Argentina acordó cancelar deuda con el Club de París

Informes oficiales de las partes, el gobierno argentino[1] y el Club de París[2], explican en la fecha el acuerdo para cancelar 9.700 millones de dólares en los próximos 5 años, con opción a que sean finalmente 7 los años de pagos, si es que no llegan inversiones externas desde los países acreedores.
Lo suscripto está condicionado al ingreso de inversiones externas demoradas por la falta de pago de antiguas deudas, parte importante de las cuáles fueron asumidas en la dictadura genocida para pertrechos bélicos, armamentos entre ellos. En la medida que ingresen esas inversiones externas, los pagos podrían acelerarse, o demorarse en caso contrario.
Japón y Alemania son de los países de mayor acreencia entre los 19 integrantes del Club de París. Entre otras, la empresa Toyota y la Siemens, que habían comprometido inversiones en Argentina esperaban el visto bueno de sus casas centrales y gobiernos, sujetos a la negociación por las cancelaciones de la deuda ahora consolidada en 9.700 millones de dólares.
Entre los principales acreedores están también Holanda, EEUU, Italia, España, Suiza, Canadá, Francia e Inglaterra. Existen expectativas de atraer capitales de esos países para los sectores más dinámicos de la economía local, entre ellos en eñ sector de los hidrocarburos no convencionales.
Los pagos comenzarán en Julio próximo con un desembolso de 650 millones de dólares, y dos pagos sucesivos, en mayo del 2015 y 2016, por 500 millones de dólares respectivamente. En total un pago directo de 1.650 millones de dólares en los próximos dos años.
Por el resto de la deuda, que se cancelará desde ahora y hacia el 2019 o el 2021, se le deberán adicionar intereses con una tasa del 3% por el saldo de capital, que si se extiende el plazo de cancelación se estirará a 3,8%.
Se aduce que se trata de una tasa de interés ventajosa en las condiciones del costo del dinero en la coyuntura. Sin embargo, poco se comenta la exigencia de disposición de recursos fiscales o de las reservas internacionales, que bien podrían tener otro destino.
La política económica necesita ingresar divisas
Argentina llegó a acumular 52.000 millones de dólares en 2011 y ahora registra unos 28.500 millones de dólares. En muy poco tiempo se perdieron 23.500 millones de dólares, fugados del país por diferentes mecanismos económicos, entre ellos salida por atesoramiento, turismo, pago de importaciones, cancelaciones de deuda y remisión de utilidades al exterior.
El Presidente del Banco Central informó en un cónclave empresario que se aspira a sostener el actual nivel de reservas a fines del 2014[3], con lo cual, pese a la cosecha récord y las consecuentes liquidaciones de divisas, más préstamos e inversiones que habiliten los novísimos acuerdos externos, con el CIADI, Repsol y el Club de París, la confesión de partes señala a las presiones externas para hacerse de recursos provenientes del trabajo social en la Argentina, y que convoca a sostener una política oficial agresiva de ingreso de divisas y hacer frente a la demanda de pagos al exterior.
Lo concreto es que hay que pagar deuda y más deuda; importar energía e insumos importados para el ensamble industrial local; cancelar demandas por turismo y diferentes mecanismos de fuga de capitales. Las divisas generadas por las exportaciones locales no alcanzan y por eso más préstamos y estímulos a la radicación de inversiones foráneas.
¿Qué significa ser país emergente?
Argentina pretende ser reconocido por el sistema mundial y ser sujeto de préstamos e inversiones, y por eso va en búsqueda de ser considerado “país emergente”. Esa es la razón para reivindicar la invitación rusa para ser parte de la próxima reunión de los BRICS en Brasil, e imagina la transformación en BRICSA. Así, a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS), deberá incluirse a la Argentina como país emergente (BRICSA).
Esta caracterización como “emergentes” suena bien, mejor que “países atrasados, en desarrollo, dependientes”, pero no es otra cuestión que la denominación que le asignan los capitales excedentes a los países que ofrecen condiciones adecuadas de rentabilidad a sus inversiones.
Esas condiciones se concentran en abundante población en disposición a ser empleada a bajos salarios relativos al costo promedio mundial e importante dotación de recursos naturales para insertarlos como mercancías en el ciclo de acumulación de capitales.
Además, son consideraciones en momentos de crisis de valorización del capital en los principales centros imperialistas del sistema mundial: EEUU, Europa y Japón.
Vale recordar que los inversores están interesados en la apropiación de la renta que resulta de sus inversiones, motivo por el cual Repsol retiró 13.000 millones de dólares de ganancias obtenidas en una década en la explotación de hidrocarburos en nuestro país.
Son dos noticias que resalta el gobierno, y la presidente de Argentina se pronunció por redes sociales destacando que hoy es "un día muy importante para la Argentina, con el acuerdo por la deuda del Club de París y la invitación a la cumbre BRICS en Brasil"[4].
Convengamos que con el acuerdo se consolidan los compromisos de pagos que ratifican el carácter de cáncer que asume el endeudamiento público, y con la potencialidad de pertenecer a los emergentes, se confirma a la Argentina como ámbito expectable para la rentabilidad del capital.
Se perdió otra ocasión para declarar “deuda odiosa”
Si una deuda era pasible de ser declarada odiosa era la del Club de París y sin embargo, se optó por cumplir con los compromisos contraídos ilegítimamente por la dictadura genocida.
La opción de pagador serial de deuda y de búsqueda de reconocimiento mundial afirma a la Argentina como parte del capitalismo mundial en crisis.
El interrogante es si se puede transitar un camino alternativo, anticapitalista y antiimperialista. Ello supone fuerza política en la sociedad que desde nuevas mayorías desde la acumulación de poder popular pueda desafiarse el orden capitalista local, regional y mundial.
Es parte de lo que hoy 29 de mayo, a 45 años del Cordobazo se disputa en las elecciones de la CTA e intentar ser mayoría en el movimiento de trabajadores en la Argentina y desde allí disputar hegemonía en el seno del pueblo para ejercer soberanía integral para la liberación.
Buenos Aires, 29 de mayo de 2014


[1] Agencia de Noticias Telam, en: http://www.telam.com.ar/notas/201405/64883-kicillof-argentina-club-de-paris.html (consultado el 29/5/2024)
[2] Sitio en internet del Club de París, en: http://www.clubdeparis.org/ (consultado el 29/5/2024)
[3] “El BCRA prometió bajar la tasa de interés sólo si la inflación sigue en descenso”  Diario BAE del 29/5/2014, en: http://www.diariobae.com/notas/18269-el-bcra-prometio-bajar-las-tasas-de-interes-solo-si-la-inflacion-sigue-en-descenso.html (consultado el 29/5/2014)
[4] ACUERDO CON CLUB DE PARÍS. Cristina: "Todas las obligaciones financieras de Argentina, desde el 25 de mayo de 2003, se han venido pagando religiosamente". Agencia Télam, en: http://www.telam.com.ar/notas/201405/65127-cristina-todas-las-obligaciones-financieras-de-argentina-desde-el-25-de-mayo-de-2003-se-han-venido-pagando-religiosamente.html (consultado el 29/5/2014)
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Desaceleración económica, tasas de interés y precio del dólar

Se reinició el debate sobre la coyuntura, el crecimiento o no de la actividad económica, las tasas de interés y el precio de las divisas.
La desaceleración es un dato concreto, especialmente de la producción industrial. Así lo expresan los datos de las cuentas nacionales que remiten a una recesión productiva en el ámbito de la industria, con las automotrices a la cabeza y las suspensiones de trabajadores.
Desde el gobierno y los sindicatos se presiona para que las suspensiones no se transformen en cesantías, mientras se reducen los salarios de los trabajadores, que como siempre constituyen la variable de ajuste.
Es una discusión si la desaceleración o recesión se extiende al conjunto de la economía.
Desde el campo, con precios en alza y cosecha récord se contrasta la información y fluyen dólares para recomponer la crisis externa de menor superávit comercial y cierto alivio en la recomposición de reservas luego de dos años de pérdidas netas ante la fuga de capitales.
Con las tasas de interés ocurre algo insólito, ya que la política del BCRA luego de la devaluación de enero del 2014 fue la de promover el alza de las tasas al 26%.
Esa política fue la excusa de la banca privada y transnacional hegemónica en el ámbito comercial de las entidades financieras para elevar el costo del crédito a valores que oscilan entre el 85 y el 110%, en consumos con tarjetas, giros en descubiertos o créditos para consumo, o la producción.
No hay dudas que se trata de un costo usurario, imposible de financiar ninguna ampliación de la actividad económica, menos con la situación de desaceleración que se confirma en la vida cotidiana.
Desde el propio oficialismo, sea el gobierno o voces del periodismo afín se salió a denunciar el carácter usurario de la banca, sin reconocer que en el origen está la iniciativa del propia autoridad monetaria.
Mientras se discute que los propios bancos instalen auto restricciones, sorprende que siga vigente la ley 21.526 de entidades financieras de la dictadura, o que no se acuda a la nacionalización de la banca ante la usura explícita que suponen tasas de saqueo.
Mientras tanto el dólar volvió a subir, tanto el oficial como el paralelo, y parece haberse terminado la convertibilidad de 8 a 1 que rigió por unos meses.
Existen operaciones especulativas, no hay duda, y se asocian a la recurrente actitud especulativa que sostiene la fuga de capitales, Pero también se asocia a una inflación del 12% en el primer cuatrimestre, según la nueva medición del INDEC, que también está en la sospecha por no recoger íntegramente el movimiento de los precios en la Argentina, e incluir a los precios cuidados en la medición del indicador mensual de evolución de los precios.
El tipo de cambio es un precio más en la economía, como el de los alimentos, el combustible, o los salarios, y cada uno de ellos evoluciona según condiciones particulares.
Los grandes especuladores y productores exportadores de la argentina presionan por una nueva devaluación y saben que ya tuvieron éxito al comienzo del 2014, y van por una nueva devaluación, mientras los salarios se contienen en negociaciones salariales chantajeadas por el temor al despido o la desaceleración de la economía.
Por si fuera poco el debate de la coyuntura, el pasado 22 de mayo, el CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, sentenció a la Argentina a pagar 40 millones de dólares a la empresa eléctrica francesa SAUR International S.A. por violación al tratado de defensa de inversiones entre Francia y Argentina.
También hay que sumar pagos de intereses del 6% desde septiembre de 2007 hasta el presente. Los cálculos indican unos 60 millones de dólares entre la sentencia, los intereses y los gastos, a los que deberán adicionarse honorarios profesionales.
Se trata de un nuevo fallo en contra de la Argentina por parte del CIADI y que nos renueva el interrogante sobre la permanencia del país en ese ámbito que no integra el Brasil y del que se retiraron Bolivia, Ecuador y Venezuela en años recientes.
La realidad es que la Argentina sigue prisionera de una institucionalidad en defensa del libre comercio sustentada en los años 90, los de la hegemonía neoliberal, y que no termina de desembarazarse.
Como si ello no fuera poco, acaba de realizarse en París un encuentro entre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, y la CEPAL, para discutir los beneficios del libre comercio en momentos en que el Mercosur discute un tratado con la Unión Europea, luego de haber rechazado en 2005 un acuerdo similar con EEUU, el ALCA.
La pregunta recurrente apunta a pensar que tendrá de diferente el capitalismo europeo para favorecer un acuerdo de libre comercio que oportunamente se rechazó con EEUU.
Convengamos que solo son preguntas para analizar la complejidad de la coyuntura económica de la Argentina en momentos de reducción de la actividad económica y amenazas sobre los ingresos populares.

Villa Mercedes, 23 de mayo de 2014.
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Política social compensatoria

Hacía un año que no se actualizaban los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), y esta semana se informó una actualización del 40%. Aun siendo poco representativo para cada perceptor del beneficio, de $460 a $644 por mes, la suma total afectada aporta en el intento de contrarrestar la caída del consumo y la producción que verifica la desaceleración de la economía en el presente.
El ajuste de ingresos por beneficios sociales supone varias consideraciones. Por un lado significa un reconocimiento de la variación real de los precios de bienes y servicios que consumen los sectores más desprotegidos de la sociedad; y por otro, confirma que los elevados indicadores de crecimiento de la economía en la década no alcanzan para que millones de personas resuelvan su cotidianeidad con recursos provenientes del empleo.
La política económica no ha podido resolver cuestiones estructurales asociadas al ingreso popular, por lo que la política social masiva actúa de forma compensatoria, intentando morigerar indicadores sociales de marginación y empobrecimiento que constituyen legados de cambios regresivos en el orden económico y social gestados en las últimas cuatro décadas.
Vale mencionar que la AUH es el programa más extenso de una política social masiva que involucra a casi 4 millones de beneficiarios, y a la que se suman otros tres millones de diversos planes sociales, entre ellos nuevos jubilados sin historial de aportes previsionales. La política social alcanza a unos 7 millones de personas que reciben transferencias de ingresos provenientes de la ANSES.
El movimiento de trabajadores jubilados cuestiona la distracción de fondos del ANSES para fines que no sean previsionales, sustentando que lo esencial de los recursos de la seguridad social son aportes y contribuciones con ese específico fin. En todo caso, señalan, la insuficiencia de fondos para hacer frente los pagos de jubilaciones y pensiones se asocian a la disminución de aportes patronales gestados en tiempo de Cavallo y Menem y que motivó el reemplazo con recursos tributarios. Este último argumento, la compensación con impuestos para el fondo de la seguridad social es lo que sostiene el gobierno para atender el conjunto de la política social con dinero de la ANSES.
La cuestión parece irresoluble por escases de fondos, sean del tesoro nacional o del fondo de la seguridad social. Las demandas a satisfacer son cuantiosas y más allá del debate sobre índices de pobreza e indigencia, la realidad es que una parte importante de la sociedad tiene problemas de ingresos para resolver las necesidades de la vida cotidiana.
En efecto, si son 7 millones los beneficiarios de la política social con ingresos ajustados pero escasos, y unos 5 millones de jubilados nacionales perciben la mínima, por debajo del 50% de lo necesario para una vida digna; y un tercio de los trabajadores están en situación irregular con ingresos menores a los regularizados con seguridad social; queda claro entonces la deuda del orden económico social con la mayoría de la población.
Con ese cuadro de situación se impone la masividad, no necesariamente universalidad, de una política social compensatoria ante una economía que en la crisis mundial creció a valores superiores. Es una situación que la Argentina comparte con la mayoría de los países de la región, aún con orientaciones políticas diferenciadas. En casi todos los países de Latinoamérica se aplican programas de transferencias de renta sustentados en fuertes ingresos fiscales derivados de la particular situación de suba de los precios internacionales de los productos de exportación.
Uno de los problemas a consignar es que en estudios de la CEPAL y de la OIT para la región se anticipan modificaciones en las condiciones globales del rumbo económico, del comercio y de los precios de las materias primas que pueden afectar la cuestión de los ingresos fiscales de los países y convocaran a discutir el uso de los recursos públicos. No en vano, sectores hegemónicos presionan para la disminución del gasto público y aunque no siempre se sostenga claramente, el gasto social está en la mira del objetivo para la reducción.
Otro de los problemas proviene de la evolución de los precios, del 1,8% en abril según el INDEC, que se suma al 10% del primer trimestre, y en particular del de la divisa, que esta semana parece haber iniciado un nuevo movimiento alcista luego de la devaluación de enero. Las mínimas correcciones del valor del dólar impactan en varios precios que sufren precisamente los sectores de menores ingresos, que aun antes de percibir los ajustes ya sufren el impacto de la suba en bienes y servicios de consumo cotidiano.

Buenos Aires, 17 de mayo de 2014
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Empezaron las suspensiones en la industria

El INDEC informó en esta semana una corrección de los datos de evolución y crecimiento de la economía argentina entre 2004 y 2013. La nueva metodología destaca un menor crecimiento económico que el oportunamente informado, especialmente en los años 2008 y 2009, de fuerte recesión mundial.
El nuevo registro para el 2008 es de un crecimiento del 3,1% contra el 6,8% informado en su momento. Con la nueva medición surge que la Argentina no debió pagar el premio por crecimiento del PBI a los bonos de la deuda pública con esa cláusula. Ahora ya es historia, pues lo pagado no se puede revertir.
Para el 2009 el nuevo valor es de 0,1% y oportunamente se había informado un índice del 0,9%. Vale recordar que varios análisis destacaban una cifra negativa para la evolución económica.
Respecto del año pasado se confirma que según la vieja medición el guarismo indicaba una expansión del 4,9% que finalmente fue del 3% y eso motivó que el país no deba pagar por los bonos atados al crecimiento del PBI.
Los nuevos datos, con el 2004 como referencia, remiten a un PBI a fines del 2013 del orden de los 112 mil millones de dólares a precios de mercado, con un menor crecimiento del que se había informado con el viejo método, con 1993 como referencia.
La evolución en la coyuntura
Más allá del revisionismo en los datos de las cuentas nacionales, preocupa en la coyuntura la caída de la producción industrial y especialmente las cesantías que aparecen principalmente en la industria automotriz.
Se estima según fuentes periodísticas que unos 12.000 trabajadores de terminales automotrices están siendo afectados por suspensiones parciales, que se explican según las patronales en la importante disminución de las ventas, tanto al mercado local como global, especialmente a Brasil.
La baja de las ventas en abril alcanza al 35% en términos anuales y se suman a la caída registrada en marzo con tendencia a sostenerse en el presente mes de mayo. El dato para el cuatrimestre de enero a abril supone una reducción de ventas del 18% en comparación con igual periodo del 2013.
Existe una disminución de las ventas internas y externas, al tiempo que mermó la producción de las terminales y por ello las suspensiones temporales. Es una situación que ya anticipa una merma del record de producción de automotores del pasado año.
Entre las suspensiones se reconocen a 4.000 trabajadores de Volkswagen, 2.200 de FIAT, más 700 de Iveco, los camiones de Fiat. En la Peugeot, según el sindicato son 1.000 las suspensiones y otro tanto en Renault, agravado con problemas para conseguir repuestos. Se trata de una afectación de un décimo del personal de las automotrices, por lo que preocupa, y especialmente que no se transformen en despidos.
Se trata en general de suspensiones transitorias que se reiteraran semanalmente y/o mensualmente y que por ahora no se consolidan como cesantías. Hasta ahora, tanto las terminales como el sindicato intentan explicar que se trata de obstáculos a resolver, claro que los trabajadores afectados percibirán ingresos del 70% de sus haberes habituales, reducidos por las menos horas trabajadas, lo que implica menor capacidad de compra de sus ingresos en un momento de incremento de los precios en la canasta de consumo de los trabajadores y su familia.
En otras terminales automotrices podría repetirse la figura de achicamientos de turnos y suspensiones de sus trabajadores, algo que también impacta en el conjunto de la cadena de producción, ya con despidos y suspensiones en pequeñas o medianas empresas proveedoras de las grandes terminales automotrices.
Hay que señalar que la industria del automotor explicó buena parte del crecimiento de estos años, aún con la corrección metodológica que difunde el INDEC en estas horas.
Mucho se discutió en estos años si era adecuado el privilegio a la producción automotor y si no se debía promover una producción más asociada al transporte público, especialmente el ferrocarril. Más allá del debate de fondo, las suspensiones y/o despidos no aluden a un cambio de paradigma en materia de producción, sino a las dificultades combinadas de la economía local y mundial, con los trabajadores y sus ingresos como variable de ajuste.

Buenos Aires, 10 de mayo de 2014
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La inflación condiciona la política económica

La AFIP difundió un crecimiento de la recaudación del 37,1% para abril del 2014 respecto de hace un año, y del 34,8% relativo al primer cuatrimestre contra el mismo periodo del pasado año.
Más que explicarse en el crecimiento de la economía, la mejora en la recaudación tributaria remite al aumento de precios gestados en torno a la devaluación de enero. El ascenso de los precios sobre fines del 2013 se consolidó y expandió con la devaluación de enero, consolidando un 10% de crecimiento de precios para el primer trimestre y proyectando un índice de inflación alarmante para el conjunto del 2014.
En efecto, confirmando lo comentado, el IVA, principal fuente de recaudación, batió el record y creció un 51,9% sobre la colecta tributaria de hace un año. Por su parte, las retenciones al comercio exterior, por importaciones y exportaciones, con el precio de las divisas luego de la devaluación, crecieron 64,8% sobre abril del 2013.
La suba de la recaudación se asienta en suba de precios locales e internacionales. Con estos datos, desde la política económica, se piensa que puede sostenerse una tendencia de gasto público que intente contrarrestar la desaceleración de la economía para este año.
Desaceleración de la economía
Esa desaceleración responde a causas estructurales del funcionamiento de la economía local y mundial.
En el plano local preocupa el costo del crédito en el sector productivo, ya que la política monetaria restrictiva del BCRA luego de la devaluación favoreció el incremento de los plazos fijos vía aumento de las tasas de interés que ofrecen los bancos al público y que el BCRA ofrece a las propias entidades financieras. El resultado es un importante crecimiento del costo del dinero, incluso “usurario” según palabras del Jefe de Gabinete, ya que entre tasas de interés y comisiones y gastos que cobran los bancos, el costo de los préstamos puede alcanzar el 100% y no existe rentabilidad que cubra ese costo financiero.
En el plano mundial la desaceleración de China y Brasil, principales compradores de la Argentina hace mella en las cuentas externas y exacerba el problema de las divisas ante el déficit por importaciones industriales, déficit energético y vencimientos de deuda pública con el exterior. Son elementos de crisis del capitalismo mundial que repercuten sobre las especificidades nacionales de política económica.
El salario es la variable de ajuste
Vale mencionar que la combinación de tasas y precios elevados no solo afecta la rentabilidad de las empresas, sino que amenaza seriamente la dinámica del empleo y los ingresos de la mayoría de la población.
Las autoridades señalan que el efecto de la desaceleración de la economía sobre el empleo aún no se siente en materia de suspensiones o despidos, pero la contención inducida en las negociaciones colectivas para la recuperación salarial da cuenta que la variable de ajuste en la coyuntura es el salario y con ello se afecta en forma directa la expansión del consumo.
Insistamos en que la recaudación del IVA crece, más por inflación de precios que por volumen de ventas. De hecho existen variados rubros donde la disminución del consumo es un dato de la realidad.
El problema es que el crecimiento del producto ocurre por expansión del consumo, de la inversión o del saldo del comercio exterior, y ninguna de las tres fuentes del crecimiento aparece estimulada.
Una, el consumo, especialmente el popular, aparece restringido por menor capacidad de gasto de los trabajadores y sus familias. Otra, la inversión está contenida, sea por expectativas desfavorables como por el costo abusivo del crédito. Finalmente y por diversas causas se achica el saldo comercial favorable con el exterior.
En definitiva, se reitera un ciclo de achicamiento de la economía local con impacto diferenciado sobre las clases sociales y su capacidad de gasto para satisfacer necesidades.
Llamamos la atención sobre el tema ante el agravamiento de las perspectivas de continuidad de la crisis mundial del capitalismo y las modificaciones en las tendencias globales, que dan cuenta del fin de las ventajas relativas que habría tenido la región latinoamericana en los últimos años. Informes diversos sobre el futuro cercano auguran el retorno de problemas estructurales, especialmente la desigualdad social y de ingresos, que identifica en las antípodas la concentración y la pobreza, dos caras de una misma moneda. Son cuestiones para pensar la coyuntura y más allá, para discutir sobre el orden social y económico en su conjunto en una nueva ecuación de perjudicados y beneficiarios del modelo productivo y de desarrollo en el país, la región y el mundo.

6 de mayo de 2014
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A propósito del 1 de Mayo

Resulta interesante, a propósito de la celebración del día internacional de los trabajadores, evidenciar algunos datos referidos al empleo y los salarios en la Argentina, que surgen de un estudio de la FISYP.[1]
En el trabajo se señala que la información proviene de la EPH-INDEC, la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, con datos para el cuarto trimestre de 2013 y refieren a la situación de los trabajadores asalariados.
Del estudio surge que sólo el 49,4% de los asalariados es a la vez ocupado pleno o a tiempo completo, o sea, que trabaja más de 35 horas semanales y está registrado.
·         Que la mitad de los asalariados gana menos de $4.500 por mes en su ocupación principal.
·         Que el 33,5% de los asalariados no está registrado por su empleador, dando cuenta de la permanencia de una situación de impunidad empresarial que persiste en no registrar a sus trabajadores y privarlos de seguridad social.
·         Que el 81,2% de los asalariados no registrados gana menos de $4.500 por mes en su ocupación principal.
·         Que el salario promedio de los trabajadores no registrados es de $2.903 por mes. El de los no registrados, pero plenos o a tiempo completo, o sea que trabajan más de 35 horas semanales es de $3.745.
·         Que el ingreso medio de la ocupación principal de distintos grupos de trabajadores asalariados es de $5.050 al mes.
Ese promedio es resultado de:
·         Asalariados Plenos $5.859;
·         varones $5.738 y mujeres $4.182;
·         Trabajadores Estatales $6.204;
·         Trabajadores Privados $4.758;
·         Trabajadores Registrados $6.133;
·         Trabajadores No Registrados $2.903;
·         Trabajadores Registrados y Plenos $6.652;
·         Trabajadores no registrados y pleno $3.745.
Son datos promedios que evidencian la precariedad de ingresos de los trabajadores asalariados y la persistencia de la impunidad empresarial que niega seguridad social a un tercio de los trabajadores.
El conjunto de datos oficiales referencia la base material que justifica la demanda de los trabajadores por mejorar el ingreso y las condiciones de empleo en la Argentina.
En otro trabajo de la Fisyp[2] se destaca la “recuperación del empleo” en la década transcurrida desde 2002, aunque “asentado sobre dos aspectos que se han demostrado constitutivos e imprescindibles para la sostenibilidad del modelo: un nivel de precarización muy elevado y trabajo “en negro” (no regularizado por impunidad empresaria) en niveles inéditos para períodos de bonanza económica”.
El caso del Estado Nacional es interesante, ya que “a junio de 2013 un 15,7% de sus empleados estaba bajo el formato de “contratados”, constituyéndose en uno de los empleadores que apuntala la situación de precariedad laboral.”
Sobre el trabajo “no registrado” se sostiene que “aparece como una necesidad del modelo económico vigente”, por ser un dato estructural con límites a la baja desde el 2008.
El informe da cuenta de una diferenciada “recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores en la última década”, siendo “Para el sector privado registrado....del 32%...” mientras que “los trabajadores no registrados....apenas han incrementado su capacidad de compra”.
Se señala que “El poder adquisitivo del salario se encuentra, en la actualidad, en niveles comparables con el que tenía un trabajador promedio a fines de la década del ´40, lejos del punto máximo de 1974”.
El estudio señala a propósito de la política social masiva que “a pesar del alto nivel de empleo existente, los salarios son lo suficientemente bajos como para que se requiera una transferencia importante del Estado para terminar de conformar los ingresos de los sectores populares, incapaces sin esta ayuda de afrontar sus necesidades cotidianas.”
Se concluye destacando “deudas” en este periodo “la precarización laboral, el empleo no registrado y el bajo poder adquisitivo del salario”, en tanto “necesarios para el sostenimiento de un modelo económico que no ha transformado estructuralmente el tipo de empleo que se crea en la Argentina.”
Son estudios que requieren ser discutidos más allá de ideologismo o concepciones propagandísticas sobre el resultado en condiciones de vida de estos años transcurridos luego de la crisis del 2001/02, especialmente para pensar en una estrategia emancipadora desde los trabajadores.
Buenos Aires, mayo de 2014


[1] Germán Pinazo, Guido Saccal y Arnaldo Ludueña. “Algunos datos sobre el salario y las condiciones de
trabajo en la Argentina actual.”  Área de Economía Política de la Fisyp – Proyecto ATE
www.fisyp.org.ar
[2] Julio Gambina, Germán Pinazo, Guido Saccal y Arnaldo Ludueña. Equipo de Investigación ATE-FISYP. “Los ingresos de los trabajadores y el rol del estado, una década después.” FISYP – Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, www.fisyp.org.ar
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