La crisis cambiaria que se venía gestando desde hace meses finalmente estalló y el
gobierno aplicó la maxi-devaluación que tanto criticaba. No solo eso. Ya comenzó a
transitar el camino ortodoxo que prometió eludir. Con la devaluación se inició el
primer capítulo de un ajuste tradicional, que seguirá con aumento de tasas de interés,
contracción monetaria y apriete fiscal, para incrementar los ingresos de los poderosos
a costa del salario
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La política gradualista del gobierno para enfrentar estos desequilibrios (mini-devaluaciones
diarias, reducción de subsidios, acuerdos con cadenas de supermercados y distribuidores)
terminó como era previsible. No soportó la presión de los devaluadores y la falta de ingreso
de dólares. Resultado: devaluación del 18% en dos días, que completa un 60% en el año y
estampida de precios. Como toda devaluación esta lleva implícita una fuerte transferencia
de ingresos de los sectores populares (asalariados, jubilados, beneficiarios de planes
sociales) a los sectores del capital concentrado.
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Un gran ajuste. Sin embargo los mercados no se tranquilizaron. El levantamiento parcial
del control para permitir atesoramiento no hizo más que abrir una nueva ventanilla de salida
mientras que el encarecimiento del turismo al exterior no logró frenar esa sangría mientras
que quienes ingresan al país siguen liquidando sus dólares en el mercado negro. A esto hay
que agregarle que las reservas son utilizadas para mantener pagos de una deuda externa que
nunca fue investigada junto con pagos genuinos de deuda pública y privada. No es serio
afirmar como hace el gobierno que “esta devaluación será distinta”. Los efectos ya están a
la vista en los primeros días: inflación que se acelera, incumplimiento de los acuerdos,
desabastecimiento de productos.
El gobierno improvisa cotidianamente medidas poco coherentes. Un día anuncia medidas
de control y al otro, medidas “amigables” para los mercados. Afirma que hay conspiración,
pero hace la devaluación que exigen esos conspiradores. La oposición de derecha
aprovecha, pero no quiere tumbar al gobierno. Su objetivo es empujarlo a que siga haciendo
el trabajo sucio.
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Los Economistas de Izquierda hemos señalado en diversas oportunidades: el esquema
económico gestado por el kirchnerismo es fuertemente dependiente del ingreso de divisas
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generadas por el agro y de la captura de recursos fiscales vía retenciones. Tanto la Mesa de
Enlace como las exportadoras conocen bien estas debilidades del “modelo” y operan sobre
ellas, demorando la venta de la cosecha y la liquidación de divisas, promoviendo la
devaluación que mejorará sus ingresos e incrementara sus ya abultadas ganancias a costa
del bienestar de la mayor parte de la población.
Pero esta innegable capacidad de presión de productores y exportadores para agudizar la
restricción externa y de desfinanciar al Estado no puede ocultar la responsabilidad del
gobierno nacional, que interviniendo el INDEC y negando una y otra vez la inflación, dejó
crecer los precios internos que abultaron la rentabilidad capitalista. Esta política condujo en
definitiva a la presión sobre el tipo de cambio.
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El gobierno resiste las presiones porque sabe deteriorará aún más los salarios y luego
concede. Los trabajadores legítimamente saldrán a exigir recomposición del poder
adquisitivo, si no se frena la remarcación de precios
que hacen los grandes capitalistas el ciclo se realimentará una y otra vez. Como en otras
devaluaciones ya están en marcha todos los complementos tradicionales de la ortodoxia:
suba de las tasas de interés, reducción de gastos y de la emisión monetaria. El gobierno
niega estas medidas y luego las aplica.
El equipo económico busca ganar tiempo esperando el ingreso de dólares de la cosecha
gruesa en los próximos meses y que de resultado positivo alguna de las tantas gestiones
para conseguir financiamiento externo. Pero al ritmo actual de caída de reservas en ese
tiempo de espera, puede producirse un desfasaje entre ingresos y salidas con consecuencias
más que dramáticas.
Todos los opositores derechistas son devaluadores. Cuestionan las medidas por pura
demagogia cuando en realidad piensan profundizar el ajuste. Ninguna propuesta intenta
resolver la crisis con medidas que no se descarguen sobre los trabajadores y los sectores
populares. Por el contrario son estos los únicos que objetivamente se oponen a las
devaluaciones y son favorables a los controles de precios efectivos.
Actuar con urgencia y decisión política
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Frente a la evidencia que por el camino actual se marcha a una agudización de la crisis y a
mayores ajustes, desde distintos sectores se está reclamando la inmediata reconstitución del
manejo estatal del comercio exterior. Los Economistas de Izquierda entendemos que se
debe discutir como concretar esa medida. No hay otra forma de solucionar las tensiones
sino se busca una solución de fondo. Y esta solución no es otra que una versión actualizada
de la Nacionalización del Comercio Exterior, de la implantación de Organismos
Reguladores (Juntas o Agencias), eficientes que defiendan la producción nacional y fijen
los precios de los alimentos, poniendo término así a la especulación que hacen los grandes
productores, acopiadores, comercializadoras y fondos de inversión con el tipo de cambio y
los precios internacionales y saque el negocio de las manos de los monopolios
exportadores. Ese sistema instaurado por el menemismo y hasta ahora preservado por el
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gobierno, que no ha hecho más que observar como controlan el mercado de granos y se
apropian de buena parte de la renta.
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Es importante subrayar que es una propuesta que hay que aplicarla bien para que el remedio
no sea peor que la enfermedad. Es una propuesta prioritaria que hay que aplicar de
inmediato antes que el BCRA se quede sin reservas y no tenga margen de maniobras (por
eso se debe exigir de inmediato la liquidación de los 3.500 millones de dólares retenidos,
bajo amenazas de actuar con la máxima penalidad). No es una propuesta que funcionará en
paralelo al actual sistema de comercialización, por el contrario es una propuesta que
reemplaza integralmente a lo que ahora esta en manos privadas (acopios, puertos,
negociación con clientes, etc.). Una propuesta de esta naturaleza no puede repetir lo que se
hizo con YPF. Un día expropiar y varios meses después aceptar pagar más de 5000
millones de dólares a los responsables del saqueo. Medidas así, carentes de mínima
consecuencia, terminan agravando el problema. Irritan a los poderosos y no despiertan
confianza popular. La estatización del comercio exterior debe instrumentarse sin
concesiones a los grupos privados que hoy manejan la actividad.
Los puertos privatizados son la salida al exterior, al estar en manos privadas el Estado no
puede ejercer un efectivo contralor. Para EDI Nacionalizar los Puertos permitirá controlar
efectivamente que el volumen de las exportaciones coincida con lo declarado por los
exportadores y cerrará así otra fuente de escape de divisas.
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Pero esta no puede ser una medida aislada. La captación estatal de los dólares retenidos
servirá si al mismo tiempo se actúa sobre los precios y los ingresos populares. Sobre los
primeros es necesario un Control Efectivo de los Precios, los acuerdos en el mejor de los
casos duran unos meses, hay que fiscalizar los costos de producción y comercialización de
las formadoras de precios. Hay que convocar a los trabajadores para que sean ellos quienes
ejerzan el contralor de los costos en fábricas y distribuidoras, y especialmente a los
empleados de comercio para el control de los precios acordados en supermercados y
negocios minoristas. El Estado debe garantizarles la inmunidad en el trabajo a todos ellos.
Asimismo, hay que impulsar la construcción de mercados populares mayoristas con control
social articulados con comercios
locales y movimientos populares para crear canales alternativos (como
los MERCAL venezolanos) para enfrentar el poder de mercado de los
oligopolios productores y distribuidores de mercancías.
La Ley de Abastecimiento está en vigencia y el gobierno debe estar decidido a ponerla en
práctica a la menor transgresión de las normas establecidas.
Por el lado de los ingresos hay que compensar ya mismo la pérdida de poder adquisitivo
de los salarios, jubilaciones y planes sociales, con un Aumento de Emergencia como paso
previo al llamado a paritarias sin techo. Al mismo tiempo que se prohiben los despidos
mientras persista la crisis.
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No hay formas de frenar la salida de capitales del proceso productivo sin un estricto
control de los movimientos financieros asentado en la Nacionalización del sistema
Bancario. En las condiciones actuales ninguna medida para incrementar la provisión de
divisas tendrá resultado duradero. Es el Estado quien debe manejar todo el movimiento de
divisas en el país. Ninguna entidad privada debiera estar autorizada a realizar operaciones
de ese tipo, lo que a su vez requiere un Control de Cambios serio y transparente, que
controle la veracidad de las operaciones e impida la corrupción, que priorice el uso de las
divisas en función de las necesidades del país. Lo que hay ahora es un control caprichoso e
irracional de las divisas.
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Las concesiones al CIADI, las ofertas a los fondos buitres, a Repsol y al Club de París, los
peregrinajes del ministro Kicillof buscando fondos frescos, no han dado resultado alguno,
salvo abrir el canal de nuevos endeudamientos. El país tiene bloqueado el acceso al crédito
y las inversiones si llegan lo harán en cuenta gotas y exigiendo mayores prebendas.
Desde EDI sostenemos que Argentina debe denunciar los Tratados Bilaterales de Inversión,
salir del CIADI. Es urgente una Reforma Tributaria Progresiva y Recuperar las
Contribuciones Patronales cedidas en los años ’90 para fortalecer el ahorro y la inversión
interna.
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Para los Economistas de Izquierda este es el momento. La Nacionalización el Comercio
Exterior, con las medidas complementarias señaladas, tendrá profundas consecuencias
estratégicas para la economía argentina, evitará que la crisis la paguen los trabajadores,
abriendo el rumbo para implementar una política económica que favorezca a las mayorías
populares.
Somos conscientes que este tipo de medidas serán rechazadas por el bloque socioeconómico
en el poder y las clases dominantes, por lo que requieren de la construcción de
un fuerte consenso popular que asuma el proyecto político, que aun en el marco del
capitalismo, esté dispuesto a transitar un rumbo de transformaciones profundas de la
economía, el Estado y la sociedad y que potencie las relaciones económicas, sociales,
culturales y políticas con los países de la región latinoamericana para una integración
soberana.
Buenos Aires, febrero de 2014
Primeras firmas:
Claudio Katz / Eduardo Lucita / Jorge Marchini / Guillermo Gigliani / Alberto
Teszkiewicz / Julio Gambina / Mariano Féliz / Ariel Slipak / Martín Kalos
(Dado la urgencia de la situación este documento sale con primeras firmas a la espera de
nuevas adhesiones)