El combo de evolución
de precios y restricciones a los ingresos populares es contradictorio con los
datos de evolución de la pobreza y la indigencia según los datos oficiales.
Aún no existen datos fehacientes
sobre crecimiento de precios para marzo, pero los pronósticos oscilan entre 2 y
2,5%, con un registro trimestral cercano al 50% de la proyección oficial para
todo el 2018: un 15% incumplible.
El propio BCRA indica
proyecciones para el año cercanas al 20% de inflación, contra una actualización
de ingresos salariales que se pretende no superior el 15%.
Acaba de anunciarse
un incremento del 40% en la tarifa de gas y nuevos ajustes en transporte,
energía y combustibles, con un acumulado en dos años de gestión Macri que supera
cualquier actualización de salarios, jubilaciones o subsidios a sectores
desprotegidos.
Queda claro que se
proponen eliminar subsidios a servicios y legitimar su mercantilización, en
coincidencia con la expectativa de ganancias de propietarios extranjeros
transnacionalizados.
Toda concepción de
derecho sucumbe a mano de la mercantilización de los servicios públicos
privatizados.
La proyección es de
continuidad del incremento de tarifas, por lo menos durante el primer semestre
del presente año, por lo que auguran una tendencia a la estabilización de
precios y tarifas sobre el cierre del 2018.
Es algo que habrá que
verificar, especialmente de cara a la conflictividad y las protestas emergentes
de los aumentos en curso.
Resulta muy curioso
que al mismo tiempo que escalan los precios, que como sabemos discrimina
regresivamente a los más empobrecidos, el INDEC informa de una caída porcentual
de la pobreza e indigencia por ingresos.
Ahora serían pobres
el 25,7% de las personas que habitan la Argentina, y los pobres indigentes alcanzan
al 4,7% según el INDEC.
En esta línea, la
Canasta Básica Alimentaria que define la línea de indigencia alcanza los 6.665
pesos mensuales y el promedio de ingreso de éstos es de 4.061 pesos al mes.
La Canasta Básica
total que explica la línea de pobreza es de 17.223 pesos mensuales y el ingreso
promedio de las personas bajo esta situación es de 11.114 pesos al mes.
Algunos se interrogan
sobre la evolución de los indicadores de pobreza e indigencia en el corto
plazo, a la luz de la renovada suba de precios, no solo en servicios, sino
también en alimentos, o lo que se denomina la inflación núcleo, es decir,
aquella no asociada a los precios regulados.
¿Es sostenible un discurso
de reducción de la pobreza e indigencia con la inflación actual o próxima?
Más allá de las
discusiones relativas al método aplicado por el INDEC para el logro de estas
mediciones, sobresale aún en esas cifras presentadas como positivas, el casi
40% de pobreza entre los menores de 14 años, lo que habilita otras discusiones
sobre el presente y el futuro del país.
La
especulación define la economía
El debate sobre la
pobreza existe en un marco de consolidación de una política económica con
privilegio a la especulación financiera.
Para prueba basta
señalar la intervención del BCRA, que en el mes de marzo vendió más de 2.000
millones de dólares de las reservas internacionales para sostener el precio de
un dólar en 20,50 pesos.
¿Vender reservas al
mercado financiero es lo único que se puede hacer con recursos de las reservas
internacionales? ¿Podrían tener el destino en inversiones productivas que se
imaginan para los capitales externos?
Al mismo tiempo, el Banco
Central mantuvo la tasa de interés en 27,25% para las LEBAC, con el argumento
de frenar el alza de los precios.
Les preocupa la
escalada del dólar y por eso se estimulan tasas en alza que alejan cualquier destino
productivo del crédito y expansión de la actividad económica, que crece de
manera sesgada.
En efecto, es notoria
la expansión de la construcción, la actividad inmobiliaria y de las finanzas, a
los que se suma el agro, el motor de la economía en palabras de Mauricio Macri.
Los datos no son
determinantes para un crecimiento sostenido y por eso en el mensaje
presidencial ante los parlamentarios en la inauguración del año legislativo se
aludió a un crecimiento “invisible”, el que se manifiesta en empleos de baja
calidad y deficiente seguridad social asociada.
El país continúa
siendo sostenido por el endeudamiento público, hipotecando el presente y el
futuro, mientras la política económica depende del ingreso de capitales
externos, precisamente cuando el Ministro de Energía explica que en la medida
que crezca la confianza expatriará sus activos en el exterior.
Por eso, la esencia
de la política gubernamental es el ajuste en los ingresos populares,
controlando las negociaciones colectivas para limitar salarios de trabajadoras
y trabajadores en paritarias, los que condicionan otros ingresos de contratados
de manera irregular.
Inmensas ganancias
por operaciones financieras y concesiones desde el origen a sectores
hegemónicos de la producción y la exportación, contra ingresos deteriorados de
una parte mayoritaria de la sociedad.
Eso sí, con
indicadores que favorecen un discurso para la disputa del consenso político de
la sociedad.
Buenos
Aires, 30 de marzo de 2018