Complejidades del debate económico


Resulta muy complejo el debate sobre política económica en la actualidad, no solo respecto de la Argentina o la región, sino del mundo. ¿Porqué?
Argentina
Lo primero respecto del país es que no puede soslayarse que hay un nuevo tiempo político desde la asunción de un nuevo gobierno el 10 de diciembre pasado.
Imaginemos que es lo que estaríamos analizando ahora de haber ganado el macrismo. No se trata de un ejercicio de ciencia ficción, sino de una hipótesis relativa al acontecer sobre las tarifas de servicios públicos, las que estaban congeladas hasta el resultado electoral y ahora hasta junio 2020.
¿Qué hubiera ocurrido con los precios de los combustibles? Interrogante válido cuando el Presidente Alberto Fernández interviene para frenar el último aumento del año, que ya había sido dispuestos por las autoridades de la empresa YPF y que arrastraba a otras transnacionales del petróleo.
Claro que es una medida transitoria y que a fines de enero el aumento puede ser efectivo. Igual, aun transitorio, llamamos la atención sobre la capacidad de demorar impactos socioeconómicos regresivos en un clima de elevada inflación.
Es muy probable que hoy, bajo una segunda presidencia de Macri, estaríamos discutiendo la continuidad del acuerdo con el FMI, no solo los desembolsos hasta los 57.000 millones de dólares (ya desembolsaron un poco más de 44.000 millones), sino y muy especialmente las regresivas reformas laborales, previsionales y tributarias.
La profundidad de la hipoteca se hubiese acrecentado. Ya lo es, aun con el rechazo a nuevos desembolsos, pero las negociaciones no están constituidas desde una posición de poder, sino de una de subordinación a la lógica del sistema financiero mundial, con el preconcepto de que el país quiere pagar.
El tema es como salir de la recesión y su impacto en el desempleo y las carencias sociales de los más empobrecidos; pero también como terminar con la inflación, mecanismo especifico de transferencia de ingresos desde los muchos más perjudicados a los pocos privilegiados con la capacidad de establecer precios.
La discusión sobre el hambre y como combatirlo en la Argentina es trascendente, especialmente para un país con historia y presente en l producción de alimentos.
Nuestramérica y el mundo
Relativo a la región, el debate es el regreso a la mayoría de los gobiernos de una lógica de política económica asociada a la corriente principal de contenido “liberalizador” sobre el movimiento internacional de capitales, salvo lo que se explicita desde el discurso en México y Argentina, y claro que en otro nivel, Cuba, Venezuela o Nicaragua.
Las movilizaciones populares en Chile, Colombia o Haití, hacen evidente al mismo tiempo que los pueblos, o una parte movilizada de éstos, objeta las tendencias hegemónicas actuales y con antecedentes en los tiempos del terrorismo de Estado de los tempranos setentas.
Eso que mentamos se denomina ahora “neoliberalismo” y es la corriente hegemónica del pensamiento económico contemporáneo, con los matices de las formas en que se desarrolla en cada uno de los países que lo incorporan como política de Estado.
Son “neo” porque remiten al origen liberal de los primeros pensadores que sistematizaron la novedad del capitalismo como forma de organización contemporánea de la sociedad, sustentada en la explotación de la fuerza del trabajo y el saqueo de la naturaleza.
No en vano sostuvieron los iniciadores de la Economía Política que el trabajo era el padre de la riqueza y la tierra la madre.
Aquellos fundaron la lógica liberal del orden capitalista y estos neo-liberales la adecuan para sostener el régimen del capital en el presente de transnacionalización que vivir el sistema mundial.
En algunos casos se presenta la orientación de la política económica de manera más ortodoxa y en otros menos, incluso con el barniz del proteccionismo a la Trump o a la Brexit.
Así transcurre la tónica del debate mundial, relativo al desorden derivado de la iniciativa política estadounidense, con sanciones unilaterales e intentos de intervención económica o militar en diferentes territorios del mundo.
El objetivo es la reorganización del sistema mundial bajo la continuidad de la hegemonía estadounidense.
La situación compleja de la guerra comercial, monetaria, financiera y de hegemonía entre EEUU y China permea la situación contemporánea y en la crítica reinstala un imaginario de “otro capitalismo”, audible en las voces provenientes del Vaticano o de prestigiados economistas, oportunamente galardonados con el Nobel, caso de Joseph Stiglitz.
Recordemos que los Nobel del 2001 o 2008, en pleno desarrollo de la crisis capitalista fueron otorgados a críticos del orden hegemónico sin cuestionar al capitalismo, caso de Stiglitz en 2001 y de Paul Krugman en 2008.
Ese es el marco que estimulan “best seller” del tipo de los producidos por el francés Thomas Piketty, con su Capital del Siglo XXI en 2015 y su actual Capital e Ideología del 2018.  Son escritos de crítica al orden presente sin objeción al régimen del capital, con propuestas orientadas a morigerar la hegemonía del poder por vía tributaria como mecanismo de redistribución del ingreso.
Sea desde el papado, Stiglitz o Piketty, el neo-desarrollismo tiene intelectualidad y proyecto político que lo sostenga. Son formas teóricas con derivados en política económica para discutir el presente y el futuro del capitalismo.
Claro que la inspiración en el keynesianismo y las reformas en política económica entre 1945 y 1975 requieren de un tiempo global inspirado en una bipolaridad hoy ausente, la que rigió entre 1945 y 1989/91, entre los proyectos enunciados bajo la dualidad del capitalismo y el socialismo.
Socialismo
La realidad es que hoy el discurso por el socialismo está devaluado, y no solo por el derrumbe del este en Europa, sino por la discusión en torno al carácter del modelo productivo y de desarrollo en China e incluso las bondades de las políticas en quienes mantienen la formulación sobre el horizonte socialista, sea Vietnam o Cuba, incluso Venezuela.
El debate alude a si es posible desandar la imposición de una lógica arraigada que parte del inversor capitalista para crear la riqueza social, más allá si el destino de esa riqueza recrea las condiciones de la explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo de la naturaleza o si se orietna en un sentido social solidario de satisfacción de las necesidades.
La discusión es relativa al modelo productivo y al de desarrollo, lo que supone discutir qué y cómo producir, incluso cómo distribuir y los mecanismos de satisfacción integral de las necesidades sociales por mecanismos monetarios mercantiles o comunitarios des-mercantilizados orientados a la satisfacción de las necesidades.
¿Es posible producir para atender las necesidades sociales en su conjunto? Desde luego que no en el capitalismo, donde el objetivo es producir plusvalor y con este la acumulación de ingresos y riquezas, generando las condiciones de la dominación y reproducción de una lógica de la ganancia, la acumulación y la dominación capitalista.
¿Se puede ir a contramano de la lógica hegemónica?
Existen inercias construidas por décadas, caso del modelo productivo, pero la impronta de la organización y movilización popular interviene en ese debate y con mucha efectividad.
Veamos la tradición de lucha en defensa del agua y del medio ambiente en algunos territorios de la Argentina, de la región y del mundo, base de acumulación para doblegar al consenso político en el modelo de la mega minería a cielo abierto en Mendoza.
En pocos días se hizo visible una acumulación histórica de muchas asambleas que fueron invisivilizadas por el poder tras años de acumulación de fuerza, de estudio y verbalización del regresivo impacto ambiental y social de la explotación con base en tóxicos y un horizonte depredador de los bienes comunes.
Desde el poder legislativo y ejecutivo en la provincia mendocina se avanzó en una lógica consentida desde el poder nacional para avanzar en la minería provincial, en el mismo sentido de lo que acontece en otros territorios nacionales, caso emblemático de la vecina San Juan.
La política económica no solo se establece desde la demanda del capital, o los propósitos de rumbo definidos por los poderes ejecutivos o la capacidad de legislación de los poderes legislativos, sino también y muy especialmente desde los pueblos cuando su voz se agiganta por la masividad y rompe contra el status de quien establece las políticas.
Por años existió la legislación protectora del agua y era eso “normal”. En la búsqueda de una nueva “normalidad se intentó modificar la ley y lo lograron, efímeramente, ya que la movilización popular obligó a revertir la situación.
¿Fin al capitalismo o al extractivismo en Mendoza? No, claro que no, pero evidencia la fuerza de la voluntad social para marcar rumbos, en este caso en defensa del agua.
¿Resulta un ejemplo para discutir el modelo productivo local, regional o mundial? Desde luego, lo que habilita un debate sobre otros horizontes ideológicos de contenido crítico al orden capitalista y para pensar en nuevas formas de organizar económicamente la cotidianeidad de nuestra amenazada sociedad.
Son reflexiones al cierre de un año y pensando auspiciosamente en uno que llega con la aspiración de felicidades para todos y todas, saludos y buen 2020.
Buenos Aires, 31 de diciembre de 2019



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La deuda pública argentina es impagable y condiciona la política


En tiempo récord y a menos de dos semanas de asumido el nuevo gobierno de la Argentina, se acordó una mega ley que legisla la política económica en el corto y mediano plazo, con el horizonte del 2020, aun cuando todavía no hay Presupuesto para el próximo año. Este se formulará si es que en el corto plazo se renegocian los vencimientos con los acreedores de la deuda pública, con la hipótesis de postergar vencimientos por lo menos en el 2020/21. El texto aprobado incluye orientaciones que tienen como trasfondo la negociación con los acreedores de la deuda pública, sea el FMI o los privados.
Al mismo tiempo se dispuso desde el poder ejecutivo el canje de deuda con vencimientos en estos días, antes de fin del 2019, en pesos por 25.000 millones y por 9.000 millones de dólares. Son operaciones que se realizan en el mismo sentido del re-perfilamiento de la deuda impulsado por el anterior gobierno. En la medida de lo posible, se pretende diferir los pagos de manera negociada, sin necesidad de evidenciar la cesación de pagos, aun cuando la deuda no es sostenible, algo que sostiene reiteradamente el Ministro de Economía Martín Guzmán.
Los recursos públicos no alcanzan para comprar divisas y cancelar la deuda al vencimiento. Así, no hay más remedio que renovar los vencimientos con nueva deuda, algo que se dificulta por el elevado costo argentino derivado del “riesgo país”. Por eso las señales relativas a una política económica para el 2020 orientada al logro del superávit fiscal suena muy bien para los acreedores externos, interesados en cobrar ahora o más adelante, lo que exige “sostenibilidad” de la deuda.
Si el país ofrece una política económica de mejora de los ingresos fiscales y expectativas por baja del gasto, los “mercados” (especulativos) y por ende los tenedores de la deuda deducen que habrá condiciones objetivas para atender los pagos de la deuda, por lo que baja el “riesgo país” y suben bonos y acciones.
Con superávit fiscal, el Estado puede comprar divisas para cancelar deuda, premisas para volver al mercado de crédito con tasas menos elevadas que las actuales.
Los acreedores esperan expectantes ese escenario antes de demandar al país por compensaciones que involucren al patrimonio de los recursos naturales o bienes comunes, algo poco mentado, pero sobre lo que conviene tener presente. En épocas anteriores se aludió a la “capitalización” de la deuda, sustento de lo que luego fueron las privatizaciones del capital público en los noventa del siglo pasado.
El superávit fiscal proviene de disposiciones en la mega ley de reciente aprobación relativas al aumento de la recaudación vía retenciones a las exportaciones, aun cuando algunas bajen; por incremento de las alícuotas del impuesto sobre “bienes personales”, especialmente por capital invertido en el extranjero; o por imposición a las compras en el exterior, mal llamado dólar turista.
La mega ley incluye un supuesto relativo a la reducción del gasto previsional, trascendente en el conjunto de las erogaciones públicas.
El supuesto deviene del congelamiento de las jubilaciones, excepto la mínima que recibirá un bono de 5.000 pesos en diciembre y enero, elevando el mínimo previsional a una cifra de 19.068 pesos mensuales.
Todo ingreso superior a la mínima no recibirá las actualizaciones según la fórmula aprobada en diciembre del 2017 con base en la inflación pretérita. La medida está planteada hasta junio del 2020, con actualizaciones por decreto en marzo y junio próximos, mientras se organiza una fórmula de actualización de los ingresos previsionales.
¿Reactivación económica?
Son muchas las incógnitas relativas al impacto económico de las medidas adoptadas, pensadas para no tener que acudir a la emisión monetaria, un supuesto previo que se asignaba a la política del nuevo gobierno en la Argentina.
La lógica parece sugerir que la apuesta del rumbo de la política del Estado se sostiene con la estabilidad macroeconómica.
Poco se deduce de lo aprobado en la mega ley con relación al crecimiento económico, salvo la lógica derivada de las medidas de alivio fiscal a sectores de la pequeña y mediana empresa, y a la potencial negociación con los acreedores, lo que posibilitará liberar recursos públicos para inducir políticas activas que superen la recesión de estos últimos dos años, o el estancamiento de mayor duración.
Recordemos que el vencimiento de deuda en dólares para el próximo año ronda los 35.000 millones de dólares, que si se postergan supone destinos alternativos de esos fondos o parte de ellos, los que se consigan, para pensar y actuar una política económica de superación del estancamiento actual.
Una cifra similar está asociada a los vencimientos en moneda nacional, los que siempre pueden resolverse con “emisión”, aun cuando se sustenta la negativa. También, la mega ley autoriza a un mayor endeudamiento del Estado con entes de gestión estatal, especialmente el Fondo que administra la ANSES, que ahora podrá suscribir títulos de la deuda pública hasta un 70%.
La gran incógnita es la reactivación económica, lo que supone incrementar la inversión.
¿Es previsible que crezca la inversión privada, incluso, que sectores del capital privado?
Los sectores hegemónicos continúan presionando para una reforma regresiva del régimen laboral, incluso y más allá de la legislación general, se pretende ir en contra de los convenios colectivos de trabajo. La flexibilización laboral y salarial estará a la orden del día.
Es previsible que el Estado empuje acuerdos financieros con organismos internacionales para inducir reformas en ese plano, algo que se sugiere de la especialización desarrollada en los últimos años en el BID por Gustavo Beliz, Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia.
Resulta de interés la apuesta a la pequeña y mediana empresa, pero está claro que la reactivación del capitalismo local demanda de importantes ingresos de inversiones externas, algo que no se logró en el periodo anterior bajo el gobierno Macri.
Las condiciones de la economía mundial no son favorables para el ingreso de capitales de riesgo del exterior, salvo para sectores emblemáticos del modelo productivo local, caso del agro negocio, la mega minería y los hidrocarburos no convencionales. Más allá de lo concreto en este plano, lo principal provendrá de la capacidad de inversión pública, en un país que hace rato se abandonó un horizonte productivo del sector estatal.
Una cuestión central que aparece como prioridad del accionar público es el combate a la pobreza y al hambre, al mismo tiempo que sectores organizados de la economía popular (movimientos sociales, cooperativas, empresas recuperadas, emprendimientos diversos, etc.) demandan políticas especiales para organizar en condiciones de regularidad un trabajo que hoy suponen ingresos de subsistencia.
Resolver la articulación productiva de la economía campesina, comunitaria, de la agricultura familiar, las empresas recuperadas y la circulación de bienes y servicios más allá de la lógica dominante del “supermercadismo” (destino de las tarjetas de alimentos que ahora provee la política estatal) es una posibilidad a considerar.
No solo resolver la diaria es lo que importa
La expectativa por cambios económicos definió el sentido principal del voto del 27 de octubre pasado, lo que supone ir contra el flagelo de la inflación, mecanismo de transferencia de ingresos de los muchos que no pueden fijar precios hacia los muy pocos que si los fijan.
Discutir estas cuestiones supera el corto plazo, aun cuando deben iniciarse de inmediato.
Los fundamentos de la mega ley aprobada en estos días parte del supuesto de “tranquilizar” la economía, según sostiene Martín Guzmán, algo que podemos leer como atemperar las tendencias inflacionarias, que en sí mismo pueden mejoran las condiciones económicas de la cotidianeidad afectadas por el incremento de los precios y resolver la diaria de los empobrecidos.
Se sostiene que la tendencia a la baja de la inflación es la precondición para frenar la caída de la producción local y con ello promover el crecimiento económico, base para pensar en la distribución del ingreso y quizá de la riqueza. Un problema en este sentido que ello supone modificar la ecuación de beneficiarios y perjudicados.
Entre los primeros, el sector más concentrado de la economía, los privilegiados del modelo productivo asentado en el agro negocio y las exacerbadas formas del extractivismo que depreda la naturaleza, en el sentido que se avanza en estas horas con la apropiación del agua en Mendoza, a contramano del reclamo social en defensa del derecho al agua y en contra de la mercantilización de la misma. Entre los perjudicados, la mayoría de la sociedad, con expectativas por resolver la cotidianeidad e ir más allá, lo que nos convoca a pensar en términos de emancipación social.
Queda claro el condicionante de la deuda pública y la negociación encarada por el Gobierno, pero más allá de ello, la demanda es por un debate sobre el modelo productivo en su conjunto y las formas de distribuir el ingreso y la riqueza entre toda la población.
Son parte de los debates que aún no son patrimonio del conjunto social, menos aun de interés de los principales medios de comunicación y del poder económico.
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2019

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Los problemas económicos y las prioridades, entre la pobreza y el endeudamiento, para la nueva gestión en Argentina


Argentina tiene desde el 10/12 pasado un nuevo Gobierno por imperio de la voluntad electoral mayoritaria. En el inicio de la gestión se escucharon de Alberto Fernández fuertes críticas al gobierno anterior de Mauricio Macri, señalando una perspectiva de rumbo diferenciado de la política económica, de contenido “anti neoliberal”, algo que empieza a definirse en las primeras horas de la nueva administración. Esto genera expectativas esperanzadas en la mayoría social afectada por la política del anterior gobierno y que sustentaron las motivaciones electorales para el cambio de la gestión. Al mismo tiempo, el poder económico presiona para no perder posiciones, privilegios, ni ganancias o condiciones para la acumulación de capitales.
Las primeras declaraciones de Martín Guzmán como Ministro de Economía, tratando de interpretar el sentido del voto mayoritario de la sociedad, apuntan a combatir la recesión y las extendidas negativas consecuencias sociales. Indicó que “La tarea que me encomienda el Presidente es trabajar para frenar la caída, para tranquilizar a la economía argentina y sentar las bases de un proceso de desarrollo que sea sostenible y por supuesto que sea con inclusión social”[1] Agrega en su primer mensaje que “Está claro que lo que venimos a hacer es resolver lo que es una muy profunda crisis económica y social. La situación hoy es de extrema fragilidad.” Respecto de la deuda señala en ese mensaje que “Para poder pagar hay que tener capacidad de pago y para eso la economía se tiene que recuperar. Queremos tener una relación constructiva con todos los acreedores, con los privados y con el FMI, entendiendo que acá hay un problema y que tenemos que resolverlo para que todos se beneficien y para que los acreedores puedan cobrar”.
No hay duda, según estas declaraciones, de una correlación entre crecimiento económico con inclusión social para poder atender en el futuro el problema del endeudamiento. La gran incógnita es como se resolverá la cuestión en concreto. La presión social por resolver lo económico social tiene una fuerza en contrario para resolver las aspiraciones de los acreedores de la deuda. Es una contradicción irreconciliable e incluso muy difícil para afrontar una negociación que favorezca el objetivo de inclusión social. ¿Es posible en algún momento atender la demanda de los acreedores? El interrogante no es retórico y supone un debate a fondo, incluso si es posible solo contenerse en una prédica anti neoliberal.
Deuda y urgencias
En el mensaje presidencial inaugural se anunció que no habrá presupuesto 2020 hasta tanto no se resuelva la renegociación del endeudamiento público con el FMI y los acreedores privados. Así, la deuda aparece entonces como un gran condicionante de la nueva gestión de gobierno. No es sustentable la deuda bajo las condiciones actuales y, por ende, nada puede calibrarse a futuro hasta que no quede claro a cuánto ascenderán y desde cuando los compromisos a cancelar con los acreedores externos. También existe la hipótesis que ni con postergación de pagos y años de gracias se pueda solventar el endeudamiento, en buena parte calificado como “deuda odiosa”, tanto por el deudor que tomó el préstamo a sabiendas que jamás podría cancelar, como que el acreedor era también consciente de la situación de impago futuro.
Resulta interesante seguir al detalle el problema de la deuda pública. Hubo vencimientos en divisas y en pesos en la primera semana de gestión, los que se “honraron”, estimándose que ocurrirá lo mismo con los que restan en el 2019 y siguientes inmediatos del 2020. Aludimos a unos compromisos futuros para el 2020 por unos 35.000 millones de dólares más otro tanto equivalente en pesos, los que podrían resolverse con emisión de pesos, mal que les pese a los monetaristas, pero no ocurre así con los vencimientos en divisas. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse la cancelación de vencimientos, no solo por agotamiento de divisas, sino por la presión social de atender insatisfechas demandas populares?  
Una de las hipótesis que se consideraba antes de la asunción del Presidente y del Gabinete, apuntaba a la posibilidad de la suspensión de los pagos, capital e intereses, por un par de años, o más. El tema era abonado con declaraciones relativas al “virtual default” de la Argentina, asunto considerado en un documento presentado por Martín Guzmán en el ámbito de Naciones Unidas en noviembre pasado. Allí se sostenía la dialéctica entre el crecimiento económico y la suspensión de los pagos por la deuda, a resolver en un rápido acuerdo entre la asunción presidencial en diciembre y marzo próximo, algo así como una renegociación de pagos en 90 días, bajo el imaginario de aceptación de un diagnóstico de fracaso del plan del FMI con el gobierno de Macri. El FMI y el socio principal, EEUU, dicen que favorecerán la negociación, aun cuando dudemos que la burocracia del Fondo aceptará su incompetencia al otorgar un préstamo impagable, e intentará negociar desde sus posiciones de poder.
Martín Guzmán actúa ahora como Ministro de Economía y los antecedentes académicos constituyen una referencia y no necesariamente se compadecen con una política estatal. Todo indica que la deuda seguirá cancelándose con recursos fiscales o de reservas internacionales, mientras se procesa la negociación con los acreedores privados y el FMI. La hipótesis puede apuntar que las demandas internas pueden resolverse con emisión, aun cuando Guzmán sostuvo que eso podría afectar los equilibrios macroeconómicos. No hay posibilidad de seguir pagando deuda en dólares y satisfacer la enorme demanda social insatisfecha.
¿Habrá default con suspensión unilateral o aceptación de plazos importantes de gracia por los acreedores, aun antes de renovar las cancelaciones de la deuda?
Claro que, sin perjuicio del condicionante de la deuda, la urgencia a resolver deviene de los problemas socioeconómicos generados por la política económica de estos años y que se concentran en la situación alimentaria y de pobreza, de empleo, de precios y de ingresos de una parte considerable de la empobrecida sociedad argentina. Por eso, el trabajo al inicio de la gestión se presenta en dos direcciones. Una apunta a resolver la urgencia derivada de la pobreza y la otra, también imperiosa, de renegociar los vencimientos de la deuda, que imaginamos en sintonía con estudios previos del Ministro y declaraciones en el mismo sentido del Presidente Alberto Fernández. ¿Podrán atender ambas demandas? La respuesta supone un gran desafío desde la política que el oficialismo pueda consensuar ante la demanda social o de los acreedores de la deuda pública.
Presiones cruzadas
Las respuestas a las primeras declaraciones del oficialismo muestran el juego y los intereses de sectores contrapuestos, todos desde las expectativas esperanzadas, que son contradictorias.
Unos, desde el poder pretenden y aprueban la reactivación económica pensando en fortalecer la capacidad de obtener ganancias y acumular capital, por lo que observan con atención las señales en materia fiscal, más precisamente que no aumente la presión fiscal sobre el capital, la renta o las ganancias, incluso abren el paraguas de la crítica ante el aumento o reposición de retenciones. En la cuestión monetaria sostienen el sentido común impuesto de la restricción a la emisión como mecanismo privilegiado de contención inflacionaria, omitiendo sus responsabilidades en el establecimiento de los precios. Observan con esperanza la posibilidad del crédito que actuará en la activación del consumo y el mercado interno, especialmente un impacto favorable en la tendencia a la baja de las tasas de interés. Con mesura, o no tanto, seguirán apostando con presiones a las reformas laborales y previsionales contenidas en el acuerdo con el FMI, todo con el fin de favorecer inversiones externas e inserción del capital local en el orden capitalista mundial.
Otros, la gran mayoría afectada por las antipopulares políticas de la era Macri, tienen expectativas por inmediatas soluciones en materia de alimentación, satisfacción de derechos postergados, empleo e ingreso para resolver con premura cuantiosos problemas económico sociales. La baja de los precios y una tendencia a la baja de la inflación se inscribe en este sentido. Existe una gran demanda para que se resuelva la condonación de los intereses derivados del gran endeudamiento privado por el encarecimiento de las tarifas y las elevadas tasas confiscatorias de préstamos o tarjetas. Es un problema de familias y de instituciones sociales populares e incluso innumerables emprendimientos micro y de pequeños y medianos empresarios y productores. La pobreza cercana al 40%; la mitad de la población trabajadora con problemas de empleo o ingresos salariales disminuidos, e incluso jubiladas y jubilados, no solo los de la mínima que son mayoría, son parte de una multitud que espera respuestas concretas antes de fin de año, que bajen los precios, más allá de cualquier perspectiva de mediano plazo que pueda discutirse en un Consejo Económico y Social.
Son intereses contradictorios que animan y potencian la conflictividad social en la disputa por el ingreso y la riqueza, más aún con una inflación para el año superior al 50%, que expresa la lucha por la apropiación de la riqueza social. Son los pocos con poder los que pueden satisfacer sus aspiraciones en un marco de alta inflación. La mayoría pierde ante los límites para defender sus derechos e ingresos. Los jubilados y las jubiladas pretenden mejorar sus alicaídos ingresos y el poder económico pretende des-indexar los ingresos previsionales y achatar aún más la pirámide de esos ingresos previsionales. Al mismo tiempo interviene el poder global, presionando para un alineamiento de la Argentina con las necesidades del gran capital y sostener el modelo productivo del agro-negocio y la potencialidad de la energía sustentada en hidrocarburos no convencionales, caso del yacimiento Vaca Muerta. El pago de la deuda se incluye entre estas demandas del poder.
Necesidad de transitar otro camino
Estos últimos aspectos del modelo productivo y de desarrollo interesan porque son la fuente de ingresos de divisas, necesarios de acumular en la lógica del poder para la cancelación de la deuda. El interrogante de muchos es si se puede salir del condicionante de la deuda, lo que supondría acelerar los pasos de una investigación vía auditoría integral de la misma, con participación popular, no solo sobre montos y vencimientos, sino sobre responsables y beneficiarios de cada una de las operaciones realizadas. Claro que mientras se investiga, los pagos deben suspenderse, algo que ahora aparece sujeto a la renegociación.
La importancia de suspender pagos apunta a la liberación de fondos para aplicar a modificar sustancialmente el modelo productivo y de desarrollo, con otras consideraciones sobre el qué hacer en materia de producción, con quienes hacerlo y cómo encararlo. No solo relativo a la producción, sino a la distribución del producto social del trabajo. Es cierto que ello requiere de profundos cambios, que el poder económico resistirá, pero que son imprescindibles para discutir la potencialidad de superación de una situación que se define por la fragilidad de las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad.
Ello supone colocar las prioridades por delante, en un sentido estratégico que define la opción de la deuda o la satisfacción de derechos conculcados. Cada vez que se paga la deuda se restan recursos aplicables a otros destinos, no solo para atender necesidades insatisfechas, sino para estimular nuevas formas de organización de la actividad económica, más pensadas para resolver problemas socio económicos de la cotidianeidad que la lógica de la acumulación de las ganancias que explica el orden capitalista.
Un nuevo gobierno asumió en la Argentina, con enormes perspectivas de abandonar el camino que define la ideología de las políticas neoliberales. El interrogante es si se puede ir a contramano del neoliberalismo, concepción hegemónica del capitalismo contemporáneo, sin afectar al propio régimen del capital. Mientras resolvemos la incógnita, las iniciativas confrontadas de los intereses en pugna en el país pueden ir resolviendo en el camino quien prevalece sobre quién. En definitiva, es la política en acción, en pugna, en lucha de clases, la que terminará definiendo el rumbo de la nueva gestión de gobierno en la Argentina.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2019

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Macri termina su gobierno y empieza el de los Fernández


Macri se despidió de su gestión con un discurso en el que apenas mencionó el drama de la pobreza y la elevada inflación que golpea a millones de personas, cuyas vidas cotidianas se vieron afectadas de modo sustancial en el ciclo de gobierno.
Los datos son alarmantes en términos de pobreza, del 40% y para los menores con guarismos superiores al 50%, según estudios de la UCA, que no serán muy distintos de los que oportunamente informe el INDEC para este 2019.
El desempleo en crecimiento es resultado del cierre de empresas y suspensiones de la producción en una recesión que acumula dos años consecutivos y que completan 3 de los 4 años del gobierno de Macri.
No existe un solo dato favorable si se mide la situación socioeconómica de la mayoría de la población. Solo puede observarse mejora en una minoría selecta del núcleo de poder económico, que engordó ingresos y riqueza en este tiempo.
Con una lectura de realidad tendenciosa en su “balance de gestión” informó sobre su futuro en la oposición, que ratifica en la convocatoria a la movilización de sus votantes, al mismo tiempo que intenta condicionar la política exterior del próximo gobierno, especialmente en el reconocimiento al Golpe de Estado en Bolivia.
Termina su mandato con controles cambiarios, criticados y levantados al inicio de su gestión, evidenciando impotencia teórica y política en materia económica.
Los últimos dos meses, a contramano de toda retórica monetarista sustentada en su gobierno, la gestión se sostuvo en una fortísima emisión monetaria, aun cuando había suscrito con el FMI la meta de “cero emisiones”.
Financió su gestión con deuda, por unos 105.000 millones de dólares, incluso un bono que vencerá en 2117, fondos que sirvieron para remitir al exterior (vía fuga) unos 93.000 millones de dólares, evidenciando el carácter improductivo e impagable del endeudamiento público que soporta el conjunto de la sociedad.
Ante el cierre del mercado financiero acudió a la emisión, algo que criticó respecto de la herencia recibido al comienzo de su gobierno.
Lo real es que su objetivo no explícito fue logrado: remito a la gigantesca transferencia de recursos desde la mayoría social a una minoría en el poder, de capital local y externo.
Pero también, aun cuando no pudo doblegar al movimiento popular, avanzó en la flexibilización laboral, modificando regresivamente ciertos convenios colectivos, ejemplo de los petroleros patagónicos, sin perjuicio de los millones relegados por la carrera asimétrica entre salarios achicados y precios engordados.
Del mismo modo, sin poder hacer la reforma previsional imaginada, modificó a la baja la fórmula de cálculo para los haberes previsionales.
El ajuste fiscal explica la reducción del déficit público, del mismo modo que la recesión explica el superávit comercial.
Ambos datos son mostrados como logros en las cuentas macroeconómicas, cuando son expresión de la condición de vida miserable de buena parte de la sociedad de menores ingresos.
Hay Gabinete para el nuevo gobierno
Se anunciaron los responsables de las distintas áreas del Gobierno que presidirá desde el 10/12 próximo Alberto Fernández. Se develó, quizá, la única incógnita, el Ministro de Hacienda, que recayó en Martín Guzmán, egresado y docente de la Universidad Pública de la Argentina, con posgrado e investigación en EEUU, en dónde colabora con el Nobel de Economía del 2001, Joseph Stiglitz.
El debate previo se concentraba entre los economistas y sus destinos en el Gobierno próximo, quienes, además del mencionado se destaca entre los designados a Matías Kulfas en el Ministerio de Desarrollo Productivo; a Cecilia Todesca como Vice Jefa del Gabinete de Ministros; a Mercedes Marcó del Pont al frente de la AFIP; a Alejandro Vanoli en la ANSES y a Marcos Lavagna en el INDEC.
Todos ellos, incluido Guzmán son calificados como heterodoxos, por ende, alejados de la corriente principal que pobló los cargos del gobierno Macri, e incluso aquellos críticos por derecha a la gestión Macri que coparon con su presencia los principales medios de comunicación.
Parecía curioso, pero no alcanzaba con el apoyo mediático a la gestión gubernamental de Macri, sino que era necesario ir por más y por eso sobreabundaron los diagnósticos críticos por derecha, los que ahora insisten ideológicamente sobre el flamante gobierno con sus recetas de menos derechos sociales, laborales y previsionales, junto a propuestas de reformas estructurales reaccionarias, al estilo de las reformas laborales, previsionales y tributarias.
Otros economistas más amigables con los “mercados” y la ortodoxia no figuraron en los anuncios, lo que no quiere decir que no tendrán intervención en el gobierno, en funciones ejecutivas o de asesoramiento.
El nuevo Ministro de Hacienda sostuvo recientemente que “Restaurar la sostenibilidad de la deuda es una condición necesaria para la recuperación económica”, al tiempo que afirmó tautológicamente que “La recuperación económica es condición necesaria para restaurar la sostenibilidad de la deuda.”[1] Está clara la relación entre Deuda y Recuperación económica, convergente con lo anticipado por Alberto Fernández cuando señaló que primero hay que crecer para atender la deuda y que no se solicitarán los desembolsos restantes del FMI.
Guzmán sostiene en ese mismo documento que deben suspenderse los pagos por dos años, que hay que evitar el default a fin de año, ante la imposibilidad de cancelar intereses y renovar capital; y que la negociación con el FMI y los acreedores privados debe culminarse en marzo próximo, para que no hayan dudas que afecten a la ecuación macroeconómica.
En los anuncios del Gabinete, Fernández precisó que las conversaciones con el FMI hace semanas que se sustentan, lo que puede explicar la perentoriedad de los plazos imaginados por el nuevo Ministro de Hacienda, lo que en pocos días podrá verificarse.
Por su parte y oportunamente, Donald Trump informó la disposición de su gobierno y de sus funcionarios en el FMI para favorecer cualquier negociación. Claro que al mismo tiempo se anunció desde Washington el retorno de los aranceles a las exportaciones de acero y aluminio desde la Argentina y Brasil hacia EEUU, lo que complica, amplía y diversifica las negociaciones para una gestión que pretende salir rápido de la recesión y al mismo tiempo renegociar la deuda.
Habrá que ver cómo se desarrollan las negociaciones, de una deuda que es impagable y que no alcanza con suspender un par de años los pagos. La respuesta estará en la capacidad de satisfacer la demanda social de los acreedores internos de alimentación, educación, salud, etc. Estas demandas sociales compiten en recursos con los acreedores externos, ahora y dentro de los próximos dos años y siguientes, pero no hay que apurarse, tal como se sostuvo, el privilegio está la “política”, más que en la profesionalidad del Poder Ejecutivo. Claro que el poder económico reclamará no se posterguen sus intereses.
La idea de un pacto social se sostiene, sin precisiones del alcance y punto de partida del “acuerdo”, estrechamente asociado a la demanda de actualización inmediata de los ingresos populares: salarios, jubilaciones, planes sociales. Son propuestas que habrá que analizarlas en la dinámica de su funcionamiento, con las urgencias sociales presionando por inmediatas soluciones.
En las otras áreas de gobierno se designaron responsables con antecedentes en la gestión previa (2003-2015) y otros asociados a la composición política de la coalición triunfadora en las elecciones de octubre pasado. Una cuestión esencial serán las relaciones exteriores, a cargo de Felipe Solá, lo que supone también las relaciones económicas con el mundo en tiempos de guerra comercial desatada por EEUU, desaceleración económica agravada y, en definitiva, por dónde transitará la inserción internacional de la Argentina. El énfasis está en la búsqueda de divisas, por ende, de exportaciones, lo que supone la ratificación del modelo productivo asociado a las exportaciones, identificado con las expectativas al mencionar al designado en el área del agro.
Hay cambios en el gobierno y las expectativas son amplias y no esperarán
Argentina no mostró en estos días el cuadro de protestas generalizadas que se visibilizan en Chile o Colombia, antes en Ecuador o Haití, porque la expectativa estuvo centrada en el cambio de gobierno, algo que está a punto de suceder.
La gran incógnita remite a la conflictividad social y a la capacidad gubernamental de mostrar un sustancial cambio de rumbo en la política pública.
Preocupa la pobreza y el ingreso de los más empobrecidos, la mayoría de la sociedad.
Desde una lectura crítica está claro que el problema es el capitalismo y el próximo gobierno pretende resolver en ese marco las inmensas demandas sociales, lo que supone un gran desafío y un problema.
El momento del capitalismo mundial juega en contra, y ni hablar del clima político derivado de los gobiernos de los países en la región.
La política en la región presenta la dualidad de la derecha en los gobiernos y la presión popular movilizada por sus demandas en confrontación con el poder y la hegemonía económica.
En la Argentina existen expectativas a contramano de la lógica hegemónica del poder económico, y el interrogante apunta a conocer en los próximos días y semanas si las políticas públicas convergen con las demandas sociales.
No hay dudas que se inicia un nuevo tiempo para seguir pensando y actuando la potencialidad de una sociedad por la emancipación.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2019

[1] Martin Guzmán. Sovereign debt crises resolution: will this time be different? 12th UNCTAD Debt Management Conference United Nations, Geneva. November 19, 2019

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¿Qué hacer con la deuda pública?


La deuda pública de la Argentina es impagable, ahora y desde hace muchos años. En rigor, solo se cancelan vencimientos con nuevas rondas de endeudamiento, y en cada nueva negociación para regularizar la situación se profundizan los mecanismos de la dominación y subordinación a la lógica del capital mundial. A modo de ejemplo veamos la foto actual de la dinámica de los vencimientos para el 2020.
Según información de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda de la Argentina, los vencimientos de la Deuda Bruta de la Administración Central, lo que excluye a la asumida por los Estados provinciales, para el 2020 ascienden a 63.806 millones de dólares, de los cuales, 48.968 millones son de capital y 14.838 millones a intereses[1].
Lo que interesa discutir es la capacidad de pago de esos vencimientos, los que deben hacerse con divisas. Argentina obtiene las divisas del resultado comercial superavitario, de préstamos internacionales o de ventas del capital público.
El capital público se agotó en las privatizaciones de los 90´ del siglo pasado, aun cuando pueden enajenarse recursos naturales que pertenecen a las provincias, según la reforma constitucional de 1994.
Los préstamos están cerrados desde el mercado mundial, por lo que se acudió en 2018 al FMI.
El balance comercial, equivalente a los vencimientos de los intereses es ilusorio, ya que, ante la mínima reactivación productiva de la dependiente industria local de insumos externos, crecerían las importaciones de esos insumos en bienes de capital e intermedios y por lo tanto mermaría o desaparecería el superávit.
La Argentina no emite divisas y tiene limitaciones para acceder a las monedas internacionales, salvo acuerdos bilaterales o multilaterales similares al realizado con el FMI en 2018 por 57.000 millones de dólares, claro, con condicionalidades.
¿Cuáles serían las condicionalidades de un próximo prestamista a la Argentina desde el 2020? Observar la demanda que hay desde los principales países del capitalismo desarrollado de los bienes comunes no resulta extraño. El país mantiene abundante tierra, agua dulce y cuantiosos recursos bajo tierra, especialmente los contenidos de gas y petróleo no convencional en el yacimiento Vaca Muerta, o las reservas en litio.
La información del Ministerio de Hacienda ofrece también la secuencia de pagos anuales hasta el año 2117, producto del bono a 100 años suscripto en 2017. El total de deuda bruta nacional al 2117, excluyendo a las provincias alcanza los 423.842 millones de dólares, de los cuales, 308.743 millones corresponden al capital y 115.099 millones de dólares a los intereses. La deuda pública es una hipoteca impagable a sufrir por varias generaciones.
Mecanismo de dominación
En definitiva, la deuda es un mecanismo de dominación. Señala Carlos Marx en su estudio sobre los orígenes del capitalismo que “La deuda pública se convierte en una de las palancas más efectivas de la acumulación originaria”.[2]
Luego destaca Marx la relación entre la deuda y el sistema impositivo, asociado el endeudamiento con la cuestión fiscal, algo que está presente en la coyuntura en las políticas de austeridad sustentadas en los acuerdos que promueve el FMI.
Cancelar deuda vía ajuste fiscal no es ninguna novedad y está en el origen de la construcción del orden capitalista.
Si de origen se trata, para el caso de la Argentina, la construcción del Estado Nación se asocia al préstamo de la Baring Brothers en 1824, gigantesca hipoteca cancelada un siglo después.
De igual modo, el endeudamiento público externo argentino durante la dictadura genocida (1976-1983) constituyó el mecanismo privilegiado de inserción subordinada del país en la nueva lógica que asumía la reproducción del capitalismo mundial bajo hegemonía de las transnacionales financieras.
Vale recordar en ese sentido la crisis de los 70´, que incluyó la dimensión monetaria con la “inconvertibilidad del dólar” declarada por Richard Nixon, Presidente de EEUU, en agosto de 1971.
La decisión unilateral estadounidense rompió con los acuerdos de Bretton Woods de 1944, de dónde surgió el acuerdo financiero con el FMI y el Banco Mundial como organizaciones rectoras. La capacidad de acción unilateral estadounidense es aún mayor que entonces.
La inconvertibilidad del dólar es un antecedente de no pago de la deuda de una nación ante tenedores externos de títulos de ese país. Con la medida EEUU incumplió el canje de dólares que devolvían países europeos por oro en garantía de esos dólares y custodiado por EEUU, acuerdo suscripto en 1944.
Está claro que la dominación económica incluye las distintas dimensiones de la política económica, sea la producción o aquellas relativas a la circulación, tal como la política monetaria, financiera o cambiaria; y muy especialmente la política fiscal y de ingresos.
Por ello, no debe sorprender lo manifestado por el propio ministro de la Dictadura genocida, José Alfredo Martínez de Hoz a la salida del gobierno, al señalar que la medida más revolucionaria gestada bajo su gestión (abril de 1976 a marzo de 1981) fue la Ley 21.526 de Entidades Financieras promulgada bajo la dictadura en 1977 y aún vigente.
La deuda pública es un mecanismo de dominación en el origen del capitalismo y constituye una fuerte referencia para pensar los modos contemporáneos de reproducción de la lógica de dominación del capital trasnacional más concentrado.
Iniciativa del poder y la del contrapoder
Constituye la deuda una parte sustancial de la iniciativa del poder, lo que resulta evidente en el caso de la Argentina.
La deuda era impagable en 2018 y sin embargo el FMI otorgó el préstamo más grande de su historia, por unos 57.000 millones de dólares, a un país que no podía reembolsar esos fondos.
El interrogante sobre la decisión trasciende la economía y las finanzas y se asienta en la política. El gran decidor en el FMI es EEUU y el gobierno de Donald Trump apostó a la continuidad en el gobierno de la Argentina por Mauricio Macri, quien mejor expresaba en la región la política exterior estadounidense y su interés por el petróleo de Venezuela y la erradicación de toda propuesta crítica a EEUU y al capitalismo.
No tuvo éxito en el propósito, pero asumirá el “acuerdo” como un chantaje para llevar adelante el programa del ajuste y las reformas estructurales, que actúa sobre una parte de la sociedad que asume la irreversibilidad del pago de la deuda.
Todo el arco ideológico a la derecha y cierta parte de la llamada centro izquierda está sujeta al chantaje de “honrar” la deuda, por lo que resulta imprescindible llevar adelante una Auditoría Integral con participación ciudadana para determinar la legalidad y legitimidad de la nueva y de la vieja deuda.
Investigaciones de la deuda hay muchas, no solo en la Justicia, sino en diferentes ámbitos del movimiento popular y la sociedad, los que deben sistematizarse cruzando la información digitalizada en el BCRA, relativo al movimiento internacional de capitales. Se trata de descifrar quienes fueron los responsables y beneficiarios del endeudamiento.
Los responsables de la gestión económica y financiera deben ser investigados, tanto como los principales operadores del movimiento internacional de capitales, estrechamente asociados al fenómeno fuga de capitales.
Todo lo señalado supone la organización de una gran y amplia campaña de esclarecimiento sobre la deuda pública, su origen y motivaciones, sus condicionantes y las perspectivas de asumir uno u otro rumbo.
Por lo pronto, el Presidente electo anticipó que no se demandarán los desembolsos por el remanente del acuerdo suscripto entre el Gobierno Macri y el FMI. Ya se desembolsaron 44.149 millones de dólares para un total de casi 57.000 millones de dólares. También se sostuvo que no se cancelará deuda hasta que no se recupere la economía local, es decir, primero crecer y luego pagar.
Con ambas declaraciones se augura un conflicto importante con el FMI y su socio fuerte detrás, EEUU.
Las negociaciones con el FMI ya empezaron y se puede lograr plazo para la cancelación, pero no la quita de intereses o de capital, y mucho menos concesiones en las “condicionalidades”, las que apuntan a reaccionarias reformas laborales, previsionales y tributarias, sin perjuicio de un profundo ajuste fiscal contra los gastos sociales.
Por eso se impone un gran debate ideológico para una movilización social en la disputa por el consenso mayoritario por la Auditoría integral de la deuda con participación ciudadana para definir la legitimidad de las deudas.
Para confrontar la iniciativa del poder hace falta enfrentarla con otra iniciativa contraria, que tiene que superar la ilusión relativa a la posibilidad de negociar la deuda y generar condiciones para su cancelación. La deuda es impagable y la prioridad deviene por satisfacer demandas de la mayoría social.
Apuntamos a la necesidad de resolver los problemas de la pobreza, en torno al 40% estimado para fines de año, dentro de lo cual aparecen las necesidades alimentarias: el hambre y otros aspectos que hacen a la reproducción de la vida cotidiana de la mayoría social empobrecida, unos 16 millones de personas.
Se trata de recomponer ingresos populares de manera inmediata: salarios, jubilaciones y planes sociales. Es la mayoría de la población en Argentina y que anima el consumo, que resulta el 80% de la ecuación macroeconómica actual, producto de la baja inversión y el escaso volumen del comercio exterior.
¿Es posible avanzar por este camino?
Lo definitorio será la voluntad social organizada y movilizada, por eso se requiere un accionar deliberado, programado para instalar la contradicción entre atender la demanda de los acreedores externos y la de los acreedores internos de alimentación, salud, educación, energía o cuantiosos derechos detrás de las reivindicaciones de la mayoría social empobrecida.
Se me consulta si hay recursos para atender estas necesidades. En principio habrá que acudir a la emisión monetaria y postergando pagos de la deuda pública, lo que habilita el uso de recursos de las reservas internacionales para estimular la activación de la economía, vía producción y consumo. No es una novedad. Así ocurrió en el 2002, lo que supuso una recuperación económica con base en la suspensión parcial de los pagos en diciembre del 2001.
La Argentina está en default selectivo, que deberá ampliar ante la imposibilidad de hacer frente a los vencimientos de la deuda. Eso agravará las posibilidades de financiamiento en el mercado de capitales y, de hecho, el país tendrá que procesar su política económica sin acudir al crédito externo y favorecer un proceso dinámico de acumulación sustentado en la inversión pública, solo posible postergando pago de intereses y capital de la deuda pública, además de una progresiva reforma tributaria que grave a las principales fortunas.
Complementariamente deberá reformar el régimen financiero, que data de tiempos de la dictadura genocida, la Ley de Entidades Financieras de 1977, para avanzar en mecanismos de socialización de la banca, con participación social en la toma de decisiones. Al mismo tiempo deberá avanzar en el control de cambios y del comercio exterior, lo que supone la re-estatización de puertos y el transporte.
El control de la inflación es clave y requiere terciar en la disputa de poder que está en el trasfondo de la escalada de precios, especialmente tarifas de servicios públicos lo que generará una muy fuerte resistencia del poder económico.
Se trata en definitiva de una confrontación entre los beneficiarios de las políticas en curso y la mayoría de la sociedad, que no puede quedarse en la espera de soluciones “mágicas”. Lo que se requiere es más que el consenso electoral para derrotar a Macri y generar condiciones políticas relativas a una conciencia mayoritaria para transformar el orden económico y social.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2019


[1] Ministerio de Hacienda. Informe al III Trimestre del 2018, en: https://www.argentina.gob.ar/hacienda/finanzas/deudapublica/informes-trimestrales-de-la-deuda (consultado el 30/11/2019)
[2] Carlos Marx. El Capital, Tomo I, Capitulo XXIV, acápite 6 “Génesis del capitalista industrial”, páginas 943 y siguientes; Siglo XXI Editores, 2004, Buenos aires, Argentina.

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Lo primero es resolver los ingresos populares


A las puertas de un nuevo gobierno desde el 10 de diciembre próximo en la Argentina existen interrogantes sobre quienes integrarán el Gabinete de Ministros, especialmente en el área de Economía y la Producción, como en las Relaciones Exteriores. Todas las áreas de gobierno interesan, Educación y Salud, Ciencia y Tecnología, Cultura, Jóvenes y Mujeres, entre otras, sin duda, pero buena parte de las argumentaciones sobre el triunfo en las recientes elecciones (28/10/2019) de la coalición liderada por el peronismo unido bajo hegemonía kirchnerista, se derivan de la situación económica, la que está estrechamente vinculada a la situación mundial y regional. Por eso, el énfasis en lo “económico” y en la “inserción internacional”
Los análisis de los fenómenos económicos en el marco mundial son insoslayables para pensar nuestro tiempo en cualquier territorio y coyuntura. A escala global se mantiene la guerra comercial entre EEUU y China, como vidriera de un debate de fondo sobre la hegemonía de la producción mundial, del desarrollo tecnológico en asuntos de vanguardia, lo que ocurre en un marco de desaceleración y exacerbación del gasto militar, a lo que se suma el descontento social extendido, evidente en la región latinoamericana y caribeña. Asistimos a un tiempo de “desorden”, luego del “orden” globalizador construido desde el poder mundial liberalizador por más de cuatro décadas. Ese orden lo discuten desde arriba en la disputa por la hegemonía, y desde abajo con evidentes señales de cansancio y agotamiento de los pueblos ante los efectos sobre la mayoría de la sociedad.
¿Acreedores internos o externos?
La Argentina está atrapada en la red del endeudamiento y el acuerdo con el FMI, con EEUU detrás, definiendo las posibilidades financieras del país y por el otro lado, Brasil como principal comprador, quien ejerce su propia presión para orientar decisiones de política económica e internacional al nuevo gobierno argentino. El trasfondo de luchas sociales en la región augura efecto contagio en toda Nuestramérica, que amenaza la hegemonía cultural “neoliberal” construida por años, evidente en la situación de Chile y de Colombia.
El tema del rumbo económico y la inserción internacional importa porque detrás de algunos nombres que suenan para designar en los Ministerios respectivos existen enfoques teóricos y propuestas de políticas concretas que definen particulares ganadores y eventuales perdedores según sea el camino que se elija. La coalición que asumirá el gobierno contiene en su seno diagnósticos diferenciados sobre el qué hacer en materia económica y en la política exterior, que son no conciliables si la prioridad es el hambre y la recomposición de ingresos populares, o la decisión de cumplir con los acuerdos suscriptos con el FMI y su socio mayoritario, el gobierno estadounidense. Del mismo modo se puede discutir cual será la inserción internacional a promover, ¿más cercana a la reconstitución de una experiencia de “integración regional” en la difícil situación de América Latina y el Caribe actual?, o ¿a la recreación de los vínculos con el orden y demanda de las transnacionales, especialmente asociadas a las inversiones petroleras por la explotación de hidrocarburos no convencionales?
En ocasiones me consultan si se puede satisfacer a ambas partes o intereses. Soy categórico en señalar que no se puede, más allá de cómo se termine formulando la política, que puede incluir un shock de ingresos para el verano a los más postergados, recordando el condicionante de un 40% de pobreza en el país, y claro, postergando cancelaciones y vencimientos de la deuda, con todos los interrogantes de la capacidad de escucha de un poder mundial jugado en disputar impunemente el poder en la región y en el mundo. Las prioridades marcan el rumbo a seguir y condicionan otros aspectos a ser considerados secundarios. ¿Los acreedores sociales y económicos de derechos primero o serán los externos, entre ellos el FMI, los que marquen el rumbo?
Un agravante a considerar es que más allá de las cabezas designadas en cada Ministerio, resulta altamente probable que se constituyan equipos en cada área que incluyan personas con orientación heterodoxa y ortodoxa, dificultando un rumbo que muchos actores preferirían más definidos. Algunos preferirán la prioridad de atacar la pobreza, el hambre, el desempleo, el aliento a la promoción del mercado interno, el estímulo a cooperativas, a pymes y a ciertos desarrollos productivos regionales y vinculados a las necesidades de la mayoría social; y otros preferirán la inserción internacional subordinada, la apertura liberalizadora y la seguridad jurídica de los inversores internacionales.
Ambas posiciones tienen contacto con sectores políticos y sociales que no integran la coalición de gobierno y ello supone capacidad de alianzas para definir el rumbo hegemónico de la Argentina en el próximo periodo. Por eso, las alianzas en la nueva etapa trascienden el consenso electoral que permitió el acceso al gobierno. Unos y otros sectores sociales y políticos, en el oficialismo y en las oposiciones venideras, expresan intereses económicos y cierta cosmovisión relativa al qué hacer cotidiano.
Convengamos que lo definitorio, no siempre considerado en los análisis, será la presión social en uno u otro sentido, incluso a sabiendas que la movilización callejera ya no solo se sostiene desde las mayorías empobrecidas. Desde sectores sociales de la derecha se realizaron experiencias de movilizaciones, no solo con fines electorales, para organizar demandas sectoriales o ideológicas, las que serán puestas en juego en el próximo periodo. Entre muchos ejemplos podemos citar las luchas en contra del aborto o por reaccionarias reformas penales. La derecha ya no solo moviliza desde el poder armado militar, y ahora incluye el accionar ideológico vía medios y redes junto a concentraciones callejeras ampliamente difundidas en los medios de información masiva.
Definir prioridades afecta ingresos
La opción por privilegiar la deuda y su cancelación, como los compromisos de ajuste fiscal y reformas estructurales: quita de derechos laborales y previsionales, por ejemplo, supone afectar los ingresos populares (salarios, jubilaciones, planes sociales) y anticipa despliegue del conflicto social.
El relativo impasse en la demanda social estuvo vinculado a las expectativas con el cambio de gobierno, anticipado en las primarias de agosto y consolidado en las elecciones de octubre.  El tiempo se acorta y diciembre alumbrará con más penurias derivadas de la inflación (57 al 58%) y la recesión en torno al -3%, lo que augura exigencias de soluciones inmediatas, aun de emergencia.
A la inversa, la atención a la emergencia, de los ingresos de trabajadores y trabajadores, activos y pasivos, tanto como los planes sociales, afectará la ganancia empresaria y ello generará demandas desde el poder económico, las que se manifiestan actualmente en subas del combustible o de las prepagas, como en la remarcación de precios no regulados. Aun con “legislación de góndolas”, el poder económico de los supermercados buscará los mecanismos de evasión y elusión de los controles legales con un Estado disminuido en su capacidad de inspección e intervención directa.
Más aún si se avanza por el camino de la desdolarización de las tarifas de servicios públicos, donde puede esperarse el boicot empresario, tal como fue ejercido en tiempos anteriores, los que desembocaron en el proceso privatizador y más reciente bajo el gobierno Macri en la dolarización de las tarifas. El chantaje empresario será previsible, porque la afectación de las ganancias será el único mecanismo de asegurar la urgencia que demandan las urgentes necesidades sociales de la mayoría empobrecida de la sociedad
Toda la población, en una economía monetario mercantil, necesita percibir ingresos, los que se derivan de la propiedad de los medios de producción o de la propiedad de la fuerza de trabajo. La Renta Nacional se distribuye en consideración a estas remuneraciones, las ganancias y la renta del suelo para los propietarios de medios de producción y los salarios en todas sus formas, derivadas de la regularidad o la irregularidad del empleo, para los que solo tienen su fuerza de trabajo para ofrecer en el mercado. Todo se dirime en la distribución de la Renta Nacional, lo que requiere ser programado, planificado. No solo remito a la distribución directa y en primera instancia, sino al papel del Estado, de las políticas públicas en la distribución secundaria del ingreso.
El debate es si se mantiene el Estado al servicio del gran capital vía subsidios o formas de sostenimiento del gran capital local o transnacional, o si se alienta una política de estímulo al gasto público y social, lo que supone discutir la política de Ingresos, Fiscal, Monetaria, Crediticia, Cambiaria, entre otros aspectos que definen el rumbo económico y la inserción internacional. Como siempre sostenemos es una opción contradictoria que supone confrontación de intereses, en una disputa que no admite el empate y algunos ganan y otros pierden. La distribución de ingresos no es de suma cero, por eso la inflación, en tanto capacidad de establecer precios resulta un mecanismo de defensa del poder económico.
¿Puede escalar la inflación en el próximo tiempo? Siendo una disputa de poder, queda muy claro que es una posibilidad. En ese sentido, interesa y mucho, los nombres de quienes encabecen ministerios, de sus equipos y de sus políticas para este comienzo de nuevo gobierno. El impacto de esos anuncios podremos considerarlos en función de las iniciativas políticas cruzadas del poder o de los sectores populares, una confrontación en función de intereses, prioridades y rumbos al desarrollo del futuro cercano en la Argentina.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2019

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