El consenso electoral logrado en
las elecciones de medio turno el pasado 22/10 animó al gobierno de Mauricio
Macri para la aceleración de algunos cambios estructurales que suponen un
fuerte ajuste, tal como se visibilizó con las propuestas de reformas laborales,
previsionales, tributarias y fiscales, ratificadas por la inmensa mayoría de los
gobernadores e incluso la cúpula del sindicalismo tradicional.
Sin embargo, sectores
ideológicamente ortodoxos, que se posicionan a la derecha del propio gobierno,
demandan mayor premura en esos y otros cambios, al tiempo que reclaman por el
tiempo perdido desde diciembre del 2015. Desde el oficialismo les responden que
se trata de adecuar las reaccionarias modificaciones a lo que la política permite.
La respuesta de Miguel Ángel Pichetto, Presidente del Bloque de Senadores del
peronismo, frenando la iniciativa legislativa de modificaciones en el régimen
laboral, parece darle la razón al gobierno. El Senador peronista se ampara en el
debate hacia el interior de la CGT y el movimiento sindical y popular, caso de
las CTA y más allá, dando cuenta que no alcanza con los avales de la cúpula
sindical y política de los gobiernos de provincia.
La realidad, como sostuvimos en
varias ocasiones, es que existe la iniciativa política del gobierno y del
poder, demandando mayor radicalización en las transformaciones a favor de la
ganancia y la acumulación, pero también existe iniciativa popular que
interviene en la gestación de poder popular. Esta iniciativa incide también en
la “relativa” moderación gubernamental, el “gradualismo” según los políticos
afines a Macri; pero además, en la sensibilidad de la oposición política
sistémica, la que aspira a discutir un lugar de visibilidad como alternancia
futura en el gobierno del capitalismo local. Variadas reuniones, asambleas,
encuentros de organizaciones sindicales, territoriales, sociales y políticas
que pretenden frenar la ofensiva gubernamental pueblan el horizonte de las protestas
en curso.
Es cierto que algunos quisieran
ya la convocatoria a un Paro Nacional, lo que requiere de una articulación
social y política por ahora ausente. La urgencia de la demanda se asocia al
intento de frenar los cambios en proceso de discusión legislativa en un cuadro
de mantenimiento del alza de precios y tarifas que afectan los ingresos de la
mayoría de la población. De hecho, ya existen convocatorias a movilizaciones
multisectoriales contra las iniciativas legislativas, las que impactan
negativamente en la vida cotidiana de la mayoría de la población, sean
trabajadores activos o pasivos, ocupados, regulares o irregularizados, tanto
como a los beneficiarios de planes sociales. Estas medidas son reclamadas por
el poder económico mundial, a activarse en la próxima cumbre de la OMC en diciembre
y en la agenda del G20 presidido por el gobierno Macri en el 2018.
El avance de esta agenda legislativa
de reformas estructurales constituye una situación que agravará la coyuntura de
alza de precios, la inflación, que afecta a la mayoría social de menores ingresos
y que se potencia con la agenda liberalizadora de la OMC y el G20.
Política
económica y monetaria
Adicionemos, que la situación inflacionaria
está crudamente asociada a la política económica y monetaria del Gobierno. No
es casual que la proyección inflacionaria para el 2017 se imagine entre el 23 o
24%, muy lejos de la pauta gubernamental prevista. Las autoridades económicas
estimulan el alza de precios con sus actualizaciones tarifarias y desde el BCRA
se aplican políticas ortodoxas de contracción del circulante para combatir la
inflación, con elevación de la tasa de interés.
En materia económica existe la
voluntad expresada desde el inicio del Gobierno Macri para actualizar las
tarifas de servicios públicos, solo frenadas por la protesta popular durante el
2016. Por eso, el interés del gobierno se concentra en un proceso recurrente de
actualización tarifaria hasta la eliminación total de los subsidios públicos.
La convergencia de los precios de los servicios públicos con el costo más la
ganancia empresaria es lo único que satisfará la lógica de mercado del Poder
Ejecutivo. Lo mismo ocurre con el objetivo de hacer converger los precios
internacionales del petróleo con los combustibles, en una coyuntura de
recuperación del precio internacional del petróleo, que augura recurrentes
aumentos de combustibles.
A contracorriente, solo se puede
acudir a que se sostenga la protesta desplegada en los últimos intentos por
actualizar las tarifas y aunque no alcance, intentar discutir la lógica
mercantil impuesta para la prestación de servicios públicos. Necesitamos dar
una batalla para concebirlos como derechos y no como mercancías.
Desde lo monetario, resulta
evidente la política del BCRA de establecer metas de inflación contenidas, al
17% para 2017 y del 10% para el 2018, objetivo a sostener con elevadas tasas de
interés, aún a costa de obturar cualquier proceso de recuperación de la
actividad económica, más aún con un horizonte sin elecciones en el mediano
plazo. Las tasas del 28,75% que pagan las LEBAC, que se negocian al 30% en el
mercado secundario suponen un freno a la cotización del dólar y anima demandas de
exportadores por devaluaciones próximas, las que afectarán los ingresos fijos
de los sectores populares. Esas tasas de interés suponen un encarecimiento del
crédito y el estímulo a inversiones especulativas que compiten contra cualquier
estrategia de aliento al desarrollo productivo.
Tarifas y tasas de interés en
alza inducen un proceso de actualización de precios de los sectores hegemónicos
y de especulación financiera que actúan como mecanismos de redistribución regresiva
del ingreso. El Gobierno busca achicar el déficit fiscal con incrementos de
tarifas e inducir una restricción a la circulación monetaria con tasas elevadas
para disciplinar la escalada de precios. Todo apunta a consolidar la ecuación
de una mayoría perjudicada por las actualizaciones tarifarias del transporte,
los combustibles, la luz, el agua, el gas y además, un aliento a la
especulación.
Al mismo tiempo se intenta
establecer un techo en la discusión por la actualización salarial del 2018,
contenida en la meta de inflación del 10% y así, el precio de la fuerza de
trabajo intenta contenerse, lo que requiere del disciplinamiento social y
sindical. La represión es un requisito asociado al control de la protesta
sindical y social.
El
tema es que iniciativa pesará más
La discusión es si pesa más la iniciativa
por derecha, sea la del gobierno y los sectores hegemónicos e incluso de
aquellos extremistas que exigen mayor celeridad en los cambios reaccionarios, o
la que proviene, fragmentada por ahora, desde la izquierda diversa, partidaria
o social, convergente con las demandas de los de abajo.
Convengamos también que muchos
de los perjudicados económicamente son parte del consenso electoral logrado por
el Gobierno de Macri y por ende, no alcanza con el análisis socioeconómico. Por
ello es que se necesita también de la batalla en el plano cultural, el de las
ideas. El consenso gubernamental se disputó ganando el sentido común con argumentos
que requieren ser confrontados por otras explicaciones que generen nuevos sentidos
para construir otro modelo productivo y de desarrollo favorable a la mayoría
social. Estos argumentos y explicaciones suponen la discusión de proyectos adecuados
para nuevas expresiones políticas del poder popular.
Buenos
Aires, 24 de noviembre de 2017