Recesión, ajuste y represión preventiva

Cuando termine Macri su gestión de cuatro años, habrán sido tres de recesión, el 2016, el 2018 y el 2019.

El presupuesto 2019 a punto de ser aprobado por el Senado anuncia una caída de la actividad económica del -0,5%, cuando en carta al FMI, desde el Ministerio de Economía se reconoce que la baja puede ser del -2%, en consonancia con los pronósticos del FMI y la CEPAL.

Si hay duda sobre la recesión en curso, el INDEC destaca una baja de la industria manufacturera para septiembre del 2018 del -11,5%, la mayor por más de una década, y de la construcción del -4,2%.

Estamos en recesión, sin duda, y si recordamos la última ocurrida entre 1998 y 2002, la salida fue con la recuperación de la industria y la construcción, ahora en baja.

Más allá de las ganancias empresarias, esos sectores, industria y construcción, difunden empleo e ingreso de sectores que hoy sufren la inflación, el desempleo y la pérdida de ingresos.

El cuadro es alarmante para el conjunto de la población de bajos ingresos, agravado con recesión e inflación, por lo que desde el gobierno se destaca la evolución de la macroeconomía.

¿Macro economía controlada?

Señalan que el dólar está bajando y lo mismo ocurre con las tasas de interés.

El dólar baja del máximo a 42 pesos por dólar a 36,50 en las últimas semanas, omitiendo que antes de la corrida y la propia política cambiaria y monetaria, el dólar cotizaba a 20 pesos. Lo concreto es que la divisa corrigió su cotización desde los 20 a los 36,50, bajo responsabilidad absoluta de la política oficial.

Por su parte, las tasas llegaron a 73% y están bajando a 67%, todo un logro si es que no recordamos que al momento de la crisis estaban a 40%. Entonces, lo real es que las tasas pasaron de 40% a 67% gracias a la política oficial.

Lo destacable es que hacen política para disputar consenso con la baja actual, coyuntural, luego del máximo provocado con anterioridad. Enfatizamos en el tema porque el accionar ideológico del gobierno tiene su éxito en la contención de la conflictividad social, especialmente de sectores de ingresos medios.

Nos mostraron el máximo de las variables, el dólar o las tasas, y ahora se regocijan con la reducción, que resultan mayores al techo anterior (20 pesos el dólar o 40% la tasa de interés), consolidando ganancia especulativa, sea por el nivel de cotización de la divisa estadounidense, o por la tasa de interés en Leliq u otros activos del BCRA o del Tesoro, incluso plazos fijos en el sistema financiero.

Toda una maniobra que les permite señalar que estamos por el “buen camino”, controlando la situación que es grave y alimentando una explosión de la burbuja especulativa en el futuro, especialmente por la deuda impagable que se está asumiendo.

¿Hay dudas? Más deuda pública

No solo son 56.300 millones de dólares que se adeudarán al FMI cuando termine de desembolsar el préstamo, el grueso del cual se acreditará antes del fin del mandato de Macri.

Ahora hay que sumar 8.700 millones de dólares, resultante de una operación swap, adicionada a los 11.000 millones negociados en tiempos de Cristina Fernández de Kirchner con China, y ratificado por Macri.

Son fondos que se suman a las reservas y acrecientan la hipoteca del país, la que debemos pagar vía fondos públicos consignados en el presupuesto. Ojo, el déficit primario cero, supone primero pagar los intereses y luego, con lo que queda satisfacer derechos contemplados en el presupuesto.

Primero se pagan intereses de la deuda y luego, si alcanza, se resuelve el empleo, la educación, la salud, la seguridad, etc. Es el ajuste que confirma el presupuesto acordado por oficialismo y oposición cómplice.

Argentina funciona gracias a la deuda pública. El capitalismo local es solo posible gracias al endeudamiento público, cuyo costo lo soporta el conjunto de la sociedad vía privilegio de orientación de los recursos fiscales al pago de intereses crecientes de la deuda pública.

Nada está controlado y el gobierno tiene iniciativa para llegar a fin de mandato y si puede repetir.

La oposición sistémica juega al desgaste e intenta quedarse con el gobierno en el 2019.

El problema es la construcción de alternativa, algo que parce alejado y fuera de jeugo electoral.

Zanahoria y palos

En ese marco crece la conflictividad y la protesta social, con discursos críticos del orden y rumbo establecido, especialmente ante la pronta sanción del presupuesto del ajuste 2019 y la cumbre presidencial del G20 el próximo 30/11 y 1/12.

Para frenar el conflicto social, el gobierno acuerda con la cúpula de la CGT un bono que puede ser de 5.000 pesos, en dos cuotas, una en noviembre y otra en enero, en la convicción que diciembre se abona el medio aguinaldo.

Con el ofrecimiento del bono, de dudoso pago por todo el empresariado, la cúpula de la CGT levantó un paro anunciado para noviembre.

La CTA Autónoma sostiene la medida con movilización para el próximo 14/11, en la seguridad de que allí se intentará transformar en Ley el Presupuesto 2019, con las graves consecuencias que su texto supone para la mayoría de menores ingresos de la sociedad.

El gobierno abre el paraguas ante las críticas y denuncia a organizaciones que alientan críticas a la agenda de la cumbre del G20. Una agenda que sostiene el ajuste y la regresiva reestructuración de la sociedad capitalista contemporánea, confirmando como estrategia las reformas laborales y previsionales en beneficio de los capitales y su rentabilidad.

Anticipan con la denuncia a esas organizaciones que ejercen el derecho de opinión y crítica, para justificar acciones represivas que justifiquen la enorme inversión de seguridad ofrecida a la Cumbre presidencial.

Una cumbre convocada para analizar y promover un programa reaccionario a favor de las ganancias y la acumulación y en contra de los intereses de la mayoría empobrecida de la sociedad.

El ajuste pasa con una táctica de distracción, que más allá del espectáculo futbolístico se asienta en la represión del conflicto presente e incluso anticipadamente para crear clima social favorable a la lógica de las ganancias y el orden capitalista.

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2018