El gobierno tomó deuda pública esta
semana, ofreciendo bonos a un año con un rendimiento del 22,5%, o la inflación
más el 3,75%, lo que sea mejor para el inversor. Son los inversores los
privilegiados.
Al mismo tiempo aspira a colocar
un tope del 15% a las negociaciones salariales y cuando mucho, habilitar una
futura negociación consensuada por patrones y sindicatos si la inflación resultara
mayor. No hay intención de ajuste automático al alza, sino que otorgaría la
posibilidad de una nueva negociación. Todo dicho en potencial.
Queda claro que existen dos
varas muy diferentes para considerar los ingresos de la población. Una generosa
para satisfacer al inversor capitalista, otra restrictiva para atender las
demandas de actualización salarial de los trabajadores. En la regresiva
distribución de ingreso está el destino económico en la Argentina.
Es un tema preocupante, cuando
todo indica que el alza de los precios para este año se proyecta de manera
similar a la del 2017, y sabemos que la inflación es un mecanismo regresivo de
distribución del ingreso.
Se consolida así la vara
diferenciada utilizada en la distribución del ingreso para afirmar polos
pequeños de riqueza y abundancia de pobreza.
Un
horizonte de conflictos y represión
Aparece claramente un horizonte
de conflictividad creciente, verificado en el paro bancario en la previa del
feriado por carnaval y las movilizaciones del 15F y del 21F promovidas en
unidad por movimientos sociales y centrales sindicales, como parte de un plan
de acción que puede derivar en la convocatoria a un paro nacional a corto plazo.
En torno al conflicto se juega
la disputa del sentido común en la sociedad, ya que no solo interviene la
lógica económica, de bolsillo, en el humor político de la sociedad.
Por eso, en el discurso oficial
se insiste con una lógica argumental contra el “sindicalismo”, englobando a
todas las organizaciones sindicales en el fenómeno de la corrupción y las
prácticas clientelares, tanto como denigrando el trabajo social y político
entre los más empobrecidos.
Resulta más una crítica a los
pobres que una sostenida política contra la pobreza, exacerbada con la
intencionalidad mayoritaria favorable al gobierno en los medios masivos de
comunicación. En ese plano se inscribe la nueva política de combate del delito
abonando un clima social cultural por la represión.
Insisto en el discurso oficial
porque hace al consenso social en disputa, aun cuando las condiciones de vida
sean cada vez más desfavorables para la mayoría de la población de menores
ingresos.
También desafía la cuestión a
quienes bregan por un nuevo modelo de organización sindical y social, para
reorientar prácticas y propuestas desde una radicalización democrática y
construir nuevas subjetividades que interpelen a la sociedad para un nuevo rumbo
de la economía y la política, que abandone la subordinación del funcionamiento
de la economía con base en mayor endeudamiento público.
Crece
la deuda pública y subsiste la especulación
Los bonos colocados por el
Ministerio de Finanzas fueron en pesos y por el equivalente de 3.500 millones
de dólares, más una renovación de Letras del Tesoro por 1.000 millones de
dólares.
En total suman 4.500 millones de
dólares que se adicionan a los 9,000 millones de dólares emitidos en enero
pasado, Son nuevos 13.500 millones de dólares en los dos primeros meses del
año.
La previsión para todo el 2018 alcanza
a los 30.000 millones de dólares. Una verdadera hipoteca sobre el conjunto de
la sociedad, máxime cuando la expectativa es de crecimiento de las tasas
internacionales de interés.
Ese previsible aumento de las
tasas internacionales empujado por EEUU es lo que explica en estos días el
derrumbe de las bolsas en el mundo, con epicentro en Nueva York, lo que acarrea
consecuencias sobre todos los países, obviamente también sobre la economía
argentina y regional.
Las consecuencias se perciben en
la suba de la divisa, ya en torno de los 20 pesos por dólar, lo que supone una
devaluación que afecta la capacidad de compra de los sectores mayoritarios del
país, los que menos ingresos perciben.
Entre los especuladores se resuelve
la incógnita cambiando acciones por dólares u otras monedas; vendiendo Letras
del Banco Central y comprando bonos del tesoro; pero el problema es para la
mayoría de la sociedad, la que vive de la venta de su fuerza de trabajo o
aquellos que producen o comercian con los que perciben ingresos fijos.
Canalizar
la protesta
Los trabajadores o trabajadoras
se aferran a sus puestos de trabajo ante el temor del despido, presionando a
una lógica defensiva que facilita la irregularidad en el empleo.
Es un fenómeno con consecuencias
directas sobre productores y empresarios pequeños y medianos que orientan la
producción o el comercio en este sector de bajos ingresos.
Ambos sectores se empobrecen y necesitan
canalizar su descontento, lo que exige atractivas iniciativas de organización y
de unidad en confrontación de la política hegemónica, algo que puede percibirse
en la articulación detrás del 15F y del 21F.
Queda clara la iniciativa política
del gobierno y las clases dominantes, que solo puede contrarrestarse con otras
iniciativas en sentido inverso.
La incógnita es que iniciativa
se impone, la del poder económico y político en aumentos de precios (entre
ellos el dólar), tarifas y deuda pública, o la protesta social organizada hacia
otro rumbo económico para favorecer necesidades sociales.
Buenos
Aires, 9 de febrero de 2018
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