La inflación de enero según el
INDEC alcanzó al 1,8%, o sea, un 25% anual, superando la cifra del 2017 y con
un pronóstico similar para febrero y que se proyecta para todo el primer
semestre que incluye aumentos programados de tarifas y la liberalización del
precio de los combustibles, con un petróleo con precio internacional en
ascenso. Además, los precios mayoristas escalaron 4,6%, agravando los
pronósticos. Lo curioso es que se augura un segundo semestre de esperanza en la
baja de los precios para sostener la expectativa favorable de la sociedad en el
rumbo actual.
Como hemos sostenido en variadas
ocasiones, la inflación de precios es un mecanismo de redistribución regresiva
del ingreso, ya que solo suben precios los que pueden, sea el Estado cuando se
trata de precios regulados, caso de las tarifas, o las empresas que deciden por
su cuenta en un mercado solvente dispuesto a pagar esos valores. A los
trabajadores activos y pasivos no les resulta sencillo imponer el precio de la
fuerza de trabajo y mucho menos aumentarlo. Solo basta con el ejemplo de
jubilados y jubiladas para notar que ahora recibirán un tercio del ajuste que
debieran percibir, gracias a la nueva fórmula de actualización de haberes
votada en el Parlamento por el oficialismo y parte de la oposición.
Libre
mercado en los precios
Es la libertad de mercado dirían
los ortodoxos de la economía, con un discurso que bien les cierra a los
sectores hegemónicos y que converge con la política del gobierno.
Desde el gobierno se sostiene el
objetivo de las metas de inflación definidas a fines de diciembre de un 15% de
inflación para todo el 2018. Con la proyección del indicador de enero solo se
puede inferir una presión en la política de ajuste fiscal como parte de la
ofensiva del capital contra el trabajo.
El encierro gubernamental en
Chapadmalal colocó el acento en la unificación tras la estrategia del ajuste
para disminuir el déficit fiscal.
La estrategia oficial se
extiende a la lógica gran empresaria contra los ingresos populares y a favor de
la ganancia, algo a sostener en las negociaciones colectivas de trabajo.
Por eso, la variable de ajuste
de la economía son los ingresos populares: los salarios, las jubilaciones y
pensiones, los beneficios sociales, la política de ingresos y de seguridad
social.
¿Es un tema nuevo? No, es
histórico, precisamente luego de la crisis de los 70 cuando opera una tremenda
ofensiva capitalista contra los derechos salariales, laborales y sociales de los
trabajadores y trabajadoras.
En efecto, en una larga
tradición de luchas históricas, el movimiento social, especialmente de
trabajadores y trabajadoras arrancó limitación a las horas de trabajo, mejoras
en las condiciones salariales y de trabajo, con beneficios sociales extendidos
y sustentados desde la legislación estatal.
Con la disminución de la tasa de
rentabilidad a fines de los 60 y comienzos de los 70 se inició una ofensiva que
continúa a escala planetaria para reducir derechos y conquistas sociales. Para
el caso argentino el tema se verifica con la dictadura genocida, los 90 con
explícitas políticas neoliberales y en la actualidad.
El
consenso social está en disputa
La predica gubernamental y del
empresariado hegemónico disputa consenso desde el accionar ideológico
propagandístico de los principales medios de comunicación y sus comunicadores,
periodistas, panelistas y voceros invitados, asociados a la difusión de un
sentido común favorable al discurso del ajuste y en definitiva a la
recomposición del orden capitalista.
Concentran la tarea en
desprestigiar las iniciativas políticas que confrontan con el diagnóstico
oficial y del poder y demandan otra distribución del ingreso y de la riqueza,
que en estas horas s e concentra en la movilización del 21F.
Iniciada como un reclamo de
camioneros por sus reivindicaciones escaló a una movilización de un amplio abanico
sindical y social que articula a sectores de la CGT, ambas CTA, la CTEP y otros movimientos
sociales y populares, con pretensión de organizar el descontento y la protesta.
El eje de la crítica es a la política
económica del gobierno Macri, lo que habilita una discusión sobre una
perspectiva de organización económica con otros objetivos.
¿Es ello posible? Si, solo si se
logra ganar el sentido común de la sociedad, por ejemplo, discutir el tipo de
inversiones que el país requiere para superar el límite de la pobreza, el
desempleo, la miseria y la insatisfacción social de necesidades múltiples.
El asunto es que en el discurso
oficial se sostiene la necesidad de lograr inversiones con el destino que los
inversores decidan, sea para ampliar el parque automotor u obras de infraestructura
para sostener un modelo productivo y de desarrollo para favorecer la ganancia y
la acumulación de capitales.
Como no se quiere discutir el
rumbo de las inversiones ni la política económica se embarra la cancha. Ayuda
en este sentido la corrupción en ámbitos sindicales y sociales, claro que se
tapa la propia corrupción gubernamental, con cuentas en el exterior y fuga de
capitales de parte de funcionarios. Evasión fiscal y connivencia familiar y
empresarial.
Desde esas denuncias contra la
corrupción se pone en duda al conjunto de las luchas sociales, incluso
denostando las demandas de los más empobrecidos.
La
“política” está en discusión
En definitiva, se discuten
estrategias e iniciativa política. Queda clara la orientación oficial y de un
sector de la oposición que converge, con matices, con las demandas del sector económico
hegemónico local y global.
Por su parte, en el amplio arco
opositor el debate estratégico es diverso y limita las posibilidades de
unificación más allá de los reclamos reivindicativos inmediatos, eje de la
unidad del 21F.
Las diferentes estrategias están
en juego en la disputa del consenso de la sociedad, entre los que destaca la
propuesta por volver a la lógica de gobierno de las administraciones
kirchneristas y un polo visible de una parte de la izquierda partidaria. Entre
esos proyectos existen innumerables organizaciones y propuestas que buscan
articular un posicionamiento que organice las aspiraciones por otro orden
social.
Estas estrategias, o parte
sustancial de ellas comparten la movilización y reivindicaciones del 21F, pero
recelan de un camino en común más allá de la protesta y demanda inmediata, lo
que supone habilitar espacio para la hegemonía que disputa el macrismo, por
ahora en el ámbito electoral y con pretensión de extenderse como nueva
propuesta de dirección del orden político en la Argentina, coincidente con una
lógica similar en otros países de la región y del mundo.
La renovación del sistema de
partidos, o de la democracia en el capitalismo, con empresarios o representantes
directos a la cabeza de los gobiernos remite a la crisis de la representación o
de la política, lo que demanda creatividad para resolver el problema para
quienes sustentan una posición por otro orden social posible, contra y más allá
del régimen del capital.
Por eso sostenemos que las
discusiones actuales transitan el camino de la unidad en acción en lo inmediato
y un proceso de más larga duración por el rumbo de la “política” para darle
carnadura a un proyecto social con perspectiva por la emancipación social.
Buenos
Aires, 17 de febrero de 2018
Interesante trabajo espero todos en la Argentina le llegar este texto.
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