Comienza el 2017 con claras
señales sobre la orientación de la política económica en la Argentina.
Por un lado la necesidad de
atraer inversiones en el sector energético, para resolver problemas de
abastecimiento y si fuera posible, generar excedente para la exportación. El
argumento esgrimido es el crecimiento económico y la perspectiva de generación
de nuevos empleos, dicho en el marco de un ciclo de crecientes despidos y
suspensiones. La realidad marcha a contramano del discurso oficial.
Por otro lado, se anticipa la
captura de fondos en el mercado financiero mundial y local para cubrir
necesidades de endeudamiento público que hagan sostenibles el programa
económico y político en año electoral. Desnuda las necesidades de financiar al
capitalismo local con fondos externos, que al no ingresar vía inversiones productivas
se reitera el mecanismo del endeudamiento público.
Inversiones
energéticas
La situación energética en la
Argentina motoriza uno de los principales objetivos del gobierno, que apunta a
atraer inversores externos para explotar hidrocarburos no convencionales y
avanzar en la diversificación de la matriz energética, eólica y nuclear, entre
otras.
Para ello necesita ofrecer
ventajas a las transnacionales de la energía con potencialidad de inversión en
el país. El interés compartido entre Empresas y Estado apunta al acceso a los
bienes comunes a costa del saqueo y la depredación; y a la flexibilización
salarial y laboral para achicar el costo de producción y evitar el conflicto
social propiciado por los trabajadores de la energía en defensa de sus
derechos.
El tema fue claro en el cambio
del año con el conflicto de Nucleoeléctrica y el sindicato de la Energía de
Zárate. Los trabajadores de Luz y Fuerza de Zárate ingresaron en conflicto el
30/12/16 con la central nuclear de Atucha de la empresa Nucleoeléctrica
Argentina Sociedad Anónima (NASA). En solicitada pública denuncian los
trabajadores el desconocimiento de una trayectoria histórica de la organización
sindical por 29 años y señalan que “hubo “cambios” de “camiseta” pero no de
política. Muy por el contrario, la política de exclusión, discriminación y
otras yerbas, se agudizó con esta nueva gestión de gobierno y empresaria”.[1]
Los nuevos funcionarios son los
mismos de arrastre del gobierno anterior, que sienten el apoyo a la gestión
desde la impunidad de la orientación pro-mercado, explícita en el gobierno
Macri.
Por su parte, la continuidad y
profundización de la política energética se manifiesta en las renovadas expectativas
que genera el yacimiento Vaca Muerta, segundo reservorio mundial de shale gas y
el cuarto en shale oil, afectado por la baja del precio internacional y por
ende, necesitado de políticas de flexibilización laboral y reducción del costo
de producción. Es un proceso que viene negociándose durante los últimos meses
entre la Nación, las Provincias petroleras, las empresas transnacionales y los
sindicatos.
El sueño de Vaca Muerta, como
gran reservorio de hidrocarburos no convencionales y el fracking como método de
extracción necesitan de la reducción de costos laborales para acercar la
ecuación rentable para las empresas transnacionales presentes en los
yacimientos y especialmente a quienes se quieren atraer al mismo. Es el camino
del acuerdo Chevron e YPF durante la gestión anterior.
Con el acuerdo arribado en la
Patagonia, el gobierno logra una plataforma de reconversión regresiva de los
convenios colectivos, que resulta muy favorable para los empresarios y sus
expectativas de ganancias. Sienta antecedentes para otras ramas de la actividad
económica y no solo del petróleo o la energía.
Al respecto, dice José Rigane,
Secretario General de la FeTERA (Federación de Trabajadores de la Argentina en
la CTA Autónoma) que estos acuerdos “apuntan
a reducir el salario petrolero, la punta de lanza de la reforma es ir por las
condiciones laborales y el objetivo es flexibilizar aún más el trabajo y
habilitar el camino a la renta extraordinaria de las empresas.” Continúa
señalando que “Macri y las principales empresas petroleras como YPF, PAE, Total
impulsan una fuerte modificación al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para
Vaca Muerta con el objetivo de mejorar la “productividad” empresaria reduciendo
“costos laborales” y ejemplifica con la pretensión de eliminar “remuneraciones
adicionales”, “baja de personal en
equipos de perforación (reduciendo a la mitad cada equipo, que pasará de 24 a
12 trabajadores aprox.)”, “recorte del salario básico” ; “habilitar la
“multifuncionalidad”, entre varios aspectos que manifiestan la intencionalidad
de la complicidad del gobierno y las empresas por reducir el costo laboral.[2]
Recordemos que la estrategia del
gobierno Macri apunta a la modificación regresiva de los convenios colectivos
de trabajo, a la reducción del costo salarial y en general a contener el
conflicto y subordinar a la fuerza de trabajo a las necesidades del capital.
Nueva
deuda pública
Dadas las incertidumbres del
mercado financiero mundial ante la próxima asunción de Donald Trump y la
previsible suba de la tasa de interés, el gobierno salió a tomar deuda pública
en el comienzo del año.
La información del Ministro de
Finanzas destaca una operación de préstamo con 6 bancos privados transnacionales
(Santander, BBVA Francés, Citibank, Deutsche Bank, HSBC y el J.P. Morgan) a una
tasa de 3,8% y por 6.000 millones dólares. Se anuncian también nuevas
licitaciones de bonos por 7.000 millones de dólares antes de finalizar enero.
Todo para anticipar cobertura de necesidades financieras del año.
Se festeja el acceso del país al
mercado mundial de créditos y se escamotea el crecimiento de la hipoteca sobre
los recursos fiscales y las reservas internacionales. Argentina encabeza el
ranking de tomadores de deuda en el mundo y lo hace sobre la base de la baja
relación de la deuda sobre el PBI, que pese al elevado endeudamiento bajo la
gestión Macri, se estima alcanzará el 58% para este año.
Durante años hemos sostenido la
necesidad de investigar la deuda y mientras tanto suspender los pagos, ya que
la hipoteca de la deuda se construyó en ciclos de endeudamiento que se recrean
sistemáticamente desde su origen reciente en tiempos de la dictadura genocida
(1976-1983) y la década de la convertibilidad (1991-2001); y otros periodos de
cancelaciones parciales y renegociaciones (todos los turnos presidenciales
renegociaron vencimientos de deuda) que solo sirven para retomar una política de
beneficio a los acreedores y condena al país a cancelar deuda contra las
necesidades de la población.
El argumento del gobierno Macri para
asumir nueva deuda es el bajo nivel de endeudamiento del país, lo que hace
posible la nueva inserción en el mercado financiero mundial, máxime luego de
arreglar la demanda legal ante la justicia de EEUU. El Juez de Nueva York, Thomas
Griesa desestimó acciones contra la Argentina luego de la oferta y
cancelaciones a acreedores en conflictos, los fondos buitres, en homenaje a la
voluntad de pago de la Argentina.
Con endeudamiento o desendeudamiento,
los favorecidos son siempre los acreedores externos y grandes especuladores,
resignando cuantiosos recursos para tender necesidades sociales insatisfechas. Pueden
leerse expresiones pronunciadas por la ex Presidente CFK (2007-2011 y
2011-2015) en donde se señalaba que “En estos 12 años, hemos pagado entre deuda
a tenedores de títulos privados y organismos multilaterales de crédito, 145 mil
millones de dólares sin acceder a financiamiento externo, con trabajo y
esfuerzo de todos los argentinos.”[3]
Son declaraciones en simultáneo
a la retomada de la senda del endeudamiento, siendo emblemáticos en ese sentido
el acuerdo con el Club de París y la cancelación de la expropiación parcial de
YPF a REPSOL. Argentina retomó la senda del endeudamiento en simultáneo con los
problemas de crecimiento de los últimos años, agravado en la coyuntura recesiva
bajo la gestión Macri.
Contra
la dependencia, alternativa popular
El país no puede funcionar sin
el ingreso de divisas y ante la ausencia de inversiones se acude a los
préstamos. Ambos mecanismos, las inversiones o el endeudamiento son formas de
recreación de la dependencia y subordinación del orden local al capitalismo
mundial.
Resulta necesario confrontar la
actual ofensiva del poder hegemónico en la Argentina que al profundizar la
dependencia, potencia la depredación de los bienes comunes y genera condiciones
de mayor precariedad y explotación de la fuerza de trabajo.
La realidad demuestra que la
ofensiva se consolida en tanto no se generen condiciones sociales de masividad
y conciencia para construir alternativa política más allá de la crítica al
gobierno actual, lo que requiere confrontar con el orden capitalista.
Buenos
Aires, 13 de enero de 2017
[1]
Solicitada del Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate en: http://www.fetera.org.ar/index.php/8-gremiales/1595-luz-y-fuerza-zarate-solicitada-no-toleraremos-mentiras-ni-agresiones
(consultada el 13/01/2017)
[2] La
FeTERA rechaza la flexibilización salarial de Macri, en: http://www.fetera.org.ar/index.php/8-gremiales/1599-la-fetera-rechaza-la-flexibilizacion-laboral-de-macri
(consultada el 13/01/2017)
[3] La
cancelación del Boden 2015 es un hito más en la política de desendeudamiento
argentino. OCTUBRE 6, 2015; en: http://www.cfkargentina.com/hoy-la-argentina-ha-cerrado-el-ultimo-capitulo-del-gran-endeudamiento-argentino-%E2%80%AA%E2%80%8Eboden-2015%E2%80%AC/
(consultado el 13/01/2017)
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