el 75/76, en primer lugar contra los trabajadores y las trabajadoras, sus organizaciones
representativas, sus derechos y sus ingresos; encontrando continuidad esencial
en los gobiernos de la dictadura genocida en los 70/80 y en los años 90,
recreando y profundizando el programa en el presente bajo el gobierno de
Mauricio Macri.
No es menor la resistencia popular a la dictadura
genocida y a los procesos de reestructuración neoliberal capitalista de los 90
y la actualidad, convocando a discutir la estrategia del movimiento obrero,
popular y de la izquierda social y política más diversa para frenar el ajuste y
la regresiva reestructuración en curso y habilitar un debate para el despliegue
de políticas contra el neoliberalismo y el capitalismo.
Es un desafío para el movimiento popular local con
impacto en la situación Nuestramericana para frenar la ofensiva imperialista y
conservadora de las clases dominantes en toda la región latinoamericana y
caribeña.
No se trata solo de un problema local, sino con
capacidad de intervenir en la lucha de clases regional y mundial.
Buenos Aires, 5 de septiembre
de 2018
[1] Acciones
para alcanzar el equilibrio fiscal. 3/9/2018. Información oficial del
Ministerio de Hacienda, en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/presentacionmedidas20180903.pdf
(consultada el 5/9/18)
[2] INDEC.
Estimador mensual industrial, Julio de 2018, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/emi_09_18.pdf
(consultado el 5/9/18)
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