Entre el canje, el club de París y el arreglo con el FMI se va cerrando el círculo de la política gubernamental en torno de la deuda externa pública y la finalización de la cesación de pagos declarada a fines del 2001.
El objetivo apunta a reinsertar al país en el mercado internacional de préstamos. Un interrogante es si la Argentina necesita hoy del financiamiento externo. Es una pregunta pertinente que surge de pensar las consecuencias históricas del endeudamiento, aún con tasas internacionales tan bajas, similares a las que generaron el gran endeudamiento de los años 70´ y que derivara en el problema del endeudamiento que condicionó a cada turno constitucional desde 1983, incluido el presente periodo gestionado por Cristina Fernández.
Existen importantes reservas internacionales y saldos favorables en el comercio internacional y las cuentas fiscales. El horizonte es de crecimiento económico para el presente y próximo año, pero aún así, los inversores internacionales condicionan el ingreso de sus capitales al país, si se normaliza la situación con el sistema financiero internacional. Así, regularizar los pagos, no es solo una demanda de los acreedores, sino también de los capitales excedentarios que buscan rentabilidad rápida en un marco de continuidad de la crisis mundial con epicentro en el centro capitalista.
Por ello es que las novedades vienen en estas horas por la renovación de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional. La motivación es el INDEC, o quizá, el abordaje sobre uno de los principales problemas económicos de nuestro tiempo en el país: la inflación.
Lo concreto es la contribución profesional del Fondo en la elaboración de un índice de precios, en el mismo momento que se difunde la crítica evaluación universitaria a la información estadística oficial. Una opinión ofrecida por la academia argentina sobre la consulta realizada por el Ministerio de Economía. Vale preguntarse por qué no se derivó en técnicos y profesionales locales, con aval en prestigiosas universidades públicas, la tarea que se le confía ahora al FMI. La respuesta puede encontrarse en la tríada articulada entre el canje de la deuda, las negociaciones con el Club de París y la reinserción del Fondo en el país.
Bien puede sostenerse que la esencia del problema se explica producto de una política coherente con la participación argentina en el G20 y que demanda resolver el default y normalizar el vínculo local con el mercado financiero mundial, donde el organismo internacional cumple un papel destacado, especialmente asignado para atender la crisis por parte de los presidentes del G20.
Se puede argumentar que el país cerró el ciclo económico de la crisis recesiva de 1998 a 2002, con un crecimiento desde el 2003, que se ratifica en el presente año y convalidado conceptualmente, nada menos que por Paul Krugman, el Premio Nobel de Economía del 2008, que ante empresarios locales elogió la situación de la economía nacional. La asignatura pendiente, se entiende, es que esa evaluación sea realizada por el sistema mundial, en momentos de recrudecimiento de una crisis global que no termina de esfumarse, y al contrario, reaparece en diferentes territorios, ahora Irlanda.
La idea de la “normalización” del orden capitalista fue un propósito explícito del mensaje presidencial inaugural en la era Kirchner en mayo del 2003, razón por lo cual se sostenía que no se trataba de un gobierno del default, que la búsqueda apuntaba a reinsertar al país en la economía mundial y que para ello había que superar la situación de cesación de pagos. Lo curioso es que el conflicto con el FMI se explicita en el mismo momento que empieza a perfilarse una disparada de los precios.
En efecto, el pago anticipado al Fondo por 9.500 millones de dólares ocurre inmediatamente luego del canje de deuda del 2005 y el reemplazo de Roberto Lavagna en el Ministerio de Economía para abordar la nueva etapa que empezaba a mostrar el rebrote inflacionario. Allí se inició una política de acuerdos de precios con empresarios, con el objeto de controlar y frenar las subas y que a tiempo vista se muestra limitada. Debe sumarse al análisis la creciente normalización de negociaciones salariales, como parte de una puja social en la distribución del ingreso. Claro que afuera de esos acuerdos queda el sector informal o no regularizado que expresan los tercerizados y flexibilizados en el mercado laboral.
Ahora se intenta nuevamente remedar un pacto social, entre trabajadores y empresarios mediados por el poder ejecutivo. Para los empresarios el problema pasa por las demandas de aumento salarial y para los trabajadores el tema central es la carestía de la reproducción de la vida cotidiana.
Por eso, más allá de la cuestión técnica que supone la presencia del FMI en la elaboración de un nuevo índice de medición inflacionaria, lo determinante es el crecimiento de los precios, especialmente de la canasta alimentaria, conjunto de bienes que afectan a los sectores de menores ingresos, entre ellos, los beneficiarios de las principales políticas sociales compensatorias, como la asignación universal.
En la estrategia gubernamental se reconoce la necesidad de asociar la normalización de relaciones con el FMI a las asignaturas pendientes que suponen la deuda y la inflación.