Complejidad en el debate sobre la Deuda Pública argentina


La deuda pública en sí misma es un problema y un condicionante de la política en la Argentina, por su volumen y la imposibilidad de cancelarla en los tiempos establecidos. Hasta el FMI suscribió por escrito que “la deuda de Argentina no es sostenible” y agrega que la condición de pago “no es económicamente ni políticamente factible”[1].
Además, se complicó la situación económica mundial, con caída de las Bolsas, adjudicada, en la coyuntura, al Coronavirus. El FMI habla de “Tragedia Humana” y califica el momento económico de “incertidumbre”[2], concentrando la explicación en el nuevo virus que ocupa la atención mediática y la preocupación de las políticas públicas. Sin embargo, la situación no termina de generalizarse aun cuando se expande, y ni siquiera puede determinarse el origen, incluso territorial.
Los problemas del capitalismo vienen de lejos y están asociados a fenómenos que intervienen en la ralentización económica, los límites para el crecimiento de la productividad y, por ende de la rentabilidad del capital, motivación central del orden capitalista. Ahora, todo parece explicarse con el virus y su impacto en China, que podrá crecer en 2020 por debajo del 6%, incluso del 5%; cuando hace tiempo que el gigante asiático morigeró sus elevadas tasas de crecimiento, las que ocultaban una más grave tendencia a la desaceleración del capitalismo mundial.
Resulta curiosa la mirada en los contagios y los decesos por coronavirus, cuando son mayores las causas de muerte derivadas de accidentes y enfermedades laborales; o en accidentes de tránsito callejeros, terrestres, aéreos, o navieros; o por graves enfermedades que no concitan la atención de los presupuestos públicos, ni la preocupación de los laboratorios privados, grandes corporaciones de la mercantilización de la salud. Incluso, pese al desarrollo cubano en la producción de fármacos, que atienden algunas de esas graves enfermedades, la lógica imperialista del boicot y el bloqueo de EEUU y la complicidad del capitalismo desarrollado, impiden la solución a verdaderas tragedias humanas.
Apuntamos a destacar que a los problemas de la Argentina con su deuda y por ende con sus principales acreedores, el FMI y los grandes acreedores privados, los concentrados y poderosos Fondos de Inversión (Buitres), la situación mundial agrega complejidad en los procesos de discusión, negociación y disputa por recursos. La propia situación local, de los afectados por la recesión y la elevada inflación, interviene también en un complejo entramado de intereses que pugna por la distribución del ingreso y la riqueza.
Cada quien atiende su juego
Entramos en tiempo de definiciones. Marzo es la fecha que se auto impuso el Ministerio de Economía para la renegociación de la deuda Pública Externa. Por un lado, con el FMI y, por otro, con los Acreedores Privados. Se supone que las Agencias Públicas no constituyen un problema por ser considerados insertos dentro de la lógica gubernamental y por ende subordinadas a las definiciones del poder político.
Con el FMI existen conversaciones regulares y trascienden guiños de acuerdos para reformular el acuerdo vigente bajo nuevas modalidades que impliquen años de gracia en la cancelación de capital e intereses. Ahora se espera la pronta visita de los auditores del FMI, que se instalarán en la Argentina para discutir el plan económico de sostenibilidad de la deuda. En criollo supone afinar las líneas del ajuste fiscal y las condiciones del crecimiento económico (facilidades para el desembarco de inversores externos) concediendo reformas estructurales: laborales, previsionales, impositivas.
Los acreedores privados también juegan y presionan sobre el FMI, con un razonamiento que alude a “si el FMI no hará quitas a sus acreencias, entonces que presione un fuerte ajuste fiscal para intervenir en la salida de la recesión y la elevada inflación”. La vieja receta monetarista, de restricción monetaria y de ajuste fiscal para abonar un importante superávit de las cuentas públicas, es una aspiración a contramano del discurso oficialista de “no pagar la deuda con el hambre del pueblo”, o “primero crecer y luego pagar”. Claro que esas consignas tienen que ser convergentes con la percepción social relativa al debate sobre jubilaciones o salarios.
¿Cuál será, finalmente, la propuesta de reforma previsional que emerja al final de la suspensión de las actualizaciones de ingresos de jubiladas y jubilados? ¿Alcanza para ese mismo debate los cambios que ahora discute el Parlamento sobre regímenes especiales de jueces y diplomáticos? ¿Cómo se percibe por la sociedad el esfuerzo de actualizaciones salariales por monto fijo, a contramano de la presión sindical por el logro de porcentajes que recuperen la pérdida de ingresos ante la alta inflación pasada? ¿Cómo se procesa la actualización tarifaria en debate, incluso de pesificación parcial? Son interrogantes a tener en cuenta en la confrontación política, no solo entre oficialismo y oposición, sino al interior de la coalición frentista en el gobierno.
Los acreedores privados empiezan a mover sus fichas y conviene caracterizarlos adecuadamente. Son grandes empresas financieras, con gestión de recursos mayores que grandes bancos transnacionales, incluso aquellos que el Gobierno seleccione para negociar la quita de capitales, intereses y la prolongación de los plazos de vencimiento. En efecto, se los llama la “banca en las sombras”, porque no tienen la regulación de la gran banca monitoreada por la Banca Central. Con esa autonomía han ganado peso en la economía mundial, especialmente luego de la crisis en EEUU del 2001-02 y, más aún en la del 2007-09.
Es más, aquilataron gran experiencia en la crisis del default del 2001 argentino. Fue un éxito esa experiencia, ya que especularon con compras de bonos con enormes posibilidades de entrar en cesación de pago, por lo que pagaron muy poco y luego exigieron el 100% de lo sindicado nominalmente en los títulos públicos. No ingresaron a los canjes del 2005 o del 2010 y ya con las condiciones de un gobierno afín, el de Macri, cobraron todo en 2016, elevando gravosamente el endeudamiento público del país. Situación agravada, inimaginablemente, en 2018, con la asistencia financiera del FMI, que desembolso en menos de dos años 44.100 millones de dólares.
Por eso se sienten fuertes en la negociación con el gobierno, y aun cuando éste aparezca asociado con el FMI, los buitres presionan al Fondo y al gobierno para lograr sus propósitos. El ensayo de dureza fue el episodio de la Provincia de Buenos Aires y en dos ocasiones con el gobierno nacional.
El horizonte del default
Durante marzo se negociará, y quizá se proyecte a abril, no más, porque en mayo caen vencimientos muy elevados. Son montos que sobrepasan la posibilidad de pago según lo acordado en la Ley de las “emergencias”. Allí, se habilitó al uso de más de 4.500 millones de dólares de reservas internacionales para atender vencimientos de la deuda pública.
¿Qué puede pasar? Qué no haya acuerdos suficientes y el horizonte del default sea inducido por interés, a largo plazo, de los acreedores; o del propio gobierno, en la lógica de la “insostenibilidad política” del ajuste para cancelar deuda, aun en el largo plazo.
Por esa razón es que crece una presión social para investigar la deuda pública externa y mientras esa auditoria ocurre se deberían suspender los pagos, un tema que crece en la opinión pública[3]. Es una lógica que trasciende a sectores que hoy lo explicitan públicamente. Algunos sostienen que es mejor el default que un mal acuerdo que condene al ajuste perpetuo a la sociedad o incluso a postergar por largo tiempo la recuperación económica.
Claro que la deuda pública externa es solo lo visible de un problema mayor que apunta a considerar las condiciones de la superación de los problemas estructurales de la Argentina. En ese sentido editorializó The Economist, solicitando que el país mire a Suiza y no a Venezuela o Perú.[4] La visión de la publicación británica resalta el punto de vista ortodoxo, que augura ajuste y reformas reaccionarias contra los derechos sociales.
Aparece, entonces, como necesario abordar otros puntos de vista, para que la solución no desemboque en mayores penurias de la mayoría empobrecida, lo que demanda una discusión a fondo sobre el condicionante de la deuda y el más allá, lo que supone discutir el modelo productivo y de desarrollo.
Buenos Aires, 28 de febrero de 2020


[1] FMI. Comunicado de Prensa. Declaración del equipo técnico del FMI sobre Argentina
19 de febrero de 2020, en: https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/02/19/pr2057-argentina-imf-staff-statement-on-argentina (consultado el 28/02/2020)
[2] FMI. Conferencia de Prensa de Gerry Rice, Director, Departamento de Comunicaciones del FMI, del 27/02/2020, en: https://www.imf.org/external/mmedia/view.aspx?vid=6136530180001 (consultado el 28/02/2020)
[3] Perfil. Encuesta sin grieta: un 70% opina que la deuda que contrajo Macri debe investigarse, en: https://www.perfil.com/noticias/politica/encuesta-70-por-ciento-opina-deuda-contrajo-mauricio-macri-debe-investigarse.phtml (consultado el 28/02/2020)
[4] https://www.cronista.com/economiapolitica/Duro-informe-del-britanico-The-Economist-sobre-la-deuda-argentina-con-el-FMI-20200228-0010.html Copyright © www.cronista.com (consultado el 28/02/2020)

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Mitos y realidades del default


Resulta de interés desmitificar algunas cuestiones que se instalan como sentido común generalizado, tal el caso del temor al “default”. Podemos escuchar a muchos analistas sobre la gravedad que la Argentina caiga en “default”, ya que ello supondría un conjunto de males, tal como quedar aislado del mercado de capitales. No hubiese estado mal haber quedado afuera de ese mercado antes del ingreso de los 44.100 millones de dólares desembolsados por el FMI, ya que los destinos de esos recursos fueron en su mayoría a la fuga de capitales: cancelación de deudas previas, remesas de utilidades al exterior o directamente constitución de activos en el exterior.
El préstamo del FMI no sirvió a ninguna causa o reivindicación social, sea activación de la economía, del mercado interno, la promoción del empleo o una orientación a satisfacer derechos: salud, educación, energía, etc. Solo sirvió para satisfacer la demanda de ganancias de los sectores hegemónicos de la economía en el país. Por esto que sostenemos que la deuda con el FMI es una deuda odiosa, aun cuando en su último informe, luego de la auditoria entre el 15 y 19/2 pasado avale que se trata de una deuda “no sostenible, ni económica, ni políticamente”[1].
Existe temor al crecimiento de la protesta social, no solo por el repudio al FMI y a la deuda, sino al ajuste necesario para pagar la deuda pública, ahora o luego de una postergación, por muy larga que esta sea, que en la lógica del gobierno supone patear los vencimientos para el próximo turno de gobierno. No solo se trata de las jubilaciones, sino de los salarios y la eliminación de la “cláusula gatillo”, más aún cuando vuelve a hablarse de actualizaciones de tarifas de servicios públicos antes de mediados de año.
Para no entrar en “default” en 2018 se solicitó asistencia financiera al FMI, ¿con qué beneficio para la sociedad? Para no ingresar en la cesación de pagos o default, nos dicen. En definitiva, se trató y se trata de profundizar la hipoteca sobre el conjunto de la sociedad, profundizando una inserción subordinada de la Argentina en el sistema mundial. Al auditar el préstamo a mediados del 2019 sostuvieron desde el FMI que todo estaba bien; ahora dicen lo contrario.
¿Es creíble el FMI? En realidad, lo que pretende es cobrar sus acreencias y por eso descarga cualquier costo sobre sobre otros acreedores. A su vez, estos acreedores y sus voceros sugieren que el FMI desembolse el remanente del préstamo por 57.000 millones de dólares, casi 13.000 millones de dólares, y de ese modo atender los vencimientos, o parte de ellos, durante el presente año. Entonces sí, luego, negociar plazos, intereses o quizá quita del valor nominal de los títulos de la deuda pública. Razonan que sería un buen mensaje hacia los “mercados”, o sea, a los especuladores.
Resulta de interés desenmascarar esta situación, al mismo tiempo, señalar que otras dificultades o situaciones se crean a partir de confrontar con especuladores y tenedores de la deuda pública.
¿A quién se le debe?
Según la información oficial, al III° trimestre del 2019 la deuda bruta de la Administración central ascendía a 311.251 millones de dólares, el 91,7% del PBI[2]:
a) 116.592 millones a Agencias del Sector Público (37,5% del total);
b) 121.979 millones de dólares al Sector Privado (39,2% del total);
c) 72.679 millones de dólares a organismos multilaterales y bilaterales (23,4% del total);
d) se completa el 100% con 2.406 millones de dólares conformada por deuda elegible pendiente de reestructuración (0,8% del total).
El FMI viene sustentando la posición que el costo de cualquier renegociación debe recaer sobre el resto de los acreedores, menos los organismos internacionales. Por eso, la deuda con el FMI y otros organismos no está sujeta a default o quitas, de capital o intereses, por lo que el costo deberá recaer, sostienen, sobre privados, incluso válido también para el sector público local que actúa como acreedor: ANSES, Banco Central, etc.
Es interesante por lo tanto diferenciar la deuda por acreedores y discutir el carácter odioso de la deuda con el FMI. Una deuda, que como sostuvimos no sirvió para satisfacer necesidades sociales, si las de la ganancia más concentrada. Si es odiosa podría sustentarse la anulación de la misma, claro que el FMI no lo aceptaría, y con él, los sectores que dominan el Directorio, en primer lugar, EEUU, y con él, los principales países del capitalismo desarrollado, en tanto principales accionistas del organismo mundial.
Por lo tanto, cuando se alude al default es bueno discriminar quienes son los tenedores de los títulos, siendo necesario identificar adecuadamente quienes son los titulares a que remite “agencias del Sector Público”. Anticipo que no se debería “defaultear” deudas con ANSES, afectando las disponibilidades para la seguridad social.
Una cosa son los acreedores privados reunidos en fondos de inversión transnacionales que operan en todo el mundo, y muy distinto es un tenedor particular con relativa escasa capacidad de inversión en títulos de la deuda, y ni hablar de ANSES u otros ámbitos estatales.
En términos muy generales, la cesación de pagos (default) involucraría a un 62,7% de la Deuda Bruta Nacional, que expresa algo así como el 42,6% del PBI de la Argentina. Recordemos que el sector privado, acumula un 39,2% y los organismos internacionales, adentro de lo cual está el FMI, alcanzan al 23,4%. Es deuda de la Administración Nacional, lo que no incluye a la deuda provincial. Quedarían afuera del default, algunos pocos inversores minoristas y las agencias del sector público asociadas a la seguridad social y al desarrollo de una política soberana.
La lógica imperante en el gobierno apunta a resolver rápidamente un aval del FMI, con postergación de vencimientos para el próximo gobierno y un rápido acuerdo con los acreedores privados, que según cronograma difundido operaría hacia fines de marzo. Más allá de lo perentorio, la estrategia gubernamental pretende no verse obligado a un default obligado ante imposibilidad de cancelar los vencimientos desde abril próximo.
En definitiva, la gran duda es si el default es impuesto por el atraso en los acuerdos con los acreedores, o si se deriva de una decisión política para sumir otro rumbo que trasciende el fenómeno del endeudamiento y se proyecta al conjunto de las relaciones económicas.
¿Qué podría ocurrir ante un default?
El antecedente es el 2001. Por un lado, el país dejó de pagar desde el 2002 hasta los canjes de deuda unos 8.500 millones de dólares anuales de intereses de la deuda. Mientras, se sostuvieron los pagos a los organismos internacionales. Además, al FMI se le cancelaron 9.500 millones de dólares en 2006.
Si el país venía pagando 12.000 millones de dólares anuales en 2001, al año siguiente y motivado en el default, todo se redujo al pago de 3.500 millones de dólares por año, liberando recursos para otros destinos. El canje 2005 otorgó tres años de gracia, con lo que volver a pagar fue un problema desde 2008. El segundo canje ocurrió en 2010 y, por ende, la regularización de pagos llevó aproximadamente una década. Constituyó un gran alivio para las cuentas fiscales y para implementar políticas activas de promoción del mercado interno. Solo el 2009 fue un año recesivo, asociado a la crisis mundial.
La primera década del Siglo XXI estuvo asociada al default, sin embargo, puede contabilizarse como dato esencial la recuperación de la actividad económica, el empleo y la mejora relativa de los ingresos populares, complementada con la generalización de una política social masiva. Es cierto que además del cierre financiero existieron dificultades en el área comercial, en el abastecimiento de algunos insumos externos, pero el cierre del mundo exacerbó la potencialidad de la actividad local, y desafío a una estrategia local y de nuevos vínculos internacionales, en un tiempo de mejoras relativos de los precios internacionales de exportación y de procesos de cambio político en la región.
Pagar la deuda en nuestros días demanda en promedio unos 50.000 millones de dólares anuales. El superávit comercial del 2019 alcanzó casi 16.000 millones, según informa el Ministerio de Economía[3]. Claro que es un año excepcional, producto de la recesión y, por ende, más se explica por la baja de importaciones que por un boom exportador. En este siglo, solo en 2002, 2003 y 2009, el saldo fue levemente superior. Argentina no acumula grandes saldos en su comercio exterior. Para pagar deuda no alcanza con los superávits comerciales de la Argentina, por lo que se necesita el ingreso de divisas: por ingreso de inversiones, de préstamos o venta de capital público.
El momento no es el ideal para el ingreso de inversiones, salvo que el país asegure profundas y reaccionarias reformas laborales, junto a diversos atractivos fiscales, comerciales, etc., a los inversores internacionales. Es un diagnóstico valido para la región y el mundo, en un momento de desaceleración de la economía mundial, incluso de China y de India, las que impacta en ralentizar aún más el crecimiento económico. Ni hablar de nuevo endeudamiento, desaconsejable aun si eventualmente la tasa de interés bajara a los niveles actuales en el mundo desarrollado. ¿Venta de capital público? Esto sería preocupante, sobre todo cuando el país está en la mira por sus reservas en hidrocarburos no convencionales o en las de litio.
Argentina no puede y no debe pagar, por eso debe encarar el proceso de investigación a fondo de la deuda, suspender los pagos y discriminar a la deuda según sus tenedores y diferenciar el rumbo a seguir.
¿A qué atenerse?
Una línea política de confrontación con el FMI y acreedores privados asociados a la especulación transnacional augura las complejidades que se les presentan a todos los procesos que intentan rumbos de autonomía y manejo soberano de su política. Entre otros hay que preguntarle a Cuba lo que supuso su proyecto revolucionario. La respuesta la tenemos en el bloqueo genocida. Pero también ocurre con Venezuela y las sanciones agravadas recurrentemente por parte de EEUU y su impunidad global. Es la historia de todos los procesos que en la región y en el mundo intentaron caminos de autonomía e independencia. Por eso, no alcanza con una política firme sobre la deuda. Se requiere ir más allá y proponer cambios estructurales en el modelo productivo y de desarrollo.
Si la auditoria y la suspensión de los pagos es lo primero, luego corresponde reestructurar el orden económico y social en su conjunto, lo que supone discutir la producción y circulación de bienes y servicios. En ese marco debe definirse la política económica: fiscal, monetaria, crediticia, cambiaria, de ingresos, de inserción internacional. No es sencillo transitar un rumbo de autonomía, más aún con la hegemonía política existente en los países limítrofes. Pero no existe otro camino, ya que la subordinación a la lógica de dominación derivada de cumplir con la deuda condena al país a la profundización de la dependencia y al empobrecimiento de la mayoría de la población.
Buenos Aires, 21 de febrero de 2020

[2] Ministerio de Economía de la Argentina, en: https://www.minhacienda.gob.ar/datos/ (consultado el 21/02/2020)
[3] Ibidem

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Enfoques contradictorios sobre la política económica


La discusión sobre política económica presenta algunas variantes interesantes.
En un sentido aparece la política aplicada durante el gobierno de Mauricio Macri y las primeras disposiciones de la actual gestión de Alberto Fernández, donde la discusión apunta a descifrar cuánto hay de ruptura y cuánto de continuidad.
Por otro lado, aparece la crítica al macrismo por derecha, de los ultras liberales, quienes acusan a la gestión macrista por haber perdido la ocasión de avanzar a fondo en el ajuste fiscal y en la realización de reformas estructurales, especialmente en materia laboral y previsional, quita de derechos, en definitiva.
Más aún y desde otro ángulo, en la crítica al gobierno actual, el debate apunta al límite de lo posible en los cambios económicos necesarios, puesto en evidencia en las polémicas en torno a la suspensión de la movilidad jubilatoria y las políticas asumidas en torno al endeudamiento público.
Algunos sostienen que lo que se hace es todo lo que se puede hacer, y acusan a los críticos por izquierda, de apresurados que no comprenden los límites de lo posible. Incluso están los que sostienen que lo que hay es mera continuidad de lo anterior.
Los libertarios pro capitalismo
Son los mimados por los medios de comunicación, defensores a ultranza del orden capitalista, agresivos polemistas que descalifican cualquier adversario local o global.
Son enemigos intelectuales de la tradición crítica anticapitalista desde Marx hasta el presente, e incluso descalifican airadamente a Keynes y sus derivas actuales, descalificando cualquier versión de reforma progresiva o ilusoria del capitalismo.
Por esa razón confrontan toda posibilidad de experiencias concretas, sea Cuba o Venezuela, como las recientes experiencias regionales, caso de Sudamérica y el “populismo”, forma esta utilizada para descalificar el complejo y diverso proceso de cambio desplegando en los primeros quince años del Siglo XXI en la región nuestramericana.
También lo hacen en el plano teórico confrontando con la lógica de reformas sustentadas por el diálogo entre el Papa Francisco y Joseph Stiglitz, acrecido en el último año. La polémica alcanza a otros que sustentan una línea de pensamiento y política económica crítica de la corriente principal, neoliberal, hegemónica en el orden capitalista contemporáneo.
Parten de un razonamiento sencillo, sustentado en la libertad de mercado y la hegemonía del sector privado como aspiración de organización del orden económico y social. Se trata de una valoración a-histórica, que convalida al capitalismo como única perspectiva de existencia de las relaciones sociales en el proceso de producción y circulación.
Tienen predicamento en ámbitos académicos y especialmente sustento mediático como guardianes de última instancia del orden liberal, proyecto esencial del capital más concentrado. Estos capitales, en tanto hegemónicos, pueden entender el accionar político y apoyar ideológicamente proyectos como el de Macri, pero foguean desde sus usinas propagandísticas el pensamiento esencial pro mercado.
Vale asumir que tuvieron bautismo de fuego como alternativa electoral por derecha y aparecen como desvinculados de cualquier lectura de fracaso del gobierno macrista.
Se presentan como la reserva de un capitalismo “ideal”, a tal punto que hasta hace muy poco su ejemplo modélico era Chile, hoy noticia por la rebelión popular que desnuda los límites de cualquier modelo que intente endulzar el orden del capital.
Asumen una crítica a toda intervención estatal, omitiendo el papel del Estado para el sostenimiento del capitalismo en todos los territorios, sea por medios económicos, militares o ideológicos.
Rupturas, continuidades y polémicas
La principal ruptura deviene del sentido socio político e ideológico de la votación en octubre del 2019 y lo que se explicita como expectativas esperanzadas para terminar con la desigualdad, la pobreza, el desempleo y las miserias derivadas del combo combinado de inflación y recesión.
El triunfo del Frente de Todos expresó la demanda para modificar la ecuación de beneficiarios y perjudicados por la política de los últimos cuatro años.
La unidad del peronismo fue el fenómeno que facilitó la unidad más amplia en una propuesta electoral crítica a la continuidad de otro periodo de gobierno de la derecha argentina.
Pero esa unidad más amplia contiene proyectos contradictorios sobre el orden económico, social, político y cultural, incluso del tipo de inserción internacional del país, lo que hace más compleja la discusión sobre las rupturas y las continuidades.
¿Qué piensan en la coalición oficialista sobre el modelo productivo actual y por dónde modificarlo o reencauzarlo?
La experiencia mendocina relativa al agua, la mega-minería a cielo abierto y la movilización social en defensa del agua y los bienes comunes nos puede dar claridad sobre las dificultades para trazar líneas divisorias en aspectos estructurales que involucran a la oposición y al oficialismo.
Argentina modificó su modelo productivo y de desarrollo ante la crisis de los setenta y la emergencia del “neoliberalismo” sustentado desde el terror del Estado.
Es una política que intentó ser morigerada en pocas ocasiones desde 1983, pero que mantuvo su sesgo esencial de concentración y dominación del capital externo, con mayor subordinación del trabajo en el capital; una reforma estatal reaccionaria que consolidó, no solo las privatizaciones del capital público, sino que instaló una tendencia a la mercantilización de los derechos; pero también una inserción subordinada en la lógica de la mundialización del capital, con escasas experiencias transitorias por una integración alterativa.
Hay que estudiar el censo agropecuario del 2018[1] para verificar la tendencia a la concentración de la tierra, expresión del modelo de transformaciones regresivas de la producción agraria y agraria industrial asociada a la exportación y subordinación al capital extranjero transnacional. Del mismo modo se verifica la extranjerización en el sector industrial y de servicios constatado por la Encuesta Nacional de Grandes Empresas del INDEC (ENGE).[2] La vigencia de la Ley 21.526/77 de entidades financieras, el mayor logro según su autor, el Ministro de la Dictadura José Alfredo Martínez de Hoz y la lógica especulativa desarrollada por décadas, con el trasfondo del gravoso endeudamiento externo, remite a continuidades esenciales que no pudieron ser modificadas.
Son temas postergados en el debate y cuando mucho, las rupturas, no solo ahora, sino en cada momento de este largo ciclo de acumulación de capitales (por más de cuatro décadas) remite a la distribución del ingreso, no tanto a la de las riquezas.
La coyuntura nos presenta temas para el debate, donde la suspensión de la movilidad en el ingreso de jubilados y jubiladas aparece en el primer lugar, en simultáneo con el qué hacer relativo al endeudamiento público.
Jubilaciones
El presidente acaba de anunciar, flanqueado por los responsables del ANSES y el PAMI la grilla de ingresos y beneficios sociales a partir de marzo, develando las primeras claves de un asunto que en principio tendrá propuesta de nuevo cuadro de ingresos previsionales y de seguridad social antes de junio próximo, bajo nueva legislación.
Los argumentos explicativos son confrontados. Desde el gobierno se señala que han sido beneficiados por encima de la fórmula previa de actualización el 86,8% de las prestaciones de seguridad social, 11,8 millones de personas (4,1 millones por AUH, 3,2 millones por asignaciones familiares y 4,5 millones de jubilaciones de la mínima). Del otro lado se argumenta que el resto de las categorías percibirán menos de lo que les hubiera correspondido, calificando a la medida adoptada como un “ajuste”.
El aumento que debió otorgarse según la legislación suspendida era de 11,56% y en la difusión de las nuevas escalas el gobierno enfatizó el casi 13% para la mínima, asignaciones familiares y la AUH; incluso se difunde que el aumento de la jubilación mínima alcanzó al 18,8% sumando los bonos otorgados por 5.000 pesos en diciembre y enero pasados.
La crítica señala que todas las otras categorías actualizan ingresos por debajo del guarismo oficial, desde 9,80% a quienes perciben 20.000 pesos mensuales, en escala descendente hasta el 3,80% de los que perciben entre 100.000 pesos mensuales y la máxima que era de 103.800 pesos hasta ahora. Se argumenta que el incremento destacado de la mínima alcanza a los 197 pesos al mes, y para el resto de las categorías, pierden por ausencia de actualización, desde -352 en los que perciben 20.000 pesos mensuales hasta -8.038 en las jubilaciones entre 100.000 a 103.800 pesos al mes.
Se trata de un ahorro en la seguridad social que disminuye el compromiso del gasto social y es por ende calificado como “ajuste”, al tiempo que achata la pirámide de ingresos previsionales.
Entre los anuncios se destaca el proyecto de ley para modificar el régimen jubilatorio de jueces y diplomáticos, aumentando los aportes de los activos, elevando progresivamente la edad jubilatoria y reduciendo la relación del haber, del 82/85% a un 60% aproximado. Junto a ello y sin precisiones se informó sobre distribución gratuita de medicamentos.
La cuestión de fondo se discutirá bajo nuevo régimen legal antes de junio próximo.
El debate es si la distribución de ingresos al interior del régimen jubilatorio es lo que correspondía, o si se debiera pensar la solución más integralmente, modificando la ecuación de beneficiarios y perjudicados del orden económico en su conjunto. Esto requiere de una reforma tributaria progresiva que no aparece aún en la agenda.
La reflexión apunta a la gran rentabilidad de grandes productores y exportadores del agro y la minería; del sector industrial altamente tecnificado y asociado al mercado mundial, por no hablar de la rentabilidad financiera y especulativa claramente beneficiada en el último tiempo.
Se trata de un debate de política económica que interpela el sentido del voto y las expectativas de cambio que actúan en la sociedad y fundaron la opción electoral ganadora en octubre pasado.
Deuda Pública
La misión del FMI está en la Argentina y discute con diferentes áreas del gobierno.
El tema es la renegociación encarada por el gobierno, explicada ante el Parlamento por el Ministro de Economía, sin precisiones concretas y medibles sobre la política económica, porque resta conocer el final de una compleja discusión, no solo con el FMI, sino y muy especialmente con los acreedores privados.
La Misión del FMI fue recibida con movilizaciones callejeras. El día previo a la llegada de los funcionarios del Fondo se inició un Juicio Popular como parte de la campaña por la “suspensión de los pagos y la investigación de la deuda”, preludio de concentraciones y marchas diversas en todo el país en rechazo al FMI.
Algunas manifestaciones sustentan el repudio de la deuda, la auditoria de la misma e incluso el apoyo a las negociaciones en curso.
La diversidad de consignas y propósitos identifica el debate sobre el qué hacer con la deuda pública, el costo de pagar o no pagar; de negociar o de sostener la cancelación de los pagos y el alcance de una auditoria, tanto como quién debe investigar.
No resulta sencillo dividir las aguas sobre estos matices, donde la razón de Estado involucra a oficialistas y opositores, evidente en la aprobación prácticamente unánime de la ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda externa pública.
Aun así, en el oficialismo se escuchan voces a favor del default, antes que un mal acuerdo, en el convencimiento que ello supondría una línea de ajuste en política económica, agravando la situación de sectores empobrecidos.  
Mientras se discute, los acreedores privados muestran su escasa voluntad para resignar “derechos” y por dos veces en 15 días rechazaron intentos de re-perfilamiento de los vencimientos de la deuda con el Estado Nacional, como antes lo hicieron con la Provincia de Buenos Aires.
El resultado evidente es nuevamente el riesgo país por encima de los 2000 puntos y las presiones alcistas sobre el tipo de cambio y por ende el posible impacto en el crecimiento de los precios de la economía.
La especulación es una continuidad, no solo en materia de acreedores, sino evidenciada en la suba de los alimentos en el mes de enero. Si la inflación medida por el INDEC señaló un incremento del 2,3% para enero, los alimentos lo hicieron en un 4,7% para el primer mes del año.
Es cierto que el IVA recuperó su alícuota tradicional e impacta en evolución de los precios finales, pero sin duda hubo especulación ante la difusión de la tarjeta alimentaria y el destino en alimentos de los ingresos de los pobres.
La especulación con alimentos incluye el mecanismo tecnológico detrás de las tarjetas alimentarias, con rentabilidad para proveedores privados de los plásticos y el sistema de gestión.
¿Podría haberse hecho de otra manera? Si, mejorando los ingresos de los beneficiarios de planes sociales sin el estigma del mal uso imaginado desde la racionalidad de quienes tienen el estómago lleno y sospechan sobre los usos y consumos de los sectores empobrecidos.
La solución ante la deuda es generadora de un debate que necesita extenderse aún más en la sociedad, relativo al carácter de la misma, legal o ilegal; legítima o ilegitima, incluso odiosa, sustentada en la teoría que denuncia que la deuda no contribuyó a resolver ninguna necesidad social y, además, tanto acreedores como deudores sabían de la imposibilidad de devolver los desembolsos.
Una cuestión más
Como si esto fuera poco apareció “Vicentín”, el pulpo del agro negocio, solicitando su “concurso preventivo de acreedores” argumentado en el “estrés financiero” que no le permite atender sus deudas en el corto plazo y demanda tiempo para recomponer su situación.
El pedido es simultáneo con la imputación a Javier González Fraga, ex titular del Banco Nación del macrismo por haber actuado fuera de las normas bancarias con la empresa y resolver créditos que alcanzaron los 18.500 millones de pesos. El ex funcionario se escuda en que la mitad de la deuda es responsabilidad de gestiones anteriores. Vicentin debe a otros bancos, productores y proveedores una cifra mayor, agravando su actual incapacidad de pago, lo que suena a maniobra.
Hay varis cuestiones para debatir. Una de ellas remite al modelo productivo antes mencionado, y al papel de la concentración de grandes empresas, que originadas localmente se asociaron a grandes transnacionales, caso de la suiza “Glencore”, que con Vicentín son socios en “Renova” como parte de una cadena de producción y circulación de bienes diversos, no solo derivados de la producción primaria y que actúa en la circulación mundial de capitales, formas que asume la fuga (remesas de utilidades al exterior).
Todo está muy documentado en información del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, MATE[3], ámbito de estudio y difusión integrado por profesionales y docentes de la Universidad Nacional de Rosario. Es la base documental que sustentó las denuncias en la provincia de Santa Fe realizadas por el diputado Carlos del Frade y por Claudio Lozano desde su cargo en el Directorio del BNA.
¿No será tiempo de pensar en terminar con la impunidad empresaria y la fuga de capitales, sea por pagos de una deuda odiosa o por remesas de utilidades al exterior o incluso la evasión tributaria, tal como la demanda de la AFIP hacia Vicentin?  
Es un interrogante para incluir en los debates de esta coyuntura, que trasciende la discusión local y se hace necesaria en todo el continente y en el mundo.
Buenos Aires, 15 de febrero de 2020

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La discusión relativa a la deuda pública externa


Existe un amplio debate en torno al endeudamiento público externo, que involucra a los propios adherentes de la política oficial.
No solo el viejo debate sobre pagar o no pagar, sino y muy especialmente que hacer más allá del endeudamiento. Es una polémica a derecha e izquierda del arco político.
Lo que sigue son apenas algunas ideas motivadas en debates informales recientes relativas al qué hacer con la deuda y más allá. No pretende ser un exhaustivo análisis de propuestas, siendo apenas un conjunto de ideas en general para discutir el presente y el futuro.
Pagar
Sobre la hipótesis de pagar, el problema remite a la capacidad de atender las inmensas necesidades insatisfechas de la población, lo que en las condiciones actuales supone terminar de definir el monto de deuda exigible, el costo de intereses y los vencimientos reprogramados.
Es una situación a pensar en un país con déficit fiscal y, por lo tanto, la generación de condiciones de pago supone al mismo tiempo la disminución del gasto público y/o el aumento de los ingresos fiscales genuinos, principalmente impuestos.
Todo parece sencillo, pero…, ¿cuáles son los gastos a disminuir? ¿Los subsidios a las empresas o el gasto público social de educación, salud u otros aspectos relativos a derechos?
En materia de impuestos, sobre qué sector recae la carga tributaria, siendo el IVA la principal fuente de recaudación tributaria, seguida por ganancias, con gran peso en este caso de los impuestos derivados del aporte de los trabajadores.
Como se ve, para poder pagar la deuda hay que hacer un ajuste y definir sobre qué sectores deberá caer el ajuste. Para quienes sostienen la posición de pagar la deuda, es necesario que expliciten quién pagará.
No pagar
Respecto del no pago de la deuda debe reconocerse el boicot que generarán los acreedores y su peso en el núcleo del poder mundial, sea el sistema financiero transnacional y las corporaciones transnacionales que hegemonizan el capitalismo mundial; los organismos internacionales y, por cierto, los principales gobiernos de los países capitalistas desarrollados, aquellos que parecen siempre dispuestos a “ayudar”.
Son una tríada de actores que más allá de formulaciones diplomáticas relativos a los problemas de la pobreza, la desigualdad o el endeudamiento, todos ellos bregan por los intereses del régimen del capital y la lógica de la ganancia, la acumulación y la dominación capitalista.
Al no pagar se liberan recursos existentes, en rigor escasos, para intentar atender inmensas necesidades socioeconómicas, especialmente terminar con la recesión y su impacto en el empleo y los ingresos populares.
No pagar tiene su costo, pero es el punto de partida para pensar en términos alternativos.
Investigar - auditar
No pagar requiere una investigación a fondo sobre la deuda, en primer lugar, la deuda con el FMI.
Hace falta auditar la deuda con participación popular, más allá de los montos y que permita identificar destinos de los recursos y responsabilidades de las autoridades involucradas.
Se trata de investigar y auditar no solo estos 4 años de gran endeudamiento, sino toda la deuda desde el origen en tiempos de la dictadura genocida.
Hay investigaciones en la Justicia, incluso con sentencia, caso de la denuncia de Alejandro Olmos relativa al endeudamiento público en tiempos de la dictadura (1976/1983) con sentencia judicial de junio del 2000 (Juez Ballesteros), con más de 400 fraudes explicitados que involucran a funcionarios de los gobiernos militares.
Existen denuncias judiciales de todos los canjes de deuda realizados desde 1983 en adelante, lo que suponen un valioso material, además de variados estudios de organizaciones sociales, políticas, religiosas y estudiosas/os, lo que constituye un activo de importancia para canalizar una amplia auditoria con participación popular.
Una auditoría integral del endeudamiento público facilitaría una discusión relativa al carácter ilegal, ilegitimo u odioso del mismo.
No solo es ilegitimo u odioso el endeudamiento comprometido en tiempos de dictadura, sino en correspondencia con la teoría de la deuda odiosa, poder confirmar que el pueblo no fue beneficiado por la deuda y que tanto acreedor como deudor eran conscientes de la imposibilidad de la devolución de los créditos.
El carácter odioso de la deuda resulta especialmente válido para el caso del FMI y su préstamo de 57.000 millones dólares y sus desembolsos por más de 44.000 millones de dólares. Fue un préstamo favorecido por EEUU, con voto privilegiado en el FMI para consolidar un gobierno amigo que intervenía en la lógica de la política internacional de EEUU en la región, especialmente en lo relativo a la agresión a Venezuela.
Mientras se investiga deben suspenderse los pagos y en simultáneo construir un nuevo orden económico social
Plan económico para revertir la dependencia
El previsible boicot internacional relativo a una política soberana exige discutir un plan económico social más allá de la coyuntura. Argentina acumula cuatro décadas de un modelo productivo que tuvo a la deuda pública como un condicionante importante. Por más de cuatro décadas desde 1975/76 se profundizó la dependencia y la inserción subordinada del país en el capitalismo global, más allá de los intentos de revertir esa situación en algunos periodos del ciclo comentado.
Esa es la base del despliegue del agro negocio de exportación y sumisión a la lógica financiera de las transnacionales de la alimentación y la biotecnología. Resultado de ello es la gran concentración de la tierra que explicita el Censo agropecuario 2018 (INDEC), donde apenas un puñado de poco más de 5.000 propietarios, el 2% del total de las Explotaciones Agropecuarias detentan el 52% de la tierra disponible. En ese mismo sentido debe pensarse las consecuencias de la mega minería a cielo abierto y la explotación de hidrocarburos, especialmente de no convencionales (Vaca Muerta y fractura hidráulica).
La reestructuración fabril responde a esa dinámica, desplegando armadurías asociadas a cadenas de valor transnacional dónde la decisión y soporte tecnológico es foráneo. El escaso desarrollo tecnológico nacional estuvo más asociado a la experiencia del Estado y a muy pocos emprendimientos privados locales. Es un proceso acompañado de un atraso tecnológico productivo de gran parte de la pequeña y mediana industria. La concentración industrial es el resultado que explicita la Encuesta de Grandes Empresas del INDEC desde hace tiempo.
Ni hablar del papel de las finanzas, con la vigencia de la ley de entidades financieras de 1977, que, según el Ministro de la dictadura, Alfredo Martínez de Hoz, fue el instrumento más revolucionario de su gestión.
Se trató de un mecanismo esencial para facilitar la privatización y extranjerización del sistema financiero, apoyado por políticas financieras que en este último tiempo convalidaron la concentración del crédito, donde el caso de la estafa de la empresa “Vicentín” es apenas una muestra elocuente.
Soberanía, integración y construcción de subjetividad
Lo primero es cambiar el modelo productivo, modificando la ecuación de beneficiarios y perjudicados.
Requiere discutir en términos de soberanía alimentaria para pensar la situación del agro, la agro-industria y todo el entramado de servicios asociado a la producción primaria.
Supone discutir un programa de soberanía energética, con énfasis en el derecho a la energía, para desarmar una lógica de estos tiempos asociada a la mercantilización y exportación energética.
Reestructurar el sector fabril vinculado a la satisfacción de las necesidades sociales del mercado interno y una integración al sistema mundial sobre bases de cooperación.
El financiamiento resulta clave y por eso se trata de disponer de los recursos financieros para una política pública con participación de la sociedad en función de los ejes comentados. La nacionalización y socialización del comercio exterior y la banca resulta imprescindible en este sentido.
Hay que ser consciente que esto requiere de cooperación internacional, y no estamos rodeados por regímenes que compartan la voluntad señalada. Sin embargo, no hay otro camino y deben buscarse las asociaciones internacionales convergentes con el rumbo soberano sugerido, de lo contrario, el rumbo será profundizar la dependencia del capitalismo global.
¿Facilitarán los sectores hegemónicos de la economía local y mundial un rumbo soberano? Desde luego que no, pero es necesario formular la propuesta de política soberana si es que se pretende superar los temas estructurales que frenan el desarrollo soberano de la Argentina.
Como señalamos al comienzo de este escrito, no alcanza con debatir el que hacer con la deuda, hay que proponerse ir más allá y discutir la organización económica de la sociedad.
En ese plano, hay que pensar las políticas estatales de ingresos, monetaria, fiscal, crediticia, productiva, de inserción internacional, de promoción del mercado interno, y, en definitiva, de todo aquello que apunte a resolver insatisfechas necesidades sociales.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2020

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La deuda, el FMI y los primeros días del gobierno de Alberto Fernández


Lo que sigue es una versión corregida del reportaje que me realizara Mario Hernández y que se publicara en Rebelión, en: http://rebelion.org/noticia.php?id=265048   (consultado el 01/02/2020).
En un escrito del diario Página12[1] se sugiere que la titular del FMI “…comparte los principales postulados económicos y sociales del gobierno de Alberto Fernández: cobrar más impuestos a los sectores de mayor capacidad contributiva, transferir más recursos a los grupos sociales que se ubican en la base de la pirámide de ingresos y aumentar, si es necesario, el gasto social.” Agrega el autor: “Con esas ideas Georgieva estaría en condiciones de afiliarse al peronismo, pero, se sabe, la última palabra en el Fondo la tiene Estados Unidos.” Es obvio que se trata de una ironía, evidente en la confirmación de EEUU detrás de cualquier decisión, más cuando en Washington habita la Casa Blanca Donald Trump.
Ocurre que la nueva titular del FMI reemplaza a Christine Lagarde, ahora al frente del Banco Central europeo. Lagarde fue la responsable del préstamo más grande que otorgó el FMI en su historia, el préstamo a la Argentina por 57.000 millones de dólares, otorgado a mediados de 2018 y que alcanzó a liquidar algo más de 44.000 millones de dólares. Puede considerarse a la operación de crédito como un gran fracaso, ya que el objetivo del FMI y EEUU, era favorecer que Mauricio Macri lograra un segundo período de gobierno, entre 2019 y 2023; que utilizara ese dinero para lubricar la situación económica de la Argentina y avanzar con las tareas pendientes de ajuste y reestructuración regresiva en un segundo mandato. Eso no se logró y hay muchas dificultades para que la Argentina devuelva su deuda. Por eso es que el “riesgo país” de la Argentina creció hasta los 2.500 puntos ante la incertidumbre del resultado electoral y curiosamente se redujo ante las primeras declaraciones, aun antes de asumir el nuevo gobierno: "No quiero hacerle quitas a nadie ni dejar de pagar lo que debemos"[2].
La tendencia a la baja del riesgo país se sostuvo ante las primeras medidas del gobierno, algo que sorprendió ante una opinión mayoritaria que daba por descontado el default. Ahora, cuando se difundió el Proyecto de ley de “restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa”, con media sanción en Diputados desde el 29/01/2020, donde lo que se propone es una reestructuración de la deuda en dólares y de legislación extranjera para modificar los plazos, o las tasas de interés, o los montos; los inversores internacionales de deuda externa en divisas, y bajo legislación externa tienen temor de que la Argentina haga quita de capital, o disminución de tasas de intereses y/o reestructuración de los plazos. En razón de ello es que bajan las cotizaciones de los títulos de la deuda y, por ende, vuelve a subir el riesgo país, por encima de los 2000 puntos.
Entonces, el primer dato es que el FMI tenía que cambiar de titular porque estaba muy expuesto con el fracaso en términos financieros de la gestión Lagarde. Por lo tanto, el FMI está atrapado sin salida y obligado a negociar con la Argentina. Es más, Martín Guzmán, ministro de Economía de la Argentina dice con relación al FMI que “la Argentina tiene el control”[3], porque el que está preocupado por cobrar es ahora el FMI. El FMI es corresponsable de un préstamo que no funcionó para lo que se imaginó, es responsable del potencial default en que está la Argentina en la actualidad y, por lo tanto, Kristalina Georgieva viene a generar las condiciones para un diálogo dirigiendo un Directorio donde ya no está la responsable de ese préstamo impagable.
No nos engañemos, atrás del Directorio del FMI están los accionistas, sobre todo el principal, que es EEUU, nada menos que el gobierno de Donald Trump. El crédito fue otorgado por decisión de EEUU para que Argentina acompañe la política exterior estadounidense en la región, especialmente sobre y en contra de Venezuela, sobre el petróleo venezolano, sobre Cuba y la alianza Cuba-Venezuela. Así, se propone obstaculizar todo proceso de crítica a la política en defensa del orden capitalista. Ese es el marco general de la “nueva situación” en la relación de la Argentina con el FMI.
Hacia el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde participa el FMI, el pasado 17 de enero la directora gerente del FMI hizo un discurso sobre las condiciones del funcionamiento de la economía mundial[4] y allí sostuvo los conceptos que son asimilables o en sintonía con el discurso oficial en la Argentina de Alberto Fernández, por eso la ironía de una titular del Fondo “peronista”. Ahí, Kristalina Georgieva señala con mucha preocupación que la característica de la economía mundial es la incertidumbre, pero hay factores que agravan la incertidumbre mundial como el cambio climático. Aludiendo a los incendios forestales en Australia como tema central, un tema eje en el debate en Davos.
Está claro que no se le ocurre a la titular del FMI asociar el cambio climático al modelo del capitalismo contemporáneo. En todo caso es una cuestión tomada como si hubiera una “crisis en el clima”, por eso la llaman “cambio climático” como si no fuera que la afectación del clima tiene que ver con el modelo productivo, con la exacerbación de la explotación de la fuerza de trabajo y la depredación de los recursos naturales por parte del capitalismo contemporáneo. Pero al mismo tiempo señala Georgieva que el problema es la guerra comercial entre EEUU y China, aunque señala como dato positivo que se suscribió la fase uno de un acuerdo, que posterga la fase dos, los temas más importantes de la negociación entre EEUU y China, para el futuro. Esos temas de fondo son los tecnológicos, de comunicación, donde evidentemente China le está sacando ventaja a EEUU. Un dato importante es que el déficit comercial de EEUU con China es de 420.000 millones de dólares. China le vendió a EEUU el año pasado por 539.000 millones de dólares y EE UU solo vendió a China por 120.000 millones de dólares.
No es correcto hablar de nueva Guerra Fría. El 2020 es un año electoral en EEUU y por eso Trump firmó este acuerdo de fase uno. Está perdiendo en el plano de la economía. Inició la guerra comercial porque está perdiendo en el plano de la producción. Mantiene EEUU el poderío militar y el ideológico cultural, con China intentando acortar diferencias en ambos planos. China aventaja productivamente, está haciendo muchos esfuerzos por mundializar el Yuan, su moneda local, para internacionalizarla; está profundizando sus alianzas internacionales, especialmente con Rusia, Irán; del mismo modo que alienta nuevos circuitos financieros y tecnológicos alternativos a los hegemonizados por EEUU. En el mismo sentido intenta Europa para eludir los mecanismos de control financiero establecidos por EEUU. De hecho, entonces, no hay muchas condiciones para repetir la Guerra Fría, Socialismo vs Capitalismo, que imperó en el sistema mundial entre 1945 y 1991, pero sí hay una discusión de dos grandes potencias que están disputando quién domina la organización del sistema económico mundial.
Agenda de sugerencias sobre política económica del FMI
Volviendo al FMI, Georgieva dice que en este clima de incertidumbre el principal problema que hay es que ha crecido la desigualdad y ahí es donde se procesa la asociación al “peronismo” o a cierta concepción socialdemócrata en el plano de las ideas, especialmente en economía y política económica. En este sentido propone llamar la atención en tres cuestiones. En primer lugar impulsar políticas tributarias progresistas, eso llama la atención, a muchos les gusta oír eso, yo lo traduzco como un “que paguen los ricos” pero es difícil que lo hagan cuando en el propio Foro Económico Mundial, Oxfam difundió los datos de la desigualdad en el sistema mundial, en donde se verifica que 2.153 personas, multimillonarios, tienen la misma riqueza acumulada que el 60%  de la población mundial.[5]
Hay un nivel de desigualdad en el mundo muy importante. La propia titular del FMI dio en su discurso del 17 de enero el ejemplo de que un porcentaje muy reducido de la población británica, el 10% más rico del Reino Unido, tiene la misma riqueza que el 50% de la población más pobre del país. Señala que algo similar pasa en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El tema de la desigualdad que aparece como una novedad en el FMI, ya fue asumido por el Banco Mundial. Mario Hernández, quien originó estas notas colaboró en la difusión de una crítica al libro de Thomas Piketty, que publicó en 2013, “El Capital en el Siglo XXI”, para mostrar que en la historia del capitalismo lo que crece es la desigualdad. Uno puede hacerle muchas críticas teóricas al libro del economista francés, y a su nuevo libro de reciente aparición “Capital e ideología”, pero si hay algo en lo que se pone el acento es en la desigualdad. Kristalina Georgieva pone el acento allí. El FMI sostiene ahora “vamos a impuestos progresivos”, afirmación contrapuesta con el escrito en el reciente acuerdo con la Argentina. En segundo lugar, dice “preocupémonos por el gasto público social. Especialmente educación y salud”. No tiene nada que ver con el ajuste que empuja en Argentina, en Grecia, Turquía o cualquier país que ha hecho acuerdos crediticios con el FMI. En tercer lugar, dice que hay que hacer reformas estructurales, y se refiere a la reforma laboral, la reforma previsional, que apuntan a quitar derechos históricamente conquistados por la población trabajadora.
Resulta importante leer lo que está diciendo el FMI, porque Georgieva compara en esa intervención a la economía actual con la de hace un siglo y sostiene que “en 1920 el mundo estaba de fiesta, y 10 años después vino la gran crisis del 30”, abriendo el paraguas de una crisis de la profundidad que supuso aquella crisis del 1929/32, que fue una gran conmoción y que estuvo acompañada, desde el punto de vista civilizatorio e histórico de una revolución, la bolchevique en 1917, constituyéndose la URSS en la década del 20 y proyectándose como poder global de bipolaridad hacia 1945. Por eso Georgieva dice que si no toman medidas correctivas en el capitalismo en crisis, lo que se viene es el “populismo y la agitación política”. Diría que están mirando con seriedad lo que acontece en Francia, o en Chile, o en Colombia o en Haití, para mencionar luchas muy visibles y que han aparecido en todos los medios en los últimos tiempos, pero que se proyectan en Asia, África, América Latina, en todo el planeta.
Este es el momento de mayor acumulación de poder de la ofensiva del capital con la hegemonía neoliberal, pero al mismo tiempo se expresa el mayor nivel de descontento de este tiempo histórico con movilizaciones explicitadas de distinto nivel entre las cuales está el estímulo a los “nacionalismos proteccionistas” de Donald Trump o el Brexit en Gran Bretaña o salidas hacia la derecha como Brasil con Bolsonaro o en otros casos europeos como el de Polonia y la propia Liga en Italia.
Lo que se está viendo es un mundo convulsionado donde la materialidad de los asuntos económicos está en vísperas de un estallido, de un potencial problema. Entonces deben tomar algunas medidas de carácter preventivo, medidas por las que algunos irónicamente dicen que podría afiliarse al Partido Peronista. Pero es una ironía porque el Peronismo también ha sido el Menemismo en los ´90, es un conglomerado que expresa diferentes cuestiones, hay muchos peronismos, se puede pensar en los peronismos en el gobierno y vas a encontrar matices diferenciados, incluso se puede ubicar la dinámica social de acumulación del peronismo en la resistencia, desde el 55 en adelante hasta el 73 con el retorno de Perón, incluso mucha dinámica cultural, social, política organizativa de tradición en el peronismo, nacionalismo popular, nacionalismo popular revolucionario. Es una diversidad muy grande, pero me parece que hay que tomar nota que el principal problema lo tiene hoy el FMI que está obligado a negociar y no es sólo el FMI, sino que atrás de él se mueven otros intereses económicos, políticos, globales como el propio Vaticano. Luego del Foro Económico Mundial hay una reunión convocada en Roma por el Vaticano, donde el tema central va a ser la situación de la Argentina, de la deuda.
La deuda es odiosa porque no fue a favor del pueblo argentino, el deudor sabía que no podía pagar y el acreedor que no podía cobrar. A la reunión concurrirán, entre otros, Kristalina Georgieva, Martín Guzmán y Joseph Stiglitz. Vale recordar que el año pasado, por primera vez se reunieron el Papa Francisco y Joseph Stiglitz, encuentro en el que coincidieron en varios asuntos, especialmente en la crítica a la ortodoxia neoliberal. De modo didáctico, sostengo que en el orden capitalista hay dos grandes propuestas para gestionar el capitalismo contemporáneo.
Una es la hegemónica, mayoritaria, la corriente principal, que es la que se constituyó en los últimos 40 años la liberalización de la economía. Es lo que se identifica en términos globales como neoliberalismo, que tiene matices, contradicciones muy variadas, que ahora aparecen hasta variantes proteccionistas a lo Trump, que curiosamente este acuerdo con China supone el retorno a los acuerdos de liberalización de la economía; pero esta es una, la que ha construido la globalización de los últimos 40 años, desde 1973 para acá, desde el ensayo de las dictaduras militares del Cono Sur, del terrorismo de estado en el Cono Sur en adelante, el tiempo de constitución del neoliberalismo.
La otra corriente que pretende administrar el orden capitalista es la que congenia y concilia en la ideología de la Encíclica papal “Laudato Sí”, en la concepción del Papa Francisco y Stiglitz, quienes sustentan una vuelta al período previo a la hegemonía neoliberal. Se proponen reinstalar las concepciones del Estado de bienestar. En rigor, hubo Estado de bienestar porque había intento de construcción socialista desde la revolución rusa. Sin esa contracara de la URSS era muy difícil que hubiera construcción de capitalismo reformista o Estado de bienestar. Por eso, decía que no veo ahora condiciones de Guerra Fría, porque lo que está ahora en disputa es la gestión del capitalismo. Mientras que entre el 1945-1991, aunque se discuta cuánto de socialista tenía el “campo socialista”, sí había un debate civilizatorio entre capitalismo y socialismo.
Se van a encontrar en esta reunión el FMI, Stiglitz que viene de los organismos internacionales, fue economista jefe del Banco Mundial. Pero junto con él, que es premio Nobel de Economía del 2001, en esa concepción también está Paul Krugman premio Nobel de Economía de 2008 y te menciono las fechas porque en los años de las crisis capitalistas los Nobel son reformistas. Ambos años, 2001 y 2008, son años de gran crisis de EEUU. Por eso, los Nobel de Economía son personajes críticos de la ideología principal neoliberal, pero que están dentro de la restauración del orden capitalista.
Joseph Stiglitz es el padrino/mentor de Martín Guzmán, el ministro de Economía de la Argentina. La gran sorpresa de Alberto Fernández fue demorar la designación de su ministro de Economía, que en los primeros tiempos de su función generó buena aceptación en el mercado de capitales, entre los inversores y especuladores, por eso comentaba que bajó el riesgo país de la Argentina. En los primeros días de gobierno se hizo una restructuración de la deuda en pesos, de unos 100.000 millones de pesos, modificando plazos, intereses, y alargando tiempos de cancelación. Fue una señal de confianza a los acreedores de que la Argentina, al menos su deuda en pesos, no irá al default. El problema es la deuda en moneda extranjera, por lo que se acaba de otorgar media sanción a una ley para darle sostenibilidad al pago de la deuda externa, la deuda en divisas y bajo legislación extranjera. Eso es lo que los inversores externos ahora ven con cierta desconfianza y van a querer condicionar para que no se vaya tan largo el plazo, para que no se modifique tanto la tasa de interés, para que los montos no tengan quitas. Negociar en las mejores condiciones posibles para los acreedores será la presión a soportar.
Pero este es un momento de mucha complejidad en cuanto a la situación de la economía mundial, y la Argentina está en el foco del debate mundial por el temor al default. El propio Ministro señala cuando presenta la ley, que la deuda externa argentina es impagable. Dice que tiene voluntad de pago y, por lo tanto, quiere renegociar y para eso demanda el aval del Parlamento argentino, logrado con 224 votos a favor, 2 en contra y una abstención.
Nuevamente se pierde la oportunidad de avanzar en la investigación a fondo de la deuda, porque esta legislación no incluye en sus 9 artículos la posibilidad de una Auditoria. La ley otorga facultades al Ministerio de Economía para reestructurar la deuda. En ningún lugar aparece el tema de investigarla, ya que muchos sostenemos que esta es una deuda odiosa, aunque haya sido tomada por gobiernos electos constitucionalmente. Es odiosa porque no fue a favor del pueblo argentino, porque el deudor sabía que no podía pagar y el acreedor sabía que no podía cobrar.
Entonces, es una gran estafa al pueblo argentino y por esto merecería ser declarada como deuda odiosa, para lo cual requiere una investigación muy amplia, no solo de sectores parlamentarios, de una comisión del propio gobierno, sino que la propia sociedad debería intervenir en esa investigación a fondo. Y mientras se investiga no hay que pagar. Ahora mientras se presenta esta ley al mismo tiempo se paga la deuda. Por eso la ley de solidaridad y desarrollo productivo incluyó la posibilidad de poder utilizar más de 4.500 millones de dólares de reservas internacionales para cancelar deuda dolarizada que es lo que viene haciendo el gobierno desde que asumió el 10 de diciembre.
Para un balance de los primeros días de gobierno
Creo que el gran tema que hemos estado hablando es el gran condicionante de esta etapa, y es el endeudamiento público. Por otro lado, creo que el gobierno asume con una gran expectativa de la población argentina para que se modifiquen las políticas que se implementaron en los últimos 4 años del gobierno de Macri. Pongo por delante este gran condicionante de la deuda en primer lugar.
La realidad es que se ha generado mucha sorpresa a todo nivel, por un lado, los opositores esperaban que se declarase el default de la Argentina. No solo no se ha declarado, sino que se han generado condiciones para el pago y restructuración de la deuda. Eso ha caído bien en los sectores financieros internacionales y por eso este guiño y acuerdo previsible con el FMI y atrás de eso con EEUU.
Por otra parte y respondiendo a las expectativas  sociales se han generado algunas medidas donde, por ejemplo, si hablamos en materia de ajuste, viene por el lado del ingreso, o sea más que reducir el gasto público se han hecho medidas para incrementar la recaudación tributaria, entre otras cosas actualizaron las retenciones, se han mantenido algunas exenciones pero eso ha generado un descontento del sector agro exportador, intentando recuperar la crítica de lo que se llamó el conflicto con el campo en 2008.
Se modificaron algunos impuestos como el impuesto a los bienes personales, que supone gravar a los sectores de más capacidad económica. Se mantuvieron los controles cambiarios, pero se establecieron impuestos a lo que se conoce como dólar turista, para gravar los viajes al exterior, por ejemplo, por compra-venta de divisas. Se han tomado una cantidad de medidas que han servido para favorecer a una política de distribución del ingreso expresada en un bono para los jubilados beneficiarios de la mínima en diciembre y enero. Una medida que genera mucha polémica es la suspensión de la fórmula de actualización jubilatoria que todavía no se sabe cómo se va a reemplazar. Hay una especulación a partir de información oficial del gobierno, de que en marzo como no se va a utilizar la fórmula de actualización de los ingresos previsionales, va a haber una suma fija donde se va a mejorar el ingreso de la mínima, pero se afectará la actualización de jubilaciones normales, no estoy hablando de las de privilegio.
Hay un conjunto de medidas a las que se podría sumar la extensión de los precios cuidados, pero como al mismo tiempo se suspendió la exención del IVA, el tema del incremento de los precios sigue siendo un tema preocupante. Los datos de inflación y recesión de diciembre fueron muy elevados. Habrá que ver cómo este conjunto de medidas impacta en este contexto de inflación y recesión. Vale discutir el tema salarial, ya que muchos infieren que la recomposición de ingresos salariales constituye condición de aumento de precios, es decir, son inflacionarios. De ninguna manera la recomposición salarial es responsable de la inflación. Lo que ocurre es que el gobierno plantea que el tema debe resolverse en las Convenciones Colectivas de Trabajo, o sea, que es una cuestión entre privados, entre trabajadores y patrones. Entre trabajadores que están en Convenio Colectivo con sus empresas. Son muy pocos los trabajadores de la Argentina que están bajo Convenio Colectivo de Trabajo. En todo caso el Estado va a acompañar ese proceso.
Se otorgó un bono para el sector privado, que se extendió al sector estatal, a cuenta de futuras negociaciones. Lo que pasa es que en el lenguaje de Martín Guzmán lo que está planteando es “tranquilizar” la economía, frenar el alza de precios y bajar la inflación. Para ello sostienen que hay que atemperar la puja distributiva. De ninguna manera el salario es generador de inflación. La inflación es el aumento de precios y la capacidad que tienen algunos sectores en la economía para imponer precios. Todos sabemos, y la estadística lo comprueba, que los salarios van por detrás de la inflación. Muy pocos trabajadores reciben actualización de salarios por encima de la inflación. O sea, que la inflación es una cuestión de poder. Pueden aumentar los precios las petroleras, no los aumentan ahora porque están controlados, pero están en negociación con el gobierno para volver a aumentar el combustible. Están congeladas las tarifas de servicios públicos, otra medida bien receptada por la población respecto del gobierno de Alberto Fernández. Pero hay que ver cómo continúa. La inflación ha sido generada en los últimos años y desde siempre, por los que pueden aumentar precios. Los jubilados no pueden aumentar el precio de su asignación, los trabajadores no tienen capacidad de imponer precios a las patronales. El salario no es causante de inflación, la inflación es una cuestión de poder. Son responsables aquellos en condiciones de imponer los precios, incluido el propio Estado.
Un dato relevante es que el gobierno asume con el 48% de los votos, contra un 41% obtenido por el macrismo y un 4% más a otras propuestas de derecha, lo que totaliza un consenso de derecha del 45%. El condicionante para transformar es muy fuerte, y el gobierno que ganó, el de los Fernández, no se propuso ni en campaña electoral ni en su discurso inaugural un proceso de reestructuración de la economía argentina, sino revertir algunas condiciones muy regresivas de la política económica aplicada en los últimos 4 años. De aquí proviene la expectativa que hay en la población.
La pregunta es qué capacidad de aguante tiene esa expectativa. Juan Grabois sostuvo en su momento “que tenemos mecha corta”, en el sentido que, si no se satisfacen las necesidades de empleo popular, de las necesidades sociales, puede haber un estallido soccial. Entre las medidas tomadas para paliar la situación del hambre, en tanto y en cuanto son urgentes, parecen efectivas como la entrega de la tarjeta alimentaria que se está haciendo ahora. Pero esa no es solución para el problema alimentario de la Argentina, no resuelve los problemas nutricionales, no saca a la población de la pobreza. Pero me animo a decir que todavía estamos en el tiempo de gracia que en general se le otorga a todo gobierno que trata de asentarse y descubrir los problemas y qué caminos tomar para avanzar. Lo más importante es el nivel de la organización social popular para sostener la demanda reivindicativa y ejercer presión para que las expectativas sociales y populares se cumplan.
Existen varias organizaciones populares que organizan una Campaña Popular por la suspensión de los pagos de la deuda pública externa y se investigue a fondo.  Se busca generar condiciones para desplegar mecanismos alternativos de un desarrollo económico diferenciado en la Argentina. Sin movilización popular es muy difícil que avance. Por eso vale la pena mencionar el caso de Mendoza, donde con acuerdo de oposición y oficialismo, provincial y nacional, quisieron afectar la Ley de defensa del agua y la población mendocina movilizada desarmó ese intento de mercantilizar el agua. Lo que demuestra que la política no solo es el Parlamento, ni los votos, sino que la política es también la movilización popular organizada.
Buenos Aires, 1 de febrero de 2020

[1] Alfredo Zaiat. “Kristalina Georgieva peronista: impuestos progresivos y más gasto social”, publicado el 19/01/2020. (consultado el 01/02/2020)
[2] Declaraciones de Alberto Fernandez ante la Unión Industrial de la Argetnina, UIA, recogidas por el Diario La Nación del 29/11/2019, en: https://www.lanacion.com.ar/politica/alberto-fernandez-uia-las-cuentas-fiscales-quedan-nid2310587 (consultado el 01/02/2020)
[3] Ámbito Financiero del 21/01/2020: “Guzmán, sobre el FMI: "Nosotros estamos en control", en: https://www.ambito.com/economia/fmi/guzman-el-fmi-nosotros-estamos-control-n5077968 (consultado el 01/02/2020)

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