A
contramano de lo que se sostenía al comienzo de la gestión gubernamental, que
no se acudiría a deuda en divisas, esta semana la emisión de deuda dolarizada
volvió a ser noticia, en un marco de aceleración en la suba de los precios
(inflación) y deterioro de los ingresos populares, sean salarios, jubilaciones
o beneficios sociales. Más aún cuando se anuncian cambios en la fórmula de
actualización de los ingresos previsionales, que más allá de los futuros
ajustes, el ingreso por jubilación mínima (más del 50 % de beneficiarios) está
en un tercio de la canasta necesaria. No hay actualización que satisfaga la
demanda de jubiladas y jubilados si no se parte de satisfacer la canasta básica
del adulto mayor.
Veamos
la información en concreto. Lo primero fue el canje de una deuda en pesos por
43.038 millones de pesos con vencimientos en diciembre, enero y febrero
próximos, por bonos de 500 millones de dólares (md) con vencimiento en 2030 y otros
por 250 md que vencen en 2035. Unos 750 md en total, con elevada tasa de
interés, que sirvió para que grandes fondos de inversión externos con tenencia
de bonos en pesos y que presionaban en la suba del tipo de cambio (especulación
cambiaria) dejaran de presionar y se resguardaran en una deuda en moneda
extranjera.
La
explicación fue tirar la pelota hacia adelante, pero claro, no ya en moneda
nacional. Existe una lógica de caja, que posterga compromisos hacia adelante. Un tiempo que llegará
y será problema de otros gobiernos y otras generaciones. Por eso es preocupante,
como horizonte futuro y expectativa de ajuste y condicionante perpetuo.
Otro dato es la inflación de octubre, con 3,8%,
pero más grave aún la suba de alimentos de 4,8% y de vestimenta y calzado del
6,2%. El principal gasto de la población con ingresos deprimidos pasa por la
alimentación, lo que supone una transferencia de ingresos de la mayoría
empobrecida a quienes manejan la cadena de valor alimentaria en la Argentina, sea
en la producción o en la circulación.
Interesa destacar, además que se frenó la
tendencia decreciente de la inflación anualizada, que del 53,8% a diciembre del
2019 había registrado un 36,6% en septiembre 2020; y ahora en octubre asciende
a 37,2%. La preocupación se proyecta sobre el acontecer en los dos últimos
meses del año y la proyección de arrastre sobre el 2021.
Son referencias a datos en el mismo momento que
el FMI visita al país en misión oficial por la re-negociación de la deuda
asumida en 2018 por el gobierno Macri, de la cual se desembolsaron unos 45.000
md, con una estimación de incremento por intereses caídos que podrían ascender
a unos 5.000 md derivados de la postergación de los vencimientos, los que caían
de manera importante entre 2021 y 2022.
La expectativa gubernamental es cerrar el 2020
con el Presupuesto 2021 aprobado en el Congreso y la negociación con el FMI concluida,
transformando el Stand By del 2018 en un préstamo de Facilidades Extendidas,
cuyos pagos se procesen luego del 2025. Incluso, si fuera posible, se especula
con ingreso de nuevos desembolsos. Ese préstamo debiera ser aprobado por el Congreso,
atado a un Plan plurianual, con precisión en metas fiscales, monetarias y
financieras con perspectivas de lograr el equilibrio fiscal hacia el 2025.
Si ahora se propone reducir a un -4,5% de
déficit fiscal en el Presupuesto del 2021, la intención es lograr el equilibrio
hacia el 2025. Un horizonte de ajuste, que podrá ser vía disminución del gasto
público, lo más probable, o por incremento de la recaudación.
Junto al ajuste hay que señalar que se incluirán
las propuestas de reaccionarias reformas laborales y previsionales como
compromisos estructurales en el nuevo acuerdo. Obviamente constituyen amenazas
a derechos sociales, sindicales, previsionales y laborales históricamente
consagrados.
La suba de precios no
afloja
Es común escuchar decir “que impresionante como
suben los precios”. Lo sostiene cualquiera que vaya al mercado para el
abastecimiento cotidiano, especialmente en alimentos y aquellos bienes y
servicios que hacen a la cotidianeidad. Ocurre esta suba de precios al mismo
tiempo que se habilitan más actividades económicas por flexibilización de las
restricciones derivadas de la pandemia del coronavirus.
Resulta curioso el levantamiento de las restricciones
cuando se verifica un crecimiento de los fallecimientos por millón de
habitantes, un tema que preocupa seriamente a la región latinoamericana, ya
que, entre los 10 países de mayor tasa de mortalidad, siete son de la región:
Perú, Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, México y Ecuador. Lo curioso es EEUU
en onceno lugar y si extendemos a los 15 países de mayor letalidad, también
figuran Panamá y Colombia.
El dato es que Argentina habría pasado en estos
días el pico de contagios y por eso la flexibilización en las restricciones que
impactan en la economía, y claro, la situación genera movimiento al alza de
precios. Los argumentos son tanto preventivos (por lo que pueda suceder a
futuro) como defensivo (la suba de las divisas en los últimos días). Es cierto
que la política monetaria y financiera del gobierno promovió una reducción
sustancial del tipo de cambio (de 195 a 149 pesos por dólar), aun cuando en el
cierre de la semana volvieron las subas de las cotizaciones (172 pesos por
dólar), con incertidumbre de su evolución en el corto plazo.
Si bien el precio de la divisa es un precio más
en la economía, no hay duda que interviene en la lógica de quienes pueden
elevar los precios. No es el caso de quienes viven de ingresos fijos (la
mayoría de la población), que corren por detrás de los precios, que como en su
momento se decía: “los salarios suben por la escalera y los precios por el
ascensor”. Ni siquiera los trabajadores bajo convenio colectivo le ganan a la
inflación, mucho menos los que están afuera de cualquier discusión paritaria,
entre ellos y en peor situación los irregularizados por impunidad empresarial,
o aquellos que viven de ingresos ocasionales o de beneficios sociales a valores
no actualizados. El tema es más grave cuando unos 8 millones de personas se
informan que no habrá cuarto Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por
insuficiencia de fondos públicos.
Preocupa la inflación desde hace años en el
país. Argentina es uno de los países que registra valores muy elevados respecto
de lo que sucede en la región y en el mundo, salvo Venezuela. La comparación no
es ociosa y remite a problemas en la disputa por la apropiación del excedente
generado o del potencial. El país arrastra de manera especial y específica la
disputa por el excedente económico (expresado como inflación) desde que existen
registros estadísticos, y se asocia a un tiempo histórico de discusión por la
distribución del ingreso hacia mediados del siglo XX. De ese tiempo proviene el
conocido “fifty-fifty” en la distribución del ingreso entre el capital y el
trabajo. Un tema que se agudizó a comienzos de los años setenta y se
respondiera con la violencia del terrorismo estatal para contener la demanda de
los ingresos populares.
La política antiinflacionaria fue parte
sustancial de los objetivos explicitados por la política económica de la
dictadura genocida en 1976, que, aunque no fue logrado, si constituyó una base
política para el disciplinamiento de la sociedad y especialmente del movimiento
sindical y popular. La suba de precios escalaría una y otra vez en distintos
momentos de la historia reciente en la Argentina, constituyéndose en un aspecto
estructural del orden económico y político, con variados diagnósticos y
propuestas sobre cómo resolverlo. Sin dudas que existen problemas teóricos para
abordar, que no son fáciles para explicitar, pero que necesitan ser abordados
en profundidad.
Un paréntesis teórico
y político
La respuesta fue explicada teóricamente desde
el monetarismo de la Escuela de Chicago, la que se inspiraba en las
concepciones de Milton y Rose Friedman, tal como sucedió en Chile de 1973 con
los “Chicago boys”. La misma argumentación justificará las políticas antinflacionarias
en Gran Bretaña y en EEUU a comienzos de los años 80 del siglo pasado. Los
monetaristas venían a replicar la ineficiencia de los keynesianos en el control
de la inflación, que se había desatado en los 60/70, con la novedad de la
estanflación, combinando la novedosa asociación entre estancamiento e inflación.
En rigor, el debate entre monetaristas y
keynesianos proviene desde mediados de los años 50 del siglo XX. Vale mencionar
que Keynes escribió para responder a la crisis de 1930, más preocupado por el
desempleo y la recesión. La inflación no era un problema de discusión en ese
tiempo, es más, la demanda para superar la recesión se asoció al crecimiento
del gasto militar generado en la segunda Guerra Mundial, un gasto que EEUU se
encargará de no reducir hasta el presente. Keynes murió en 1946 y la inflación emerge
como gran problema luego de la posguerra y más precisamente a fines de los 60 e
inicios de los 70.
No se trata de justificar al economista británico
que cambió el paradigma de la política económica luego de la crisis del 30 e
incluso en la posguerra, pero si señalar que las respuestas teóricas o
políticas deben juzgarse en su tiempo histórico. Más allá de Keynes, ni el
keynesianismo que le sucedió, ni el monetarismo en sus manifestaciones concretas
resolvieron el tema inflacionario, por lo menos en la Argentina. Cuando los
monetaristas parecían acercarse al control inflacionario en el país, caso del
2001, con larga estabilidad de precios luego de la convertibilidad desde 1991, la
revuelta popular los volvió a la realidad.
Resulta interesante escuchar ahora a Domingo Cavallo,
uno de los padres de la convertibilidad y el ministro por excelencia de los
años del ajuste y la reestructuración regresiva en los 90, con Menem y De la Rúa,
cuando sostiene: “si quieren salir adelante, Alberto Fernández tiene que buscar
la forma de transformarse en una especia de Menem, es decir, tener liderazgo y
controlar las fuerzas que lo han apoyado”.
El ex funcionario de la Dictadura genocida y de los nefastos 90 confirma que la
inflación se contiene desde el disciplinamiento político, con la subordinación
al “mercado”, al “libre mercado” dirigido por los concentrados capitales que
dominan. Es una coincidencia absoluta con los economistas ultra liberales que
colonizan los medios de comunicación en el país.
Convengamos que mientras se subestime la ley
del valor, que está detrás de los precios y de cualquier fundamento del orden
capitalista, no hay posibilidad de control inflacionario, salvo la capacidad
disciplinaria de los que dominan. El interrogante es si es posible contener a
la ley del valor, algo que está en los debates marxistas que sostuvo el Che
Guevara en los años sesenta en Cuba, en polémica con destacados intelectuales
locales y extranjeros. Es un tema pendiente. Recordemos que el valor contiene
en su seno la puja distributiva entre salarios y ganancias, como conflicto
esencial en la disputa de la renta nacional.
El control inflacionario en el mundo, suscitado
a comienzos de los 80, solo se puede explicar por el triunfo político del
capitalismo (políticas neoliberales), con medidas de disciplinamiento al
interior de los países, especialmente en Gran Bretaña
y en EEUU, pero más en general con el proceso de la debacle del “socialismo
real” iniciado en Polonia de 1980 y concluido con la caída del muro de Berlín
en 1989 y la desarticulación de la URSS y el campo socialista en 1991.
La excepcionalidad
local
Argentina es un caso especial, asociado a la
subsistencia de mecanismos de organización y defensa de los derechos
individuales y colectivos, sociales y sindicales de trabajadoras y
trabajadores, lo que explica, que aun con desprestigio, la CGT puede todavía concentrar
reclamos sindicales ante la política oficial de ajuste. Puede leerse en ese
sentido una crónica que recoge un texto emitido desde la CGT con la
preocupación de la Central sindical ante las medidas del gobierno "que
exteriorizarían restricciones presupuestarias en relación a los programas
sociales, ayudas económicas a los sectores productivos afectados por la crisis
sanitaria y el apoyo al sostenimiento de los ingresos laborales".
La crónica periodística continua con el texto de la CGT, que ante la continuidad
de la pandemia se afirma que "no es posible desarmar el andamiaje
socio-económico construido con tanto esfuerzo, y hay que garantizar que el
cambio de fórmula de actualización jubilatoria no perjudique a los
beneficiarios previsionales".
La organización sindical y social en la Argentina
es un freno a cualquier estrategia de dominación y constituye un obstáculo a la
pretensión de acelerar la regresiva distribución del ingreso, a favor de la
ganancia y en contra de los ingresos populares. Por eso, la reforma laboral y
previsional, son reformas estructurales demandadas por el poder económico desde
hace tiempo, y sin cambiar la legislación, los logros se imponen desde la
realidad recurrente de debilitar la capacidad de resistencia defensiva del movimiento
popular.
No es menor la campaña ideológica de
desprestigio sobre las organizaciones sindicales, avalada por la propia
conducta de las principales y tradicionales referencias gremiales, por lo que las
búsquedas de nuevos modelos sindicales estimulan intentos de reorganización del
movimiento obrero y popular. Son intentos que, si fructifican, pueden permitan
hacer visible una estrategia alternativa de las trabajadoras y trabajadores contra
la ofensiva del capital. En definitiva, es una lucha por la apropiación del excedente
económico, donde el poder económico no termina de desarmar el poder defensivo
de organizaciones populares y estas no terminan de definir una reconfiguración
que incluya una estrategia alternativa de poder. Una estrategia que vuelque el
fiel de la balanza para una salida a la crisis inflacionaria a favor de las y
los creadores de valor en contra y más allá del régimen del capital.
Buenos Aires, 15 de noviembre
de 2020