Un nuevo avance contra los derechos laborales

Como si fuera una broma pesada, en la víspera del Día Internacional de los Trabajadores, el gobierno de Macri presentó al Parlamento, de manera parcial, su proyecto de reforma laboral.

Incluyen para el debate: el llamado blanqueo contra la irregularidad en el empleo, que involucra entre 35 y 40% de la población trabajadora; los temas relativos a pasantías y capacitación profesional para jóvenes; asuntos relativos a la salud y los servicios médicos que afecta a la seguridad social; y el caliente tema de las indemnizaciones por despido excluyendo el aguinaldo y otros ingresos percibidos, tanto como la creación de un Fondo de Cesantías del que surgirían en el futuro las menguadas compensaciones por despido.

Resulta muy grave el tema indemnizatorio, con la pretensión de excluir de su cálculo desde el aguinaldo a premios y beneficios acordados entre empresarios y trabajadores. Quieren disminuir el costo por despido. Para aquellos empresarios que se acojan al blanqueo se les extingue la acción penal y se los libera de multas y sanciones de todo tipo, sacándolos de todo registro de incumplidores de la legislación laboral y de seguridad social. Claro que el trabajador deberá resignar todos sus derechos de litigar contra la impunidad empresaria.

El argumento oficial es que en esta ocasión se tratarán aspectos consensuados oportunamente con la dirigencia sindical. Vale aclarar que remiten a aquellos invitados al diálogo, especialmente la cúpula de la CGT, excluyendo a las CTAs y otras organizaciones sindicales no alineadas en centrales, y ni hablar de los movimientos sociales o territoriales que agrupan a los principales perjudicados por la irregularidad derivada de la impunidad empresaria.

Aun así, prácticamente todo el arco sindical y de movimientos sociales indicaron no acordar con criterios que disminuyen ingresos, especialmente relativos a proyecciones sobre las indemnizaciones que afectan ingresos de los despedidos.

Nadie duda que la iniciativa pretenda un nuevo intento por consolidar la ofensiva contra los derechos históricamente conquistados por la lucha de las trabajadoras y los trabajadores.

El gobierno trata de intervenir en una lógica integral de reducción de salarios y baja del costo laboral para beneficio de la ganancia empresaria, por lo que se pretende afectar el monto de las indemnizaciones por despidos. Parte de la estrategia apunta a la súper-explotación de jóvenes entre 18 y 24 años, bajo el régimen de pasantía por un año para la formación, especulando con la necesidad de empleo de los más jóvenes a cambio de míseros ingresos.

Son guiños a los inversores externos para hacerles más atractiva la perspectiva de inversión. El costo de esa estrategia lo sufrirán los trabajadores y las trabajadoras con pérdidas de ingresos y de derechos. Al aumento de las tarifas de servicios públicos y transporte, se pretende ahora la reducción de ingresos regulares, trasladando con mayor agresividad el ajuste sobre la clase trabajadora. Es el camino de la reforma previsional de diciembre pasado.

Es curioso como vuelven sobre el argumento de la litigiosidad en materia laboral, como si la defensa de derechos sociales, sindicales y laborales fuera “el” problema del funcionamiento de la economía. La imaginación es que todo se resolverá con esas esperadas y esquivas inversiones por las que claman las autoridades y por eso les ofrecen en bandeja la incompleta reforma laboral.

No es bueno el clima político para este ensayo de ajuste laboral que promueve el gobierno Macri. No solo por la discusión tarifaria en proceso, sino porque la conflictividad sindical y social supera toda parálisis imaginada de cara al mundial de fútbol. Son variados los frentes de lucha del gobierno y no solo desde el movimiento popular. Los que dominan presionan por estas medidas con corridas sobre el peso, elevando cotización del dólar, para avanzar más rápido en el ajuste y habilitar el conjunto del programa liberalizador de los grandes capitales.

Buenos Aires, 2 de mayo de 2018