La coyuntura económica se
concentra en los debates en torno al paro realizado el pasado jueves 10 de
abril y la presencia del Ministro de Economía y la delegación argentina a la
reunión conjunta del FMI y el Banco Mundial en Washigton.
Las demandas en uno y otro caso
aparecen cruzadas en el plano político y económico, con los organismos
internacionales sugiriendo la tradicional política de ajuste, una posición que sustenta
no solo para la Argentina, sino para el conjunto de la economía mundial, en
momentos en donde se reconoce la continuidad de la crisis mundial. En las
antípodas, la protesta de los trabajadores trascendió a los propios
organizadores y convocó a buena parte de los descontentos con el achicamiento
de ingresos que supuso la devaluación de enero y el encarecimiento de los
precios, antes y después de la modificación del tipo de cambio.
Es evidente que la presión sobre
la política económica se presenta en ambas y opuestas direcciones. Por un lado
el afianzamiento de la política de ajuste, especialmente asentada en el
deterioro de los ingresos populares; o, entre otras cuestiones, en la atención
de demandas de actualización y aumento salarial contra la erosión derivada de
la inflación y la aplicación del impuesto a las ganancias a los salarios;
destacando en ese marco la reivindicación de jubilados y pensionados por un
pago de emergencia que actualice sus haberes y más de fondo la histórica
demanda de un ingreso equivalente al 82% móvil con un mínimo equiparable al
salario mínimo, vital y móvil en niveles acorde con satisfacer la canasta
familiar del trabajador y su familia.
Reunión
en Washington
En el cónclave de los organismos
financieros se busca el aval para reinsertar a la Argentina en el mercado de
crédito mundial. El país está afuera desde la cesación de pagos del 2001, más
allá de los regulares pagos, incluidas las cancelaciones al FMI y los canjes de
deuda del 2005, 2010 y 2013 al que ingresaron el 93% de los acreedores de títulos
públicos.
El argumento para mantener a la
Argentina fuera del mercado de préstamos es la continuidad del default con ese
7% de tenedores de títulos, algunos de los cuales demandan al país ante la
Justicia de Nueva York; pero también el impago al Club de París, que integran
los principales países capitalistas, que a su vez son los principales
accionistas y los que deciden en el FMI y el Banco Mundial. Recordemos que a
fines de mayo está en agenda el inicio de las negociaciones para salir del
default con el Club de París.
La ausencia de un acuerdo con
estos organismos es un límite que impone el mercado mundial para liberar
créditos, aun cuando YPF obtuvo hace pocos días ofertas varias veces superiores
a una demanda de fondos por 1.000 millones de dólares. Pese a una tasa elevada,
superior al 8%, la posibilidad de ese financiamiento se considera como una
prueba de avanzada para que otros sectores privados de la economía local
transiten el mismo camino y volver a la senda del endeudamiento público y
privado.
Mencionamos lo público y lo
privado porque el gobierno, en tanto sector público, suscribió hace poco un acuerdo
estratégico con el Banco mundial por 3.000 millones de dólares para el periodo 2014-2016
y porque YPF sigue siendo una empresa privada, aunque de gestión estatal.
La búsqueda de recursos externos
incluye préstamos e inversiones externas directas, que junto al sostenimiento
del superávit comercial (mayores exportaciones que importaciones) contrarresten
la pérdida de divisas de los últimos años.
Recordemos que las reservas
bajaron de 52.000 millones de dólares a mediados del 2011 a unos 27.000
millones en la actualidad. La intencionalidad apunta a frenar el drenaje de
divisas y en la medida de lo posible recomponer reservas internacionales.
Para que ello sea posible, los
inversores y prestamistas externos actúan sobre el FMI y el Banco Mundial para
que las autoridades de la Argentina asuman políticas económicas amigables con
los inversores.
Ello puede significar que se profundicen
los lazos y vínculos con los organismos internacionales, tal como se viene
actuando a los efectos de las correcciones en los índices de inflación y
medición del crecimiento del PBI, tal como lo sugirió Christine Lagarde al
señalar que la colaboración del Fondo con la Argentina fue a solicitud del
Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y enfatizando que el organismo debe
auditar las cuentas nacionales.
La
presión del paro
Desde el otro ángulo, la
extensión del paro nacional, más allá del análisis que debe continuarse,
respecto de las formas, los modos y los beneficiarios de la iniciativa de
acción colectiva, requiere que la política económica asuma algunas respuestas
inmediatas.
Una de ellas remite a la
actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, ya que es
impensable desde la lógica hegemónica actual pensar en su eliminación, algo que
estuvo incluido en varias demandas de las organizaciones que protagonizaron la
protesta.
Otras respuestas que emanan del
paro son de carácter más general y remiten a los precios y los salarios.
En materia de precios se
anunciaron dos medidas en estos días. Una de ellas es la extensión de los
precios cuidados de 194 productos a 302, con una actualización promedio del
3,2% en el paquete vigente, y el debut para 108 nuevos productos, que vienen
con descuento, aun cuando incluyen el fuerte colchón de los aumentos procesados
entre fines del año anterior y comienzos del presente. Otra alude a la quita de
los subsidios de agua y gas, lo que significan facturas abultados para los
usuarios residenciales, ya que las empresas, en aras de la desaceleración
económica, se les mantiene el subsidio.
Queda claro que ambas tienen
efectos diferenciados e impactan sobre la capacidad de consumo de los sectores
de ingresos fijos, precisamente los más desfavorecidos y en buena parte
protagonistas de la protesta social del 10 de abril.
Otras reivindicaciones son de
mayor alcance y proponen un debate político en la sociedad, tal como la
derogación de la legislación antiterrorista; las cuestiones de la seguridad,
que involucra la precariedad y tercerización en el empleo, restringiendo
seguridad social y previsional. Más para el debate son las consignas de
libertad y democracia sindical, que supone discutir el modelo sindical
imperante, sobre el que mucho se discutió en estas horas.
Quizá, valga mencionar que el
dato más importante que trajo el paro es que aún a favor o en contra, por un
tiempo, la agenda de discusión la pusieron los trabajadores.
Buenos
Aires, 11 de abril de 2014
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