Una vez regresado de Nueva York
el Presidente Mauricio Macri, EEUU informó oficialmente sobre las restricciones
al ingreso del biodiesel argentino a su territorio. Algo similar hizo Europa en
el 2013 y motivó demandas ante organismos internacionales que otorgaron la
razón a la Argentina 4 años después.
Macri estaba en busca de
inversores externos en EEUU y la realidad de la economía mundial le devuelve más
problemas a la situación externa de la economía Argentina, ya que los aranceles
superiores al 70%, establecido en Washington para el biodiesel argentino, frenan
exportaciones por 1.200 millones de dólares y contribuyen al incremento del elevado
déficit comercial del país, que se proyecta cercano a los 6.000 millones de
dólares para el 2017. Un déficit que exige ingreso de divisas a cualquier
costo.
El argumento estadounidense es
que la Argentina subsidia a los exportadores de la agro-energía y perjudica al
complejo agro energético en su territorio, por lo que sugieren aplicar
retenciones a las exportaciones, sugiriendo guarismos en torno al 27%, algo que
estaría a contramano de la “ideología” del equipo gobernante. Recordemos que
una de las primeras medidas al asumir Macri en diciembre del 2015 se concentró
en la eliminación y/o reducción de las retenciones a las exportaciones.
Ahora, el país llevará el tema a
los organismos internacionales para obtener un laudo favorable en 3 o cuatro
años. Las normas internacionales postergan decisiones que la lógica de la
competencia capitalista dirime a favor de la Argentina y su modelo productivo
agroindustrial, que no puede ser sostenido desde la debilidad relativa del
Estado capitalista local ante otros con más poder, no solo económico, sino
militar y cultural.
Es el precio del menor peso
relativo de los Estados nacionales de la periferia capitalista. Aun con tecnología de punta en la
agroindustria y la subordinación a la transnacionalización de la producción, el
peso del Estado capitalista en la Argentina es reiteradamente subordinado a la
lógica del poder mundial, sea de EEUU o de Europa Unida, o cualquiera de los países
o bloques que disputa la hegemonía del capitalismo mundial.
Queda claro el pragmatismo “proteccionista”
estadounidense (ayer europeo), que no le impide la formulación discursiva de la
lógica “aperturista”, tal como ratificó en estas horas el acuerdo entre China y
EEUU para liberalizar el sistema financiero del gigante asiático. Suscripto
ante la presencia de Donald Trump en Beiging, se habilita el ingreso de la
banca estadounidense o mundial a la posibilidad de adquirir paquetes
accionarios de la banca china. Gradualmente se podrá adquirir paquetes
accionarios de la banca china por capitales externos.
Los gobernantes del capitalismo
desarrollado pueden actuar en simultáneo con un discurso contradictorio, de
apertura y/o de protección, derivado en su capacidad relativa para intervenir
en uno u otro sentido. Es algo que en mucha menor medida pueden realizar
Estados nacionales de menor peso relativo, para el caso la Argentina.
Cada Estado nacional defiende
sus intereses locales y en la disputa por un lugar en el sistema mundial. EEUU
protege la producción local estadounidense y establece reglas que restringen el
ingreso de la producción externa, p.e. de la Argentina, al tiempo que empujan
la liberalización en otros países para favorecer el ingreso de sus productos y capitales.
En rigor, es lo que intentan todos
los Estados nacionales y en función de sus tamaños relativos y su poder real es
que pueden tener éxito en sus propósitos o no.
Las empresas transnacionales
acumulan capital y capacidad de dominación articulando con el poder negociador
de los Estados nacionales en donde
originaron su potencial de acumulación económico. Se trata de una relación dialéctica
entre acumulación de capitales privados y desarrollo del Estado capitalista en
cada país.
Como trasfondo operan los
acuerdos bilaterales y multilaterales en organismos internacionales y tratados
regionales o globales. Trump dice privilegiar ahora los bilaterales desde una
concepción “First America” mientras China sustenta la “globalización” y
Argentina, anfitrión de la OMC en diciembre próximo promueve un librecambio
ideologizado y alienta desde el Mercosur el asimétrico acuerdo con la Unión
Europea.
Necesidad
de financiar el déficit
Los problemas externos de la
economía local demandan financiamiento y el ingreso de capital de préstamos es
lo que está lubricando la economía en la Argentina. Es algo que escamotea
problemas estructurales y al mismo tiempo contribuye a generar un clima social
de evolución favorable de la economía local. Sin duda, es uno de los aspectos
que interviene en el consenso electoral a la propuesta del oficialismo.
Argentina tiene el record de
endeudamiento entre los países emergentes para los años 2016 y 2017 por encima
de China, México u otros tomadores de deuda en el mercado mundial. El stock de
deuda del Estado argentino supera los 300.000 millones de dólares, casi un 60%
de un PBI estimado en 550.000 millones de dólares y reservas internacionales por
50.000 millones de dólares.
El problema del stock de la
deuda deviene de los compromisos de intereses anuales que devenga, ya que el
capital se renueva recurrentemente y acrecienta la exigencia de cancelación de
intereses, limitando el gasto público social para atender derechos, caso de
educación o salud. Como en otras ocasiones de la historia local, los intereses
de la deuda superan el presupuesto de educación y salud en conjunto. Un dato no
menor está expresado en la tendencia al alza de la tasa de interés mundial
empujada por la Reserva Federal de EEUU.
Junto a la deuda asumida por el
Estado nacional e incluso las provincias, preocupa la creciente deuda asumida
por el BCRA con la colocación de sus letras, las LEBAC. Estas se explican como
instrumento anti inflacionario y más allá de su discutido éxito para una
inflación superior al 20% para todo el año 2017, las LEBAC constituyen un
mecanismo oneroso para el Estado que compite en el uso de la masa de dinero
disponible para el crédito privado.
Veamos. El stock de LEBAC supera
el billón de pesos y el total del crédito privado, según el BCRA alcanza a
menos de 1,5 billones de pesos. A fines del 2015 el stock de LEBAC era de
300.000 millones de pesos, por lo que se multiplicaron por más de tres veces y
pagan tasas gigantescas. Ese nivel de endeudamiento a elevadas tasas de interés,
que esta semana volvieron a subir al 28,75% y negociaciones en el mercado
secundario en torno al 30%, suponen un costo financiero muy importante para el
sector público.
El BCRA es un gran captador de
recursos y compite con otros demandantes de préstamos, que ante esas elevadas
tasas prefieren postergar cualquier decisión productiva y privilegiar incluso opciones
de tipo especulativo. Así, la economía argentina privilegia el sector especulativo
financiero a contramano de la predica oficial por la recomposición de la actividad
productiva a estimular con inversión productiva extranjera.
La política económica del Estado
local está financiada con el ingreso de capital de préstamo que además favorece
la fuga de capitales, sea por cancelaciones de los vencimientos de capital de
deuda; por crecientes remesas de utilidades al exterior y saldo negativo de la
balanza de turismo; sin perjuicio de otros mecanismos relativos a cuentas y
empresas en el extranjero que involucran a principales funcionarios del
gobierno nacional.
El
FMI avala el ajuste y la reforma regresiva. ¿Cómo contra argumentar?
Lo explicitado son las razones
del ajuste propiciado desde el gobierno y la batería de reformas reaccionarias
en materia laboral, previsional o tributaria. Argumento coincidente con el
balance de la misión del FMI sobre las cuentas argentinas. Dice el FMI que el
rumbo es el correcto pero que hay que acelerar las “reformas” y bajar el
déficit fiscal y comercial profundizando las medidas anunciadas desde el Poder
Ejecutivo.
Más allá del debate y los
consensos que puedan lograrse con gobernadores y parlamentarios; empresarios y
dirigentes sindicales, la sociedad necesita discutir el orden socio económico y
sus formas de financiamiento. Un desafío es que no solo actúe la iniciativa ideológica
política del poder sobre la población. La propaganda del discurso oficial y el
accionar de la prensa tradicional multimedia que habla al 42% del consenso
electoral se transforman en “sentido común” favorable al único camino posible
para resolver la cotidianeidad.
Necesitamos confrontar con ese
diagnóstico gestado por la asociación entre el discurso oficial y la brega mediática
mayoritaria, instalando que el presente de ajuste se deriva de la situación del
pasado reciente y es el único camino posible para un futuro de expectativas. Esto
supone discutir el pasado, el presente y el futuro, que involucra una
sustancial discusión sobre y contra el capitalismo imperante.
Los capitales asociados a la
producción del vino o la cerveza presionan para evitar impuestos sobre sus
productos. Lo mismo hace la Coca Cola, quien actúa sobre sus proveedores de
jugos para incidir sobre el gobierno y limitar la pretensión tributaria. La
transnacional amenaza con parar inversiones por 1.000 millones de dólares si
prospera el impuesto sobre las aguas azucaradas.
Esa presión empresaria incluye
el lobby sobre los consumidores, generando opinión pública, algo que no ocurre
sobre aspectos esenciales de la tributación, tal como eliminar el impuesto a
las ganancias sobre los salarios; o definir una estructura progresiva de los
tributos. Desde los trabajadores se protesta contra la regresividad impositiva
y se enfrenta la articulada acción de los capitales y el Estado, que buscan en
la sociedad una opinión pública en defensa de los intereses empresarios en
desmedro de derechos sociales para la mayoría de la sociedad.
Por eso, ¿con que discurso
discutimos el régimen tributario y su impacto en el modelo productivo y de
desarrollo? ¿Cómo explicitar que la reforma laboral es precarización del
empleo? ¿Cómo discutir el régimen previsional y el deseo de profundizar el deterioro
de los ingresos de jubilados y jubiladas con las reformas al régimen de actualización?
Empezar a desarrollar argumentos
críticos al discurso oficial e instalar una perspectiva anticapitalista
constituye un desafío para el movimiento popular.
Buenos
Aires, 11 de noviembre de 2017
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