El proceso electoral en Bolivia,
Brasil y Uruguay pone en discusión los modelos de desarrollo en la región, el
presente, el pasado reciente y el futuro.
Incluso, la Argentina, a un año
de la elección para renovación de autoridades nacionales abre el debate sobre
el rumbo económico, el modelo productivo, el patrón de consumo y los
beneficiarios de la estrategia o rumbo civilizatorio, incluso más allá del
orden capitalista.
Desde el discurso mayoritario se
sostiene una polémica que atrasa, entre mercado y estado, como si fueran
aspectos autónomos o contradictorios. En un marco más reducido, la discusión pretende
ir más allá para discutir otro orden económico de la producción y circulación
de bienes y servicios, de las relaciones de intercambio y el consumo, más
pensado en satisfacer necesidades amplias de la mayoría más desprotegida
Para que se entienda, debemos
preguntarnos quien fue el que habilitó la liberalización de la economía local o
mundial en las últimas cuatro décadas, es decir, el proceso de apertura de las
economías, flexibilizando fronteras para la circulación de mercancías,
servicios o capitales. El Estado ha sido el gran protagonista, quién sentó las
bases institucionales de un cambio reaccionario que se remonta a las leyes de
inversiones externas o de entidades financieras, en un marco de endeudamiento
estatal deliberado que condiciona el presente.
Es más, el Área de Libre
Comercio de las Américas, ALCA, cuyos principales beneficiarios eran los
grandes capitales transnacionales, era negociada por los Estados nacionales.
Del mismo modo que el Estado legisló múltiples tratados internacionales en
defensa de la seguridad jurídica de inversores externos y para estimular la
libertas de comerciar. Fue el Estado en tiempos de la dictadura que generó las
condiciones originarias de posibilidad para consolidar desde el Estado en los
años 90 del siglo pasado la reestructuración regresiva del orden capitalista
local, reforma constitucional mediante, en condiciones similares en la economía
regional y en el mundo.
Son los Estados los que
organizan las reglas más o menos liberalizadoras del mercado y por eso interesa
distinguir el carácter social, político y cultural que adquiere el Estado
capitalista, o dicho de otra forma, distinguir en su seno las distintas
correlaciones de fuerza. Para que se entienda lo que decimos vale pensar en
términos políticos, que es lo que definió recientemente Bolivia con el triunfo
del partido en el gobierno, y lo que hoy definen las elecciones de Brasil
(segunda vuelta) y la Uruguay (primera vuelta), y lo que anticipa la temprana campaña
electoral en la Argentina hacia octubre del 2015.
Incluso para ser más complejo el
análisis, convengamos que Bolivia define en su Constitución el carácter
plurinacional del Estado boliviano. Lo plural connota el objetivo civilizatorio
de organización económica, política y social más allá de lo visible
institucionalizado desde los tiempos de la independencia política ante el orden
colonial. Ello supone el rescate de la cultura de los pueblos originarios, en
un intento de síntesis de lo diverso contenido en las culturas civilizatorias
contemporáneas, lo que se sustenta como estrategia de desarrollo en el vivir
bien, o si se quiere en una perspectiva más amplia del socialismo comunitario
del vivir bien.
Destaquemos que esa discusión no
está contenida en el presente debate del proceso electoral brasileño, uruguayo
o argentino. Estos están más urgidos por otra agenda, asociada a la posibilidad
de sostener políticas que promuevan consensos renovados a una estrategia que
sin modificar las condiciones institucionales y estructurales de los cambios
acaecidos en las últimas décadas, promuevan iniciativas políticas y económicas de
inserción protagónica en el orden capitalista contemporáneo. Brasil intenta ser
parte de la disputa hegemónica del orden global desde su asociación
privilegiada con China en los BRICS. Uruguay, desde los límites que le imponen
los socios mayoritarios en el Mercosur, intenta juego propio en otros
escenarios de la integración, incluyendo atractivos de valorización capitalista
a inversores de Brasil o Argentina. Ambos procesos y la Argentina están
discutiendo, desde el debate mayoritario, una inserción más o menos funcional a
la hegemonía del libre comercio sin poder discutir un más allá del orden civilizatorio.
La discusión se procesa en condiciones
de retracción de la actividad económica, local y global. El debate se angosta a
las formas del ajuste económico y la distribución social del costo en su
ejecución. Por eso el titular de la UIA alude a la ideología del “modelo
económico” en la Argentina. Es un diagnóstico pronunciado en el coloquio de
empresarios en Mar del Plata y que demanda como parte del colectivo
empresarial, interesado en restablecer la tasa de ganancia, un clima de
consenso, también ideológico, para una intervención estatal favorable a sus
negocios. La pretensión de objetividad es negada desde la propia formulación
para que el Estado sirva a los intereses del sector privado de la economía, una
máxima de principios en los años noventa.
Pretendemos diferenciar como
Bolivia y otros procesos en la región, desde sus concepciones de lo plural y
una agenda para el desarrollo que dialoga desde una temporalidad de más largo
alcance, pretende intervenir más allá del régimen del capital. Ni hablar de
Cuba que se propone otro debate para el desarrollo desde su experiencia por el
socialismo y que esta semana albergó en La Habana un encuentro del ALBA-TCP
para aprobar una estrategia alternativa al combate al Ebola, con médicos y
profesionales de la salud, más aportes en medicamentos y recursos monetarios para
la emergencia sanitaria, que contrasta con el ejército de marines estadounidenses.
Apuntamos a destacar que
discutir el orden económico supone definir rumbos de desarrollos, más allá del
mercado y de las ganancias, para pensar en satisfacer variadas necesidades
locales y mundiales.
Buenos
Aires, 26 de octubre de 2014